Autor: ateorgar

Este martes, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) expresó su pleno rechazo a la decisión política del Gobierno nacional de eliminar la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que brinda acompañamiento de forma integral a las personas con discapacidad y asegura se respeten sus derechos ciudadanos. El Ejecutivo Nacional anunció que será absorbida por el Ministerio de Salud circunscribiendo su alcance solo a ese ámbito.

Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, manifestó: “Estamos frente a un retroceso sin precedentes en materia de políticas públicas. Rechazamos la posibilidad de que el organismo pueda seguir cumpliendo los objetivos y las funciones para las cuales fue creado si es absorbido por el Ministerio de Salud. ¿Justo Mario Lugones va a garantizar un manejo transparente? ¿Él, que carga sobre sus espaldas las muertes por el fentanilo contaminado? Además, al ser uno de los máximos exponentes de las corporaciones médicas privadas, es quien ha ejecutado un recorte drástico en el sistema sanitario público. Con el cierre de la ANDIS quieren hacer desaparecer todas las pruebas sobre el cobro de coimas y el desvío de fondos públicos”. Y agregó: “El equilibrio fiscal no se puede lograr a cualquier costo, menos negándoles prestaciones básicas a los discapacitados. Desde el Sindicato exigimos que se respete la estabilidad y las condiciones de empleo de todos los trabajadores. No descartamos llevar adelante medidas de fuerza en los próximos días. A mayor crueldad, tenemos que sembrar más esperanza”.

Las prestaciones que brinda la ANDIS están destinadas a 4.700.000 personas – que representan el 10.2% de la población argentina que tiene alguna dificultad o limitación – según el Censo Nacional realizado en 2022. Sus servicios garantizan un abordaje integral para el pleno y efectivo cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, especialmente en contextos de mayor vulnerabilidad social potenciados por la pobreza. Entre ellos se destacan el otorgamiento de pensiones – altas, bajas, rehabilitaciones, estados de las pensiones – , la validación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el Programa Federal de Incluir Salud, que brinda cobertura médico-asistencial a todas aquellas personas titulares de las pensiones nacionales no contributivas. Con presencia nacional en cada provincia del país, cada prestación está sostenida por cientos de trabajadoras y trabajadores quienes posibilitan que se cumpla la ley vigente.

Es importante destacar el desmantelamiento progresivo que se produjo en el organismo desde la asunción de Gobierno de Javier Milei donde según el informe oficial del INDEC respecto de la dotación que tiene este sector público nacional para diciembre de 2023 era de 1397 trabajadores y actualmente es de 893 personas. Esto representa una reducción del 36% de la planta funcional de la ANDIS.

Para el Sindicato bajo el argumento de reorganizar el Estado, eliminar cargos políticos y buscar eficiencia centralizando sus funciones en el Ministerio de Salud, el Gobierno encubre un maniobra para desviar la atención sobre la causa por las coimas que involucran a la Secretaria General de la Nación y hermana del presidente argentino, Karina Milei.

ATE ratifica el valor que tiene la ANDIS, organismo creado en el 2017, y la inversión del Estado nacional en recursos materiales y humanos que permiten asegurar que se efectivicen los derechos consagrados en la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad a la que Argentina adhirió en el 2008 junto al protocolo. El Sindicato exige que continúe cumpliéndose con los objetivos y las funciones para las cuales fue creada la Agencia, se respeten los puestos de trabajo y el tratado internacional donde Argentina se comprometió a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad.

En el día de hoy, el Juez Federal Martín Cormick emitió un fallo que declaró la nulidad del ‘Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación’ y de la resolución del Ministerio de Seguridad con la que Patricia Bullrich lo había instaurado mientras estaba al mando de dicha cartera.

El Secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Nacional, Rodolfo Aguiar, manifestó que el fallo debería haber llegado antes, y agregó: “Siempre tuvimos razón: son los vestidos de azul, la Policía, los que tenían que caminar por la veredita. Una resolución ministerial no podía estar por encima de la Constitución y menos aún pretender reformarla. Los ministerios no pueden legislar”.

“Es un gran avance contra la represión. Comienzan a restablecerse las garantías constitucionales y se pone límite al autoritarismo extremo del Gobierno. Si tal vez se hubieran animado antes, cuando Patricia Bullrich aún estaba al frente de la cartera de Seguridad, se hubieran evitado más de 1.400 heridos en las manifestaciones. Ya era hora de que ante semejante afectación de derechos fundamentales, la Justicia dejara de mirar para otro lado. Seguimos defendiendo el derecho de peticionar libremente a las autoridades”, agregó Aguiar.

El fallo del Juez Cormick, que enumera una serie de inconsistencias en el manual con el que el Gobierno Nacional ha reprimido la protesta social desde que asumió Javier Milei, llegó tras una acción de amparo colectivo impulsada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que fue acompañada por ATE junto a otros sindicatos, organizaciones sociales, referentes políticos y organismos de Derechos Humanos.

Sobre el protocolo, el Secretario General de ATE aseguró: “Nunca lo cumplimos, nunca le hicimos caso, nunca obedecimos a Bullrich. Dentro de la ley, todo, fuera de la ley, nada”.

“Sin lugar a dudas, esta decisión de la Justicia va a favorecer la masividad en las próximas movilizaciones porque, aunque ilegal, el protocolo cumplía con el objetivo de atemorizar e infundir miedo. La lucha contra la reforma laboral y el 2026 van a ser sin protocolo”, cerró Rodolfo Aguiar.