A casi 100 días del inicio del Aislamiento Social,
Preventivo y Obligatorio establecido por el Gobierno Nacional en respuesta a la
pandemia de COVID-19, en el país se da un fenómeno polarizado: por un lado, el AMBA
concentra el 90% de los casos y está latente la discusión para volver a la fase
1 de ASPO, mientras, en el resto del país –salvo regiones puntuales- se pudo
transicionar hacia otras fases como la Reapertura progresiva o la Nueva
normalidad. En este contexto, el cuidado de la salud de lxs trabajadores
continúa siendo prioritario para ATE, en todo el país y en todos los niveles
del Estado.
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A partir de una propuesta elaborada por ATE y la CTA-A, y en
el marco de la gestión articulada con el Gobierno Nacional en las mesas de
trabajo permanente con el Ministerio de Salud, el 8 de junio se logró la promulgación de dos leyes cruciales para
trabajadores esenciales y del sector Salud, que se añade al reconocimiento del
COVID-19 como enfermedad profesional y al otorgamiento del bono para
trabajadores de Salud.
La 27.549 establece la exención transitoria en el Impuesto a
las Ganancias para las horas extras,
guardias y adicionales (desde el 1° de marzo de 2020 y hasta el 30 de
septiembre de 2020, prorrogable), y una pensión graciable y vitalicia que
alcanza a familiares de trabajadores que fallezcan como consecuencia del
COVID-19.
La norma alcanza a personal de Salud, Fuerzas Armadas, de
Seguridad, de la Actividad Migratoria, Aduanera, Bomberos, recolectores de
residuos domiciliarios y recolectores de residuos patogénicos; que presten
servicios relacionados con la emergencia sanitaria establecida por Decreto N°
260/2020 y las normas que lo extiendan, modifiquen o reemplacen.
La Ley
27.548, en tanto, crea el Programa de Protección al Personal de Salud ante la
pandemia de coronavirus COVID-19 que, entre otras medida, dispone la
conformación de un Comité Operativo de Emergencia con representación de
organizaciones sindicales y gremiales, organizaciones científicas y de
diversidades, en el que además de ATE y
la CTA-A participarán Fesprosa, UPCN y la Federación de Asociaciones de
Trabajadores de la Sanidad de Argentina (FATSA).
Según cifras oficiales, son 3.100 lxs trabajadores del
sistema sanitario afectadxs por COVID-19 (cerca del 8% del total), lo que
destaca de la urgencia y necesidad de este tipo de medidas, en articulación con
las organizaciones.
En el marco del plan, además, se están realizando encuestas anónimas a trabajadores de Salud sobre las
posibles situaciones que permiten el contagio de COVID-19 en el ámbito
hospitalario, haciendo hincapié en la capacitación, provisión y utilización de Elementos
de Protección Personal (EPP). Hasta el momento se pudo mapear 28 hospitales
nacionales, ubicados en la provincia de Buenos Aires y CABA, a los que en los
últimos días se sumó Chaco y Chubut.
Orestes “Beto” Galeano, titular del Instituto de Salud y
Seguridad Laboral e integrante de la Coordinación Nacional de Salud de ATE informó
que, del análisis de los primeros resultados, se pudo observar como principal
problema la falta de supervisión en la utilización de los EPP.
Por su parte, Flavio Vergara, paritario nacional y también
parte de la Coordinación Nacional de Salud, destacó el modelo de la encuesta,
que es anónima, participativa –porque los sindicatos la coordinan- y federal. Explicó
que el estudio tiene como objetivo último elaborar medidas preventivas y
reparadoras, sobre la base del conocimiento producido.
A su
vez, el dirigente se refirió a la importancia de lo que se viene construyendo
en este contexto: "La integración de la mirada de lxs trabajadores de
Salud en el marco de la crisis nos deja en un umbral para profundizar la
discusión de tener un sistema integrado de Salud, donde podamos avanzar en la
construcción de una paritaria nacional de Salud, con un piso de dignidad para
todo el país y que aquellos distritos puedan dar mejoras".
Desde la Coordinación
Nacional de Salud continúan reclamando, tal como se plantea en las reuniones
periódicas con lxs funcionarixs de la cartera sanitaria, la necesidad de la
participación de las organizaciones en todos los comité de crisis de los
hospitales y, asimismo, en el Consejo Federal de Salud que todos los meses
reúne al Ministerio nacional con los ministros provinciales del área.
Otra de las iniciativas que disparó el Programa de
Protección del Personal de Salud es la realización de cursos de Formación sobre
habilidades clínicas para uso de EPP frente a casos de COVID-19, a cargo del
Instituto Nacional de Formación Técnica y del Programa Nacional de Formación de
Enfermería. Participaron compañerxs de ATE de todo el país: dos grupos lo
hicieron de manera presencial y otros cuatro, con modalidad a distancia.
Reconocimiento
Otra de las preocupaciones planteadas por la Coordinación de
Salud en ATE es en torno al pago del bono de Salud. En junio se terminó de
cobrar el correspondiente al mes de abril, por lo que se verifica un retraso,
puesto que ya se debería haber liquidado mayo.
No obstante, destacaron: “Se está trabajando sobre una
hipótesis de 640 mil trabajadores y trabajadoras de la Salud de todos los
niveles y dependencias, con lo cual se estaría alcanzando, en un proceso
inédito de relevamiento de datos que no existían, un buen marco de cobertura
del bono para los trabajadores y trabajadoras”.
Y aclararon que en el caso de trabajadorxs de
establecimientos sin internación o de primer nivel de atención el proceso es
más complicado, ya que se operativiza mediante el refuerzo de partidas del
Programa SUMAR.
En
paralelo, manifestaron que el objetivo es que el bono quede instituido como
parte del salario, como una primera recomposición salarial al interior del
sistema de Salud.
Por condiciones de
trabajo dignas y seguras
Otro de los ejes centrales del accionar de ATE en relación a
lxs trabajadores del Estado Nacional es el fortalecimiento de las comisiones
CYMAT (condiciones y medio ambiente del trabajo). En ese ámbito el sindicato propuso que, además
de las delegaciones que hay por ministerio u organismo descentralizado, se conformen
subdelegaciones en cada dependencia.
“El objetivo es que cada subdelegación pueda velar para que
el trabajo, o la vuelta al trabajo, se dé en condiciones dignas y seguras”,
precisó el dirigente nacional Flavio Vergara. Esto se concretó con la firma de
dos actas con las autoridades, sin embargo, ATE sigue señalando la necesidad de
que se acelere su implementación.
En
tanto, en las provincias y municipios el cuidado de la Salud de lxs
trabajadores del Estado también es central en el accionar sindical de ATE, a
partir de propuestas y demandas ante las autoridades, tanto por el pago del bono de Salud como para que
se garanticen las condiciones sanitarias.
También se producen y reparten EPP y se brindan capacitaciones, entre otras
medidas.
En la provincia de Buenos Aires, el plenario que reunió a 74
delegadxs de Salud reafirmó la necesidad de que se conformen Comités de Crisis en los hospitales
provinciales, municipales y nacionales, así como la sede de la cartera
sanitaria, en la Escuela de Sanidad y Regiones Sanitarias.
En Chaco, la segunda región más afectada luego del AMBA
(3,6%) y también segunda en fallecidxs (8,1%) (Datos del IDEP Salud), el
Consejo Directivo Provincial denunció que la situación de la salud pública se
ve agravada desde hace años por la inmensa precarización laboral.
En Río Negro, donde se concentran el 1,6% de lxs afectadxs,
ATE acordó con el ejecutivo protocolos de cara a la reapertura de la
administración pública prevista para el 22 de junio, algo que se dará sólo en
los departamentos que han pasado a la fase 5 de la cuarentena.
En Córdoba -con el 1,3% de afectadxs- el plenario de
delegadxs de toda la provincia alertó sobre la falta de trabajadorxs en los
hospitales. Asimismo, se planteó la mala calidad y algunos faltantes de EPP e
insumos, y se reclamó por una política de testeos más efectiva.
