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El otro país

Hace dos años, en noviembre de 2019, un grupo de desconocidxs asumía junto con quien les  comparte estas líneas, el desafío y la responsabilidad de pensar la formación en una de las organizaciones sindicales más importantes de nuestro país.

Decimos desafío, porque como decía una de las referentes teóricas más importantes de nuestra clase, Beba Balvé, “la calidad de una organización se mide por la calidad de sus cuadros”.

Con el peso de nuestra historia a cuestas, como dijimos en la celebración de los 50 años de la Escuela Libertario Ferrari, a hombros de gigantes nos propusimos andar un camino por el cual sentíamos también mucha responsabilidad.

El 2019 concluía con la victoria electoral del Frente de Todxs y abría una nueva etapa en la que, no sin esperanza, asumíamos el reto de construir la fuerza suficiente para hacer las transformaciones que considerábamos necesarias para revertir la durísima situación en la que dejaba el macrismo a nuestro pueblo.  

No está de más volver a reconocer que la Pandemia acaecida, apenas unos meses después, nos puso en una situación inesperada y ante desafíos sin fórmulas en el campo popular.

También en 2019, la región atravesaba distintas revueltas sociales en toda su columna vertebral andina. Colombia, Ecuador, Perú, Chile ofrecían sustantivas resistencias a los modelos neoliberales instalados en los territorios.

Una vez más, aquello que la Pandemia parecía paralizar en realidad se abría paso subterráneamente resultando en las últimas elecciones de Perú y Chile en la consolidación de una construcción de alianzas de los sectores populares con otros sectores sociales en el gobierno, reapropiándose de la política como herramienta de transformación social.

Cuestión no menor, para pensar sobre el presente de nuestro país.

A 20 años de aquel 19 y 20 que pateó el tablero de todas las representatividades desde un fuerte descreimiento en aquellos que “nos representaban”. Y a 30 años del Grito de Burzaco, que plantó un giro militante a un modelo sindical y político que traicionaba la representación de la clase trabajadora y sus intereses.

Ahora bien, nadie desconoce los desafíos que como sociedad tenemos por delante. Lo posible no alcanza.

Los datos arrojados en el mes de noviembre de 2021 por el INDEC son elocuentes: El costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) de noviembre conmueve. Hacen falta $ 73.917 para no caer en la pobreza. Con lo cual, la total población que hoy vive por debajo de esta línea asciende a 18.598.351 trabajadores y trabajadoras. Es decir, el 40, 6% de nuestro país. Y 4.855.727 están por debajo de la línea de indigencia.

Nuestra historia, la de la clase trabajadora en general, y la de nuestra organización en particular, no nos permite observar esos datos como mera estadística. Los casi cien años de nuestra historia, su trayectoria de lucha, nos demandan estar a la altura de las circunstancias.

Somos esa porción de la clase que fue capaz de recuperar la ATE de manos de la dictadura para ponerla al servicio de lxs trabajadores. De crear una nueva Central sindical ante la entrega del menemismo de nuestro patrimonio nacional y de miles de compañerxs que eran arrojadxs al desempleo desprovistxs del más mínimo medio de subsistencia. Una Central que acobijó a esxs miles dando un giro militante de esperanza en un mundo que anunciaba el fin de la Historia.

Una Central que este 18 de diciembre fue capaz de convocarse a seguir pensando un nuevo modelo de organización que sigue sosteniendo la liberación y transformación de una sociedad para pocos: anticapitalista, antipatriarcal y con una fuerte centralidad de nuestra clase. 

Ser parte de esa historia nos pone nuevamente ante la responsabilidad de pensar nuestros giros militantes a las actuales circunstancias. De ganarle al desaliento,  esperanza contra esperanza.

Como bien ya decía el Grito de Burzaco “nos plantea el desafío de concretar nuevas formas de construcción político y social, capaces de reinstalar el poder de los trabajadores y el pueblo en el escenario nacional”

En ese sentido, recuperar el Grito es mucho más que levantar una bandera de principios, es recuperar la correlación de fuerzas que permita recuperar la política para nuestro lado. Es invitar a generar un hecho político que esté a la altura de las transformaciones que necesitamos.

Vencer con iniciativa política las trampas de un sistema que nos pretende en los laberintos de los desacuerdos y las mezquindades. En un “sálvese quien pueda” permanente.

En definitiva, un salto por arriba de los fragmentos es recuperar la estrategia de salir por arriba de las confrontaciones internas en las que nos pretenden mantener.

Dar un giro militante y volver a pensar las construcciones colectivas asentadas en la ética que siente la vida de otrxs, como responsabilidad propia.

Es estar a la altura de la historia y ser parte de la reconstrucción del entramado de solidaridad de clase, que ha caracterizado nuestra historia de lucha.

Es ese el desafío que tenemos todxs lxs militantes sindicales, sociales y políticos. Aquellxs que hemos visto el otro país, donde la felicidad del pueblo se medía en la calidad de las políticas del gobierno. Y aquel que late en las juventudes, que a pesar de no haberlo vivido, lo sueñan.

Hace dos años que un grupo de compañerxs, ahora conocidxs, venimos construyendo los sueños que soñamos. No sin contradicciones, no sin diferencias. Pero sabiendo que las diferencias nunca pueden ser el obstáculo para construir “el otro país”, que con el puño en alto, seguimos viendo.

Necesitamos de toda nuestra organización y todo nuestro entusiasmo, rearmarnos de palabras y luchas. Exigir la posibilidad de futuro, para nosotrxs y nuestras juventudes, nos obliga a levantar la mirada mas allá de lo posible, mas allá de cada quien, y pujar, parir, nuevas formas organizativas, nuevos entramados colectivos, otros giros militantes mas allá de lo que hasta ahora fuimos capaces de hacer.

Construir el otro país, que seguimos soñando demandará de todo nuestro esfuerzo, pero sobre todas las cosas de no perder jamás la esperanza en el sentido último de la militancia: hacer posible lo imposible.

He visto el otro país, lo sigo viendo.

*Secretario de Formación de ATE

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Las y los estatales entendemos muy bien por qué hay que ponerle un freno al acuerdo con el FMI

Estamos llegando al final de un año que, como el anterior, fue atravesado por la pandemia de Covid-19 y por la especulación de los grandes grupos económicos. Nuevamente hemos tenido un año muy duro, pero no hemos dejado de dar luchas de resistencia y hemos demostrado nuestra capacidad de construir propuestas e iniciativas para encontrar caminos de salida a esta crisis con el protagonismo de las y los trabajadores.

Estamos también a días de concretar un hecho sumamente relevante: El Congreso de nuestra CTA Autónoma, que expresará la consolidación de la organización interna y del crecimiento de nuestra Central, situación de la que tenemos que estar muy orgullosos porque quienes somos parte de ATE hemos contribuido a ella de manera significativa a través del aporte de nuestros cuadros y militantes a lo largo y ancho de todo el país.

Ese crecimiento de la Central y su enraizamiento en todo el territorio nacional se manifiestan en la incorporación de nuevas organizaciones y en la capacidad de convocar al fortalecimiento de la unidad del movimiento popular como lo hemos hecho a través de los Manifiestos por la Soberanía, el Trabajo y la Producción los 1° de Mayo de los últimos dos años.

Este fin de año nos encuentra en medio de una gran pulseada con el Fondo Monetario Internacional en la que no hay que ceder. Seguramente nuestro Congreso ratificará el posicionamiento claro que hemos tenido para decir ‘No al FMI’ cuando nos movilizamos el 28 de octubre, o cuando impulsamos junto a la CTA-A y a organizaciones hermanas la presentación de una cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Del mismo modo, exigiremos una vez más al Gobierno la elaboración de un Presupuesto Nacional que no sea de ajuste, y que no permita aceptar ningún tipo de extorsión y condicionamiento por parte del FMI. Estamos ingresando en la segunda mitad de este Gobierno y, por lo tanto, para garantizar que se concreten los objetivos de soberanía, de justa distribución de la riqueza y de reactivación económica, no puede haber condicionamientos.

Las y los trabajadores estatales entendemos muy bien por qué hay que ponerle un freno al acuerdo con el FMI, y sabemos que sus recetas de ajustes con la excusa de la reducción del déficit fiscal recaen necesariamente no sólo sobre el funcionamiento del Estado, limitando sus capacidades de intervención en el desarrollo productivo y en su capacidad de desarrollo científico-tecnológico y productivo, sino también directamente sobre el salario y las condiciones laborales de las y los trabajadores, tanto del Estado Nacional como de los Estados Provinciales y Municipales.

Es por eso que para nosotros ha sido tan importante en este año el desarrollo y funcionamiento del Convenio Colectivo de Trabajo que nos está permitiendo avanzar en el objetivo de los pases a planta permanente y reubicaciones de las y los trabajadores del Estado Nacional, como así también en varias provincias. También hemos tenido avances en la discusión salarial para estar, en este año, por encima de los índices inflacionarios que son producto de la acción especulativa de las empresas transnacionales formadoras de precios y de las –todavía- insuficientes medidas del Gobierno Nacional para ponerle límites. Medidas que fueron insuficientes por haber sido algo tardías en su aplicación, pero imprescindibles porque las grandes empresas transnacionales no solamente especulan para seguir apropiándose de los recursos de nuestro pueblo a través del aumento de precios, sino también para trasladar de manera inaceptable e inadmisible los precios internacionales al mercado interno.

En este año ha sido muy importante el logro de la bonificación para las y los trabajadores de la Salud del Estado Nacional, y esperamos que se reproduzca en todas las provincias, como así también esperamos que antes de fin de año se haga efectivo un bono para el resto de las y los estatales. Hay que garantizar que el esfuerzo que ellos y ellas vienen realizando, enfrentando a la pandemia y vehiculizando la aplicación de políticas del Estado, sea reconocido.

En ese sentido es para nosotros muy valioso haber sido parte central del debate en el Congreso Federal de Empleo Público convocado por el Consejo Federal de la Función Pública. Fue importante allí el reconocimiento por parte de autoridades del Gobierno Nacional, de los gobiernos provinciales y de representantes académicas de universidades de todo el país, del rol fundamental que las y los estatales cumplimos para el conjunto de la sociedad, y de la importancia de fortalecer al Estado como principal garantía de políticas públicas que respondan al interés de las mayorías populares.

Fue un Congreso por el que trabajamos mucho tiempo y podemos decir, con orgullo, que fue empujado por diversos encuentros que en estos dos años hemos convocado desde nuestro gremio, como fue el de marzo del año pasado, antes de la aparición de la pandemia, para pensar propuestas de desarrollo productivo soberano en áreas como el transporte, la ciencia y la tecnología, la energía; o como el último seminario que realizamos en noviembre de este año, que titulamos ‘El Estado que necesitamos para enfrentar las pandemias’. Entre otras iniciativas también se destacaron los encuentros nacionales de Salud para promover un sistema nacional integrado y un Convenio Colectivo nacional para sus trabajadores y trabajadoras.

Esperamos que este debate se profundice y que otros Consejos Federales, especialmente el del Trabajo y el de Salud, entre otros, imiten y reproduzcan esta iniciativa, porque la perspectiva de una política nacional se fortalece en tanto y en cuanto los ámbitos de debate y de participación institucional se abran a nuevas dimensiones. Particularmente con los Consejos Federales, que en los años ‘90 fueron el vehículo para la aplicación de políticas de ajuste hacia las provincias y los municipios. En este tiempo necesitamos que sean, por el contrario, el vehículo para fortalecer esas estructuras estatales. Fundamentalmente en el marco de políticas nacionales que tengan que ver con robustecer la intervención del Estado como principal garantía de abordaje colectivo a un escenario de emergencia como el que seguimos transitando en nuestro país y en el mundo.

Este escenario es producto de los efectos catastróficos de la pandemia neoliberal primero, de la pandemia sanitaria después, y del egoísmo y el ansia desmedida de poder de las grandes empresas transnacionales que siguen apropiándose de las riquezas de los pueblos del mundo. El Estado es la única garantía de que no sean esos sectores los que sean beneficiarios de esta crisis, y de que encontremos una salida de intereses colectivos.

En ese camino estamos, orgullosos de que aún en estos contextos difíciles nuestra ATE y nuestra CTA-A sigan creciendo en capacidad organizativa y de participación, en vida democrática y en formación de nuestros cuadros, y de que esto se vea reflejado una vez más en las páginas de este nuevo número de ‘El Trabajador del Estado’ que, al igual que nuestro gremio, está muy cerca de cumplir los cien años de vida.

*Editorial publicada en la última edición de El Trabajador del Estado.

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Recuperar nuestra memoria para avanzar en la recuperación del Estado que nos debemos

El compromiso patriótico de nuestros compañeros azufreros y sus familias de la Seccional de ATE La Casualidad en la provincia de Salta, que cada año rinden homenaje a sus fundadores y que días atrás fuera reflejado en el nuevo libro de Daniel Parcero, responsable del área Memoria del Departamento Nacional de Cultura, no debe ser un mero acto de reconocimiento y divulgación interna. Se trata, además, de asumir nuestro compromiso como trabajadores y trabajadoras del Estado para aportar al engrandecimiento del Estado y así agrandar nuestra Nación.

La mina azufrera La Casualidad fue clausurada por un decreto dictatorial de Martínez de Hoz en 1979. Fue un polo de producción azufrera jaqueado en su mayor esplendor productivo por las mafias mineras de los poderes supranacionales, asociados a los feudos oligopólicos aún enquistados en nuestros suelos, en los que Martínez de Hoz en su momento oficiara de títere beneficiario de aquellos intereses.

El Campamento fue clausurado a 40 años de su nacimiento y hoy permanece intacto a 5500 metros de altura, con el 80% del azufre bajo tierra sin explotar, siendo este mineral, que actualmente se importa, de un valor estratégico de significativa importancia.

Hijos de aquellos azufreros, expulsados del territorio junto a sus sueños, y habiendo tenido el futuro laboral “asegurado” para ellos y para sus propios hijos, hoy agrupados en una ONG, siguen pregonando por la puesta en valor del Campamento y dispuestos a continuar con el esfuerzo con el que sus padres honraron sus vidas.

Ese azufre improductivo es fuente de trabajo y recursos genuinos del País que los intereses hegemónicos nos pretenden hacer creer subdesarrollado y necesariamente dependiente.

Como trabajadores y trabajadoras del Estado tenemos el compromiso indeclinable con la soberanía de nuestros recursos para el desarrollo de nuestro país y de nuestro pueblo. Debemos avanzar en la extracción nacional de azufre y su traslado mediante el transporte vía ferroviaria vigente con destino a las bases de Fabricaciones Militares de Río Tercero y la Fray Luís Beltrán de Rosario, para producir ácido sulfúrico y pólvora, entre otros productos. Tenemos la certeza de que será un aporte sustancial al desarrollo minero y que nuestra industria nacional tiene pendiente, dejándonos al acecho de intereses provenientes de empresas multinacionales arraigadas en países hermanos, extranjeros y frente a proyectos nacionales de reactivación que permanecen truncados.

Los trabajadores del Estado, no sólo aportamos con nuestro trabajo al funcionamiento de nuestro Estado, sino que también tenemos conciencia de su articulada proyección y desarrollo hacia un destino de Nación libre justa y soberana. Por esta razón, como argentinos y trabajadores y trabajadoras del Estado que alguna vez vivimos el estado de bienestar, es necesario y urgente que la Argentina recupere el control de la explotación minera y así nuestra Soberanía.

*Secretario Gremial de ATE

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Soberanía comunicacional: el complejo industrial nacional de bienes de capital

Los trabajadores, estamos convencidos de que las comunicaciones deben estar inscriptas en un Proyecto de país. Por eso, en esta tercera entrega referida a las cuestiones necesarias para consolidar nuestra soberanía comunicacional, expondremos la necesidad de tener una política de estado que incluya la legislación correspondiente, para el desarrollo de un complejo industrial nacional de bienes de capital en electrónica, informática y comunicaciones.

La parte más «visible» del sector de la economía constituido por las comunicaciones, es la producción de distintos servicios. Pero para este fin productivo, se requieren de tres componentes o tipos de actividad:

– Las actividades dedicadas en sí a la producción de los servicios.

– La producción de bienes de capital o de producción, es decir la industria proveedora del equipamiento necesario para la producción de los servicios.

– La generación del conocimiento necesario para la producción del equipamiento y los servicios, es decir los aspectos tecnológicos y de planificación asociados.

Mientras la producción de los servicios, al menos en cuanto al acceso físico de los usuarios, se desarrolla necesariamente en el país, más allá de la nacionalidad de los propietarios de los medios y equipos para producir los mismos, esta necesidad no se verifica en la producción de dichos medios y equipos que, en el estado de cosas actual, está prácticamente extranjerizado en su totalidad.

Merece la pena recordar que, en nuestro país, medio siglo atrás, había comenzado un incipiente desarrollo de producción, investigación y desarrollo de tecnología local, la cual incluso llegó a competir exitosamente no ya en el ámbito de América latina sino también en otros mercados. Este desarrollo fue detenido por los gobiernos dictatoriales o neo liberales de turno y se perdieron conocimiento y mercados, empezando por el mercado interno.

Las políticas de «compre nacional», por su parte, con la gran voluntad política que suelen encarnar, han mostrado ser ineficaces si en su formulación se obvia el reconocimiento explícito de uno de los vértices de las comunicaciones y de otros sectores económicos de tecnología compleja: El Conocimiento.

Como trabajadores, y dado que, al ser la producción de los servicios mayormente «nacional» y, habida cuenta de que las comunicaciones son las dinamizadoras principales del complejo industrial formado por ellas mismas, junto con la electrónica y la informática, postulamos utilizar esta situación particular de «mercado» para radicar industrias y desarrollar conocimientos «de punta» que, hoy son claves para cualquier desarrollo nacional autónomo.

Para desarrollar este complejo industrial, es necesario poseer como país, el conocimiento, es decir, la tecnología necesaria. Entendemos a la tecnología como un complejo sistema de acciones orientado a la transformación intencional de la naturaleza y la sociedad, que transcurre entre el “saber hacer” y el “poder hacer”, reconociendo que conocimiento y habilidad son dos dimensiones presentes en las acciones tecnológicas que transcurren en planos diferentes, el cognoscitivo y el de la acción. El conocimiento tecnológico se encuentra por lo general repartido entre diferentes actores sociales que se interrelacionan bajo un interés en común, agrupándose en organizaciones productivas entre la que se destaca la fábrica como ejemplo emblemático. El conocimiento que se adquiere en la fábrica es una complicada imbricación de conocimiento científico, saber técnico, aprendizaje extralingüístico (por ejemplo, visual o manual), criterios estéticos y cuestiones sociales de todo tipo.

Es por todo esto que consideramos, que la única y eficaz forma de lograr la apropiación tecnológica es a través de la producción concreta de bienes y servicios en el país, con empleo estable que asegure la transmisión del conocimiento entre generaciones, manteniendo una estrecha relación con las universidades e instituciones tecnológicas afines. No estamos hablando de «cerrar» el país ni de «fabricar todo»; es necesario que, en el marco del Proyecto de País que venimos preconizando, podamos definir la Tecnología Conveniente que mejor convenga para ser apropiada por la Argentina, guardando en esta definición, una posición constructivista, que reconozca el carácter social de la tecnología y su dependencia del contexto cultural en el que se desarrolla y que, al mismo tiempo, asegure la independencia tecnológica y productiva del país en las llamadas tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).

Por otra parte, como trabajadores, creemos que es necesario ir hacia un cambio de paradigma en el que el Estado recupere el poder de decisión, que no sea «neutral» en el tema tecnológico y en el que, la incorporación de tecnología no necesariamente responda al deseo de aumentar la eficiencia en la producción, sino que esté al servicio del bienestar general de la sociedad y de la maximización del valor agregado y la generación de empleo, en lugar de la pura rentabilidad del capitalista.

Es por todo esto que, es imprescindible impulsar desde los trabajadores, una política, que permita lograr una legislación para promover el desarrollo de un complejo industrial nacional de bienes de capital en electrónica, informática y comunicaciones incluyendo la creación de empleos de calidad. Sostenemos que, el desarrollo del sector TIC a partir de una ley de telecomunicaciones, coordinada con la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (a la que hay que recuperar) y del establecimiento de tecnologías convenientes para una industria soberana, debe complementarse con las óptimas condiciones laborales para los trabajadores del sector.

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COP26, ¿más de lo mismo?

Las señales que nos da la naturaleza se hacen cada vez más elocuentes. Su virulencia marca el daño que el neoliberalismo le hace al mundo con su política de saqueo y lucro. Urge retomar el control de los bienes públicos para iniciar una transición hacia otro modelo de desarrollo basado en una relación armoniosa entre la humanidad y el planeta.

Tras dos años de encuentros virtuales por el Covid-19 la COP26 se realiza de manera presencial. Nuevamente plantearemos con claridad que se necesita una agenda y compromisos más ofensivos para salvar al planeta. La cita será en Glasgow, Escocia, y contará con la presencia de la CTA-Autónoma en la figura de nuestro compañero Rodolfo Kempf, físico e investigador, trabajador de la Comisión Nacional de Energía Atómica, delegado de ATE y coordinador de Transición Energética de la Coordinación Nacional de Trabajadoras/es de la Industria (CNTI-CTAA).

Recordemos que este encuentro mundial tiene como antecedente la adopción en 1992 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), esta fue la base para la adopción del Protocolo de Kyoto en 1997. La Conferencia de las Partes (COP), conformada en 1995, es su instancia máxima de decisión a nivel internacional ya que la componen todos los Estados miembro. Este año será el encuentro número 26 pero hasta ahora no ha habido respuestas estructurales a la crisis climática. La lógica neoliberal de saqueo y las imposiciones de los países centrales son las que priman.

Por eso, desde la CTA-Autónoma confluimos en la red de Sindicatos por la Democracia Energética (TUED), una alianza internacional que viene coordinando encuentros e iniciativas para dar forma a una propuesta estratégica desde las organizaciones de trabajadores a nivel global. También, como señala la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA) nuestra clase “está en la primera línea de afectadas/os por las consecuencias de la crisis ambiental y climática. La forma en que la crisis ambiental afecta a la clase trabajadora está asociada a las vulnerabilidades preexistentes producto de la desigualdad, la opresión y la discriminación. La propuesta de desarrollo sustentable con justicia social de la CSA implica disputar el orden económico dominante, la mercantilización y financierización de los bienes comunes y las desigualdades que cimentan el sistema. Hoy, a la luz del reciente Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) la demanda sindical por cambios estructurales en la base de la economía se convierte en urgente e imprescindible”.

Nuestra hoja de ruta implica interpelar a la clase trabajadora, mejora y adecuar nuestras organizaciones y que cada persona que padece la informalidad laboral, la ausencia de derechos, sepa que sindicalizarse es la mejor manera de protegerse contra los abusos patronales.  Democracia, derechos humanos y medio ambiente, son hoy tres pilares de los sindicatos.

Los cambios no se van a dar sin voluntad y decisión política. Amplifiquemos nuestra voz, hasta que se vuelva ensordecedora y para ello debemos extender la conciencia sobre la injusticia del sistema en el que vivimos y la posibilidad de otra forma de vincularnos, de otra sociedad donde la dignidad sea la base.

Debemos promover la defensa de los bienes comunes, la necesidad de confrontar con el poder de las transnacionales, terminar con la dependencia del FMI, el Banco Mundial y los mercados financieros. Después de Río+20, hace ya más de nueve años, las falencias del sistema de producción y consumo se agudizaron, y con la pandemia más aún. Como dijimos en el 2001 en Porto Alegre: otro mundo es posible. Y llegamos a Río de Janeiro en 2012 con el planteo de que había que ir del mundo posible al mundo necesario. Hay que mirar más allá de la pandemia, y más allá de las crisis recurrentes del capital.

La desigualdad y la concentración de la riqueza son alarmantes. Las medidas que hoy se exigen unánimemente por la pandemia, son las que venimos demandando en la fase previa. Promover otra distribución de la riqueza, impuestos progresivos y no regresivos para fortalecer servicios públicos claves como la salud, transferencias para que todos alcancen una vida digna bajo la forma de una renta básica financiada con contribuciones de aquellos que más tienen, y nacionalización de empresas estratégicas para el bien común.

Esta crisis pandémica nos deja como lección el papel protagónico del Estado y del sector público como garante de una vida digna. Ya no es posible un modelo de desarrollo realmente sostenible sin la existencia de servicios públicos de calidad y acceso gratuito, especialmente en lo que concierne a salud, educación, transporte y energía.

¿Tenemos noción o convencimiento de la fuerza de la clase trabajadora a nivel mundial y si merecemos vivir dignamente y mucho mejor porque hay regiones donde la desigualdad y concentración de la riqueza es alarmante y está vinculada con la muerte y no con la vida. Tenemos noción de la fuerza o creemos que somos débiles cuando somos el 99% y ellos son el 1% que se queda con todo?

Debemos construir una nueva cosmovisión política con la humanidad y con la naturaleza. Desarmar la tecnología del saqueo del neoliberalismo y construir la tecnología de la justicia social.

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Hay que democratizar el Estado y abrirlo a las organizaciones sociales

Editorial del Secretario General de ATE Nacional para El Trabajador del Estado de octubre ( Click acá para descargar el periódico).

Días antes de las PASO, realizamos el Seminario “El Estado que necesitamos para superar las pandemias”, en la convicción de que el proceso preelectoral era un escenario adecuado para fijar la posición de las trabajadoras y los trabajadores. Porque lo que se pone en discusión no es sólo los candidatos sino las políticas públicas y, particularmente, la organización del Estado nacional en un contexto tan complejo como el que estamos atravesando.

La crisis económica, social y hasta cultural a la que nos han traído las políticas neoliberales que gobernaron el país en los últimos años sigue estancando a nuestra sociedad, y la crisis se ha visto agravada por casi un año y medio de pandemia.

En segundo lugar, el proceso electoral abre una nueva etapa en las políticas de gobierno que se iniciaron a partir del 2019. Apostamos a que el avance de la campaña de vacunación permita ponerle un freno a la pandemia. De ser así, en la segunda mitad de este Gobierno se definirá si el rumbo será el de una perspectiva fuertemente emancipadora, con reactivación de la economía, basada en el mercado interno y en una más justa redistribución de la riqueza, o si sólo habrá subsistencia y una administración de la crisis que atravesamos.

La apuesta del Seminario fue abrir caminos a los aportes de los distintos sectores del campo popular para que la perspectiva sea la primera: no solamente seguimos teniendo la fuerte expectativa de que las políticas neoliberales vuelvan a ser derrotadas en las urnas, sino que el Gobierno escuche el mensaje que se expresó el 12 de septiembre para que las medidas que se apliquen estén en las antípodas de esas políticas.

En este contexto se está desarrollando la negociación del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional, que continúa con las mismas políticas antinacionales y de defensa del interés de las empresas multinacionales, con las que fue cómplice del endeudamiento criminal sobre las próximas generaciones de nuestro país.

Y en paralelo se da la discusión del proyecto de Presupuesto 2022, al cual hemos hecho profundas observaciones, planteando la necesidad de que se lleve adelante una reforma impositiva progresiva, para que los que más tienen sean los que más aporten. O cuanto menos, para que se garantice la continuidad del Aporte Solidario de las grandes fortunas.

De este modo, para fortalecer la capacidad de intervención del Estado en la reactivación económica y en una más justa distribución de la riqueza, para garantizar una efectiva reactivación del mercado interno y concretar el objetivo urgente de terminar con el hambre.

En esa línea, insistimos en nuestro reclamo para que se materialice un Salario Universal que garantice un piso de dignidad para la vida de los argentinos.

Los años de neoliberalismo han demostrado que no es priorizando el mercado externo, las exportaciones, el monocultivo y el extractivismo, sin ningún tipo de regulación estatal, que se va a garantizar una salida favorable a los intereses del pueblo. Al contrario, esto ha favorecido la fuga de capitales y el dominio de la economía argentina por parte de empresas transnacionales.

Por eso es que venimos promoviendo junto con varios sectores, muchos de los cuales fueron parte de los debates del Seminario (pequeños y medianos empresarios, movimientos cooperativos, organizaciones sociales, entre otros) que el presupuesto que se discuta y apruebe en el Congreso no tenga que ver con las imposiciones del FMI sino con los objetivos de Soberanía, Trabajo, Producción y Justicia.

Es en este marco en el cual los trabajadores estatales definimos nuestros niveles de intervención en el debate político-público en este tiempo, y que sostenemos nuestros debates con los gobiernos Nacional, provinciales y municipales. Porque no tenemos destino si no es en el marco de una perspectiva de felicidad y soberanía de nuestro pueblo, y de un Estado que sea efectivamente democrático y popular.

¿Por qué decimos que hay que democratizar el Estado?

El Estado nacional, incluyendo a las provincias y los municipios está moldeado en las pautas neoliberales que impusieron los ocho años de dictadura genocida que encabezaron Videla y Martínez de Hoz, y que se han sostenido en estos casi 40 años de vida democrática. Ejemplo de ello es la continuidad del decreto ley de entidades financieras de 1977, o que vastos sectores estratégicos continúen privatizados.

Eso explica que a pesar de los esfuerzos de nuestro pueblo, la pobreza y el hambre sigan creciendo en nuestro país. Y es por eso que, en la mayoría de las provincias y en la casi totalidad de los 2220 municipios, todavía no está plenamente vigente el derecho a convenciones colectivas de trabajo; como para mencionar sólo un derecho constitucional que a su vez es parte de los acuerdos del Estado argentino con la OIT.

Justamente ahí radica el hecho de que el salario siga postergado; en gran parte del país, por debajo de la línea de la pobreza y aún de la indigencia, como en el caso de los trabajadores y trabajadoras jubilados. O que la precariedad laboral siga siendo un rasgo distintivo de un Estado que debería ser ejemplar en garantizar derechos laborales.

Es en ese marco en el que se dan las discusiones por mejores condiciones salariales y de trabajo, a nivel nacional y en las provincias, que se reflejan en este número de El Trabajador del Estado.

Por eso decimos que hay que democratizar el Estado, pero además, que hay que abrirlo a la participación de las organizaciones populares, porque solamente esto permitirá terminar con el flagelo del hambre.

Está claro que las empresas transnacionales siguen haciendo de la inflación un mecanismo que ya no tiene que ver con la realidad de la dinámica interna de la economía sino con su política especulativa como formadores de precios. Esto sólo podrá ser controlado con una fuerte intervención del Estado y la participación de los trabajadores, la pequeña y mediana empresa y el movimiento cooperativo en el seguimiento de la cadena de valor.

Por eso decimos también que las políticas públicas tienen que estar al servicio de las mayorías populares. En ese marco es el que los trabajadores del Estado desarrollamos nuestra tarea con una doble responsabilidad: defender nuestros derechos dentro del Estado, pero conscientes de que el principal destinatario de nuestro esfuerzo, de nuestros conocimientos, de nuestra tarea cotidiana, es el pueblo, y no las minorías que no dejan de ser privilegiadas por este Estado neoliberal.

Como parte de la CTA Autónoma estamos proponiendo un profundo debate sobre el presupuesto 2022 porque sabemos que el presupuesto nacional impacta sobre el de todas las provincias y municipios.

Porque si el criterio que predomina es no el de aumentar los ingresos a través del aporte de las grandes fortunas sino a partir de reducir el déficit fiscal -que necesariamente se logra a través de la reducción de las inversiones del Estado, lo que impacta directamente sobre las condiciones de vida de las mayorías-, las expectativas que nuestro pueblo puso en el proceso electoral del año 2019 pueden llegar a ser defraudadas.

Y si hay algo en lo cual radica cualquier proceso de transformaciones profundas, necesarias, de nuestra sociedad, es en la capacidad de un pueblo para movilizarse a través de una esperanza activa, haciendo realidad los sueños de una Argentina mejor.

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50 años de la Libertario Ferrari: “A hombros de gigantes”

Director de la Escuela de Formación Sindical Libertario Ferrari

El 2021, en el marco de la pandemia de COVID-19, conmemoramos el cincuentenario de la creación de la Escuela Sindical Libertario Ferrari, el “primer espacio institucional destinado a la formación y capacitación de cuadros” de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

ATE, a lo largo de su historia, siempre ha puesto especial énfasis en la formación política, sindical y social de sus miembros y la fundación de la Escuela es otro ejemplo de esa rica tradición de crear sus propios espacios de formación y autoformación.

El mismo sentido tuvo la aparición del periódico El Trabajador del Estado, a pocos meses de su fundación, pregonando su lectura de mano en mano (“Lealo y páselo a otro compañero) y la inauguración de una biblioteca concretada a fuerza de festivales y donaciones.

Sin olvidar la costumbre de nuestros pioneros, anarquistas y sindicalistas revolucionarios, de adoptar la asamblea como el órgano soberano de decisión (discusión, debate y consenso colectivo), participación democrática y, por sobre todo, aprendizaje y autoformación. 

Con la creación de la Libertario Ferrari, el 17 de octubre de 1971, ATE puso en marcha la primera experiencia institucional de formación que permitió sistematizar la capacitación política sindical  desde la perspectiva de la clase trabajadora, de manera integral, estableciendo vínculos con otras entidades educativas e incorporando la perspectiva de género de forma transversal. 

Por eso nos gusta pensar a todos y todas los que formamos parte de este proceso, que andamos a hombros de gigantes. Entendiendo por tal al gigante colectivo que es la clase trabajadora y a los gigantes con nombres y apellidos, que nos guían desde siempre en el proceso de formación y autoformación.

Desde esta perspectiva, entendemos a la formación como una praxis en clave de formación/acción/lucha, es decir, para nosotrxs no puede ser entendida alejada de las prácticas concretas de hombres y mujeres que buscan construir un presente y futuro digno de ser vivido y disfrutado.

En ese sendero anda la ATE, desde hace casi un siglo, y su querida escuela, desde hace cincuenta años: vislumbrando el camino a recorrer…a hombros de gigantes.

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El mito de Sísifo y clase trabajadora en Argentina

Sísifo fue un personaje de la mitología griega que, gracias a su astucia, consiguió engañar a los dioses. Por esa osadía fue castigado por Zeus a empujar sin cesar una enorme roca cuesta arriba por una ladera empinada y, cuando esta llegaba a la cima, rodaba hasta el pie de la montaña. Así, Sísifo debe empezar de nuevo desde el principio, una y otra vez.

Esta situación es análoga a la que padece la clase trabajadora en la Argentina. Lxs trabajadores realizan su actividad laboral día a día, en algunos casos de forma monótona, pero no logran vivir dignamente del fruto de su esfuerzo. En este caso, como en el de Sísifo, no es por falta de empeño o compromiso sino por decisión de los dioses del capital, no del Olimpo.

Hace casi una década -2013 a 2020- lxs trabajadores venimos arrastrando una enorme roca que no es más que la constante pérdida del poder adquisitivo del salario, la precariedad laboral y una injusta distribución de la riqueza. Esta situación se agravó durante el macrismo, por el que sufrimos la pérdida de miles de puestos de trabajo, el achicamiento del Estado, una terrible devaluación, y un endeudamiento externo fenomenal.

Actualmente estamos transitando el segundo año de la pandemia por Covid-19, contexto que una vez más deja en evidencia la importancia de lxs trabajadores y sus trabajos. Pero esta realidad no es reconocida en términos salariales. Para el año en curso el Gobierno Nacional proyectó una inflación del 29%, para el mes de mayo ya quedó desactualizada, llevamos una inflación acumulada del 17,6% y se espera que al finalizar el año sea del 47,3%. Es necesario que se haga justicia y que lxs trabajadores no sumemos un año más a la caída del salario.

Lxs trabajadores, al igual que Sísifo, luchan incansablemente contra las fuerzas contrarias para alcanzar mayores niveles de bienestar económico, social y cultural, en otros términos, la anhelada justicia social. Pero las deidades del capital nos quieren convencer de que nuestros esfuerzos son inútiles, que cada vez que estemos llegando a la cima volveremos al pie de la montaña, no una sino mil veces.

Esos odiosos dioses son la pesada carga de la clase trabajadora. Son ellos quienes nos quieren imponer el castigo de no poder alcanzar el bienestar con nuestro esfuerzo y buscan que nos gane la desesperanza. Sin embargo, lxs trabajadores seguimos organizándonos, seguimos avanzando, seguimos honrando nuestra historia, seguimos luchando y construyendo una sociedad mejor para nosotrxs y para las generaciones que vendrán. Lo seguimos haciendo porque del mismo modo que Sísifo logró en un momento engañar y vencer a los dioses del Olimpo, lxs trabajadores tenemos asegurada la victoria final contra los dioses del capital.

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“Las medidas sanitarias deben acompañarse con un ‘shock’ de justicia social”

El Secretario General de ATE y de la CTA Autónoma en la Provincia de Buenos Aires, Oscar ‘Colo’ de Isasi además señaló: “Es fundamental no pagar la deuda externa hasta tanto investigarla en su totalidad. Las deudas se pagan, las estafas no”.

El dirigente, que pretende ocupar un lugar en el Congreso Nacional dentro del Frente de Todos, indicó: “Para esta etapa, donde se combina el invierno con el crecimiento de los contagios, se hace imprescindible avanzar hacia un nuevo ‘shock’ sanitario y de justicia social con dos aristas fundamentales: Una es la de restringir al máximo la circulación en por lo menos dos semanas en todas aquellas regiones que corresponda. Y esto debe estar acompañado de una fuerte inversión en la designación de personal de salud y que se profundice la campaña de vacunación”.

“La otra de las aristas, es el de generar un shock de ‘justicia social’, que retome la política de otorgamiento del IFE con mayor cobertura y más ingreso. Por otra parte, ampliarse el ATP a todas aquellas empresas que lo necesitan para garantizar la fuente laboral. Estas dos medidas deben ir acompañadas, como lo está haciendo el gobierno, por una estrategia de postergar la negociación de la deuda externa. Mientras dure la pandemia no debe pagarse la deuda, además hay que investigarla en su magnitud”, señaló de Isasi.

Para finalizar, el pre candidato a diputado nacional, sostuvo que: “Estas medidas deben estar acompañadas de un férreo control de precios, sobre todo en los rubro alimentos, combustibles e insumos para las empresas. Asimismo, el impuesto a las grandes fortunas debe seguir instrumentándose mientras dure la emergencia sanitaria”.

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La trampa de enfrentar a los pobres con los trabajadores

por Matías Cremonte (titular del Departamento Jurídico de ATE)
Se instaló un falso debate alrededor del proyecto de ley para que los salarios inferiores a $150.000 dejen de pagar el impuesto a las Ganancias. Se intenta contraponer un supuesto privilegio de esos asalariados con los intolerables niveles de pobreza.
Sin embargo, las personas que perciben como consecuencia de su trabajo salarios dignos no son responsables de la pobreza. Por el contrario, son parte de la solución.
Analicemos primero el proyecto de ley: la suba del mínimo no imponible supone una reducción de $47.000 millones en la recaudación impositiva. Pero el mismo proyecto retorna al 35% el impuesto a las Ganancias de las sociedades -que el macrismo había reducido a 25%- lo que implicará una recaudación adicional de $41.000 millones. La primera falacia entonces radica en afirmar que el Estado deja de recaudar $47.000 millones que pudieran destinarse a planes sociales. En todo caso, la reducción será de $6.000 millones, es decir, no podrá atribuirse al beneficio de esos trabajadores y trabajadoras que el Estado destine o no lo recaudado en medidas que contribuyan a paliar la pobreza.
Pero esa lectura lineal de la incidencia de esta medida en los niveles de recaudación omite un dato mucho más importante, y es que lo que los asalariados dejen de pagar del impuesto a las Ganancias más que seguramente se destinará al consumo interno. Y eso, además del virtuosismo que en sí mismo supone el crecimiento de la demanda, implica subas en la recaudación a través del IVA. Así, es probable que sólo desde el punto de vista tributario, la modificación de la ley del impuesto a las Ganancias implicará un aumento de la recaudación fiscal.
La pobreza revelada por el INDEC días pasados es insoportable, y desde luego el Estado es responsable de resolverla. Una emergencia de esa magnitud requiere de medidas urgentes, probablemente a través de más asistencia social. Pero la solución de fondo radica en la creación de empleo con salarios dignos, poniendo en la cima de la agenda pública el objetivo del pleno empleo.
Las mayores crisis económicas del capitalismo -y la provocada por la pandemia del Covid-19 sin dudas debe inscribirse entre ellas- requirieron de soluciones drásticas. La más importante de ellas, la de los años 30, se enfrentó con intervención estatal para generar empleo y promover salarios dignos, que reactivaron la demanda y, con ella, la producción.
Son necesarias políticas que apunten a la reducción de los niveles de desigualdad imperantes, niveles que suponen que el 20% más rico del país tenga un ingreso 13 veces mayor que el 20% más pobre.
Medidas como la elevación del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, aunque parciales pues el salario como tal no debería pagar ese impuesto, se inscriben en esa senda. Compensar lo recaudado por el retorno al 35% del impuesto a las Ganancias de las sociedades con el aumento del mínimo no imponible a las remuneraciones, supone una transferencia de ganancias que seguramente no se convirtieron en inversión hacia los ingresos de los trabajadores y trabajadoras, que como dijimos, redunda en un crecimiento del consumo.
Una reforma tributaria estructural que deje atrás el actual sistema regresivo y grave la riqueza para terminar con la pobreza debería ser el siguiente paso.