Mes: febrero 2020

Ayer, la Asociación
Trabajadores del Estado (ATE) mantuvo una reunión con el ministro de Educación
de la Nación, Nicolás Trotta.  El
encuentro estuvo encabezado por el Secretario General de ATE Nacional, Hugo “Cachorro”
Godoy  y lo acompañaron Mercedes Cabezas,
Secretaria de Organización y Flavio Vergara, paritario de ATE Nacional.

Desde ATE se plantearon como pilares fundamentales para recuperar
la capacidad soberana del Estado, el trabajo, la producción, el desarrollo
científico y tecnológico, la salud y la educación.

Hugo “Cachorro” Godoy señaló: “Nos reunimos con el ministro
Trotta para plantear las diversas expectativas y necesidades que tenemos los
trabajadores estatales en el orden de la educación pública y  la realidad de las y los trabajadores
auxiliares de la educación, -administrativos, porteros, cocineros- y docentes,
en este momento concreto de nuestro país donde la política educativa ha sido
tan bastardeada por el gobierno anterior”.

Además, Godoy indicó que se le transmitió al funcionario la
necesidad de nacionalizar la educación pública, y que la intervención del
Estado Nacional pueda fortalecerla  en
términos pedagógicos, de infraestructura y 
recursos docentes. En este sentido señaló que: “El Estado debe tener la capacidad
de intervenir para un mayor fortalecimiento y unidad para  que se garantice cumplir con la ley educativa
en la Argentina”

También se mencionó la
necesidad de que los auxiliares de la educación puedan participar en debates en
el marco del Consejo Federal de Educación para ayudar a construir mayores
consensos y una mejor homogenización de la política educativa y la calidad en
todo el territorio nacional.

Además, se señaló urgencia de que se implemente la Educación
Sexual Integral (ESI) y el fortalecimiento del programa ATE Universidades. En
este sentido, Godoy señaló: “Hemos planteado la perspectiva de aportar los
estudios que ha realizado nuestra organización donde se demuestra la muy escasa
implementación de la responsabilidad que la educación pública tiene para
garantizar la ESI”.

Por último, el Secretario General señaló: “Encontramos
enormes acuerdos con el ministro Trota y la voluntad de trabajar en común en
función de estos objetivos, de continuar las reuniones y acrecentar la participación
de los trabajadores”.

Los trabajadores y trabajadoras del Instituto Nacional de
Tecnología Industrial repudiamos el fallo que otorga al genocida Eugenio
Pereyra Apestegui la prisión domiciliaria. Apestegui es uno de los responsables
del secuestro, desaparición y muerte de nuestros compañeros Alfredo Giorgi y de
María del Carmen Artero. Es por eso que hoy más que nunca exigimos cárcel común
para todos los genocidas.

El pasado viernes 31 de enero, se conoció que Eugenio
Pereyra Apestegui fue beneficiado por los jueces Eduardo Riggi y Juan Carlos
Gemignani con el arresto domiciliario. Pereyra Apestegui, comandante retirado
de la Gendarmería, fue condenado a perpetua por delitos de lesa humanidad
cometidos en el circuito represivo ABO, integrado por los centros clandestinos
El Atlético, El Banco y El Olimpo. A este último centro de tortura fueron
llevados nuestros compañeros.

Alfredo Giorgi trabajó en el Centro de Plásticos del INTI
como investigador de dos proyectos de tecnología de punta: plásticos para uso
aeroespacial y envoltorios plásticos para sensores. A Giorgi se lo llevaron
detenido el 27 de noviembre de 1978 desde el propio Instituto. Ese día fue
citado telefónicamente por el Administrador General del PTM, Enrique
Sturzenbaum y al llegar a la oficina de su superior fue detenido por un grupo
de tareas. Alfredo fue trasladado del INTI al “Olimpo”. 

María del Carmen Artero trabajó en el Centro de Química, era
militante política y sindical, fundó la primera representación gremial en el
INTI y logró la creación de la guardería. Artero fue secuestrada el 11 de
octubre de 1978 y llevada también al centro clandestino "Olimpo"
junto a su joven hija. Su hijo fue también secuestrado posteriormente, y ambos,
a diferencia de su madre, fueron liberados.

La resolución que otorga domiciliaria al genocida Eugenio
Pereyra Apestegui fue tomada por los jueces de la Sala de feria de la Cámara
Federal de Casación Penal. Por su parte, el juez Daniel Petrone firmó en
disidencia. La condena a perpetua fue confirmada en 2014.

A pocos meses de cumplirse 44 años de la última y más atroz
dictadura cívico-militar exigimos justicia para todos los compañeros
secuestrados, detenidos y desaparecidos por el Terrorismo de Estado.

Y REAFIRMAMOS QUE EL ÚNICO LUGAR PARA LOS GENOCIDAS ES LA
CÁRCEL COMÚN

¡30.000 PRESENTES! ¡María del Carmen Artero y Alfredo Giorgi
presentes!

Ante la gravísima situación que padecen lxs enfermerxs de la
provincia de Corrientes, IDEP SALUD entrevistó a Gabriela Prieto, Delegada de
CAPS ATE Corrientes, quien confirmó que “la situación de la salud pública en la
provincia es de emergencia” y expresó una absoluta solidaridad ante la lucha
que llevan adelante lxs enfermerxs que están movilizados para visibilizar el
avasallamiento que están sufriendo por sus pésimas condiciones de trabajo.

Al respecto, Gabriela Prieto, que es trabajadora social,
expresó: “Para nosotros lxs enfermerxs que salieron a movilizarse en este
último período son un puntapié inicial muy importante, porque son lxs
compañerxs más precarizadxs, más explotadxs y oprimidxs que hay en el sistema
de salud, porque ni siquiera son empleadxs del Ministerio sino que están
tercerizadxs por el Colegio de Enfermeros. Y cuentan con todo nuestro apoyo y
solidaridad.”

La Delegada de CAPS de ATE Corrientes describió la penosa
situación laboral que enfrentan lxs trabajadorxs precarizados que están
reclamando desde el comienzo de año ante la Casa de Gobierno de la Provincia:
“La situación es la siguiente: el Colegio de Enfermeros de la ciudad de
Corrientes hizo un convenio con el Ministerio de Salud de la provincia a partir
del cual las enfermeras prestan servicios en los hospitales y centros de salud
de la provincia a través del monotributo, es decir, ellas son monotributistas y
están tercerizadas por este Colegio de Enfermeros”. Además, Prieto ratificó que
“En esta situación hay más de 600 enfermerxs que tienen que cumplir guardias de
ocho horas y pueden hacer un máximo de 22 guardias al mes y sus salarios van
desde 9.000 pesos hasta un máximo de 14 mil pesos.”

En este sentido, agregó que “hay quienes no llegan a hacer
tantas guardias porque en los lugares de trabajo no se necesita que hagan esas
guardias, o sea, no las pueden hacer y están cobrando entre 7.000 y 9.000 pesos,
según los casos. Hay una diferenciación respecto a quienes son profesionales,
licenciadxs y auxiliares, pero todxs tienen que pagar el monotributo, tienen
que pagar el seguro de mala praxis y tienen que pagar la cuota del Colegio de
Enfermeros de la provincia. Además, el Colegio de Enfermeros les saca el 6% por
este convenio, o sea, todxs lxs enfermerxs que están conveniadxs tienen que
pagar un 6% de lo que cobran, así haya hecho seis o siete guardias o las 22. Y
ante esta precarización lxs enfermerxs se movilizaron a Casa de Gobierno
pidiendo el contrato y mejores condiciones labores. Entonces el Gobierno de la
provincia recibió al Colegio de Enfermeros haciendo un circo como que habían
resuelto el problema y no había resuelto nada el problema. Entonces lxs
enfermerxs se movilizaron nuevamente al Ministerio de Salud de la provincia y
van a seguir movilizándose hasta que se resuelva la situación.”

Gabriela Prieto también informó: “Lxs trabajadorxs de la
salud de la provincia de Corrientes estamos en una situación de emergencia, la
mayoría de los trabajadores son precarizadxs. El último pase a planta, donde
algunos pudieron resolver la situación de precarización, fue en 2013 y desde
ese año no hay pases a planta y todo el personal que ingresa lo hace por contrato,
por becas y hasta ad honorem. Por ejemplo, en los centros de salud tenemos
personas que están trabajando por becas, algunas de 3.000 pesos.” Además,
criticó el arancelamiento que deben pagar los usuarios que se atienden en el
sistema público e indicó que “con el dinero que se junta de las obras sociales
de la provincia, los médicxs, solidariamente, dejan un porcentaje a los centros
de salud y con ese dinero, por ejemplo, se cubre el pago de algunos médicos que
vienen a trabajar dos o tres horas a las salas de atención primaria -para poder
pagarles algo-, pero están cobrando 3 mil o cuatro mil pesos. Así sucede tanto
con profesionales de la salud como con administrativos o auxiliares.”

Prieto también destacó la catástrofe para la salud pública
que generó la gestión de Macri: “La última gestión de Macri dio de baja al
Ministerio de Salud de la Nación y nosotros lo sufrimos muchísimo, como también
se sufrió la implementación de la CUS (engañosamente llamada Cobertura
Universal de Salud) en relación a la medicación, a los insumos, a la quita de
presupuesto del Ministerio y al desguace de programas como el de Educación
Sexual Integral o el Programa Materno Infantil.”

Finalmente, la Delegada de ATE describió la situación de la
salud pública en general en la provincia de Corrientes: “La verdad es un caos
la salud pública, yo creo que en todo el país, pero acá en la provincia de
Corrientes la situación es de emergencia y de alerta. Y los trabajadores
tenemos una situación bastante compleja en relación a la movilización para
llevarla adelante, justamente, por esta situación de precariedad en la que uno
está, sumada a la falta de trabajo, la falta de contrato. Todos los
trabajadores del campo de la salud, médicxs, enfermerxs, trabajadorxs sociales,
psicólogxs, que trabajamos en torno a la salud pública vivimos una situación de
mucha presión y mucho miedo con respecto a la movilización y a la organización
de asambleas. Eso sucede hace mucho tiempo en toda la provincia. Acá en
Corrientes la precarización de los trabajadores de la salud es muy grande,
desde el año pasado estamos reclamando por la situación de compañeras que
realizan sus tareas mediante una beca provincial que se llama Formarse y Crecer
por la que están cobrando 9.000 pesos más un plus que les da la provincia con
lo que llegan aproximadamente a 18.000 pesos. Tienen acceso a obra social pero
no tienen estabilidad laboral porque es una beca que se puede terminar en
cualquier momento. Por medio de esa beca son 30 trabajadoras de CAPS, pero en
toda la provincia llegan aproximadamente a 200 trabajadorxs en esas
condiciones. Este grupo de personas sigue desarrollando tareas en estas
condiciones. Esta es una lucha que viene desde el año pasado, cuando se
presentó el Presupuesto para este año nosotros nos movilizamos porque la baja
presupuestaria fue muy grande, no se tuvo en cuenta la inflación, tampoco se
tuvo en cuenta la situación en la que estamos con respecto no solamente al
personal sino que tampoco se tuvo en cuenta los recursos para insumos ni para
las mejoras de los lugares de atención que fueron quedando muy chicos en
relación al crecimiento de la población.”

A principios de 2018,
Marina Notaristefano- trabajadora de la Jefatura de Gabinete de Nación con 12
años de antigüedad, madre de tres hijxs, uno de ellos con capacidades
diferentes, jefa de hogar- fue perseguida por ser delegada de ATE y despedida sin
justificación por la gestión macrista en el poder. Este miércoles, tras dos
años de lucha, de la mano de la junta interna y del Consejo Directivo Nacional,
volvió a trabajar.

“No puedo más de las
nervios”, contó Marina al bajar del colectivo, minutos antes de ingresar al
edificio de Jefatura de Gabinete, en Belgrano y Piedras, donde sus compañeras y
compañeros de ATE la esperaban para darle un abrazo de bienvenida.

“Les agradezco a cada uno
el apoyo y el acompañamiento porque fueron dos años de lucha muy difíciles. No
se lo deseo ni a mi peor enemigo. Un trabajador que se queda en la calle es una
familia sin recursos, que se queda sin pagar el alquiler, sin el plato de comida.
Es desesperante”, expresó.

Ya a fines de 2017 empezó
a circular el rumor de su despido y en las primeras semanas de 2018, sin dar
explicaciones, la seguridad no quería dejarla entrar al edificio. Días después
le llegó el telegrama. Si bien intentaron inventarle ausencias, su legajo era
intachable. El caso de Marina fue emblemático, porque fue perseguida por ser
delegada de ATE, y por la crueldad de lxs funcionarixs macristas, ya que con su
despido su hijo más pequeño se quedaba sin cobertura médica y se interrumpía su
tratamiento.

“Hoy estoy feliz”, afirmó
Marina rodeada de sus compañerxs. “Vengo con muchas ganas de trabajar y seguir
luchando por esas mujeres y esos hombres que todavía están afuera y tienen la
esperanza y la convicción, como la tuve yo, de que van a volver”. “Tengo un
pedido especial para hacerles, que es trabajar en conjunto, unirnos, porque lo
que pasó en el Gobierno anterior no puede volver a pasar”, destacó.

En representación del
Consejo Directivo Nacional de ATE estuvo Mercedes Cabezas, Secretaria de
Organización. “Para nosotros es una emoción que Marina vuelva a su lugar de
trabajo, como lo fue hace poco con los compañeros y compañeras en INTI. Esa
emoción que siente cada compañero que vuelve a su lugar, a sostener las
politicas públicas a pulmón, es fruto de la lucha que durante cuatro años
supimos llevar adelante con nuestra organización, con cada compañero y  compañera, y con cada junta interna que nos
acompañó”, manifestó.

Y subrayó: “Que cada
trabajador despedido o despedida vuelva su lugar de trabajo es una prioridad,
porque un Estado popular es posible con los trabajadores adentro”.

Oscar Mariano Figueroa,
delegado general de la junta interna de Jefatura de Gabinete, señaló que los
últimos cuatro años “fueron muy arduos”. “Nos han ninguneado, la política de
los últimos cuatro años fue nefasta, pero hoy logramos esta reincorporación
gracias al apoyo de la  Conducción
Nacional y de ATE Capital. El rol del cuerpo de abogados también fue muy importante,
porque además, el caso de Marina era muy grave porque fue perseguida
gremialmente”. Por último, indicó: “Este el primero de varios casos. Tuvimos
200 despidos y estamos trabajando para lograr más reincorporaciones y más
reivindicaciones para los trabajadores y trabajadoras de esta casa”.

También estuvieron
presentes Mario  Muñoz, del CDN; Raúl
Díaz, de ATE PAMI; Eduardo Creta, de ATE Contaduría de CABA; y por el Consejo
Directivo de Capital Federal, Julia Scarensi, secretaria de Actas, y Camila
Lynn, vocal.