ATE

Desde ATE entregaron al gobierno una iniciativa que busca un régimen de tarifa social para el servicio público de distribución de electricidad.

En el marco
del paro nacional, la ATE- Entre Ríos, presentó al Ejecutivo un proyecto de Ley
por el que busca establecer como derechos fundamentales y humanos la energía y
los servicios públicos.

Ante la dura
situación que atraviesan los trabajadores por el brutal ajuste que implica
tarifazos y una fuerte inflación, desde ATE Entre Ríos entregaron al gobierno
provincial una iniciativa que busca un régimen de tarifa social para el
servicio público de distribución de electricidad y de acceso al agua potable y
saneamiento básico, indicó Muntes.

En ese sentido, precisó que “el Estado provincial deberá proponer y
realizar gestiones para que el costo de la tarifa social del servicio públicos
de distribución de electricidad sean absorbido por las concesionarias; que el
sistema energético nacional se des dolarice la tarifa;  y que cada una de
las partes del sistema energético nacional sea prestado por el Estado nacional,
por el Estado provincial o empresas estatales creadas a tal efecto”.

Al respecto,
explicó que el proyecto determina que para aplicar el régimen el Gobierno
deberá tener un criterio de inclusión en el beneficio, pero aclaró que para
acceder a la tarifa social se tendrán en cuenta las siguientes variables: “Ser
jubilado, pensionado o trabajador en relación de dependencia, que perciba una
remuneración bruta menor o igual a dos veces el valor de la canasta básica
total hogar tipo 1 Indec;  ser trabajador  monotributista inscripto
en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en dos veces el
valor de la canasta básica Indec; ser titular de programas sociales y
habitacionales provinciales, y otros; estar inscripto en el Régimen de
Monotributo Social; estar incorporado en el régimen especial de seguridad
social para empleados del servicio domestico; estar percibiendo el seguro de
desempleo o aun expirado este no se registrase con alta laboral; ser titular de
pensión vitalicia a veteranos de guerra del Atlántico Sur; contar
con   el certificado de discapacidad expedido por autoridad competente;
o ser beneficiarios de nuevas viviendas  sociales o adjudicatarios as de
vivienda única regularización en el marco de emergencia dictada por la
legislatura o reconocido su situación de precariedad por el Poder Judicial.

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