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Los trabajadores, estamos convencidos de que las comunicaciones deben estar inscriptas en un Proyecto de país. Por eso, en esta tercera entrega referida a las cuestiones necesarias para consolidar nuestra soberanía comunicacional, expondremos la necesidad de tener una política de estado que incluya la legislación correspondiente, para el desarrollo de un complejo industrial nacional de bienes de capital en electrónica, informática y comunicaciones.

La parte más «visible» del sector de la economía constituido por las comunicaciones, es la producción de distintos servicios. Pero para este fin productivo, se requieren de tres componentes o tipos de actividad:

– Las actividades dedicadas en sí a la producción de los servicios.

– La producción de bienes de capital o de producción, es decir la industria proveedora del equipamiento necesario para la producción de los servicios.

– La generación del conocimiento necesario para la producción del equipamiento y los servicios, es decir los aspectos tecnológicos y de planificación asociados.

Mientras la producción de los servicios, al menos en cuanto al acceso físico de los usuarios, se desarrolla necesariamente en el país, más allá de la nacionalidad de los propietarios de los medios y equipos para producir los mismos, esta necesidad no se verifica en la producción de dichos medios y equipos que, en el estado de cosas actual, está prácticamente extranjerizado en su totalidad.

Merece la pena recordar que, en nuestro país, medio siglo atrás, había comenzado un incipiente desarrollo de producción, investigación y desarrollo de tecnología local, la cual incluso llegó a competir exitosamente no ya en el ámbito de América latina sino también en otros mercados. Este desarrollo fue detenido por los gobiernos dictatoriales o neo liberales de turno y se perdieron conocimiento y mercados, empezando por el mercado interno.

Las políticas de «compre nacional», por su parte, con la gran voluntad política que suelen encarnar, han mostrado ser ineficaces si en su formulación se obvia el reconocimiento explícito de uno de los vértices de las comunicaciones y de otros sectores económicos de tecnología compleja: El Conocimiento.

Como trabajadores, y dado que, al ser la producción de los servicios mayormente «nacional» y, habida cuenta de que las comunicaciones son las dinamizadoras principales del complejo industrial formado por ellas mismas, junto con la electrónica y la informática, postulamos utilizar esta situación particular de «mercado» para radicar industrias y desarrollar conocimientos «de punta» que, hoy son claves para cualquier desarrollo nacional autónomo.

Para desarrollar este complejo industrial, es necesario poseer como país, el conocimiento, es decir, la tecnología necesaria. Entendemos a la tecnología como un complejo sistema de acciones orientado a la transformación intencional de la naturaleza y la sociedad, que transcurre entre el “saber hacer” y el “poder hacer”, reconociendo que conocimiento y habilidad son dos dimensiones presentes en las acciones tecnológicas que transcurren en planos diferentes, el cognoscitivo y el de la acción. El conocimiento tecnológico se encuentra por lo general repartido entre diferentes actores sociales que se interrelacionan bajo un interés en común, agrupándose en organizaciones productivas entre la que se destaca la fábrica como ejemplo emblemático. El conocimiento que se adquiere en la fábrica es una complicada imbricación de conocimiento científico, saber técnico, aprendizaje extralingüístico (por ejemplo, visual o manual), criterios estéticos y cuestiones sociales de todo tipo.

Es por todo esto que consideramos, que la única y eficaz forma de lograr la apropiación tecnológica es a través de la producción concreta de bienes y servicios en el país, con empleo estable que asegure la transmisión del conocimiento entre generaciones, manteniendo una estrecha relación con las universidades e instituciones tecnológicas afines. No estamos hablando de «cerrar» el país ni de «fabricar todo»; es necesario que, en el marco del Proyecto de País que venimos preconizando, podamos definir la Tecnología Conveniente que mejor convenga para ser apropiada por la Argentina, guardando en esta definición, una posición constructivista, que reconozca el carácter social de la tecnología y su dependencia del contexto cultural en el que se desarrolla y que, al mismo tiempo, asegure la independencia tecnológica y productiva del país en las llamadas tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).

Por otra parte, como trabajadores, creemos que es necesario ir hacia un cambio de paradigma en el que el Estado recupere el poder de decisión, que no sea «neutral» en el tema tecnológico y en el que, la incorporación de tecnología no necesariamente responda al deseo de aumentar la eficiencia en la producción, sino que esté al servicio del bienestar general de la sociedad y de la maximización del valor agregado y la generación de empleo, en lugar de la pura rentabilidad del capitalista.

Es por todo esto que, es imprescindible impulsar desde los trabajadores, una política, que permita lograr una legislación para promover el desarrollo de un complejo industrial nacional de bienes de capital en electrónica, informática y comunicaciones incluyendo la creación de empleos de calidad. Sostenemos que, el desarrollo del sector TIC a partir de una ley de telecomunicaciones, coordinada con la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (a la que hay que recuperar) y del establecimiento de tecnologías convenientes para una industria soberana, debe complementarse con las óptimas condiciones laborales para los trabajadores del sector.

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