Los
catorce trabajadores contratados del Grupo de Relevamiento de los Archivos de
la Causa AMIA (GERAD) fueron echados el 14 de diciembre pasado. Dependían del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y prestaban servicio en la Procuración General. Su tarea era clasificar y analizar documentación desclasificada de la AFI -ex SIDE-
sobre el atentado a la mutual judía, para la investigación de la fiscalía y las
querellas.
Estos
despidos son parte de una ola que sacude a otros organismos nacionales,
provinciales y municipales, resistida por los trabajadores y ATE mediante
diferentes formas de protesta, y sobre la que no hay repuestas oficiales, a
pesar de los canales de diálogo abiertos.
“En
este caso concreto del GERAD”, precisó el Secretario General Hugo Godoy, “no
sólo se afecta la estabilidad laboral de los trabajadores, sino el desarrollo
de la investigación de la causa AMIA. En la práctica, los despidos implican
impunidad en el esclarecimiento de memoria, verdad y justicia”.
En
este sentido, el dirigente responsabilizó al Presidente Mauricio Macri, al Ministro
de Justicia Germán Garavano y a la Procuradora General de la Nación, Alejandra
Gils Carbó. Y advirtió que de no haber respuestas en estos días, ATE se
manifestará la semana próxima frente a la sede de la cartera de Justicia.
Los
trabajadores del GERAD estuvieron representados por Laura Matiauda, quien explicó
que el Grupo nació a partir del decreto del Poder Ejecutivo 395/15, que
desclasifica los archivos en poder de los servicios de inteligencia, y la
posterior resolución 1872 de la Procuración, que crea el equipo de
profesionales para desarrollar la tarea.
“Desde
junio comenzamos con nuestra labor, como trabajadoras contratadas, en un
convenio con el Ente Cooperador Acara. El 14 de diciembre vencieron nuestros
contratos. El 22 la Procuradora Gils Carbó resolvió extender el período de
funcionamiento del GERAD por seis meses, pero sin la renovación de los empleados.
Dos meses antes recibimos el telegrama”, asegura Matiauda.
“El
equipo preservaba los documentos de condiciones deplorables, los digitalizaba
al servicio de las querellas y la fiscalía, y analizaba esos archivos,
realizando inventarios. En seis meses sólo pudimos tratar una parte de la
documentación, por lo que no entendemos el despido”, añadió la trabajadora.
Por
su parte, Laura Ginsberg llevó la solidaridad de la Agrupación por el
Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA) con los trabajadores,
distinguió como un avance la creación del GERAD y valorizó la labor del equipo
profesional, en medio de “las condiciones terribles en la que estaban
trabajando: inmundicia de cloacas, excrementos de ratas y humedad”, detalló.
“Por
qué rescinden los contratos si hay tanto trabajo por hacer”, se preguntó. “Porque
el gobierno que se fue y el que acaba de llegar no tienen interés en que se
esclarezca la responsabilidad del Estado argentino en el crimen contra nuestros
familiares”.
Respaldo de organizaciones
Entre
los presentes se encontraban Carlos Díaz, Secretario Adjunto de ATE Provincia
Buenos Aires; Pepe Peralta, Secretario General de la CTA Capital; y Víctor de
Gennaro, ex miembro de la Comisión Provincial por la Memoria y ex diputado nacional,
entre otros dirigentes. El CELS y la Asociación Civil Memoria Activa enviaron
su adhesión al reclamo de ATE.
Posteriormente
habló Iván Wrobel, del Departamento de Derechos Humanos de ATE Capital Federal,
quien destacó que “desde que llegó Cambiemos, hubo 200 apartamientos de
funciones en el Centro Cultural Kirchner, los trabajadores del AFSCA deben
esperar 30 minutos para ingresar a su trabajo para evaluar su continuidad y el
Senado tuvo 2 mil despidos, entre otros en la Jefatura de Gabinete y en el
Ministerio de Agroindustria”.
Quique
Furman de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos llevó el abrazo de todas
las organizaciones de Derechos Humanos que integran el Encuentro Memoria Verdad
y Justicia y opinó que “desarmar el GERAD significa que el pueblo argentino no
sepa cuál es la información que tienen los servicios de inteligencia sobre el
atentado a la AMIA. Significa que la impunidad sigue vigente en nuestro país”.
A
su vez, calificó de “desprecio” a la relación que tejen los gobiernos con sus
trabajadores. “Porque el Estado necesita de un grupo de profesionales que
trabaje en documentación sobre una causa importante como la AMIA. Y en vez de
incorporarlos a su planta, un gobierno los contrata precariamente y otro
gobierno haciendo uso de esa precariedad los despide”, asimiló.
Por
último, Beverly Keene de Diálogo 2000 trasladó el apoyo de Adolfo Pérez
Esquivel y Nora Cortiñas. “Estamos en vísperas del 40º aniversario del Golpe de
Estado. Debemos reforzar la movilización. Con impunidad no puede construirse un
Estado democrático”, dijo.
