Integrantes de la conducción provincial de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Jujuy, se reunieron con el titular del Consejo de Microempresas, Martín Bouhid, para tener más precisiones sobre el traspaso de este organismo a la órbita del Ministerio de Producción, decidido recientemente por el Gobierno provincial.
Para ello, la delegación del Consejo Directivo Provincial (CDP), encabezada por el Secretario Gremial, Juan Fernández, pidió a Bouhid que dé mayores especificaciones en cuanto al traspaso de este organismo. Particularmente ATE hizo hincapié en el problema de pago de sueldos que afecta a cuatro trabajadoras y trabajadores que no recibieron sus salarios completos debido al proceso de traspaso de la entidad.
Al respecto Bohuid se comprometió a garantizar que las y los trabajadores afectados recibirán la totalidad de su sueldo, incluyendo escolaridad, antigüedad y adicionales correspondientes en el próximo pago.
Asimismo se acordó que pagarán de manera retroactiva los montos no pagados en los meses de enero y febrero.
Durante la reciente reunión que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Salta, y demás sindicatos estatales, mantuvieron con funcionarios del Gobierno provincial, desde ese Ejecutivo se confirmó que 1390 agentes contratados durante la pandemia de Covid-19, pasan a la planta transitoria del Estado a partir del 1° de febrero.
En la misma reunión el ministro de Infraestructura de la provincia, Sergio Camacho, confirmó a la ATE que en el mes de marzo se iniciará el proceso de pase a Designación Temporarias de las y los agentes del Sector centralizada (incluidos las y los ordenanzas de toda la provincia).
También se dispuso desde el Gobierno salteño garantizar con fondos provinciales el pago de la compensación transitoria (incentivo docente) para todo el año 2025.
En una asamblea llevada adelante en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, la Coordinación Nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) advirtió que se pone en peligro la seguridad aérea en los aeropuertos de todo el país si es que, como vienen preanunciando funcionarios del Gobierno nacional, se avanza en un ajuste con este sector vital en el sistema aeroportuario.
En esta primera asamblea, que tendrá continuidad durante todo el mes de febrero en los distintos aeropuertos del país, las y los trabajadores del Aeropuerto de Ezeiza, acompañados por personal del Aeroparque metropolitano Jorge Newbery y del Aeropuerto de Tandil manifestaron su preocupación porque se avance en un ajuste que marcaría un retroceso respecto a las recientes auditorías internacionales que se hicieron sobre el servicio aeroportuario del país y donde se reconoce que la ANAC presta en forma correcta el control y la fiscalización de los servicios auxiliares en los aeropuertos.
Sobre esta situación presente el dirigente de la Coordinación Nacional de ATE ANAC, Marcelo Belelli, explicó que “hay trascendidos de una política de ajuste y reestructuración en la ANAC que nos parece muy incongruente en varios aspectos. Primero porque hace algo más de un mes se realizaron auditorías internacionales reconociendo que la ANAC presta de forma correcta el control, la fiscalización de los servicios auxiliares en los aeropuertos”.
“Por ese motivo el Estado argentino no perdió la categoría internacional”, precisó Belelli antes de agregar que “de hacerse un ajuste podría afectar la posibilidad de que las compañías aéreas puedan venir al país, con lo cual se encarecerían los seguros que pagan las compañías para operar en la Argentina”.
La segunda medida expuesta por el dirigente de la ANAC es que “desde nuestra sectorial estamos trabajando en informes de seguridad operacional sobre qué impacto tendría una merma de la cantidad de personal de la ANAC en los aeropuertos si hay una política de ajuste y achique en el organismo y nos da como resultado que correr a nuestro organismo del control, fiscalización y supervisión de las tareas operativas, de aeronaves y en tripulaciones tendría un impacto directo en la seguridad aérea porque este es el organismo que se encarga de velar por la seguridad aérea”.
Comentó Belelli que no hace mucho hubo accidentes graves, tal el caso de San Fernando y situaciones críticas con Flybondi, la empresa que es el caballito de batalla de este Gobierno. “El Estado argentino es el que debe poner un límite a que ese riesgo no provoque situaciones de mayor gravedad. Así que nos parece incongruente que en este tiempo se hayan pasado auditorías y se intente achicar el organismo, porque complementariamente a eso creemos fielmente que se pone en riesgo la seguridad operacional”, remarcó.
La advertencia de la Coordinación Nacional de ATE-ANAC se da en momentos que un nuevo “mega decreto” buscar reorganizar el Estado.
Luego del reciente anuncio del Gobierno provincial de otorgar una suba salarial del 100% y el pago de tres bonos a las y los trabajadores de la Administración Pública Provincial, la Seccional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de la ciudad de Monte Quemado reclamó al intendente local, Felipe Cisneros, la adhesión del Municipio, a fin de recibir el aumento en los mismos términos.
En la nota compartida con la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) local y el Sindicato Único de Obreros Municipales (SUOEM), la ATE remarcó que las necesidades salariales del personal municipal es común a la de las y los trabajadores estatales provinciales.
“Tenemos los mismos gastos y necesidades de alimentación y vestimenta, como también resolver los costos educativos de nuestras hijas y nuestros hijos, de la misma manera que cualquier trabajador o trabajadora estatal provincial”, subraya el comunicado del Sindicato.
Cabe mencionar que durante los últimos años mayoritariamente los municipios santiagueños han adherido a las políticas salariales aplicadas por el Gobierno de esa provincia.
En el marco de la mesa de negociación salarial, llevada adelante en la capital provincial entre el gobierno y sindicatos estatales, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Salta rechazó la propuesta de un 6% de aumento. La oferta gubernamental es el pago del aumento en tres tramos, 2% con los salarios de febrero, 2% en abril y el 2% restante en junio.
En dichas negociaciones el Consejo Directivo Provincial (CDP) pidió que las negociaciones paritarias sean trimestrales, siendo el mes de febrero 2025 el mes que reciba mayor aumento (teniendo en cuenta que por el inicio de clases las familias de las y los trabajadores deben afrontar mayores gastos).
Asimismo ATE pidió una actualización del Incentivo docente (compensación transitoria).
El Secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) la Rioja, Alfredo Arana, alertó que por el ajuste salarial que aplica el gobierno nacional con sus trabajadoras y trabajadores, se ha acortado la brecha salarial entre estas y estos y las y los trabajadores estatales de la administración pública riojana.
La explicación de Arana se da en medio de la paupérrima paritaria nacional que dispone un 1,5% de aumento para enero y 1,2% en febrero, que fue rechazada por la conducción nacional de ATE y aceptada por UPCN y el reciente aumento a las y los trabajadores de la administración pública provincial de La Rioja.
Según sostuvo el titular del Consejo Directivo Provincial (CDP), “las y los trabajadores nacionales están perdiendo poder adquisitivo debido a la inflación, lo que les hace perder salario” y agregó que “aunque las y los estatales riojanos están en una situación baja, se está comenzando a alcanzar una mayor paridad”.
Para reforzar esta presunción Arana enfatizó que “no sólo la brecha se ha acortado, si no fuera por el adicional de zona, hoy trabajadoras y trabajadores provinciales y nacionales estarían cobrando casi lo mismo”.
Salarios provinciales
Aún la reducción de la brecha salarial la ATE riojana rechazó el aumento otorgado por el gobierno provincial del 25% y reiteró su propuesta de efectivizar un aumento al básico del 40%, de manera que impacte en las y los trabajadores que tiene mayor antigüedad y están cerca de jubilarse.
Además Arana ratificó su reclamo para que el gobierno convoque al Sindicato y demás sindicatos estatales a una mesa de negociación salarial, donde poder discutir el salario de las y los trabajadores estatales. “Hoy convoca a reuniones a sindicatos que nada tienen que ver con el sector estatal” subrayó.
En el marco de las negociaciones salariales que se comenzaron a llevar adelante con los sindicatos estatales, el gobierno de San Juan adelantó que las asignaciones familiares tendrán una suba del 7,69% a partir del mes de febrero.
Los nuevos montos incluyen incrementos en las asignaciones por hijo, hijo con discapacidad, nacimiento, adopción, matrimonio y ayuda escolar. Asimismo el ajuste también contempla la actualización de los tramos de ingresos con el mismo porcentaje.
La asignación por hijo más alta es para el tramo de quiénes cobran hasta 600.000 pesos, que percibirán 33.469,67 pesos.
Esta mejora se suma al 11% de aumento que las asignaciones tuvieron a partir de noviembre del año pasado.
Desde la ATE San Juan recordaron que dada la existencia de una única paritaria en la provincia, el aumento también llega al bolsillo de las y los trabajadores municipales.
El Centro Nacional de Trabajadores Jubilados y Pensionados (CNTJyP) de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), participó de la reunión sobre Adultos Mayores, que llevó adelante la presidenta de la Comisión de Personas Mayores, Gisela Marziotta, diputada por Unión Por la Patria. Se analizó la actual situación del sector, atravesada por el ajuste en la Seguridad Social y Salud, medicamentos y jubilaciones e incluyó también un pedido para que se prorrogue la moratoria jubilatoria.
La presidenta del CNTJyP de ATE, Noelia Guzmán, quien encabezó la delegación del Sindicato, describió cuál es la postura sobre las problemáticas antes mencionadas y en particular presentó un pedido para que desde la Cámara de Diputados se avance en la prórroga de la moratoria que vence el próximo 23 de marzo.
“La ley se puede prorrogar”, destacó Guzmán, en lo que es un pedido a la Cámara de Diputados ante la certeza de que el presidente Javier Milei avance en el sentido contrario.
Hoy peligra la jubilación de más de un millón de personas que tienen los años requeridos para jubilarse pero les faltan aportes. En ese sentido Guzmán detalló que “más del 70% de quiénes están afectados son mujeres, que por no haber tenido aportes de sus empleadores no pueden acceder a la jubilación”. También aclaró: “hay miles de personas que fueron desafectados de su trabajo en el Estado por este Gobierno. Están en edad de jubilarse pero le faltan años, en muchos casos sólo dos o tres y que por la decisión del Gobierno de cesantearlos no podrán obtener el beneficio”.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Santiago del Estero informó que las y los trabajadores estatales de la administración pública provincial tendrán a partir del mes de febrero una suba salarial del 100% y que el gobierno provincial ha fijado un piso salarial mínimo para este sector en 800.000 pesos.
La Secretaria General del Consejo Directivo Provincial (CDP), Elida Juárez, explicó que “haciéndose eco de las jornadas de protestas que se veníamos realizando desde el año pasado en ATE, junto a la multisectorial, debido a las impagables boletas de los servicios que se eleva a casi el 50% de los sueldos, el gobierno optó por una nueva recomposición salarial, el pago de bonos y otros beneficios”. En este marco es que se definió un aumento al salario básico del 100%, elevando además el piso salarial en la administración pública en 800.000 pesos. $ 800000 el piso salarial.
Asimismo la ATE informó que también se beneficiarán con un aumento del 90% en sus salarios, las y los trabajadores con contrato de locación, más asignaciones por hijo y la ayuda escolar que se pagara en el mes de marzo, a lo que se agregará el pago de 3 bonos de carácter extraordinarios. El primero de estos bonos se efectivizará, en la previa del día del trabajador, el segundo junto con el aguinaldo (en el mes de julio), y el tercer bono a fin de año. En tanto que por única vez se abonará un bono de 22.000 pesos el 14 de febrero, debido a la proximidad del periodo lectivo.
“El gobierno también creó un fondo Estival Provincial por 2 meses para usuarios (por febrero y marzo), debido al alto consumo de luz por las temperaturas extremas que estamos sufriendo en nuestra provincia, por el cual las facturas tendrán un 40% de descuento”, explicó Juárez.
La titular del CDP detalló que “esta recomposición es para las y los trabajadores de la Administración Pública Provincial porque en el caso de los municipios, cada uno verá de aplicar o no cualquier medida salarial dentro de sus responsabilidades”, aunque agregó “esperamos que los municipios se adecuen a esta medida”.
El Secretario general de la ATE Jujuy, Carlos Sajama, ratificó la necesidad de una pronta convocatoria a la mesa salarial provincial, pero aclaró que “si el gobierno quiere imponer porcentajes que no convencen a las y los trabajadores avanzaremos con medidas de fuerza”.
Desde la ATE provincial ya se adelantó que se sumará a la próxima medida de fuerza dispuesta por el Consejo Directivo Nacional (CDN), que se realizará a fin de este mes de febrero, contra las políticas salariales del gobierno nacional, el cierre de organismos nacionales, los despidos en el Estado y la eliminación de la moratoria previsional, entre otras cosas.
Sobre la paritaria salarial nacional, Sajama explicó que “no sólo es una vergüenza el 1% que ha ofrecido el gobierno de Milei, también lo es porque esa paritaria sirve como base a las provincias que no tienen Convenio Colectivo de Trabajo y se agarran de ahí como una paritaria madre para después utilizarla a nivel provincial”.
Entre esas provincias que podrían utilizarla esta la misma provincia de Jujuy, por lo que el dirigente enfatizó que “seguimos exigiendo que el gobierno provincial deje de imponer los porcentajes y que estos surjan del diálogo de partes”, y agregó que “nación no sirve como base de nuestra paritaria porque los salarios de las y los trabajadores nacionales son distintos a los de nuestras y nuestros trabajadores provinciales y municipales”.
En ese marco remarcó que “si no hay una respuesta favorable y satisfactoria en nuestra paritaria no descartamos la posibilidad de iniciar medidas de fuerza en toda la provincia”.
Nación no es la única comparativa salarial que tomó Sajama. También lo hizo con Salta y el reciente aumento del 6% a estatales provinciales: “en Salta el trabajador o la trabajadora estatal que se inicia en una repartición pública está cobrando un mínimo de 700.000 pesos, mientras que en Jujuy el salario inicial es de 520.000 pesos. Por ello hemos planteado al gobierno que se vea la situación de poder mejorar esos tramos ya que hay trabajadoras y trabajadores que se están para jubilar y no se les reconocen todos los blanqueos de los ítems salariales”.
