Frente al Proyecto de
ley de emergencia que el ejecutivo enviará a la legislatura para abordar la
grave situación económica de la provincia, los gremios estatales provinciales señalaron
que “es un error volver a poner la lupa de la recaudación sobre los y las trabajadores/as”.
“El modelo político de seguir descargando las crisis sobre el pueblo no puede
ser el plan que oriente las medidas económicas”.
El escrito conjunto
firmado por ATE Entre Ríos y otras organizaciones provinciales, sostiene que “ante
el proyecto de ley que declara la `emergencia
pública en materia económica, financiera, fiscal, sanitaria, administrativa,
y previsional en el ámbito de la Provincia de Entre Ríos´, con el propósito de
garantizar las funciones inherentes al Estado provincial, entendemos la
situación de emergencia que atraviesan los países del mundo producto de la
pandemia, a la que no es ajena nuestro
país ni nuestra provincia. Pero rechazamos de plano que parte de la crisis se
descargue sobre los y las trabajadores/as. La función del Estado debe ser la de
protegerlos y protegerlas con acciones positivas, más aún cuando son quienes
están poniendo todo su esfuerzo en atender los efectos de la pandemia. Esfuerzo
que se evidencia en el sostenimiento de los servicios básicos y esenciales de
la comunidad (salud, comedores, y educación, entre otros) muchas veces costeado
con recursos propios”.
En este sentido, agregan,
“creemos que los Artículos 4, 5 y 6 donde se propone la reforma provisoria de
los aportes personales y previsionales,
persiguen un objetivo recaudatorio cuyo acento recae sobre los y las
trabajadores/as en actividad y pasivos/as, so pretexto de salvaguardar la Caja
de Jubilaciones y Pensiones mediante la solidaridad y la equidad. Lo hemos
dicho a principios de años y lo sostenemos; el déficit de la caja no es
responsabilidad de los y las trabajadores/as, sino de las diferentes gestiones
de gobierno. Las consecuencias de políticas neoliberales que puso como
horizonte achicar el Estado no debe ser costeado por los y las trabajadores/as
que se opusieron. Una vez más, el pueblo no debe ni puede ser la variable de
ajuste”.
Ahora bien, el Proyecto
de Ley también busca recaudar entre algunos de los sectores de la economía
concentrada. Esto lo manifiesta en los Artículos 7, 8 y 9 donde incrementa los
gravámenes de las Entidades Financieras, el
Comercio mayorista de medicamentos para uso humano, y el impuesto
inmobiliario anual, a las superficies iguales o superiores a un mil (1.000)
hectáreas. Sobre ese punto consideraron que “estos son los sectores, entre
otros, que hoy deben ser solidarios
frente a la crisis provocada por la pandemia”.
Pero, al mismo tiempo,
sostienen que “lo que hemos venido diciendo en anteriores documentos públicos;
el modelo productivo y recaudatorio no puede seguir siendo el que surgiera con
la dictadura. En un documento anterior, publicado el 8 de junio decíamos que
frente a la disminución de la capacidad fiscal y sus consecuencias sobre las
finanzas públicas provinciales, proponíamos la aprobación del proyecto de
impuesto a los bienes personales (conocido como impuesto a la Fortunas) para
los grandes patrimonios. También sugeríamos
redefinir el rol del agente
financiero de la Provincia, en función de asistir y promover las actividades
económicas de interés para el desarrollo productivo regional” y agregan: “decíamos
además que era necesario un incremento en las alícuotas del impuesto a los
ingresos brutos a las entidades financieras impidiendo el encarecimiento del
crédito, y que era urgente rever el esquema tributario en cuanto al Impuesto Inmobiliario Rural,
desalentando la especulación y la existencia de latifundios. Señalábamos que
otro de los sectores económicos a revisar con acuerdo de los intereses
provinciales son las actividades de la minería, cuyos mecanismos de asignación
de concesiones, permisos de extracción, control de la actividad y su
tributación, debe ser observada teniendo en cuenta la irreversibilidad del proceso extractivo y
sus consecuencias. Y por último, decíamos en el documento del 8 de junio que el
Estado Provincial debía reclamar la reparación histórica por la Represa Salto
Grande que implique mejores costos
energéticos para la provincia, y fomentar una discusión estratégica del uso de
tierras de la provincia, centrada en la producción de alimentos para los y las
argentinos y argentinas”.
En este marco
fundamental en el párrafo final que “seguimos sosteniendo todas estas
reivindicaciones porque estamos convencidos y convencidas que alguien deberá
pagar la crisis mundial producida por la pandemia. Estamos dispuestos y
dispuestas a poner todos nuestros esfuerzos para que sean los sectores que
históricamente se enriquecieron quienes deban pagarla. Pero nos declaramos en
contra de cualquier medida que pretenda descargar la crisis sobre los y las
trabajadores/as y el pueblo. La solidaridad con las mayorías es incompatible
con los intereses de los sectores de la economía concentrada”.
Crítica de ATE
El secretario General
de la ATE- Entre Ríos criticó la ley de emergencia que envió el gobernador
Bordet a la Legislatura.
En tal sentido, aseguró
que “lo que más sorprendió es que nos equiparan a todos por igual, en cuanto al
déficit del sistema previsional nos iguala a los trabajadores y trabajadoras
con los sectores más concentrados, con los que más ganan, con los que han tenido
muchos más dividendos y no han tenido problemas económicos”.
Muntes afirmó que “es
muy injusto esto de dividir a trabajadores contra trabajadores. Quien recibe
20.000 pesos quiere ganar 75.000 y el que gana 75.000 no quiere perder, como si
fuera un salario exuberante”.
En tal sentido, reiteró
que “está muy difícil la situación en Argentina, y esto más allá de la sorpresa
lo que más nos dolió es que nos iguala a todos, cuando hay muchas diferencias”
y explicitó que el planteo gremial “es que la realidad de la Caja tiene que ser
con las jubilaciones de privilegio, los que ganas sueldos exorbitantes, los que
no han cumplido, y hay que modificarla por ahí”.
