Mes: junio 2016

Nuestra
medida de fuerza fue presentada el 3 de JUNIO al Ministerio de Trabajo en
tiempo y forma, con la antelación que la ley marca, la Dirección General de
Control de Tránsito Aéreo (Fuerza Aérea Argentina) hoy prestador de los
Servicios de Navegación Aérea y la A.N.A.C. por ley debían informar 48 horas
antes a TODOS LOS USUARIOS DE LOS AEROPUERTOS QUE EN LA FECHA CITADA HABRIA UNA
MEDIDA DE FUERZA, solicitamos, sin tener éxito en nuestra gestión, que se diera
cumplimiento a lo que dice el decreto 272/06 Art. 12. — La empresa u organismo
prestador del servicio considerado esencial garantizará la ejecución de los
servicios mínimos y deberá poner en conocimiento de los usuarios, por medios de
difusión masiva, las modalidades que revestirá la prestación durante el
conflicto, dentro del plazo de CUARENTA Y OCHO (48) horas, antes del inicio de
las medidas de acción directa.

Lo
suscribimos en la nota presentada el 03 de JUNIO al Ministro de Trabajo, los
servicios mínimos y esenciales estaban garantizados (Vuelos en progreso o en el
vuelo, vuelos humanitarios, traslados de órganos y sanitarios, vuelos oficiales
y presidencial), nunca dejamos que nuestro conflicto atenten o pongan en
peligro la vida, la seguridad de toda o una parte de la población.

Días previos
al 10 y 11 de junio y durante toda la medida de fuerza fuimos víctimas de
amenazas y aprietes de todo tipo en los diferentes aeropuertos del país por
parte de la Fuerza Aérea y los Directivos de la EANA S.E. Agustín Rodríguez
Grellet y Estaban Mendoza. Contamos con audios, videos y notas que así lo
certifican y que pondremos a disposición de la Justicia y de la ciudadanía en
general a través de la redes sociales. Nos sacaban o nos ponían en las listas
de turnos mensuales de acuerdo a nuestra afiliación gremial, la Fuerza Aérea a
pedido y en complicidad con EANA S,E, obligaba a los Controladores a aceptar
estas condiciones bajo amenaza de despido , pase a otro aeropuerto, sanciones o
amenaza de causa judicial. Tenemos también pruebas de estas situaciones.

Desmentimos
las versiones que aseguran que “los Controladores estaban atrincherados en la
Torre de Control” por cuanto el ingreso y egreso de personas siempre estuvo a
cargo de la PSA, no hubo en ningún momento control de ingreso o egreso de
personal de Controladores vedado por el personal que estaba de turno. ES UNA
GRAN MENTIRA PARA JUSTIFICAR QUE SUBESTIMARON EL PODER DE ACCION DE NUESTRO
GREMIO Y NO PREVIERON LA CONCILIACION OBLIGATORIA.

El Gobierno
niega el conflicto con los trabajadores de los Servicios de Navegación Aérea, más
allá del gremio que los represente y en este sentido avanza con poner en
funcionamiento de una empresa del Estado que fue creada por ley por el Gobierno
anterior, que este gobierno siendo el año pasado oposición voto en contra en el
congreso, con informes en contra muy fuertes por parte de por ejemplo el
Senador Federico Pinedo, entre otros, que siendo oposición lapidaban a esta
empresa EANA S.E. y ahora siendo Gobierno impulsan a la fuerza.

Fuimos
tratados como delincuentes, con actitudes propias de la épocas de la dictadura,
con personal policial armado en las Torre de Control y en sus ingresos,
removidos de nuestro puestos de trabajo por la fuerza, en Aeroparque
(aeropuertos con mayor densidad de transito del país) por momentos solo hubo 3
controladores, cuando la dotación mínima debe ser 9 para no vulnerar la
seguridad operacional, entre otras aberraciones que se llevaron a cabo con el
único fin de romper nuestro derecho legitimo a huelga.

Este
gobierno solo dialoga con los que son funcionales a sus intereses, sin
importarle en este caso la situación gravísima que vivimos los trabajadores de
la A.N.A.C., nuestra lucha va seguir, porque estamos convencidos que es
legitimo nuestra pelea, que apostamos al dialogo pero no somos convocados para
encontrar una solución a nuestros reclamos y porque creemos que estamos en
condiciones de aportar al Estado las soluciones que se necesitan para que de
verdad tengamos un Servicio de Navegación Aérea segura, eficiente, eficaz y con
participación democrática de todos los trabajadores y sus representantes.

De esta
manera, la Corte pone en una situación de indefensión total a aquellos
trabajadores que más necesitan de la tutela normativa: Los integrantes de
sindicatos en formación, los grupos de trabajadores que reaccionan frente a
injusticias en sus lugares de trabajo a pesar de la inexistencia de un
sindicato, los miembros de las oposiciones internas dentro de las
organizaciones sindicales.

Todos estos
grupos de trabajadores, según la interpretación que acaba de convalidar la
Corte, no cuentan con herramientas legales para ejercer el derecho de huelga.
En otras palabras, no pueden recurrir legalmente al principal mecanismo de
autodefensa que los trabajadores poseen en tanto asalariados.

La Corte ha
hecho suya una interpretación corporativa de las normas laborales, supeditando
el ejercicio de la huelga por parte de los trabajadores a la existencia de una
voluntad expresada por una organización que requiere contar con un
reconocimiento previo estatal (ya sea de la personería o de la inscripción
gremial). En definitiva, es un claro retroceso al pasado que está muy lejos de
favorecer la plena vigencia de la libertad y la democracia sindical en nuestro
país.

En su fallo
la Corte ha destacado que el derecho de huelga puede ser ejercido por las
organizaciones sindicales con personería gremial y por aquellas que cuentan con
simple inscripción. Pero al mismo tiempo, ha eliminado toda posibilidad de que
este derecho pueda ser utilizado por trabajadores que no cuentan con el aval de
una organización sindical. Ello afecta principalmente a aquellos colectivos que
están en proceso de organización, y que por ende no cuentan con una
organización sindical que los represente.

En idéntico
sentido, también afecta a los trabajadores ya organizados pero que actúan como
oposición interna, ya que en muchos casos tendrán que lograr que la dirección
del sindicato convoque a una huelga con la que posiblemente no estén de
acuerdo.

Con la
sentencia dictada en el caso “Orellano” la Corte no revierte los avances que,
en materia de libertad sindical, había establecido en los casos “ATE 1”,
“Rossi” y “ATE 2”. Sin embargo, el retroceso aquí se da por otra vía, ya que
apunta a limitar la capacidad de acción colectiva por medio de la restricción
del derecho de huelga que, en tanto derecho instrumental, constituye una
herramienta fundamental para la obtención de otros derechos.

El criterio
adoptado por la Corte no puede dejar de vincularse con los ataques que los
derechos de los trabajadores han experimentado en los últimos meses. La Corte
acaba de ponerle un candado al derecho de huelga y le ha entregado la llave a
las organizaciones sindicales ya reconocidas por el Estado.

Si el
interés de los trabajadores y la organización sindical es coincidente, no habrá
conflicto alguno en torno a su ejercicio. Si los trabajadores afectados por una
decisión patronal desean ir a la huelga a pesar de la voluntad en contrario de
la organización sindical, entonces estarán frente a un puro conflicto de hecho,
donde la huelga carecerá de reconocimiento legal, situación no muy distinta a
la que regía durante el siglo XIX. Hacia ese terreno nos retrotrae la reciente
decisión de la Corte Suprema en el caso “Orellano”.

Finalmente,
el avance de la Corte contra el derecho de huelga también se inserta en un
contexto donde, a nivel internacional, este derecho se encuentra bajo ataque.
En particular, en el ámbito de la Organización Internacional del Trabajo el
Grupo de Empleadores ha desarrollado en los últimos años una ofensiva
sistemática para limitar sus alcances. Los argumentos allí planteados han sido
replicados por los empleadores también en nuestro país, incluso en la audiencia
pública que fue convocada por la Corte en este caso.

Pues bien,
los jueces del máximo tribunal de justicia han tomado partido y lo han dejado
claro: No tienen obstáculos para reconocer mayores alcances al derecho de
asociación sindical, pero no así con la huelga, que opera así como el límite
del desarrollo progresivo de los derechos sociales en la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia.