Mes: enero 2020

El protagonismo de decenas de miles de mendocinos y mendocinas garantizó la derogación de la ley del cianuro y la restitución de la ley del agua. La derogación de la efímera ley 9209 y la restitución de la ley 7722.

La 7722 se logró con la lucha popular en el año 2007. Al prohibir en la minería el uso de sustancias tóxicas (cianuro, ácido sulfúrico, mercurio, etc.) pone un freno a la aplicación de la entreguista ley de Inversiones Mineras 24.196 (Menem, año 1993). Planteada en términos ambientales de protección de la escasa agua en la árida provincia de Mendoza.

La megamineria llevada adelante por grandes monopolios extranjeros no es el camino para el bienestar de nuestro pueblo, se llevan todo y sólo nos dejan grandes pasivos ambientales. No somos ingenuos.

Un ejemplo de esto es el caso del litio: las reservas mundiales se concentran en Bolivia, Chile y Argentina, y una pequeña porción en China. En Bolivia se intentó desarrollar a partir de la minería de litio un entramado industrial, desde la extracción hasta la fabricación de baterías, manteniendo siempre el control político, económico y ambiental popular. Es decir, una cadena que fortalecía la concentración de trabajadorxs y la soberanía boliviana. El golpe de Estado tuvo entre otros objetivos destruir este desarrollo y devolverle el control a los históricos saqueadores de América Latina.

Desde lxs trabajadores de la Energía y la Producción estamos de acuerdo en avanzar con leyes que nos permitan producir y desarrollarnos. Asimismo, no estamos a favor de defender los intereses de los las grandes bodegueros transnacionales que desperdician la poca agua existente, con sistemas de riego precarios e ineficientes, contaminándola con agroquímicos. Tanto la agroexportación concentrada, que desperdicia el 80% del agua y precariza a los trabajadores rurales, como la megaminería desarrollada por grandes empresas, contaminan el agua y tienden a destruir la vida, sin dejar mayores beneficios, si no existe el control de los trabajadores y el pueblo.

Lxs trabajadorxs de la Ciencia y la Tecnología deben ser protagonistas también. Hoy, en varios grupos de investigación se experimentan en procesos de uso de bacterias que evitan totalmente el uso de cianuro y reducen el uso de sulfúrico a cantidades enteramente controlables. Los grandes grupos mineros no se dan por enterados. 

Para avanzar en cualquier producción minera es necesario que haya un profundo debate popular. En nuestra ATE dimos un gran paso en el año 2017 con el encuentro “Matriz Energética y bienes comunes“. Allí en una triple integración entre trabajadorxs del área energética, intelectuales orgánicos al pueblo y compañerxs que encabezan movimientos del ambientalismo popular de todo el territorio nacional, asumíamos que la producción será acotada sólo al desarrollo autónomo y soberano asegurando que se desarrollen cadenas de integración industrial alrededor de cada elemento que se extraiga. No alcanza sólo con que se cumplan con regulaciones ambientales.  Es necesaria detrás de la producción minera una cadena de valor destinada a satisfacer necesidades nacionales y populares. 

Hoy no existen organismos estatales ni empresas públicas que le den forma esta cadena. Para avanzar en esta dirección se pueden retomar, solo como punto de partida, algunos criterios de la Constitución de 1949, tales como los siguientes artículos:

Art. 39.- El capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social. Sus diversas formas de explotación no pueden contrariar los fines de beneficio común del pueblo argentino.. 

Art. 40. – La organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social. El Estado, mediante una ley, podrá intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad, en salvaguardia de los intereses  generales y dentro de los límites fijados por los derechos fundamentales asegurados en esta Constitucion (…) Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedades imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente participación en su producto, que se convendrá con las provincias. (…) 

Sobre esta base, entonces, sostenemos que: la minería de uranio se tiene que realizar sólo para abastecer a nuestras centrales nucleares, para que generen la energía necesaria para sacar de la pobreza energética a nuestro pueblo. La producción, acotada sólo para ese fin, debe limitar los volúmenes de producción, asegurando el control ambiental y el control de la producción por parte de los trabajadores y nuestro pueblo.  

Creemos que es necesario crear un ambientalismo popular que parta de estas bases. 

Sostenemos que necesitamos industrializar Nuestramérica para romper con el lugar histórico que le han asignado a nuestros pueblos y terminar con los más de con 500 años de opresión, durante los cuales nos han relegado a ser meros proveedores de productos básicos dentro del orden mundial.