La desnutrición que se
vive en el norte del país, y que afecta fuertemente a las comunidades
originarias, acarrean severas enfermedades como la tuberculosis. Es sabido que
la desnutrición potencia cualquier otra patología.
Según la Encuesta Materno
Infantil de Pueblos Originarios (EMIPO) del Plan Nacer, realizada en 2010, el
81,3% de las madres de menores de seis años afirmó que sus hijos ingieren sólo
una comida diaria.
En el caso del Chaco, la
muerte de Néstor Femenía, un niño de 7 años miembro de la comunidad Qom, deja a
luz las profundas falencias del Estado provincial y nacional en materia de
protección y asistencia a los sectores más desprotegidos.
Datos oficiales indican
que Chaco está tercera entre las provincias con mayores tasas de muertes a
causa de tuberculosis, sólo superada por Jujuy y Formosa. La confirmación se
desprende del último informe de “Indicadores Básicos”, publicado por el
Ministerio de Salud de la Nación, en asociación con la Organización Panamericana
de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En esta problemática las
razones son varias, pero una de las que más se destaca es la explotación que
viven las comunidades originarias. Desplazadas de sus tierras, deben emplearse
en las propias compañías que explotan su territorio o trasladarse a las grandes
ciudades, en las cuales son víctimas del empleo precario.
Un ejemplo de esta
situación es que mientras que la cosecha manual de algodón en Chaco demandaba
150 horas de trabajo por hectárea al año, la soja requiere de 4 horas de
trabajo por hectárea al año.
Las paupérrimas
condiciones de vida de los pueblos originarios generadas en Salta, Chaco, Jujuy
o Formosa no son casos aislados y responden a una política de explotación que todavía
perdura en Argentina. Con estos casos se confirma la existencia de un genocidio
por planificación de la desigualdad social que tiene responsables, como fue
denunciado y demostrado en 2005.
El 15 de noviembre de ese
año, Héctor Carrica –miembro del Consejo Nacional de ATE Nacional- presentó una
denuncia (expediente 483605) contra el Estado nacional y el Estado chaqueño,
denunciando el genocidio por planificación de la desigualdad social. En 2006,
el expediente llegó a la Corte Suprema de Justicia, organismo que finalmente
comprobó la denuncia y dictó una medida cautelar que deja abierto el fallo para
que los afectados puedan realizar las denuncias pertinentes.
En los últimos conflictos
por la tierra, los pueblos originarios de esas provincias se acogieron a esa
medida cautelar para litigar contra el Estado para detener el saqueo del
territorio, tanto por el robo o la deforestación indiscriminada.
Estas denuncias
provenientes del interior del país han llegado al Observatorio de Vulneración
de Derechos de ATE para su análisis y posterior denuncia judicial.
