Nuestro país hoy vive una
impresionante crisis social y económica en el marco de la emergencia provocada
por el coronavirus. Pero vale la pena dejar en claro que esta pandemia golpea a
una Argentina que ya se encontraba sumergida en un cuadro de alarmante pobreza
y desigualdad (37,9% de la población y 8,4% de indigencia al cuarto trimestre
del 2019). En efecto, luego de cuatro años de gestión macrista fueron arrojados
a la pobreza 5 millones de compatriotas y sumió en la indigencia a un millón y
medio, en un escenario que ya rondaba con altibajos tasas de pobreza entre el
25% y el 29% dado que desde el 2010 y hasta antes del inicio del período
recesivo 2018-2019, alternaba años de crecimiento moderado con estancamiento
luego agravado por la recesión. Este marco de desigualdad está acompañado por
índices alarmantes de informalidad y precariedad: hoy más del 50% de la fuerza
de trabajo manifiesta algún grado de precariedad o informalidad.
Es decir, esto hace que la pandemia
agrave el cuadro social, donde la pobreza y la indigencia tienen por correlato
situaciones de hacinamiento, de falta de vivienda, sumado al freno que las
medidas para enfrentarla le ponen a la economía; va a generar un mayor agravamiento de la situación
social, lo que además actuará como un acelerador de las consecuencias propias
de la pandemia.
Por lo expuesto la prioridad pasa hoy
por urgentes medidas que contengan esta emergencia social y sanitaria que vive
nuestro país y que no afecta a todos los
sectores por igual. En ese sentido, el Gobierno Nacional ha tomado una
serie de medidas, en particular transferencias de ingresos a los sectores más
postergados (vía bonos para asignaciones, jubilaciones mínimas y la creación
del Ingreso Familiar de Emergencia), líneas de financiamiento a tasa reducida
destinada a capital de trabajo para las PyMES, entre otras. Medidas que van en
la dirección correcta, pero que ante la magnitud de la crisis resultan
insuficientes, lo que queda por demás expresado a diario ante los desesperados
pedidos de asistencia de amplios sectores. Si como ejemplo vale, podemos citar
la inscripción para el Ingreso Familiar de Emergencia ya que al anunciarlo los
cálculos oficiales alcanzaría a tres millones seiscientos mil beneficiarios y
beneficiarias pero se han preinscripto más de once millones.
Resulta impostergable universalizar
un Piso de Ingresos que actúe como red de contención para el conjunto de
hogares hoy totalmente desprotegidos, y al mismo tiempo, y a fin de no agravar más
aún el cuadro de precariedad laboral, proteger a través de planes de
financiamiento a tasa mínima al conjunto de las PyMES y sectores hoy
paralizados.
Medidas que ponen claramente en
discusión cuales son las fuentes de financiamiento, y acá debemos aclarar que mientras el cuadro social que describíamos se
agravaba año a año, a un grupo selecto compuesto por las 200 principales
empresas y las 50 fortunas familiares y/o personales no les fue tan mal.
En efecto, en nuestro país esas 50
fortunas alcanzan a 57.000 millones de dólares.
Fortunas encabezadas por Paolo Roca con 8000 millones, Alejandro Bulgheroni y fia. con 6200 millones
y Pérez Compac y flia con 3000 millones. Más allá de señalar lo indignante que
resulta que quien encabeza este ranking sea el titular del grupo Techint que
pretende despedir más de 1450 trabajadores, cabe resaltar que estás tres
fortunas se incrementaron en un 81,8%, 87,9% y 99,1% entre 2017 y 2019, podría
decirse que durante el periodo recesivo macrista, insistimos, no les fue tan
mal.
Otro tanto podría puntualizarse con
respecto a la cúpula empresarial que durante el período 2015-2018 aumentaron
sus ventas en un 205% mientras millones de compatriotas caían en la pobreza.
Mereciendo destacarse las empresas del sector Energía, Gas y Agua que vieron
crecer sus ventas en un 1036,5%, mientras los tarifazos asolaron a nuestro
pueblo.
Entendemos que es por demás claro que
llegó el momento que a estas obscenas fortunas les ha llegado el momento no de aportar a una colecta solidaria sino de
poner en serio para superar esta emergencia. Es el momento de establecer un impuesto de emergencia que grave a estos
patrimonios que no dejaron de incrementarse mientras Argentina transitaba
un sendero recesivo.
Asimismo, hay que segmentar cualquier
propuesta de financiamiento para que excluya empresas, conglomerados y grupos
locales y transnacionales que tienen, dado el comportamiento virtuoso que
demostraron durante los últimos años, espaldas más que suficientes para
mantener puestos de trabajo y salarios.
Un párrafo aparte merecen las
instituciones bancarias que se niegan a instrumentar las líneas de
financiamiento preferencial para PyMES. Durante los años 2018 y 2019 (años
recesivos) su resultado neto creció en un 205%. En conjunto la banca privada
(nacional y extranjera) concentra más del 73% de la liquidez ampliada del
sistema (lo que da una idea de su capacidad de préstamos). En tal sentido, se
justifica una audaz intervención sobre el sector financiero a fin de poner esa
acumulación de liquidez para financiar el sostenimiento de la actividad
económica mientras dure la emergencia.
Argentina a lo largo de años ha
alimentado un proceso de fuga de capitales monumental. Hoy los activos
reconocidos en el exterior superan los 300.000 millones de dólares, nótese la
similitud de esta cifra con el monto del endeudamiento público. Casi un PBI del país ha sido fugado por lo que es tiempo de establecer un
gravamen por demás significativo a esos capitales fugados.
Resulta si llamativo que en esta
coyuntura el gobierno siga pagando vencimientos en dólares, el día de ayer se
hizo frente a un pago de 250 millones de dólares, ya se anunció un pago de 120
millones de la misma moneda para el 8 de abril y de cumplirse con el total de
pagos que vencen en abril se llegaría a los 1000 millones. En particular cuando el endeudamiento ha
sido funcional a esta fuga que tiene como actores a estos privilegiados. Las
escazas reservas y los ingresos de divisas por el
comercio exterior deben priorizar las necesidades prioritarias de la coyuntura (insumos
sanitarios, equipamiento) y el sostenimiento de la actividad. La suspensión de
pagos no puede postergarse.
Vale la pena puntualizar estas
propuestas para financiar las medidas que se deben tomar. Más teniendo en
cuenta que muchos de los sectores aquí mencionados como favorecidos por la
Argentina de la desigualdad y sus comunicadores, proponen como solución el
achique del gasto de la política y del Estado. Más allá de que existen sectores
en los tres poderes que ganan importantes sueldos y pueden tener un gesto de
contribuir en esta emergencia, que seguramente será bien recibido como señal
política, el nivel de este aporte no es lo que está en juego en esta coyuntura.
Lo que se plantea atrás de estas
propuestas es presentar como inevitable una baja de salarios, jubilaciones y el
gasto social del Estado. Persistir en el ideario neoliberal que siempre impulsó
la socialización de las pérdidas y la privatización de las ganancias, la
destrucción de los sistemas sanitarios hoy golpeados para enfrentar esta
pandemia.
Saldremos de esta crisis con una
decidida intervención del Estado que ponga en caja el comportamiento avaro y
depredatorio de los privilegiados de siempre y construyendo desde los sectores
populares espacios que priorice estrategias de intervención solidaria y
colectiva.
