El Centro Nacional de Jubilados y
Pensionados de ATE emitió un comunicado ante el tratamiento del Proyecto de Ley
enviado por el Poder Ejecutivo a las distintas Cámaras de Solidaridad Social y
Reactivación Productiva en el marco de la emergencia pública.
A continuación, el comunicado completo:
El proyecto de ley denominado "de solidaridad social y
reactivación productiva en el marco de la emergencia pública ", enviado
por el PEN al Congreso de la Nación, nos
ha sumido en una gran preocupación en cuanto a su contenido en el área
de la seguridad social.
Tiene esa declaración de emergencia pública
una amplitud tal, que importa en la práctica la entrega de un cheque en blanco
al poder ejecutivo, para que legisle en multiplicidad de materias, incluida la
previsional.
No existe en nuestro país una situación de
tal gravedad que justifique, a nuestro modo de ver, una medida de esa
naturaleza. El plazo de vigencia para esta delegación de facultades es hasta el
31/12/2020.
De la lectura del proyecto de ley surge que
las medidas que se adoptan en materia previsional, tienen más que ver con la
reducción del gasto público que a mejorar la situación de uno de los sectores
más castigados, como es el de los jubilados y pensionados.
Se propone para alcanzarlo darle al sistema
un carácter redistributivo, pero dentro del propio sistema, ajustando las
prestaciones de los que ganan por encima de la mínima, en beneficio de los que
reciben los menores ingresos.
No
se propone una solidaridad de los que más ganan, en el sistema económico y
financiero de nuestro país, a través de una necesaria reforma tributaria y
financiera por medio de impuestos progresivos para financiar el sistema
previsional.
Al igual que la denominada ley de
solidaridad previsional, el ajuste lo pagan el conjunto de jubilados y
pensionados que ven frustrados sus derechos a una movilidad jubilatoria
razonable y proporcional, también a los salarios de los activos.
Congela entonces la posibilidad de este
sector a acceder a una canasta básica total que le asegure una vida digna,
derecho a la alimentación, la vivienda, la salud, la recreación y los servicios
esenciales.
Rechazamos
la suspensión de la movilidad por 6 meses, art 51,
que significa que quedemos en suspenso en nuestras expectativas y previsiones
hasta que en marzo el Presidente, decida , in pectore, cual va a ser el ajuste
de la movilidad y para quienes.
Repudiamos
la continuidad del vaciamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, art 53, que permite aumentar hasta el 100% los topes previstos para la inversión del fondo en
operaciones de títulos públicos, aun
sin garantía, hasta el presente la
autorización era hasta el 50%, y se extiende hasta el 2023.
Si bien saludamos los dos bonos de $ 5000
asignados a los haberes mínimos y los $ 2000 a la AUH, creemos que son
insuficientes y que en marzo cuando cesen esos pagos la situación de indigencia
a los que sumergen los haberes mínimos a nuestros mayores, será más acuciante
Estos
bonos además no son universales, creemos que se debería haber dispuesto un
incremento permanente de haberes que recupere lo perdido, y a partir de ahí,
establecer mecanismos de actualización en línea con la inflación futura.
En el artículo 23, se establece que las
PyMES tendrán mayores exenciones a los aportes patronales, así como en el
artículo 54 se dispone aumentos mínimos
obligatorios salariales, a los sectores privados pero les permite
efectuar reducciones de aportes sobre estas sumas.
Todo
ello pone una luz de alerta en cuanto al desfinanciamiento progresivo del
sistema previsional.
El documento lleva la firma de Noelia Guzmán,
Presidenta del Centro Nacional de Jubilados y Pensionados de ATE; Olivia Ruiz,
Secretaria de Finanzas, y Graciela Iturraspe, integrante del mismo equipo.
