Este sábado ATE Entre Ríos, a través de las Secretaría de Género y Diversidad, llevó a cabo el séptimo preencuentro de mujeres y diversidades, en este caso en la localidad de Concordia, camino al Encuentro Plurinacional que tendrá lugar en Corrientes durante noviembre.
Gisela Torres, Secretaria de Género y Diversidad de ATE Entre Ríos, manifestó: “Participamos de los diferentes ejes de discusión, donde reafirmamos nuestro compromiso en la lucha de los derechos de los feminismos y diversidades frente al ataque cruel de este Gobierno nacional y provincial. También mostramos las diferentes herramientas de estrategia sindical con las cuales defendemos a nuestros compañeros en todos los estamentos nacional, provincial y municipal”.
El encuentro, que incluyó ronda de diálogos, talleres, feria e intervenciones artísticas, se desarrolló en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER). El cierre de la jornada fue con una marcha reivindicativa para visibilizar el evento.
Bajo la consigna “los derechos se conquistan y se defienden de forma organizada”, desde ATE se reafirmó el compromiso en la construcción colectiva de feminismos sindicales que fortalezcan la defensa de los derechos conquistados y abran camino a nuevas conquistas. La participación activa de las trabajadoras y diversidades en el movimiento sindical es clave para que las voces se escuchen y las agendas se conviertan en políticas transformadoras.
De la jornada participaron en representación del Consejo Directivo Provincial, además de Torres, Diego Segovia, Vocal y Delegados quienes fueron recibidos por María Trinidad, Secretaria de Género y Diversidad de la Seccional Concordia. También asistieron dirigentas de las Seccionales Concepción del Uruguay, Gualeguaychú y Paraná.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) lanzó un Paro Nacional de Salud para el miércoles 17 con movilización al Congreso Nacional para demandar que se rechacen los vetos a la Ley de Emergencia Sanitaria de Salud Pediátrica y la Ley de Financiamiento Universitario. Las normas vetadas por el presidente Javier Milei contemplan una serie de resguardos y protecciones frente al feroz ajuste y la crisis originada por el mismo Gobierno Nacional. Durante la jornada, las actividades de protesta se multiplicarán en todo el país, siendo las conducciones sindicales de cada distrito quienes definan la modalidad de las acciones y los puntos de concentración. En todos los casos solo se garantizarán guardias mínimas.
“No se puede ajustar sobre la Salud y la Educación. Recortes de esta naturaleza configuran un accionar criminal. Avanzamos hacia una Argentina en la que sólo los que tengan plata se podrán curar y estudiar, y los que no, morirán”, analizó el Secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar y demandó que “el Congreso tiene que rechazar los vetos presidenciales. Frente a la mentira, agresión y difamación del Gobierno, los estatales tenemos la certeza de que nuestros reclamos son absolutamente justos y razonables”.
“El autoritarismo creciente del Gobierno es peligroso. Es inadmisible que pretendan incumplir con las leyes emanadas del Congreso. Tenemos que volver a poner por encima de todo a la Constitución Nacional”, agregó Aguiar.
La ley de Emergencia de Salud Pediátrica contempla una recomposición salarial; la exención del pago del Impuesto a las Ganancias para el personal de Salud por horas extras, guardias y otras actividades; un aumento presupuestario que garantiza el funcionamiento de los hospitales públicos de atención pediátrica como el Garrahan; y la continuidad del sistema de residencias y formación de profesionales.
Sobre la necesidad de defender esta ley, el referente estatal remarcó que “desde que asumió Milei, las partidas presupuestarias de los hospitales cayeron entre un 30 y un 40 por ciento mientras que se incrementaron los gastos en inteligencia. Están destruyendo el sistema sanitario público. Esta política no la podemos tolerar más”, y adelantó: “Este miércoles vamos a un Paro Nacional de Salud, donde solamente se van a garantizar guardias mínimas”.
Entre tanto, la defensa de la ley de Financiamiento Universitario también es una bandera que levanta el sindicato estatal. Esta norma, también vetada por Milei, propone un aumento del presupuesto de acuerdo con la inflación acumulada de los últimos dos años, con actualizaciones bimestrales por inflación. Al mismo tiempo ordena al Poder Ejecutivo aplicar una recomposición salarial para docentes a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Para brindar detalles de la medida de fuerza, el Sindicato es convocante de una conferencia de prensa para mañana lunes 15 a las 15 horas en las puertas del Congreso de la Nación.
Desde la asunción de Milei, varios reclamos se fueron abriendo paso y encontrando consenso en la población.
La movilización en defensa de la universidad pública fue multitudinaria y contó con un amplio apoyo en la opinión pública. La movilización de los investigadores en defensa del CONICET despertó la simpatía de numerosos sectores de la sociedad. El reclamo de los jubilados no fue doblegado a pesar de la represión contra abuelos, abuelas y periodistas. Respuesta tan salvaje como absurda, porque sumar el sufrimiento de la represión al sufrimiento de una jubilación que condena a la miseria sólo logró mayor empatía con las víctimas.
El ahogamiento presupuestario del Garrahan y el recorte brutal en discapacidad tocaron una fibra sensible: se están metiendo con los más débiles, con los más desprotegidos.
Las revelaciones sobre coimas para direccionar fondos del área de discapacidad, en el más alto nivel de gobierno, agregaron a la empatía con las víctimas la indignación por el negociado desvergonzado con los empresarios proveedores.
Empieza a verse con más claridad que el pregonado “ajuste” fiscal es una mentira hipócrita destinada a ocultar el ajuste verdadero: el que llevan adelante en la distribución de la riqueza. El ajuste que no está destinado a revertir sino a acentuar la desigualdad.
Cuando dicen “no hay plata” lo que están diciendo es: “no hay plata para la infancia, los jubilados, los trabajadores”, “no hay plata para la salud, la educación la investigación, la cultura”.
Cuando dicen “no hay plata” lo que están diciendo es: “la plata es para el puñado de los que siempre ganan, para que ganen más”.
Cuando dicen “no hay plata” lo que están diciendo es: “la plata (o nuestras riquezas naturales que es lo mismo) es para el FMI, los financistas y los fugadores de dólares”.
La oposición creciente a las políticas de Milei y el voto castigo en la provincia de Buenos Aires, son hechos que muestran la reacción de amplios sectores afectados en sus diversos intereses. Son justas reacciones a perjuicios sectoriales, pero no sólo eso. Además, son expresión de las reservas de conciencia, de empatía y de sentimientos de solidaridad que nuestro pueblo fue labrando a lo largo de muchos años. La presencia de un mensaje altruista y fraterno abre la perspectiva de conformar una nueva mayoría, un nuevo consenso. No sólo hay que ponerle freno a Milei, también a esa minoría insaciable que lo inventó, lo aupó en la presidencia y lo apoyó (y apoya) en sus peores objetivos.
Carlos Ferreres – Director del Departamento de Discapacidad ATE Nacional
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) llevó a cabo esta semana el cuarto encuentro del ciclo Puertas Abiertas. Esta vez el conversatorio abordó la relación entre lo público y lo privado. Participaron como disertantes Ana Castellani, investigadora de CONICET; Jorge Rachid, médico sanitarista; Nicolás Trotta, ex Ministro de Educación de la Nación; y Mercedes Cabezas, Secretaria Adjunta de ATE Nacional. También se sumó al panel Pablo Lombardi, responsable político de la regional oeste de la Central General del Trabajo (CGT).
Durante el conversatorio se reflexionó sobre los encuentros y desencuentros entre lo público y lo privado en el marco de una coyuntura marcada por el avance de discursos privatizadores y el debilitamiento del rol del Estado.
Mercedes Cabezas destacó: “Los planes que mejor funcionaron del Estado fueron los que se metieron en los barrios, como los operativos de documentación, por ejemplo. ¿Cómo funcionaban? Entraba un camión al barrio y ese camión hacía que el Estado golpeara la puerta de cada casa. Hay un imaginario instalado de que lo privado funciona mejor que lo público, pero donde eso se demostró claramente falso fue durante la pandemia: los privados no daban abasto, y fue el Estado el que dio respuestas”.
Además, la dirigente remarcó la importancia de dar este debate hacia el interior de la clase trabajadora: “No puede ser que para avanzar en esta discusión el campo popular enfrente lo público contra lo privado. Primero, porque ambos forman parte del entramado económico y social de una sociedad que busca construir justicia social. Pero, sobre todo, porque necesitamos pensar en un Estado presente, que nivele las desigualdades estructurales”.
Del encuentro participaron también el Secretario de Convenios Colectivos de Trabajo de ATE Nacional, Flavio Vergara; la Secretaria de Finanzas de ATE Nacional, Mirta Matheos; el Secretario General de ATE Provincia de Buenos Aires, Claudio Arévalo; la Secretaria Adjunta de la ATE bonaerense, Eliana Aguirre; el Secretario General de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes; trabajadoras y trabajadores de ATE Morón, ATE ANAC, ATE Moreno; la paritaria de ATE CyMAT, Graciela Ríos; el ex diputado nacional Carlos Custer; la diputada nacional mandato cumplido, Débora Galán; integrantes del Centro Nacional de Jubilados y Pensionados de la CTA Autónoma y de la Unión de Empleados Técnicos de las Telecomunicaciones (UETTEL), entre otros.
El viernes 19 de septiembre a las 15 horas se realizará una edición especial del ciclo, centrada en la clase trabajadora.
Entre el 2 y el 12 de septiembre integrantes del Equipo Jurídico de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) participaron en la Universidad de Castilla de la Mancha del Curso de Expertos Latinoamericanos en Relaciones Laborales, del cual participó una nutrida comitiva de profesionales argentinos de diversas disciplinas. Por el Sindicato estuvieron presentes la Dra. Mariana Amartino y el Dr. Alexis Barraza.
El grupo de expertos por Argentina presentó un informe sobre el sistema de relaciones laborales en el país y su actualidad, destacando que sin perjuicio del amplio espectro tuitivo que establece el derecho laboral argentino, la situación actual del trabajo en Argentina es alarmante.
“Las medidas económicas adoptadas desde diciembre 2023 así como la reforma laboral impulsada por la actual gestión política, aprobada en julio de 2024, han agravado la ya crítica situación, provocando la retracción acelerada del mercado de trabajo con el consecuente cierre de establecimientos tanto del sector público como privado y la desvinculación de miles de personas, generando una alza de la informalidad y precarización laboral que expulsa gran parte de las personas trabajadoras fuera de los márgenes del Derecho del Trabajo, y la consiguiente afectación de derechos que trascienden todas las esferas de las relaciones laborales y que ponen en riesgo el Estado social y democrático de Derecho argentino”, señaló Mariana Amartino, integrante del Equipo Jurídico de ATE Nacional.
El grupo argentino resaltó que, como también expresó la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en ningún caso una modificación regresiva de la legislación laboral ha generado crecimiento del empleo registrado, ni mucho menos salarios dignos, que permitieran vivir mejor a quienes trabajan.
De esta forma, se concluyó en que la real intención de estas medidas ha sido acabar con los pilares fundamentales del derecho del trabajo y establecer una serie de liberalidades que solo benefician a los grupos concentrados de poder económico.
Frente a ello, se declaró como imperativa la remoción de estas medidas y reformas para restablecer el derecho laboral protectorio con base en la justicia social, la organización sindical y la democracia participativa y decisoria, ampliando los límites de la protección integral a todas las personas que trabajan, generando así mayores niveles de inclusión social.
Además de Mariana Amartino y Alexis Barraza, compusieron el grupo de expertos de la Argentina Virginia Mackenna, Florencia Sanjulián, Pablo Cerra, Matías Maito y Juan Andrés Pisarello, asesoras y asesores sindicales de ATE, de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA), de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina (UOM), y del Sindicato de Prensa de Rosario (SPR).
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Río Negro llevó adelante una asamblea con trabajadoras y trabajadores de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF) en la localidad de General Roca. En este marco se enumeraron las demandas pendientes, que fueron planteadas por el Sindicato en la última reunión con Silbana Cullumilla, Secretaria del organismo.
Entre los puntos centrales mencionados en la asamblea se encuentra la implementación de un adicional que tiene 20 años, pero nunca fue aplicado: se trata del adicional por tareas complejas, establecido por el Decreto 1.108 en 2005, nunca percibido por las y los trabajadores, y cuyo alcance discrimina a un importante número de operadores y agentes que efectivamente realizan tareas complejas.
“Hasta el momento pudimos discutir y encontrar algunas respuestas en otros ministerios, pero en el caso de Desarrollo Humano y la SeNAF existe una falta de reconocimiento a los pedidos elevados y una decisión importante. Necesitamos urgentemente una respuesta para las y los trabajadores que día a día sufren diferentes falencias y situaciones violentas”, aclaró Rodrigo Vicente Secretario General de ATE Río Negro, quien participó de la asamblea.
Además, el Sindicato exige una actualización del 100% del valor de las guardias de profesionales y operadores, una actualización inmediata de viáticos y del plus Operador, todos totalmente desfasados con la evolución de precios. Preocupa también las condiciones edilicias adecuadas para el tratamiento de la población vulnerable, insumos de trabajo que últimamente salen del bolsillo del personal y más recursos humanos.
Durante la mañana del pasado jueves la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Santa Cruz brindó una nueva capacitación en perspectiva de género y diversidad en la sede del Consejo Directivo Provincial (CDP).
El de esta semana fue el cuarto taller de perspectiva de género y diversidad que llevado a cabo por ATE Santa Cruz para delegados y delegadas de la provincia. Del mismo participaron integrantes de la Comisión de Igualdad y Oportunidad de Trato (CIOT) sectoriales y del Centro de Jubilados y Jubiladas.
Agustina Delgado, Secretaria de Genero y Diversidad de ATE Santa Cruz, explicó: “Nos parece muy importante debatir la política de género que queremos llevar adelante para nuestra organización sindical y para las y los afiliados de nuestra ATE”.
“Apostamos a un sindicalismo equitativo y preparado para discutir Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) con perspectiva de género y también enfrentar las políticas de ajuste que vulneran nuestros derechos”, anunció Delgado.
En la jornada del martes, estatalas y estatales de distintos sectores se acercaron hasta el Anfiteatro Eva Perón ubicado en Avenida Belgrano 2527, de la Ciudad de Buenos Aires, convocadas y convocados por la incertidumbre del contexto nacional en términos de cercenamiento de políticas públicas en derechos humanos y la certeza de que el Sindicato es el ámbito donde hay que trabajar para asegurar el alcance de las y los ciudadanos a estas garantías individuales.
Luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que el cuidado constituye una necesidad básica, ineludible y universal de la cual depende la existencia de la vida humana y el funcionamiento de la vida en sociedad, La secretaría de Género y Diversidad y la secretaría de Derechos Humanos del Consejo Directivo Nacional de ATE, impulsaron un encuentro marcado por la emotividad y la reflexión sobre una temática poco discutida que requiere un amplio debate sindical por ser una problemática que atraviesa a cada uno de las y los trabajadores, profundizado en contextos de ajuste y crisis.
El gobierno de ultraderecha pone en jaque cada garantía constitucional y es por eso que el trabajo de las y los estatales de todo el país es un eslabón fundamental para garantizar cada derecho individual y colectivo que Javier Milei quiere quitarle a todas y todos.
Ejercer el cuidado y ser cuidado es fundamental para la vida de las personas, como seres colectivos e interdependientes. Los feminismos vienen haciendo hincapié en la urgencia de dar el debate estratégico y hablar de cuidados en ámbitos sindicales y laborales porque de este derecho nace de una necesidad que se ve atravesada por el tiempo, la economía familiar, la salud y el trabajo.
“No tenemos tiempo porque en contexto de crisis es variable de ajuste. Este debate que venimos dando hacia el interior con compañeras de distintos sectores feministas es estratégico porque el cuidado es un vector de desigualdad e involucra indefectiblemente el trabajo desde lo gremial, desde el ámbito paritario y desde los Convenios Colectivos de Trabajo”, manifestó Clarisa Gambera, Secretaria de Género y Diversidad de ATE Nacional.
La Secretaria de Derechos Humanos, Valeria Taramasco destacó el reconocimiento del cuidado como Derecho Humano indispensable para garantizar una vida digna y como responsabilidad compartida, comunitaria y afirmó que implica también la necesidad de políticas activas por parte del Estado. “Es un desafío para el sindicato pensar herramientas para la negociación colectiva que permitan incluir el cuidado como parte de las relaciones laborales en igualdad de condiciones”, sostuvo.
Corina Rodríguez Enriquez celebró que hay agendas que siguen vigentes más allá de las urgencias del país y realizó una cronología sobre el estudio del cuidado como derecho asegurando que es un tema universal pero invisibilizado históricamente. La economista feminista e investigadora de CONICET CIEPP (Centro de Investigaciones y Transferencia) reforzó que el cuidado es la representación de la organización desde la desigualdad y lo relacionó con la dependencia económica, las violencias y el trabajo. “La potencia es entender al cuidado como trabajo y necesidad; trabajo que puede ser remunerado y no remunerado y necesidad que habilita un derecho que debe estar en la agenda como política pública”, aseveró.
Analizando el rol de las y los estatales de garantizar los derechos de las argentinas y los argentinos, Andrea Solís, trabajadora de ANSES especialista en Seguridad Social hizo hincapié en el tiempo y los recursos que se necesitan para cuidar, destacando la presencia de este organismo como articulador social que representa el aporte del Estado para que los derechos sean garantizados. Para que la Seguridad Social esté garantizada es necesario incluir a quienes históricamente fueron excluidos, el Estado tiene un deber con los más vulnerables y eso está en riesgo con el alejamiento del gobierno de las necesidades de las y los ciudadanos argentinos. “Las mujeres con la gratuidad de sus tareas están subvencionando al Estado”, determinó.
El Decreto 475/21 fue una política pública de suma importancia destinada a reconocer y computar los aportes previsionales por tareas de cuidado para las mujeres y personas gestantes, con el objetivo de facilitar su acceso a la jubilación. El Gobierno de Milei que eliminó la moratoria excluye a una gran cantidad de mujeres que no llegaron a cumplir con sus años de aportes debido a la necesidad de cumplir con sus tareas de cuidado y de llevar esa carga de forma completa. “El sistema previsional que exige los aportes es un sistema que reproduce grandes desigualdades estructurales, que excluye y discrimina”, sentenció Solis.
En representación de la Junta Interna de ATE en la Superintendencia de Salud, Leandro Castro, participó para dar noción de la interdependencia del cuidado con el derecho a la salud, comentó sobre la crisis que atraviesa el sistema y afirmó que ATE está resistiendo un ataque al salario, a la salud y a la problemática con los coseguros que perjudican a las y los estatales que quedan sin tratamientos médicos por no contar con un sueldo digno ni la garantía del acceso a este derecho esencial.
Al momento de abrir el micrófono los presentes, en sus intervenciones, se mostraron atravesados por problemáticas de organización familiar en su obligación de cumplir con los cuidados de menores a cargo y también de adultos mayores. En sus palabras quedó la evidencia del desafío que implica hacerse cargo de tareas de cuidado en un contexto de derecha marcado por la pluralidad de empleo, la crisis económica, el Estado ausente y el contínuo vaciamiento de políticas públicas que son las que deben garantizar el derecho a la salud y la vivienda, entre otros.
La resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos nace por pedido de Argentina en 2023 a través del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, allí la titular de esta cartera solicitó a la Corte que analice la distribución equitativa del reparto de tareas de cuidado, la falta de retribución a quienes las llevan a cabo y la determinación en cuanto a si conformaba un Derecho Humano. En esta línea, ATE entregó ejemplares de un resumen confeccionado por las secretarías con la Opinión Consultiva sobre este contenido y su interrelación con otros derechos. Gambera señaló que este material es importante y constituye un logro en sí, debido a que el Ejecutivo intentó frenar esta investigación y no lo logró.
El derecho al cuidado, ahora formalmente reconocido, necesita ser garantizado. Para eso, la disputa por recursos para financiar políticas públicas de cuidados es clave. En un contexto de austeridad y “no hay plata”, es imperioso afinar las estrategias para demandar provisión pública de cuidados.
“Se conforma un binomio imposible donde necesitamos más tiempo de trabajo para sumar ingresos y más tiempo de cuidado para asumir lo que antes resolvíamos socialmente”, sumó Clarisa Gambera.
Del conversatorio también participó en representación de ATE Nacional, Esterea González, la Secretaria de Comunicación y Flavio Vergara, Secretario de Convenios Colectivos, además Noemí Fernandez presidenta del Centro de Jubilados y Jubilados de ATE Capital y diversos integrantes del mismo.
Colmado por los aplausos, a sala llena y con una gran heterogeneidad de participantes, quedó claro que el derecho a cuidar y a ser cuidado está en la agenda sindical de ATE, ya que es una problemática que no solo atraviesa a las mujeres sino que es transversal y que corresponde al ámbito del trabajo.
Hacia el final detallaron diversos temas pendientes a resolver como la presencialidad, las licencias por cuidado, el tiempo de licencias por maternidad y paternidad, el costo de vida que lejos de estar atado a la inflación está determinado por el costo y la necesidad de que el Estado tome en cuenta los gastos que incluyen el cuidado.
Este viernes ATE San Luis realizó un Paro total de actividades en el Municipio de la capital puntana debido a la falta de respuesta de parte de las autoridades comunales ante los reclamos salariales, pases a planta permanente y mejoras en las condiciones laborales.
Fernando Gatica, Secretario General de ATE San Luis, manifestó: “Iniciamos un Paro por 24 horas en la Municipalidad de San Luis, y ni bien se anunció la medida, trabajadores y trabajadoras del municipio fueron presionados con descuentos, despidos y ausente. Está situación de persecución es terrible. Además, el Ejecutivo lanzó una publicación con los gremios cómplices del ajuste queriendo construir un imaginario de diálogo. Los y las municipales no llegan a fin de mes, es una realidad completamente notoria, se endeudan y encima tampoco desde el municipio se respetan las normas de seguridad e higiene. Por más que los sindicatos cómplices se sienten a la mesa, desde ATE seguiremos luchando, porque nuestra historia da cuenta de que nosotros luchamos, no nos arrodillamos”.
Es importante recordar que la medida de fuerza fue definida en el marco de la última asamblea con el objetivo de presionar al Gobierno de Gastón Hissa para que cambie de postura y responda a las demandas del sector.
La Seccional Rosario viene denunciando las definiciones contra los derechos laborales de las y los provinciales, especialmente en el sector más feminizado, numeroso y empobrecido: asistentes escolares. El intento de privatizar salud laboral, entorpecimiento del sistema para acceder a licencias, el presentismo que violenta derechos conveniales como la ausencia justificada por maternidad, enfermedad oncológica o carga pública, entre otras. Es por eso que se convoca a medidas de fuerza para el martes 16 y el jueves 18 de septiembre.
Lorena Almirón, Secretaria General de la Seccional Rosario declaró: “Pullaro triplicó el superávit fiscal a costilla de las y los estatales, con nuestro cuero. No queremos un premio a la pobreza por trabajar enfermos, queremos salarios dignos y que nos paguen la deuda de la paritaria 2023”.
En el marco del plenario, las y los trabajadores presentaron gran cantidad de dudas sobre el esquema de licencias y las tareas en comedores escolares, lo que marca la falta de claridad sustancial en las circulares repartidas en los establecimientos. Se resaltó la necesidad de cuidar la salud y la integridad y de dar continuidad al reclamo para que no se tercerice Salud Laboral. En la misma línea hubo un rechazo unánime al mal llamado “incentivo a la asistencia perfecta”.
Por todo lo expuesto, se votó ir a dos jornadas de protestas los días martes y jueves de la semana entrante. Medidas que irán en sintonía con el Paro nacional que protagonizará el Sindicato en rechazo a los vetos presidenciales de las leyes de emergencia pediátrica y de financiamiento universitario.
