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Julio Fuentes: “Es un negocio donde pierde el que pone y gana sólo el que administra”

El presidente de la CLATE realizó declaraciones
periodísticas durante la marcha por la avenida Alameda hasta la casa de Gobierno,
La Moneda, y manifestó su alegría por participar de una marcha tan multitudinaria
y contundente como fue la de este domingo pasado en todo Chile.

“Esta lucha es clave, porque es la lucha de la clase
trabajadora para que sus fondos, para que sus salarios, en definitiva para que
una parte del esfuerzo, del trabajo y de la riqueza que produce la clase
trabajadora no termine siendo arrebatada por los capitales, por los bancos y
grupos transnacionales”. Y agregó: “El sistema privado, no es un sistema de
jubilación. Es un negocio donde el que pierde es el que pone, es decir los trabajadores,
y gana el que administra. Por eso no podemos permitirlo, porque no es de
previsión y mucho menos social. El único sistema posible es el del Estado, por
la continuidad jurídica y además por un principio básico de cualquier sociedad
civilizada: Los jóvenes tenemos que sostener a nuestros viejos”.

Por último, el dirigente sindical de la confederación
manifestó: “Decimos no al sistema de jubilación privada y sí a un sistema de
reparto solidario a cargo del Estado, con control de los beneficiarios del
sistema, es decir los trabajadores”.

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ATE resiste el despido de 40 trabajadores del Hospital Pediátrico

En
ese marco, ATE no sólo denunció la situación de las familias de los
trabajadores afectados, sino también el estado de vulnerabilidad de las áreas
donde prestaban servicio.   

A
raíz del hecho y la indiferencia del Ministerio de Salud, los empleados se
afiliaron a ATE. Cabe destacar, que los jefes de servicios del Hospital
Pediátrico les han brindado todo su apoyo.

El
sindicato ya solicitó una nueva audiencia con la ministra de Salud, Mariel
Crespo, y anticipó que la semana próxima realizará medidas de fuerza para
revertir la decisión y asegurar la continuidad laboral.

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Mario Muñoz y Vicente Marti participaron de encuentros con trabajadores estatales

Una
representación del Consejo nacional de ATE mantuvo reuniones con afiliados y
delegados del sindicato en las ciudades de San Salvador, Palpalá, San Pedro y
Libertador General San Martín.

La
comitiva estuvo encabezada por el Secretario Gremial, Mario Muñoz, el de
Interior, Vicente Marti, y los dirigentes nacionales Francisco Dolman y Ernesto
Suárez.

Los
trabajadores pertenecientes al Estado nacional y las administraciones
provinciales y municipales abordaron sus problemáticas en las condiciones de
labor, obstáculos en las carreras, reencasillamientos pendientes, cuestiones
salariales, despidos y el maltrato de jefes y directores de diversas áreas.

Antes,
Mario Muñoz había participado de un encuentro entre los trabajadores
aeroportuarios y la coordinación nacional de delegados de ATE en ANAC en San
Salvador de Jujuy (ver nota en El Trabajador del Estado).    

Por
estos temas, Mario Muñoz solicitó una audiencia con el Ministro de Trabajo de
la provincia, Jorge Cabana Fusz, quien se comprometió a seguirlos de cerca y
destrabar conflictos en puerta.

Asimismo,
la representación de ATE le solicitó el envío de una circular a los intendentes
y titulares de las carteras de Hacienda y Trabajo municipales, con el objetivo
de dar a conocer cómo deben ser depositadas las retenciones por cuota sindical
según lo establecen el estatuto de la organización y las leyes vigentes.

A
la salida, los dirigentes nacionales del sindicato ofrecieron una conferencia
de prensa a medios locales.

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Ni olvido ni perdón: ATE repudia la prisión domiciliaria para genocidas

A menos de
un mes de que se cumplan diez años de la segunda desaparición forzada de Jorge
Julio López, el pasado 19 de agosto los jueces Germán Castelli y Daniel
Alejandro Esmoris del Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata concedieron la prisión
domiciliaria ex Jefe de Investigaciones de la Policía Bonaerense, Miguel
Etchecolatz.

La medida no
sólo originó el mas amplio rechazo de buena parte del campo popular y
organismos de Derechos Humanos, sino también una fuerte repercusión en los
medios de comunicación y la sociedad. Es que el juicio por el que se condenó a Etchecolatz
en 2006, y cuya sentencia incluyó por primera vez la figura de
"genocidio", fue uno de los mas resonantes tras la anulación en 2003
de las aberrantes leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

Sin embargo,
esta resolución judicial no es un hecho aislado. Desde principios de 2016, distintos
juzgados federales de todo el país concedieron el beneficio a militares y
policías enjuiciados y encarcelados por delitos de lesa humanidad. Y si bien no
hay datos oficiales, distintos organismos calculan en 50 el número de
represores que este año abandonaron la cárcel. Un número significativo en una
población de unos mil condenados y procesados alojados en cárceles comunes en
alrededor de 30 establecimientos penitenciarios de todo el país.

En este
sentido, y aun considerando la independencia de poderes que debiera regir el
sistema republicano en Argentina, los guiños del Ejecutivo a la Justicia son
mas que claros. El Gobierno de Mauricio Macri no sólo descartó apelar estas
medidas, sino que el propio jefe de Gabinete, Marcos Peña justificó: "A
priori entendemos que tiene criterio que una persona mayor esté detenida en su
casa”. Es más, ningún referente del partido gobernante salió a cruzar a los
jueces que indicaron que Etchecolatz vuelva a su casa.

A su vez,
desde la secretaría de Derechos Humanos que dirige Claudio Avruj salieron a
negar que se trate de una liberación masiva de genocidas. Al respecto, y en un
intento de compartir la culpa con el Gobierno kirchnerista, desde la Secretaría
indicaron que hasta septiembre de 2015 ya se contaban 441 represores con
prisión domiciliaria.

Por su
parte, la abogada de la familia de Julio López, Guadalupe Godoy, repudió la
decisión judicial que otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria al
represor Miguel Etchecolatz, al afirmar que "abre la puerta" para que
la mayoría de los imputados por los juicios de delitos de lesa humanidad de la
jurisdicción de La Plata "tenga el mismo destino".

 

El repudio de ATE

Conocida la
resolución judicial y fiel a su historia de defensa de los Derechos Humanos, la
Asociación Trabajadores del Estado salió inmediatamente a repudiar el beneficio
otorgado a Miguel Etchecolatz.

En el mismo
tono del Consejo Directivo Nacional de ATE, desde IDEPSALUD expresaron a través
de un comunicado: “rechazamos toda medida política, social, o judicial que vaya
en contra del esclarecimiento de las causas de lesa humanidad en nuestro país,
alentando a que los procesos judiciales, hoy frenados, retomen su curso real, y
consecuentemente; que todos los militares y civiles, actores y soportes de la
dictadura asesina, paguen hasta el último de sus días por los delitos cometidos
con la pena de prisión común y cárcel efectiva”. 

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ATE destrabó el pago del aumento salarial a becarios de salud

“El
pago de la diferencia correspondiente al aumento a los becarios de salud era un
compromiso que se venía incumpliendo. En la mesa técnica de la ley 10.430
mantenida el 8 de agosto pasado, el Ejecutivo se comprometió a pagarlo en el
transcurso de esa semana, lo que no ocurrió. En la paritaria de la ley 10.471
del 17 de agosto último, el Gobierno aseguró que el pago ya se había hecho pero
no era cierto. Este incumplimiento derivó en la posibilidad de un conflicto”,
reveló de Isasi.

“Ahora
hay que avanzar en reactivar de manera urgente el proceso de pase a planta permanente”,
advirtió el dirigente.

De
Isasi también informó que la ministra se comprometió a su vez a impulsar
políticas formativas para trabajadores. En este sentido, la funcionaria convocó
a ATE a una reunión para el martes próximo.

Vanina
Rodríguez, Secretaria Pro Gremial de ATE e integrante del equipo de salud del sindicato,
valoró el pago del aumento salarial como “un logro de nuestra organización.
Porque fue ATE quien se puso al frente del reclamo de la liquidación del
aumento a los becarios”. Añadió: “reafirmamos nuestro planteo de que no debería
haber trabajadores becarios, sino que todos deberían ser pasados a planta
permanente”.

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Ordenan violar los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes

En
Argentina, el deber de confidencialidad surge de un marco normativo formado por
la Constitución Nacional, los tratados de DDHH, normas específicas dictadas en
materia de salud y legislación penal que castiga la violación del secreto
profesional.

Es
obligación del Estado intervenir por medio de políticas públicas tendientes a
prevenir —por medio de la capacitación y difusión de criterios claros— y
sancionar a quienes afectan profundamente la dignidad y privacidad de mujeres,
niñas y adolescentes violando derechos humanos básicos.

Por
el contrario, el Municipio de Morón compromete con este accionar la
responsabilidad internacional del Estado argentino.

En
el caso “De la Cruz Flores vs. Perú”, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos resolvió que los procesos iniciados como puntapié de la violación del
secreto profesional son inválidos.

En
la Argentina, el criterio jurisprudencial es claro y está dado por los fallos
“Natividad Frías” y “Baldivieso”, que definen la nulidad de todo lo actuado y absuelven
a los imputados, pues el interés público en investigar un delito ya consumado,
no configura razón suficiente que habilite a romper con la obligación de
guardar secreto. Nunca se puede justificar someter a las mujeres al inhumano
dilema de solicitar auxilio médico en instituciones públicas o enfrentarse con
la muerte o la cárcel. Por otra parte, el ejercicio de un cargo público no
releva de su cumplimiento: una interpretación contraria es inconstitucional por
enfrentarse al deber de igualdad y no discriminación.

Si
bien la violación del secreto profesional es un gravísimo atentado contra los
derechos humanos de las mujeres que abortan en nuestro país, existen
consecuencias aún más graves derivadas de las creencias y prejuicios
enquistados en nuestra sociedad y de la implementación de reglas contrarias a
derecho como la que se lleva adelante en Morón. Un claro ejemplo ha sido la
tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes a los cuales se sometió a
Belén en la Provincia de Tucumán que ha puesto los ojos de la comunidad
internacional sobre la Argentina.

Por
otra parte, el inicio de actuaciones judiciales en delitos de abuso sexual es
de instancia privada. Por lo tanto la única persona habilitada a hacer una
denuncia es la víctima de ese delito. La obligación del sistema de salud es
brindar atención médica a estas personas respetando su intimidad y
confidencialidad.

El
área de Salud del IDEP exige al Municipio de Morón la inmediata revisión de
este hecho en conjunto con acciones claras y concisas para reparar este
daño, así como investigar y determinar la responsabilidad, y sancionar a
aquellos funcionarios públicos que hayan sido los promotores de esta nefasta
orden.

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Jornada de salud laboral en San Antonio Oeste

Durante
la jornada, se socializaron conocimientos y experiencias, en marcados en un
desarrollo histórico  del marco político y de correlaciones de fuerza que
se manifiestan en las condiciones concretas de trabajo, como en el desarrollo
de las disciplinas que analizan la salud de los trabajadores.

Posteriormente
se proyectó el documental “Río IV, tragedia y organización de los trabajadores”,
que fue analizado por el colectivo.

En
la segunda parte de la jornada, se repasó la legislación vigente, en
particular la ley nacional de higiene y seguridad, y la de riesgos del trabajo.

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María Alvez, la del río y la lucha

"Me
llamo María. Cuando era pequeña, un día con mi padre, Juan, un hombre de muy
pocas palabras y de muchos ejemplos, cruzamos un pequeño arroyo para llegar a
un río. Allí teníamos una canoíta con la cual llegar a la isla que por cierto
se llamaba San Lucas, donde vivíamos con mi familia. La noche anterior había
llovido y el agua se llevó la pequeña pinguela (puente rústico) del arroyo; mi
padre volteó un árbol con su hacha para que pasáramos por encima del mismo y como
yo tenía miedo, él me dijo: “en la vida vas a tener que ser árbol para servir
de pinguela para otros, para eso te enseño a nadar si caes al agua; no tengas
miedo, aquí estoy, te voy a tender mi mano si veo que caes; andá,
atravesálo”. 

 

Puerto
Azara es un colorido pueblito de frontera en el sur de Misiones. Desde sus
orillas, se observa el paso misterioso del río Uruguay y del otro lado, el
Brasil enseña sus selváticos contornos. Es tierra de paz, donde la naturaleza
ofrece sustento y encantos. Aquí vive María Alvez. Isleña, madre, trabajadora,
contadora de historias, enfermera, agricultora, luchadora, mujer. Pero antes de
vivir en Puerto Azara, María vivió sus primeros 18 años en la isla San Lucas,
un terruño de monte y ribera sobre el río Uruguay. "En la isla vivíamos en
comunidad. Todos criábamos animales, plantábamos, había muchas frutas, se
pescaba mucho, en fin, abundancia. No usábamos dinero y todo se compartía. Como
no había electricidad, por ejemplo cuando se faenaba un chancho había que repartirlo
entre la mayor cantidad de vecinos. Éramos muy unidos y había muchas fiestas
populares" recuerda María. 

 

Sin
embargo, en 1983, una gran inundación los obligó al éxodo definitivo. Fue
entonces que con lo poco que pudieron  rescatar, los pobladores de San
Lucas se instalaron en lo que hoy es Puerto Azara. "Hubo que empezar de
cero. El lugar no tenía sala de salud siquiera. Tuvimos que asentarnos primero,
y luego empezar a luchar para conseguir lo que necesitábamos. Estudié
enfermería y me convertí en la primera enfermera del pueblo. Me dieron la llave
de la salita de salud en 1989, sin agua potable, básica. Hice de todos, hasta
asistencia de partos porque acá estamos a 10 kilómetros de la ruta y por camino
de tierra. Peleamos y muchos años después conseguimos un centro de salud
mejor".

 

 Esa
lucha aún sigue. "En el medio, tuvimos que luchar para no desaparecer como
pueblo" cuenta María. Cuando dice "luchar para no desaparecer",
está siendo literal. Es que Puerto Azara, es uno de los 30 pueblos costeros de
Misiones que desaparecería del mapa si se concretase el proyecto hidroeléctrico
Garabí, un emprendimiento binacional que hasta el 2015 era prioritario en las
agendas de los gobiernos federales de Argentina y Brasil. Fue María, impulsora
de la Mesa Provincial No a las Represas, que hoy reúne a más de 50
organizaciones.

 

"Cuando
nos enteramos que el proyecto avanzaba, que ya estaban las empresas trabajando
en la zona y demás, decidí ir a buscar ayuda, porque sabía que se venía una
pelea grande. Así fue que llegué a ATE. Conocí compañeras y compañeros que
escucharon nuestra preocupación. Me organicé en ATE para defender mi tierra,
terminé siendo delegada y hoy soy secretaria general de la Seccional Zona
Sur" cuenta María. 

 

Desde
que es parte de ATE, María participó de numerosas batallas. Una de las más
importantes fue la organización de la gran Consulta Popular sobre Represas, una
gesta que movilizó a 120 mil personas que le dijeron No a la represa de Garabí.
"Esa consulta fue histórica. Conseguimos que el gobierno escuchara el
clamor de la gente y eso fue fundamental para desactivar el proyecto. Salvamos
nuestro pueblo, pero seguimos alerta" dice María. 

 

Y
la lucha, entiende María, en una provincia con semejante desigualdad social,
siempre sigue. Los vecinos organizados de Puerto Azara consiguen abrir una
escuela secundaria para que sus hijos no tengan que abandonar el pueblo para
estudiar. Lo hacen a través de un acuerdo con la Fundación Marcial de
Lorenzana. Recuerda María: “Nos preocupa que nuestros hijos no tengan una
escuela secundaria y deban abandonar el pueblo. Hace uno años conseguimos la
escuela en el pueblo, un sueño para toda la comunidad, pero la burocracia del
Estado terminó cerrando la escuela y truncando ese sueño. Aún no tenemos
escuela secundaria y nuestros jóvenes o no estudian o se ven forzados al éxodo
y el desarraigo. Además sigue  la pelea por la educación y por la tenencia
de la tierra, dado que el 90% de los habitantes de Puerto Azara vivimos hace
más de veinte años en un lote fiscal que de acuerdo a normativas vigentes ya
debiera haber sido mensurado y entregado a cada familia con su correspondiente
escritura pero aún así no tenemos título" sostiene la compañera. 

 

Para
María, otra sociedad es posible y necesaria. "Vivimos en una provincia
donde unos pocos lo tienen todo y los demás nada. Donde importamos yerba mate
pero al tarefero se le pagan miserias, donde tenemos esclavos trabajando, tanto
en el Estado como en el sector privado, donde la tierra no le pertenece a la
que la trabaja, donde cada día se vulneran los derechos de las mujeres y los
niños, donde se está destruyendo la poca naturaleza que nos queda. Por eso es
nuestra obligación luchar, no tenemos opción, es lo que tenemos que hacer para
transformar las cosas y dejar una provincia, un país y un mundo mejor a los que
vienen". 

 

 

* Por Sergio Alvez. Artículo publicado en la edición
impresa de El Trabajador del Estado Agosto 2016

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ATE ANAC crece en el Aeropuerto de Jujuy

Tras una reunión
el día miércoles 17 de agosto, los trabajadores del Aeropuerto de San Salvador
de Jujuy comprometieron su participación en la Coordinación Nacional de ATE
ANAC (Agencia Nacional de Aeronavegación Comercial), espacio que promueve el
CDN con miras al fortalecimiento de las demandas de los compañeros en el sector.

“Celebramos
la apertura que están llevando adelante los compañeros de la Coordinación
Nacional”, afirmó luego del encuentro Luis Hurtado, trabajador de la Dirección
de Inspecciones del aeropuerto jujeño. “Están dadas las condiciones para
participar activamente. El objetivo es el de crecer en lo gremial, para así
consolidar nuestras demandas ante la patronal”, lanzó.

En
representación de la Coordinación Nacional de ATE ANAC viajaron a la provincia
del NOA Fernando Gatica (San Luis) y Marcelo Beleli (Ezeiza). Este último expresó:
“Esperamos que surja un proceso de mayor participación de los compañeros, donde
se convoque a asambleas regularmente. Esta es la única forma de alcanzar un ATE
fuerte dentro del aeropuerto”. En esta línea, informaron que en las próximas
semanas se darán a conocer nuevas fechas para la elección de delegados en el aeródromo
jujeño.

En este
sentido, el delegado de ATE ANAC en el aeropuerto bonaerense de Ezeiza,
sentenció: “Se deja atrás una etapa negativa en la que fueron traicionados los
intereses de los trabajadores”.

“Necesitamos
la unidad de todos los compañeros”, aseveró Gatica, delegado de ATE ANAC en San
Luis, y agregó: “Ya somos el gremio mayoritario, pero cada día tenemos que
salir a convencer a los compañeros de que ATE es su lugar de representación”.