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El Gobierno incumple con el cupo travesti trans en el Estado

Frente al escenario actual de retroceso en políticas públicas de género basadas en derechos humanos fundamentales, que incluye despidos de personas que ingresaron por el Cupo Laboral Travesti, Trans y No Binarie (TTNB) en el Sector Público Nacional, se vuelve clave tener información certera y, en ese sentido, las estadísticas confeccionadas por el Observatorio Sindical de Géneros y Relaciones Laborales de ATE  y el Primer Relevamiento Nacional de Condiciones de Vida de la Diversidad Sexual y Genérica adquieren una relevancia manifiesta.

Desde el Consejo Directivo Nacional de ATE, Clarisa Gambera, Secretaria de Género y Diversidad explicó: “En este contexto de violencia y discriminación institucional que se expresa con las lamentables declaraciones del Ministro de justicia Cuneo Libarona cuando en el parlamento dijo concretamente que el Gobierno nacional rechaza la diversidad sexual, desde ATE seguimos trabajando para que la acción sindical pueda incluir las demandas concretas del colectivo LGBTIQ+”. La dirigenta subrayó la importancia del Observatorio Sindical de Género y Relaciones Laborales de ATE para dar seguimiento a las políticas públicas que protegen al colectivo y explicó: “Actualmente hay retroceso en programas que garantizaban derechos, despidos de personas que habían ingresado por cupo TTNB y un mensaje peligroso que se pone a circular desde el propio Gobierno y que impacta en la vida de las personas. El Observatorio Sindical de Género y Relaciones Laborales de ATE viene monitoreando la implementación del Cupo Laboral travesti trans no binarie en el Estado Argentino, su permanencia y las condiciones laborales. Acompañamos con una acción gremial y una estrategia jurídica los despidos que revictimizan a un colectivo históricamente discriminado”.

ATE realizó una acción judicial para obtener la reinstalación de personas que fueron despedidas porque dada su situación histórica de vulnerabilidad, de discriminación y de desigualdad estructural, tienen una especial tutela en cuanto al acceso al empleo, que ha sido reconocida por normativa nacional e internacional.

Los informes del Observatorio Sindical indican un preocupante estado de situación, solo se cumple un 17,20% del total general de la Ley de Cupo en el Sector Público Nacional.

En la misma línea, el Primer Relevamiento Nacional de Condiciones de Vida de la Diversidad Sexual y Genérica se realizó en 2023 gracias a la articulación entre diversas Universidades Públicas del país. Del mismo participaron más de 15 mil personas de diversos nodos regionales: AMBA, Centro – Pampeana, Patagonia, NEA, NOA y Cuyo. Algunas de las cifras del relevamiento advierten que las personas trans (sobre todo feminidades o mujeres trans y travestis) cuentan con menos nivel educativo en términos comparados al resto de la muestra, seguidas por quienes se identificaron como no binaries. Esto es consecuencia de las situaciones de discriminación que viven en los ámbitos educativos donde el 16,7% manifestó agresiones de parte de profesores, directivos o personal del establecimiento educativo y otro 20% por parte de sus pares de clase. En relación a la situación laboral, del 7,3% de las personas que se hallaban en situación de desocupación, en su mayoría eran personas trans y no binaries.

Estas cifras caracterizan un escenario dramático para el colectivo LGBTIQ+ que ATE viene denunciando hace meses. Conocer lo que sucede en el territorio nacional y con sus habitantes para profundizar la mirada en el mapeo de las desigualdades estructurales y sus orígenes es necesario para exigirle al Gobierno que cumpla con la ejecución de las políticas públicas existentes.

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Jornada de Debate sobre la Ley Bases y el DNU 70/23

Este jueves 19 de septiembre en ATE Rosario se realizó la charla sobre cómo afectan la Ley Bases y el DNU 70/23 a las y los trabajadores y cuál es el rol del sindicalismo en esta coyuntura. En ese marco se puso en el centro de la escena el rol de las organizaciones sindicales. Sobre los alcances del DNU – cuya anulación se exige – y la Ley Bases – cuya inconstitucionalidad se reclama – en el mundo del trabajo, estatales y aceiteros debatieron no sólo en lo sectorial, sino en procedencia geográfica.  La y los oradores coincidieron en caracterizar que el gobierno de Javier Milei desprecia a las trabajadoras y trabajadores, aplicando un ajuste brutal contra los sectores más desprotegidos en beneficio del sector empresarial concentrado. ATE llamó a organizar la fuerza obrera desde la unidad y la conciencia colectiva.

La jornada fue protagonizada por Lorena Almirón, Secretaria General ATE Rosario, Marco Pozzi, Secretario General del Sindicato de Aceiteros de Rosario, Federico Giuliani, Secretario General de ATE Córdoba, y Daniel Yofra, Secretario General de la Federación Aceitera y Desmotadora.

En su exposición Almirón recordó que “algunos plantearon, cuando asumió Milei, de salir más tarde, darle tiempo. Y fue tal la demonización, la destrucción del salario y todos los derechos apenas asumió, que el propio gobierno adelantó el paro nacional”. Analizó que existe “un hilo conductor de los tres niveles del Estado”, que en Santa Fe se palpó claramente en la reforma previsional, votada irregularmente mientras se desplegaba una inédita represión en las puertas de la Legislatura.

Además, advirtió que hay 41 empresas en peligro por estar sujetas a privatización en el DNU y las facultades extraordinarias votadas al Presidente y que, el 30 de septiembre, vencen 65 contratos nacionales. “El gobierno nacional nos enfrenta con las palabras, con el ataque a todo lo vinculado a lo popular, con la Ley Bases, el DNU. Hay una desmovilización muy grande porque se viene de una frustración vinculada al incumplimiento de los gobiernos anteriores en torno a garantizar pisos de dignidad”, caracterizó. Por eso, insistió en la urgencia de lograr la declaración de nulidad de decreto y la inconstitucionalidad de la Ley Bases y la necesidad de sostener la autonomía sindical.

“Tenemos que organizarnos en defensa del derecho a huelga, todos los gobiernos fueron en mayor o menor medida contra esa herramienta fundamental. Todo lo que hacemos cada día representa una sumatoria de hechos políticos para reconocernos como trabajadoras y trabajadores, para torcerle el brazo a este gobierno”, cerró Lorena Almirón.

Por su parte, Marco Pozzi el referente del gremio aceitero local expresó: “Hay un mensaje, tanto desde el universo privado como estatal, para avanzar sobre los salarios. Desde el inicio lo plantearon, ya sea con mayores impuestos, quita de subsidios y reducción del poder adquisitivo con paritarias a la baja. Luego, avanzaron con los derechos laborales mediante la Ley Bases”.

Crítico de la quietud de las centrales obreras y convocando a una fuerte autocrítica de la dirigencia gremial, se preguntó “¿Qué estrategias, acciones directas y medidas vamos a tomar para avanzar contra la voracidad que tenemos enfrente? ¿Qué ejes son los que nos van a juntar?”. Y continuó: “No estamos discutiendo salario real, sino el que imponen las patronales. Terminamos así peleando con las herramientas que propone la patronal, como el salario igual a la canasta básica. No hay una política de establecer el valor real de nuestro trabajo que se traduce en lo que cobramos, por parte de las organizaciones sindicales. La dignidad es a partir del salario mínimo, vital y móvil que establece la Constitución Nacional”.

Federico Giuliani, Secretario General de ATE Córdoba y trabajador cordobés de SENASA, expresó que la llegada de la actual gestión nacional se vincula a una arrastrada crisis de representatividad, que también incluye al sindicalismo. “Venimos perdiendo la batalla electoral y cultural. No hay que abandonar el lugar de disputa natural que es la calle. Buscan mano de obra barata y para eso necesitan sindicatos que lo avalen. La discusión sigue siendo el modelo sindical”. También, consideró importante el recambio generacional en las direcciones y señaló que ningún artículo de Ley Bases ni DNU plantea la defensa de derechos y son totalmente regresivos. Según el dirigente, “la discusión es si liberación o dependencia”. Por lo que convocó a construir “unidad con quienes quieren pelear, de abajo hacia arriba y desde la periferia hacia el centro”.

Finalmente, Daniel Yofra, en representación de la Federación Aceitera, valoró la iniciativa que generó la jornada reflexiva y fiel a su estilo de exposición planteó: “siempre fui crítico de la dirigencia sindical que no hace lo que le corresponde desde una situación de confort. Andan por ahí como mariposas sueltas a las que nadie les da un ramazo. Los dirigentes nacionales están hablando de las legislativas, no de la reforma laboral, del hambre de la gente. Este gobierno es más inteligente de lo que creemos. No está de joda, se están tomando muy en serio la tarea de destruirnos. Aplicaron el ahogo financiero como táctica de extorsión con los gobiernos provinciales. Milei vino a destruir todo lo que motoriza acciones colectivas. Por eso necesitamos un plan de lucha”.

Además, Yofra recordó que ganaron paritarias bajo el concepto del salario mínimo, vital y móvil con huelga, mostrando que se pueden conseguir aumentos arriba de la inflación. “Ellos (por el gobierno) nos desprecian. No se bancan que los trabajadores tengan vacaciones, jubilación. Deberíamos empezar a despreciarlos a ellos. Nos quieren ver pobres trabajando cuando hace 50 años se buscaba trabajo para no serlo. Necesitamos conciencia de clase para tener logros y sostener la huelga. Hay que empezar a dar lugar a que luchar garpa, independientemente del partido en que se esté”.

De la charla también participaron las siguientes organizaciones: la APDH Rosario, Amsafe Rosario, ATE Rosario, la CTA Autónoma Regional Rosario, el Sindicato de Químicos de San Lorenzo, FREJEL, organizaciones de jubilados y jubiladas, aceiteros de todo el país, Fesprosa, entre otras. Además, hubo presencia internacional de la mano de Carlos Pérez, de la mesa directiva Durham Assosiaciation of Educators (Carolina del Norte) y Marina Barcia, jubilada de salud que desarrolla actividad social territorial en Montevideo Uruguay.

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ATE reiteró el repudio al veto de Milei al aumento a jubilados en la Intersindical

ATE participó de una nueva reunión de la Intersindical en defensa de la caja de jubilaciones de la provincia de Entre Ríos. En el marco de ese encuentro se conformó un equipo técnico para llevar adelante un trabajo pormenorizado sobre la situación de la misma. Por unanimidad se repudió fuertemente el veto que realizó el presidente Javier Milei a la Ley Jubilatoria Nacional que representaba una mejora para las y los adultos mayores y permitía recuperar fondos que el Estado Nacional le debe a la Caja de Jubilaciones de la provincia de Entre Ríos.

Oscar Muntes, Secretario General de ATE Entre Ríos, declaró: “Lamentablemente estamos frente a una nueva medida del Gobierno nacional que acompañada por miembros del Poder Legislativo atenta contra el federalismo, la Caja de Jubilaciones y los trabajadores tanto activos como jubilados ya que la norma vetada establecía la cancelación de la totalidad de deudas que tiene ANSES con las provincias que no transfirieron sus sistemas previsionales, como es el caso de Entre Ríos. Ese dinero hubiese sido determinante para contrarrestar el déficit financiero de la Caja. Por eso insistimos en que el camino no es intentar confundir a la sociedad diciendo cosas que no son, ni quitando derechos a los trabajadores que a diario garantizamos la salud, la educación y un Estado presente ante las necesidades sociales, ni a los jubilados”.

El dirigente remarcó que el actual proyecto de reforma de la Ley 8732 presentada por el Ejecutivo provincial atenta contra el 82% móvil automático, quita derechos y no resuelve las necesidades del sistema previsional de la provincia.

Así, la Intersindical volvió a expresar su rechazo al proyecto de reforma de la Ley 8732 y señalaron que ningún sindicato fue consultado sobre ese proyecto. Se solicitó abrir el diálogo para exponer los argumentos por los cuales se repudia la propuesta de reforma y se instó tanto al Gobernador de la provincia como a las y los diputados, senadores para que no avancen con la misma.

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ATE repudia las declaraciones del gobernador Zdero

Las palabras de Leandro Zdero, gobernador de la provincia de Chaco, contra las asociaciones sindicales alertaron a la Asociación Trabajadores del Estado. Así, Dafne Zamudio, Secretaria General de ATE Chaco, expresó a través de un comunicado de prensa: “Los sindicatos somos defensores de los derechos que esta gestión de gobierno no quiere respetar”.  

El Sindicato remarcó, en primer lugar, que el mandatario evidencia un desconocimiento de las leyes vigentes que garantizan la defensa de los trabajadores, a través de las organizaciones sindicales y gremiales. Esto está dispuesto en la Constitución Nacional, artículo 14 Bis, donde se posibilita a toda persona a participar de la organización sindical libre y democrática. Asimismo, la legislación establece que es responsabilidad del Estado garantizar esto. Por lo tanto, no se trata de “creer en los gremios” sino que los sindicatos son organizaciones de trabajadores que ejercen una actividad profesional o económica para la defensa y promoción de los intereses de los mismos, y para lograr mejores condiciones de vida.

La Ley Nº23.551 de Asociaciones Sindicales, establece que la libertad sindical debe ser garantizada por todas las normas que se refieren a la organización y acción de las asociaciones sindicales.

ATE rechazó también la postura del gobernador quien responsabilizó a la acción sindical como obturadora del crecimiento de la provincia. Zamudio, en este sentido, explicó: “Queremos decirle a Zdero que no obstaculizamos el desarrollo de la provincia o del país. Quienes sí obstaculizan el crecimiento de esta provincia son los gobernantes no respetando las normativas vigentes para discutir salarios, condiciones laborales. No somos los culpables del escaso desarrollo de la provincia, eso es una responsabilidad de su gestión, así como es responsabilidad de la gestión garantizar la libre asociación sindical, el acceso a un salario y condiciones laborales dignas, pero al parecer, le queda mejor violar leyes vigentes que garantizan el funcionamiento de la democracia.

Es importante subrayar que la provincia del Chaco cuenta con un Convenio Colectivo de Trabajo que debe ser cumplimentado. Sin embargo, Zamudio recordó: “Llevan 10 meses de gestión sin convocar a los sindicatos con representación gremial a pesar de los reiterados pedidos de audiencia”.  Y si bien, el Gobernador de la provincia ha llevado a cabo un incremento significativo en el sueldo de los agentes públicos, totalizando un aumento del 132,5% en relación a los sueldos de diciembre del 2023, por encima de la inflación acumulada, elude su obligación de convocar a la Comisión de Interpretación y Autocomposición Paritaria (CIAP), marco legal donde se debe discutir los salarios y las condiciones laborales de las y los trabajadores estatales. Al establecer los incrementos salariales arbitrariamente, no se revisan las necesidades por sectores y eso genera inequidades entre sí.

Finalmente, el Gobernador no puede desligarse de su obligación respecto de discutir paritarias con los representantes sindicales porque implica violar los derechos consagrados en la Constitución Nacional y convenios internacionales que regulan las relaciones laborales en el sector público.

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ATE rechazó el aumento salarial por insuficiente en la Mesa Técnica Salarial de Educación

Este martes al mediodía, en la Escuela Normal Mixta de la ciudad de Posadas, se llevó a cabo la Mesa Técnica Salarial de Educación entre representantes de ATE y las autoridades del Gobierno provincial. La propuesta presentada por el oficialismo fue rechazada por insuficiente, en relación a la inflación acumulada de los últimos dos meses y la pérdida salarial acumulada en el 2024 en el sector.

Juan Valenzuela, Secretario de Convenios Colectivos de Trabajo del Consejo Directivo Provincial de ATE en Misiones, expresó: “La idea era llegar a un acuerdo respecto a los incrementos del mes de septiembre que deberían cubrir una recomposición salarial expresada en el acta acuerdo del 7 de junio, en la cual, uno de los puntos importantes era cubrir los índices inflacionarios mensuales y, además, agregar otros puntos porcentuales, a fin de recomponer la pérdida que el sector docente tuvo durante el 2023 y que se acrecentó a partir de octubre hasta junio 2024”.

La oferta del Gobierno provincial consistió en elevar el salario básico a $132 mil – que hasta agosto era de $123.715 – y el salario inicial a $500 mil – incluidos el ítem del Fondo Provincial de Incentivo Docente (FOPID) y el de pasaje -, dando un incremento promedio total de 4,8 % al bolsillo del docente por el cargo de Maestra de jornada simple.

Participó de la jornada Miguel Pintos, representante del Gobierno de Misiones junto a miembros del sector contable y de liquidación del Consejo General de Educación de la provincia.

La decisión política del gobernador Passalacqua de apoyar el proyecto de ajuste del Gobierno nacional alegando falta de recursos, no permite mejorar la situación de las y los trabajadores estatales, especialmente de la educación.

Sin acuerdo en la Mesa paritaria de la Administración Pública Central

La Mesa de negociación paritaria entre el Sindicato y el Gobierno provincial pasó a un cuarto intermedio por falta de acuerdo salarial. De esa forma se informó que la próxima instancia de discusión será el jueves 3 de octubre, en el marco de una Mesa Técnica.

La oferta consistió en un incremento salarial del 5,5% remunerativo. También, un 6,5% a cuenta de la movilidad para las percepciones de las y los jubilados y pensionados.

López señaló al respecto: “Seguimos apostando a las mesas sectoriales que se llevan adelante, que empiezan a funcionar a partir de ahora y que permiten mejorar la situación de las y los trabajadores”. En estas instancias se discutirán las condiciones de trabajo entre ellas, las necesidades de cada área, las categorizaciones y la estabilidad laboral.

Cabe señalar que la Mesa de Administración Pública Central incluye ministerios, secretarías y subsecretarías, entes autárquicos y parques provinciales.

De la reunión participaron, en representación de ATE Misiones Miriam López, Secretaria General, Norberto Godoy, Secretario Adjunto, Juan Antúnez, Secretario de Finanzas, y Javier Orlando Báez, Secretario General de la Seccional San Pedro. Además, asistieron Adolfo Safrán, Ministro de Hacienda y Miguel Ángel Dos Santos, Director de Liquidaciones.

Ante este panorama la Asociación Trabajadores del Estado ratifica el Estado de Alerta, Asamblea Permanente y Movilización tal como fuera notificado el 10 de enero del corriente año.

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La justicia falló a favor de ATE

Las manifestaciones que llevó a cabo de forma pacífica el Sindicato, para denunciar las políticas de ajuste contra la clase trabajadora, que fueron denunciadas por el ejecutivo municipal de San Luis han sido desestimadas por el juez a cargo. La audiencia tuvo lugar este jueves por la mañana.

La acusación a las y los dirigentes del Sindicato era por tres cargos: resistencia a la autoridad, amenazas y daño a bienes del Estado. Desde la fiscalía se desestimaron las amenazas y la resistencia a la autoridad, quedó pendiente el de daños a bienes del Estado, en referencia a una pequeña rotura de bisagras de una puerta en el palacio municipal que ATE expresó no haberla dañado. Fernando Gatica, Secretario General de ATE San Luis, expresó: “Entramos a la municipalidad a reclamar despidos y salarios dignos, no a amenazar a nadie. El intendente nos tendrá que seguir escuchando mientras existan estas desigualdades que afectan a los trabajadores. Y seguramente la justicia nos seguirá dando la razón a nosotros”.

En cuanto a las medidas de restricción o coercitivas el juez estableció que las y los acusados no puedan salir de la provincia, salvo para realizar las actividades de corte sindical y laboral que deberán ser informadas al juzgado. Además, tienen que firmar del uno al diez de cada mes, durante los próximos tres meses, un libro en el tribunal en carácter de procesado, para dar cuenta de que no hay peligro de fuga.  

Desde ATE se repudia la persecución sindical y la criminalización de la protesta. “Usan la justicia para evitar que las y los trabajadores se manifiesten y luchen para así profundizar el ajuste en la provincia y en el país” enfatizó el dirigente.

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Preocupa el proyecto de ajuste salarial que atenta contra las paritarias provinciales

El Consejo Directivo Provincial de ATE Entre Ríos repudió el proyecto de Ley para la creación del Índice de Ajuste Salarial Provincializado (IASP) para las y los empleados públicos de la provincia que impulsa la diputada Liliana Salinas aliada del Gobierno nacional porque pretende regular al máximo la libertad y autonomía sindical.

Desde ATE lo consideran otro claro ataque a la clase trabajadora ya que atenta contra una de las principales herramientas de negociación colectiva que poseen los estatales para discutir ingresos. Se pretende modificar por ley la negociación paritaria salarial entre el Gobierno y los trabajadores del Estado. Oscar Muntes, Secretario General de ATE Entre Ríos, manifestó: “La iniciativa desconoce por completo el espacio de negociación colectiva. Es una idea descabellada que va en contra de los derechos de los trabajadores. No sorprende esta iniciativa porque va en línea con lo que planteó el presidente Javier Milei el domingo, es decir, quieren avanzar en destruir el Estado, los salarios y derechos de los trabajadores y trabajadoras”. Y aseguró que los sindicatos defenderán las paritarias.

El fin que tiene el proyecto de Ley que presentó Salinas, en representación del Partido Conservador Popular, es “asegurar ajustes salariales equitativos y adecuados conforme a la situación económica provincial”, sostuvo la diputada en los fundamentos que ofreció del proyecto. Se trata de un discurso que va en sintonía con el planteó del gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio, quien quiere que los aumentos sean en función de la recaudación, sin respetar las negociaciones en las comisiones paritarias.

Es importante aclarar que los aumentos salariales que piden los sindicatos no van solo en relación a los aumentos de precios, sino y fundamentalmente en relación a los márgenes de rentabilidad de las empresas (es decir sus ganancias), que se obtienen gracias a la venta de la fuerza de trabajo que genera plusvalor.

Ante este escenario, “defendemos más firme que nunca la paritaria y en poco tiempo la Intersindical movilizará miles de trabajadores a Casa de Gobierno para defender las paritarias, el Estado y la Caja de Jubilaciones”, afirmó a el secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes.

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ATE acordó un aumento significativo en la Mesa Salarial en Salud Pública

Reunidos en el Ministerio de Salud, de la Mesa Salarial participaron representantes de ATE en Misiones y del Gobierno provincial. Se discutió la oferta para el sector en función de la situación del sector y se acordó un incremento salarial de $18.000 al básico de la categoría DII, con un 10% de aumento progresivo en las demás categorías. Además, un aumento en Guardias Profesionales y Horas Técnicas de igual porcentaje. Las y los jubilados y pensionados percibirán un 6,5% a cuenta de la movilidad y las y los agentes del Plan de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA) serán incorporados a partir de septiembre al Ministerio de Salud.

Miriam López expresó: “Después de dos cuartos intermedios resolvimos firmar un acta de acuerdo con el gobierno provincial donde logramos un aumento salarial y equiparación, que es algo propiamente del sector, en la que se viene trabajando hace un tiempo. Se resolvió que vamos a continuar trabajando en una mesa técnica de la carrera sanitaria para la primera semana de octubre”.

ATE informó que, según se discutió con las autoridades ministeriales de la provincia, se continuará con los pases a planta en el sector, durante septiembre, en El Dorado. Quedó el compromiso de continuar con los pases a planta permanente según Carrera Sanitaria y Recategorización en todos los casos.

También está previsto llevar adelante una nueva Mesa Técnica para la primera semana de octubre.

El Ministerio accedió a la solicitud del Sindicato de no impulsar sanciones administrativas por motivo de las medidas de fuerza.

Estuvieron presentes en la Mesa Salarial en Salud Pública, de ATE en Misiones Miriam López, Secretaria General, Norberto Godoy, Secretario Adjunto. También asistieron las y los Secretarios Generales de las Seccionales de Zona Sur, San Pedro, Eldorado, Iguazú y San Vicente.  Por el Gobierno provincial participaron Héctor González, Ministro de Salud, Adolfo Safrán, Ministro de Hacienda, Silvana Andrea Giménez, Ministra de Trabajo y Empleo, Mauricia Pedroso, Secretaria de Salud y Seguridad Laboral, Héctor Proeza, Subsecretario de Salud, Rodolfo Fernández Sosa, Subsecretario de Recursos Humanos y Planificación, Javier Fernando Daniel Mattivi, Director de Recursos Humanos, Cristian Cabrera, Jefe de Despacho y Miguel Ángel Dos Santos, Director de Liquidaciones.

También la dirigente solicitó al Gobierno en el espacio de la Mesa Salarial lo siguiente: “Nosotros pedimos que no tomen ninguna medida contra los compañeros que estuvieron de paro en el ministerio y que cese la judicialización de los compañeros en general”.

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En agosto una familia necesitó 1.468.989 pesos para satisfacer las necesidades mínimas

El miércoles pasado se dieron a conocer las nuevas variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y las Canastas a agosto 2024. Frente al 4,2% de variación del IPC, desde la Junta Interna de ATE en INDEC se confeccionó un informe en el que consta que una familia tipo del Gran Buenos Aires necesitó $1.468.989 en agosto para satisfacer las necesidades mínimas. Este valor se compone de $516.267 necesarios para adquirir una Canasta Alimentaria Mínima y de $952.722 para acceder a otros bienes y servicios básicos.

Los resultados totales de las canastas de consumo mínimo por región son los siguientes:

CUYO: $1.272.374

NEA: $1.307.700

NOA: $1.278.414

PAMPEANA: $1.348.603

PATAGÓNICA: $1.438.451

En los últimos nueve meses la pérdida del poder adquisitivo alcanza el 25%. Los datos acerca de los acumulados interanuales del Índice de precios al consumidor (IPC), la Canasta básica alimentaria (CBA) y la Canasta básica total (CBT) de agosto fueron de 236,7%, 222,7% y 230,1% respectivamente.

Desde que asumió el Gobierno nacional de Milei, la inflación acumulada es de casi 144%. El 4,2% de inflación en agosto sigue siendo muy alta en comparación con los valores de la región.

Para la Junta Interna de ATE en INDEC la “caída de la inflación” no llama la atención ya que es producto de las políticas de ajuste que generó una fuerte caída del consumo, por la pérdida de poder adquisitivo de las y los trabajadores.

La falta de compensación por la pérdida del poder del ingreso y la discusión paritaria sin acuerdo con el Gobierno nacional hace caer el peso del ajuste sobre la clase trabajadora (formal o informal, activos o jubilados).

El veto a las y los jubilados

El veto a la nueva fórmula de cálculo del haber jubilatorio muestra el desprecio que tiene el Gobierno nacional por las y los trabajadores en general y por las y los jubilados en particular.

Si se considera el valor de la Canasta que mide la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se actualiza dos veces al año, su último dato a marzo 2024 es de $685.041.  Si se actualiza esa suma con la inflación acumulada desde marzo a agosto 2024, el monto percibido debería ser de $ 876.852.

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ATE repudia un nuevo intento de criminalización de la protesta social

La Asociación Trabajadores del Estado en San Luis, a través de su Secretario General Fernando Gatica, deberá presentarse en la Justicia el jueves 19 de septiembre para una audiencia de formulación de cargos por defender los derechos laborales de las y los municipales de la cuidad de San Luis. Desde ATE se repudia éste y cualquier otro intento de criminalización de la protesta, que busca aleccionar a quienes se animan a enfrentar las políticas de ajuste que está llevando a cabo el presidente Milei y el Gobernador de San Luis.

Gatica expresó: “Esto nos indica que estamos en el camino correcto, porque tienen que utilizar todo el aparato del Gobierno, medios y periodistas mercenarios que operan muchos de ellos según el gobierno de turno y que encuentran en algún juez y/o fiscal permeable la posibilidad de armar estas operaciones y acusarnos de cosas que no hicimos”.

El dirigente se enteró a través de los medios de comunicación local que sería citado a declarar ante la justicia por las protestas realizadas. Luego de unos días, la Asociación Trabajadores del Estado fue notificada de la audiencia.

“Agradecemos la solidaridad de todos y todas los que hoy nos acompañan, a los gremios, sindicatos y centrales que nos hacen llegar su solidaridad, a los compañeros y compañeras en general y a los sectores de la política que se comunicaron también preocupados por esta situación” finalizó Gatica.