Una delegación de la Seccional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Valle Medio, Provincia de Río Negro, encabezada por su Secretaria General, Mariela Rodríguez, fue convocada este jueves por el Ministro de Salud rionegrino, Demetrio Thalasselis, quien llegó a Choele Choel para poner en funciones a Miriam Romero como nueva Directora del Hospital Área Programa de esta ciudad. En el encuentro también estuvo presente el cuerpo de delegados del hospital y miembros de la conducción de la Seccional del Sindicato.
En este espacio se pudieron presentar los planteos que hace tiempo viene relevando el Sindicato en distintas asambleas y recorridas por los servicios y centros de atención primaria, a lo que el Ministro y la Directora entrante se comprometieron a solucionar.
“Vemos positiva la vista del Ministro si esto se traduce en respuestas concretas a las demandas que dejamos plasmadas en la reunión. Fue un encuentro en el que pudimos abordar distintas problemáticas que perjudican el normal funcionamiento del sistema sanitario público en la zona. Esperemos que en las próximas horas empecemos a tener soluciones”, dijo Rodríguez.
En continuidad con la pelea que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) viene llevando a lo largo y a lo ancho de toda la Provincia de Santa Cruz para empoderar con derechos a las y los trabajadores, ayer tuvo lugar un importantísimo avance en la escritura del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) en el Municipio de la localidad de Perito Moreno. Se dio a conocer que ya están listos para la homologación nada menos que 139 artículos.
Por la Seccional de ATE Perito Moreno participaron la Secretaria General Carolina Espinoza e Isabel Belmar, que estuvieron permanentemente acompañadas y asesoradas durante la redacción del Convenio por el Secretario de Convenios Colectivos de Trabajo del Consejo Directivo Provincial (CDP) de ATE Santa Cruz, José Navarro.
Tras la jornada, Carolina Espinoza destacó el acompañamiento de ATE Santa Cruz y destacó al CCT como “la herramienta que va a regir las relaciones laborales en el municipio en un plano de igualdad con el patrón y que será muy beneficioso para los trabajadores y trabajadoras”.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) tomó la decisión de echar al funcionario que había sido incorporado irregularmente. Lo hizo tras la denuncia pública de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) por el caso de corrupción.
“Está bien que lo hayan echado como a una rata, pero no alcanza”, dijo el Secretario General de ATE nacional al respecto y completó: “Tiene que ir preso”.
El dirigente sindical dijo que “mientras le piden un esfuerzo a la gente y le dicen que no hay plata, para estos tipos que son amigos del poder siempre hay caja”. “El sueldo que tenía este funcionario era 20 veces el salario de un enfermero”, afirmó.
“Este tipo no era el único designado de manera ilegal. Están llenando de parásitos VIP el Estado”, aseguró.
“¿Esta era la motosierra de la que tanto hablaron? La motosierra era solo para nosotros, no para sus acomodados”, concluyó Aguiar.
Lo cierto es que el contador Daniel Neira se había autodespedido del ENACOM y cobró 110 millones de pesos en concepto de indemnización y al día siguiente ya había sido incorporado como flamante funcionario del INTA con un sueldo superior a los 5 millones mensuales, sin haber pasado por ninguna instancia de selección o de concurso según indica la Ley de Regulación del Empleo Público. Ahora el Instituto se desliga del funcionario, aunque no asume la turbia maniobra por su incorporación.
Los registros indican que el contador había sido notificado de su despido el 23 de julio, cesantía que se hizo efectiva el 31 de julio, recibiendo una liquidación final neta de $109.781.999,73. Al día siguiente ya era gerente de Contabilidad del INTA, pero esto recién se formalizó un mes después, el 3 de septiembre mediante la Resolución 296/26.
Esta semana, con anterioridad a que el organismo resolviera dar marcha atrás con su designación, el Sindicato expuso la escandalosa contratación a dedo y que vulnera toda transparencia de ingreso en el Estado, además de haberse consolidado un fraude al Estado por haberse dado un traspaso de organismos y habiendo cobrado la millonaria indemnización.
Sobre las contrataciones irregulares en el organismo, Julieta Boedo Secretaria General de la Junta Interna de ATE en el INTA señaló: “De un tiempo a esta parte -luego de toda la lucha que ganamos en la calle, en el Congreso y en la Justicia- lo que sucede que con el tiempo han ido ingresando de manera irregular funcionarios en distintos lugares de toma de decisiones. Exigimos que pasen por las mismas normativas y obligaciones que pasamos los trabajadores, no que sean designados a dedo y de manera irregular”. Neira es el caso que se conoce, pero no hay dudas que hay muchas otras contrataciones irregulares en el Instituto Agropecuario y en otras esferas del Estado.
«En este caso el funcionario no pasó por ningún proceso de selección o de concurso. Es una vergüenza y un escándalo. Desde la Junta Interna de ATE en el INTA cuando nos enteramos exigimos que se investigue esta contratación y realizamos protestas para denunciar la maniobra. Como nunca tuvieron respuestas para dar, tuvo que dar un paso al costado.», completó Boedo.
Se debe dejar de relieve los notables privilegios que se dan estos funcionarios libertarios. En primer lugar, porque mientras que los trabajadores deben superar distintos concursos de idoneidad, evaluaciones psicotécnicas y estar libre de antecedentes penales para poder acceder a un puesto de trabajo, Neira entró por la ventana, después de haber sido despedido y sin dar una sola explicación sobre su cesantía y habiendo cobrado más de 71.000 dólares en concepto de indemnización.
Frente a las operaciones de prensa donde el Gobierno Provincial anunció una rebaja de los salarios provinciales, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Córdoba exigió el cumplimiento del acuerdo paritario, la aplicación de la cláusula gatillo automática mensual, y no retrasada dos meses, así como una urgente recomposición de los haberes provinciales para defender los ingresos ante el brutal ajuste del Gobierno de Milei y su consiguiente efecto en consonancia con el Gobierno de Martín Llaryora.
Desde el Sindicato manifestaron rechazar, en esa línea, la desfinanciación de la Caja de Jubilaciones y la Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS) que implican los numerosos monotributos, becarios y pasantes que restan aportes a ambos organismo, profundizando la baja de los aportes e incumpliendo la legislación provincial en materia de contratación de personal, todo resultado de la política de precarización laboral que impone el ‘cordobesismo’ al Estado Provincial y al sector salud en particular.
Como resultado esa política provincial, en vez de cumplir con las Leyes 7.233 y 7.625, estableciendo trabajo formal, cada vez hay más trabajadoras y trabajadores híper precarizados, que no aportan a la Caja y a la APROSS, no por su propia voluntad sino por designio del Gobierno.
“Esta misma administración aduce que bajan los ingresos fiscales para financiar los gastos, pero se trata de exclusiva responsabilidad de Llaryora y su Gobierno, que actúa en alianza en la práctica con Milei, destruyendo el trabajo, la industria y el mercado interno. Lógicamente, ese esquema deviene en la caída de los ingresos, que seguidamente Llaryora utiliza como excusa para ajustar aún más a las y los trabajadores provinciales”, manifestaron desde ATE Córdoba.
“En ese marco, rechazamos que las sentencias del Tribunal Superior, que suspenden los aumentos de los aportes a la Caja de Jubilaciones, sean el justificativo para nuevos ajustes de nuestros ingresos ni el retraso en el pago de la cláusula gatillo mensual. Tampoco fundamenta un ajuste a nuestros ingresos la baja de la recaudación provincia o el robo literal de los recursos que aplica Milei a la Provincia. Llaryora subsidió con una baja de impuestos al campo hace un año, el sector que más resultados logra en la economía provincial con una cosecha récord, y hoy sufre las consecuencias”, agregaron desde el Sindicato.
“Ninguna revisión paritaria debe ir a la baja en nuestros ingresos sino, por el contrario, un aumento que alcance a cubrir la canasta familiar. Reclamamos: urgente recomposición salarial ya; salario digno, básico inicial en el sector Salud no inferior a la Canasta Básica Familiar; mejores condiciones laborales; devolución del 82 % móvil para que nuestros jubilados salgan del estado de indigencia que impuso el Gobierno Provincial; altas por bajas, en todo nuevo ingreso al Sistema de Salud Pública Provincial; basta de ajuste en Salud y de trabajadores esenciales precarizados; no a la persecución del activismo gremial , si a la libre agremiación”, cerraron desde la ATE cordobesa.
El acuerdo contempla al Centro de Salud Salvador Abudara de General Pico, con licencia profiláctica para todo el personal; al Hospital Virgilio Tedín Uriburu de Realicó, con licencia profiláctica para el personal de Enfermería y para los demás centros de salud de la localidad; al Centro de Salud Dr. Julio Tapia de Uriburu, con licencia profiláctica para todo el personal; al Establecimiento Asistencial Atilio Calandri de Quemú Quemú, conn licencia profiláctica para todo el personal; y al Centro de Salud Dr. Pibotto de General Acha, con licencia profiláctica para todo el personal.
Son nuevos reconocimientos que responden a reclamos concretos de las y los trabajadores de Salud, presentados por ATE La Pampa en la Mesa Paritaria.
Además, el acuerdo establece que estos derechos alcanzan al personal independientemente del marco jurídico que regule su contratación.
La próxima Paritaria Sectorial de Salud de la Provincia de La Pampa será el jueves 15 de octubre a las 9hs.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Río Negro se manifestó este jueves frente al céntrico Hotel Islas Malvinas de Bariloche para reclamar la continuidad laboral de más de 600 familias de trabajadoras y trabajadores de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) en todo el país ante el cierre del establecimiento. Si bien ayer las autoridades confirmaron los puestos al menos por cuatro meses más (hasta el 5 de febrero del año próximo), el Sindicato exige la estabilidad laboral plena.
“La reestructuración de la obra social puede tener el diseño que las Fuerzas Armadas quieran, pero sepan que ATE va a defender el puesto de cada uno de los más de 600 trabajadores en el país y va a pelear hasta impedir que hagan de este proceso de vaciamiento para repartirse el botín”, dijo Romeo Aguiar, Secretario Gremial de ATE Río Negro.
Entre las y los trabajadores hay personal contratado y de Planta Permanente con más de diez años de antigüedad. Algunos llevan hasta cuatro décadas de servicio.
La situación se originó con el Decreto 88, que dispuso la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) y su división en dos organismos: la OSFA, bajo la órbita del Ministerio de Defensa, y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad, dependiente del Ministerio de Seguridad.
Como parte de ese proceso, el Ministerio de Defensa asignó en septiembre al Estado Mayor General del Ejército distintos inmuebles que pertenecían a la ex IOSFA. Son 13 hoteles, centros recreativos y cabañas distribuidos en distintos puntos del país. El establecimiento de Bariloche quedó bajo la gestión de la Dirección de Bienestar de la Armada.
“La resolución del Ministerio de Defensa no establece qué sucederá con nosotros, los trabajadores de este establecimiento ni tampoco existen precisiones sobre todo el personal de las delegaciones de la obra social que serán cerradas o concentradas”, dijo Alejandro Nayén, delegado de la Junta Interna de ATE en la OSFA Bariloche.
Otro cambio que preocupa y tiene impacto directo en las y los 324.000 afiliados de la OSFA es la concentración de delegaciones, que pasan de 31 a 13 en todo el país. Por ejemplo, Neuquén y Río Negro quedarán solo reducidas a Neuquén. En los establecimientos propiedad de las Fuerzas Armadas se constituirán en sub delegaciones, pero en el resto nada se sabe sobre el futuro laboral de esos trabajadores.
La protesta en Bariloche se suma así a las medidas impulsadas por el Sindicato en todo el país para exigir que el proceso de reorganización de la OSFA no se traduzca en pérdida de puestos de trabajo y ni en un agujero de corrupción.
Tras 18 encuentros paritarios y luego de la Asamblea realizada el miércoles, las y los trabajadores municipales de Puerto Deseado, Provincia de Santa Cruz, que entienden que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) es la herramienta que necesitan para lograr sus reivindicaciones, resolvieron continuar con las medidas de fuerza ante la falta de respuestas satisfactorias por parte del municipio. La Seccional de ATE Puerto Deseado sigue reclamando una recomposición salarial que permita recuperar el poder adquisitivo y alcanzar un salario digno.
EL Secretario General de ATE Puerto Deseado, Marcelo Gadano, sostuvo: “Permanecemos pacíficamente afuera del corralón porque estamos agotando instancias y parece que el Ejecutivo no entiende las necesidades que pasamos. Pedimos que se redistribuya la plata que ingresa, que no sean selectivos y sean equitativos”.
Asimismo, el dirigente pidió “saber dónde está el agujero negro” por el que se va la plata sin control en horas extras para redistribuir esos montos poniendo plata en los bolsillos de todas y todos los trabajadores.
Finalmente, Gadano reclamó un “diálogo sincero” y dijo: “Estamos trabajando sobre números que no sabemos si son reales”. ATE continúa firme y en Asamblea permanente, defendiendo los derechos de las y los trabajadores municipales.
Este 1º de octubre la Seccional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Tolhuin, de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, llevó a cabo una intensa mesa de negociación paritaria con el Ejecutivo del Municipio de Tolhuin para discutir la necesaria recomposición de los salarios correspondientes al mes de septiembre. Luego de una primera propuesta de aumento del 2,5 % al básico –que el Sindicato consideró insuficiente- desde ATE se exigió un esfuerzo mayor que realmente impacte en la mesa de las y los trabajadores.
Tras pasar a un cuarto intermedio ATE logró destrabar la discusión y conseguir mejoras fundamentales para la estabilidad de todas las familias trabajadoras:
– Aumento al básico e incorporación de suma fija: el Ejecutivo mantuvo el incremento del 2,5 % al básico para el mes de septiembre, pero ATE logró que se incorpore al básico una suma de $13.000 (extraídos de la suma fija remunerativa del Decreto E.M.T N° 723/2025).
– Piso salarial garantizado: se definieron mínimos urgentes para proteger los ingresos de quienes menos ganan. A partir de los haberes de septiembre, ningún agente municipal percibirá una suma inferior a: $1.060.000 para el personal sin título secundario; $1.123.000 para el personal con título secundario.
– Antigüedad: la demanda del Sindicato de elevar el ítem antigüedad del 2 % actual al 2,5 % quedó formalmente en agenda. El Municipio se comprometió a llevar una alternativa concreta a la próxima mesa paritaria.
– Pase a Planta Permanente: la Seccional de ATE Tolhuin llevó el reclamo histórico de la estabilidad laboral a la mesa, en relación a la Nota Nº 184/26 para exigir la incorporación en el presupuesto presentado, ya que no generará mayor erogación de lo estipulado.
La Paritaria sigue abierta y ATE continuará luchando por los derechos de las y los municipales de la localidad.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) llevó a cabo hoy un escrache frente al Hotel Le Village de la localidad neuquina de San Martín de los Andes, en donde se hospedaban los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. La protesta se dio en repudio a la lamentable decisión de los tres magistrados de revocar el fallo que había frenado al Artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 del Gobierno de Javier Milei que eliminaba la Ley 26.737 de protección y límite a la venta de tierras rurales a extranjeros.
El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, manifestó: “Estos tres tipos son unos cobardes, no los tenemos que dejar caminar por la calle. No los votó nadie y sin embargo están entregando la soberanía sobre la tierra que es de todos los argentinos. Esta es la peor Corte Suprema que en democracia haya existido. Ponen en venta la Argentina y juegan para la Embajada de los Estados Unidos. Pisotean la voluntad popular expresada en las calles y representada en el Congreso que ya rechazó la extranjerización de las tierras”.
“Los trabajadores los vamos a declarar personas no gratas en todos los lugares del país que se les ocurra ir, porque estos tipos designados por decreto usurparon el Poder Judicial y son empleados de las corporaciones. No es una Corte Suprema, es una Corte Sumisa al poder real. Emitieron un fallo a medida de los Lewis y los Benetton”, agregó Aguiar.
Por su parte, el Secretario General de la Seccional de ATE San Martín de los Andes, Segundo Andrade, comentó: “La jornada de hoy fue de un contundente repudio a estos jueces. No es la primera vez que esta Seccional se expresa contra estos o contra otros jueces. En la Patagonia el tema territorio es una problemática de nunca acabar. Siempre hubo intenciones políticas, pero ahora se ha profundizado más con este Presidente nefasto que tenemos, al que lo único que le interesa es el negocio con los extranjeros, la extranjerización de nuestras tierras y la entrega de nuestra Patria y de nuestros territorios”.
“Gracias a Dios ATE está a la altura de las circunstancias tanto a nivel nacional como a nivel local. La jornada de hoy fue muy valiosa, durante tres horas estuvimos frente al Hotel Le Village –no casualmente de uno de los Ministros de Rolando Figueroa, el actual Gobernador-. Nos vimos, obviamente, rodeados de Gendarmería todo el día, así como también de efectivos de la Policía Federal y del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la provincial. Así y todo, estos jueces no pudieron caminar tranquilos por San Martín. No pudieron ni siquiera salir a dar la cara porque no les da. La Seccional convocó a otras organizaciones intermedias y sociales, y la gente pudo expresar su repudio. También participaron partidos políticos y agrupaciones. Estamos muy orgullosos de nuestra ATE, que a nivel nacional está desde el día uno peleando contra este Gobierno hambreador y destructor de nuestro pueblo”, sumó Andrade.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Río Negro denunció el envío de Gendarmería a la sede regional de ANSES en la ciudad de Bariloche mientras el Sindicato, jubilados y organizaciones políticas y gremiales se manifestaban contra la política que impulsa el Gobierno Nacional en el organismo.
La ATE rionegrina responsabilizó por la militarización al Jefe Regional de la ANSES, Andrés Chialva, que intentó restringir el derecho de expresión de trabajadoras y trabajadores que exigen reapertura paritaria y mejoras edilicias, jubiladas y jubilados que reclaman jubilaciones dignas y organizaciones sindicales que defienden el sistema previsional público y solidario frente a la desfinanciación que plantea la nueva reforma laboral.
La jornada estuvo también atravesada por la situación de cerca de 400 docentes rionegrinos cuyos trámites jubilatorios se encuentran afectados. Para ATE Río Negro lo que ocurre no constituye solamente un problema administrativo, sino que expresa el deterioro de las capacidades del Estado y el desmantelamiento de políticas públicas vinculadas a la seguridad social.
“La ANSES asiste a un proceso de vaciamiento y desguace que impacta en el salario de los trabajadores con salarios congelados, la reducción de sus capacidades operativas y el debilitamiento de la presencia territorial”, dijo Nahuel Neftalí Micheli, Paritario de ATE ANSES Regional Sur.
“ANSES no es un negocio ni una variable de ajuste. Es una institución central del Estado y una herramienta para garantizar derechos, no nos van a correr el eje de lucha con uniformados”, agregó Micheli.
El Sindicato además reclamó que los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) cumplan una función vinculada al fortalecimiento del sistema previsional y estén orientados a garantizar derechos de trabajadoras, trabajadores, jubiladas y jubilados.
Desde ATE Río Negro remarcaron que un sistema previsional sólido requiere trabajo registrado, salarios dignos y aportes, además de un Estado con capacidad para garantizar las prestaciones.
