El creciente debate público sobre la problemática energética
atraviesa todos los campos de la vida comunitaria de nuestro país. En tan
sentido, el presente proyecto de resolución persigue dos objetivos
fundamentales.
En el corto plazo, resulta imperioso detener las
consecuencias sociales y económicas de la brutal política tarifaria encarada
por el gobierno de Cambiemos desde fines de 2015.
Bajo una mirada mercantil, mercadista y profundamente
especulativa de los servicios públicos
esenciales para asegurar una vida digna a toda la población, se han acumulado,
en tres años, aumentos nunca antes registrados en cualquier otra época de la
realidad nacional.
El servicio público de electricidad aumentó en escalas que
van del 700% al 2500% en todo el país, con situaciones aún más graves en la
región metropolitana, donde se ha registrado aumentos superiores al 2000%,
3000% y más. En el caso del gas natural, los aumentos han oscilado entre 500% y
más de 1.500% en todo el país, mientras que el agua potable se ajustó en cifras
que han oscilado entre 500% y 800%. La contracara de esto, son las ganancias
exorbitantes de algunas de las empresas del sector en estos años. En 2018,
Edenor obtuvo utilidades del 223% en relación a 2015, mientras que para Edesur
fueron del 215%. Transener, la concesionaria de transporte eléctrico en alta
tensión, multiplicó sus ganancias 13,5 veces, con 1.250% de utilidades en
relación a 2015. A su vez, las distribuidoras de gas natural en conjunto,
multiplican por 24 las ganancias en 2017 en relación a 2016 gracias a los
tarifazos.
Mientras tanto, los salarios registrados aumentaron 118% en
tres años, la inflación acumulada superó el 158% y durante 2018 las pérdidas de
salarios, jubilaciones y asignaciones, superaron el 13%. Por ende, la barbarie
del ajuste realizado está a la vista.
A partir de ello, se propone la declaración de emergencia
tarifaria en todo el país. Suspensión inmediata de los tarifazos en los
servicios públicos de luz, gas, agua y transporte. Revertir los anuncios ya
realizados y retrotraer la situación a comienzos de 2018. Frenar la irracional
política de traspaso de los servicios a las jurisdicciones provinciales y municipales
y revisar urgentemente la “estafa” en que se ha convertido la política de
“tarifa social”, que, tanto en el caso de la luz como en el gas, no tienen ni
el alcance adecuado ni brindan la cobertura del servicio que resultaría
esencial atender hoy dado el deterioro de los ingresos de toda la población.
Suspensión inmediata de cortes de los servicios por falta de pago y
establecimiento de nuevos criterios tarifarios en el corto plazo, que estén en
línea con las necesidades y menguados ingresos de la población, y no con la
prioridad de rentabilidad de las empresas.
En el mediano y largo plazo, se llama a una amplia convocatoria para discutir nuevas bases de funcionamiento del sistema
energético nacional, que hoy se ha transformado en una caja de ganancias
irracionales de un conjunto de empresas oligopólicas asociadas a un Estado
cómplice y socio de tal despojo. Los puntos centrales que se proponen como
parte de esa discusión son los siguientes:
- ·
La energía como bien estratégico y como derecho
humano, ya que es, simultáneamente, un bien económico crítico como un bien
social, del común, del pueblo. Por ende, configura un bien de interés público.
Autoabastecimiento, acceso universal, desarrollo productivo, sostenibilidad
socio-ambiental y diversificación hacia fuentes renovables son objetivos
fundamentales.
- ·
En materia de hidrocarburos, YPF debe recuperar
su rol rector de empresa estratégica en la planificación de toda la política
energética. Debe ser palanca de desarrollo e instrumento de intervención
decisiva del Estado en el juego de la energía. Sin una YPF controlada por el
Estado y pueblo argentinos, no hay otro modelo energético posible. Con ello,
recuperar la renta para ponerla al servicio de otro modelo productivo que nos saque
del extractivismo a gran escala.
- ·
Recuperación de un criterio de planificación
integrado y centralizado del sistema energético. Debemos desandar el camino
nefasto de la desregulación. Ese esquema ha destruido infraestructura, no ha
hecho inversiones y pone en peligro el acceso de la población en el altar de
las rentas de un conjunto de empresas fragmentadas que desde hace tres décadas
usufructúan de los bienes que el Estado nacional, en más de 70 años, ha
construido con los recursos de todos los argentinos.
- ·
Revisión profunda de las cadenas de valor y
costos de toda la industria hidrocarburífera y eléctrica. Costos de producción
en pesos, con precios y tarifas en pesos. Un país productor de petróleo y gas,
aún cuando necesite cubrir entre un 25% y un 30% de sus necesidades, no puede
tener tarifas de países que son plenamente importadores. La estafa del gas, con
sobreprecios escandalosos en dólares, es uno de los aspectos más aberrantes de
este montaje de costos inflados y dolarización que nos ha llevado a este caos.
- ·
Se debe encarar la revisión integral del esquema de concesiones
imperantes en el sector hidrocarburífero, como así también las mismas
concesiones en los tres segmentos del sector gasífero y eléctrico, a fin de
revertirlas y alumbrar un gran debate sobre un nuevo régimen económico de la
energía favorable a los intereses del pueblo argentino.
- ·
Un planteo fundamental sobre qué tipo de
empresas queremos construir en el sistema energético y en la prestación de
servicios públicos esenciales. ¿Empresas estatales, mixtas con participación de
usuarios y trabajadores de la energía, sociedades anónimas con participación
mayoritaria estatal? Ese debate es fundamental, si queremos construir energía
para toda la comunidad.
En síntesis, a través de este proyecto de resolución,
perseguimos la declaración de la emergencia tarifaria en la coyuntura inmediata
y la convocatoria a un gran debate nacional sobre la reformulación integral de
nuestro sistema energético en el mediano y largo plazo.
Organizaciones firmantes y convocantes a la jornada de lucha del 25 de febrero:
• ATE Nacional (Asociación Trabajadores del Estado) y CTA-A
(Central de Trabajadores de la Argentina – Autónoma)
• CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía
Popular), Barrios de Pie, CCC (Corriente Clasista y Combativa), FOL (Frente de Organizaciones
en Lucha), FPDS (Frente Popular Darío Santillán) y FeNaT (Federación Nacional
Territorial).
Gremios que integran la Federación Marítima Portuaria y de la
Industria Naval
Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales, Sindicato
de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles, Sindicato de Capataces y
Estibadores Portuarios, Sindicato de Encargados Apuntadores Marítimos y Afines
de la República Argentina, Sindicato de Dragado y Balizamiento, Sindicato Único
de Serenos de Buques, Sindicato Argentino de Obreros Navales y Servicios de la
Industria Naval de la República Argentina, Sindicato de Conductores Navales de
la República Argentina, Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de
Cabotaje Marítimo, Sindicato de Trabajadores de la Industria del Hielo, Asociación
Profesional De Capitanes Y Baqueanos Fluviales, Sindicato Flota Pet. e
Hidrocarburíferos, Asociación Argentina de Capitanes y Patrones de Pesca, Centro
de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales, Sindicato Portuarios Zona Norte, SUPA
del Bajo y Delta del Paraná, Asociación de Personal de Dirección de
Ferrocarriles Argentinos, Administración General de Puertos y Puertos
Argentinos, Unión Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina, Asociación
Argentina de Empleados de la Marina Mercante.
Descargar documento Emergencia tarifaria
Descargar documento Hacia una reorganización del sistema energético nacional
