En el marco
del paro nacional, la ATE- Entre Ríos, presentó al Ejecutivo un proyecto de Ley
por el que busca establecer como derechos fundamentales y humanos la energía y
los servicios públicos.
Ante la dura
situación que atraviesan los trabajadores por el brutal ajuste que implica
tarifazos y una fuerte inflación, desde ATE Entre Ríos entregaron al gobierno
provincial una iniciativa que busca un régimen de tarifa social para el
servicio público de distribución de electricidad y de acceso al agua potable y
saneamiento básico, indicó Muntes.
En ese sentido, precisó que “el Estado provincial deberá proponer y
realizar gestiones para que el costo de la tarifa social del servicio públicos
de distribución de electricidad sean absorbido por las concesionarias; que el
sistema energético nacional se des dolarice la tarifa; y que cada una de
las partes del sistema energético nacional sea prestado por el Estado nacional,
por el Estado provincial o empresas estatales creadas a tal efecto”.
Al respecto,
explicó que el proyecto determina que para aplicar el régimen el Gobierno
deberá tener un criterio de inclusión en el beneficio, pero aclaró que para
acceder a la tarifa social se tendrán en cuenta las siguientes variables: “Ser
jubilado, pensionado o trabajador en relación de dependencia, que perciba una
remuneración bruta menor o igual a dos veces el valor de la canasta básica
total hogar tipo 1 Indec; ser trabajador monotributista inscripto
en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en dos veces el
valor de la canasta básica Indec; ser titular de programas sociales y
habitacionales provinciales, y otros; estar inscripto en el Régimen de
Monotributo Social; estar incorporado en el régimen especial de seguridad
social para empleados del servicio domestico; estar percibiendo el seguro de
desempleo o aun expirado este no se registrase con alta laboral; ser titular de
pensión vitalicia a veteranos de guerra del Atlántico Sur; contar
con el certificado de discapacidad expedido por autoridad competente;
o ser beneficiarios de nuevas viviendas sociales o adjudicatarios as de
vivienda única regularización en el marco de emergencia dictada por la
legislatura o reconocido su situación de precariedad por el Poder Judicial.
