Garzón señaló que “cuando llega tarde, no es justicia. Este
axioma perfectamente se puede adaptar a la situación de los compañeros que fueron
injustamente encarcelados y que después de un año, la jueza interpretó que no
tenía suficiente pruebas como para condenarlos”, indicó.
“Lo que pasó con los compañeros y compañeras, que
sufrieron en carne propia la desidia y la ineficacia de una justicia cooptada
por el poder político y que responde a intereses, para nada independientes, es
la suerte de muchos trabajadores a lo largo y ancho del país. A muchos de
nosotros nos tocó sufrir esta discriminación, este maltrato, esta denigración,
solo por reclamar aumento de salario o pedir trabajo. En el caso de los
compañeros que en el 2013 se estaban manifestando, fueron injustamente
encarcelados por decisión de la Jueza López Lestón que en vez de tomarse el
tiempo para investigar y encontrar a los verdaderos responsables, tanto
ideológicos como políticos, cortó por lo más fino y mandó a seis compañeros
tras la rejas, como si con esto el caso se cerrara y todos nos fuéramos a
olvidar, para pasar a otra cosa al otro día”.
“Esta actitud de la jueza en la provincia, debe ser
revisada por algún organismo auditor de la justicia, llámese Consejo de la
Magistratura o la misma Cámara de Diputados, porque después de un año, la magistrada
demostró que no tenía nada entre las manos y es más, demostró que nunca tuvo
nada; que solo siguió un proceso viciado de irregularidades y estiró los
tiempos para que las pruebas se diluyeran, que los culpables sigan caminando en
las calles, evadan su responsabilidad o disimulen su culpabilidad. Para no
quedar en ridículo, encima, agravó su inoperancia, al condenar con la pena
mínima a los compañeros José Vera, Ernesto Apendino, Ramón Arteaga y Luis Díaz,
con el solo afán de demostrar que no se equivocó o que al menos, se equivocó
solo un poco, porque según el argumento para tenerlos preso era que el delito
tenía una condena que superaba los 8 años. El colmo llegó con la ultrainjusticia
cometida con la compañera Patricia Benítez, que ni estaba allí ese día y sufrió
8 meses de detención domiciliaria. Una vergüenza”.
“Cuando digo “los responsables” no hago nombres porque ni
la propia justicia lo hace o no lo sabe o lo sabe y no hace nada para
encontrarlos y eso hay que buscarlo en la cuestión política de Santa Cruz ¿Qué
se esconde detrás de algunos dirigentes que no pueden dar la cara? ¿Y qué nombres
puede haber detrás de este hecho tan aberrante, como fue quemar una oficina
pública, que era la oficina de todos y cada unos de nuestros compañeros, para
que una jueza, secretarios y fiscales no se les animen y los hagan declarar o
los procesen?”.
“Creo que este final deja un gusto muy amargo porque a
las compañeras y a los compañeros que tuvieron que pasar por este calvario,
nadie les repone el tiempo perdido, el trabajo que abandonaron, el castigo
social que sufrieron sus familias, la vergüenza de caminar por la calle,
sabiendo que su madre, padre o hermano, estaba acusado de vandalismo. Nadie les
repone la amargura y el año de vida que perdieron encerrados, las familias
destruidas, los hijos separados de sus madres o avergonzados injustamente en la
escuela. La jueza no tiene idea de lo que es pasar por un trance de este tipo;
ella, termina su jornada, cierra la oficina y se va a su casa; pero los compañeros
injustamente tratados por su displicencia, por su incompetencia y la de quienes
la rodean, llegaban a la noche solos, en medio de un calabozo frío… y así pasó
un año. Es posible que para los jueces un año sea poco, pero para quien sufre
la indecisión de una justicia lenta y
lábil, es una eternidad.”
“Desde un primer momento no hubo necesidad de que los
compañeros esperaran el juicio presos. Esa decisión es antinatural, es
política, no responde a los derechos consagrados en la Constitución Nacional.
Todos los días vemos como estos mismos jueces, dejan libres a ladrones y
criminales reincidentes, a los que les hacen fijar domicilio y los ponen en la
calle; y esos sí son un peligro para la sociedad, no los compañeros que
necesitaban trabajar para llevar la comida a su mesa, ver a sus hijos y
convivir con su familia. Es imperdonable lo que hizo la justicia santacruceña.
Es contra los derechos humanos más elementales, catalogar de “peligrosos” a
quienes conviven, trabajan y tienen sus familias entre nosotros. Pregunto ¿Es
una cuestión de interpretación jurídica o una especulación de algún otro tipo
que no alcanzamos a ver ni comprender.”
“Solo espero que el sacrificio de nuestros compañeros,
sirva para que en esta provincia los jueces y los fiscales cambien su enfoque.
Nadie pretende que no haya justicia, solo queremos que haya reglas
igualitarias, que se respeten los procedimientos, que se agilicen las
investigaciones, que se sigan pistas ciertas y que si tropiezan con políticos,
con sindicalistas allegados al poder o con quien quiera que sea, la justicia se
tape los ojos y no actúe tuerta, no se aplique según la cara del cliente. Si
logramos que de ahora en más la Justicia sirva para encarcelar a los malos y no
para suprimir derechos institucionalizados o reprimir protestas, judicializando
los reclamos sociales, habremos dado un paso sobre el dolor de los compañeros
de ATE que fueron liberados después de un año de injusto encierro”.
“Si esto nos vuelve a pasar, es que no aprendimos nada y
como dirigentes sociales, sindicales y/o políticos, deberíamos replantearnos
qué provincia queremos y qué jueces queremos para nuestra provincia. Si tenemos
un estrado judicial partidizado, no importa de qué partido o de qué ideología
sea, los trabajadores nunca tendremos paz y siempre veremos vulnerados nuestros
derechos. Por este aprendizaje, hoy más que nunca debo decir que desde ATE
redoblaremos los esfuerzos para encaminar a los sectores sociales que aún
permanecen con cierta apatía por estos procesos innobles de jueces políticos, a
que entiendan, que la única forma de luchar contra estas injusticias es la
participación; esa participación que debemos dar en todos los planos, social,
sindical, partidario, empresarial, desde el Estado y también particular,
comprometiéndonos a generar los cambios que sean necesarios para erradicar,
definitivamente, estos errores de forma y fondo que padece el sistema judicial
de Santa Cruz, desde hace tantos años.”.
