A menos de
un mes de que se cumplan diez años de la segunda desaparición forzada de Jorge
Julio López, el pasado 19 de agosto los jueces Germán Castelli y Daniel
Alejandro Esmoris del Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata concedieron la prisión
domiciliaria ex Jefe de Investigaciones de la Policía Bonaerense, Miguel
Etchecolatz.

La medida no
sólo originó el mas amplio rechazo de buena parte del campo popular y
organismos de Derechos Humanos, sino también una fuerte repercusión en los
medios de comunicación y la sociedad. Es que el juicio por el que se condenó a Etchecolatz
en 2006, y cuya sentencia incluyó por primera vez la figura de
"genocidio", fue uno de los mas resonantes tras la anulación en 2003
de las aberrantes leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

Sin embargo,
esta resolución judicial no es un hecho aislado. Desde principios de 2016, distintos
juzgados federales de todo el país concedieron el beneficio a militares y
policías enjuiciados y encarcelados por delitos de lesa humanidad. Y si bien no
hay datos oficiales, distintos organismos calculan en 50 el número de
represores que este año abandonaron la cárcel. Un número significativo en una
población de unos mil condenados y procesados alojados en cárceles comunes en
alrededor de 30 establecimientos penitenciarios de todo el país.

En este
sentido, y aun considerando la independencia de poderes que debiera regir el
sistema republicano en Argentina, los guiños del Ejecutivo a la Justicia son
mas que claros. El Gobierno de Mauricio Macri no sólo descartó apelar estas
medidas, sino que el propio jefe de Gabinete, Marcos Peña justificó: "A
priori entendemos que tiene criterio que una persona mayor esté detenida en su
casa”. Es más, ningún referente del partido gobernante salió a cruzar a los
jueces que indicaron que Etchecolatz vuelva a su casa.

A su vez,
desde la secretaría de Derechos Humanos que dirige Claudio Avruj salieron a
negar que se trate de una liberación masiva de genocidas. Al respecto, y en un
intento de compartir la culpa con el Gobierno kirchnerista, desde la Secretaría
indicaron que hasta septiembre de 2015 ya se contaban 441 represores con
prisión domiciliaria.

Por su
parte, la abogada de la familia de Julio López, Guadalupe Godoy, repudió la
decisión judicial que otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria al
represor Miguel Etchecolatz, al afirmar que "abre la puerta" para que
la mayoría de los imputados por los juicios de delitos de lesa humanidad de la
jurisdicción de La Plata "tenga el mismo destino".

El repudio de ATE

Conocida la
resolución judicial y fiel a su historia de defensa de los Derechos Humanos, la
Asociación Trabajadores del Estado salió inmediatamente a repudiar el beneficio
otorgado a Miguel Etchecolatz.

En el mismo
tono del Consejo Directivo Nacional de ATE, desde IDEPSALUD expresaron a través
de un comunicado: “rechazamos toda medida política, social, o judicial que vaya
en contra del esclarecimiento de las causas de lesa humanidad en nuestro país,
alentando a que los procesos judiciales, hoy frenados, retomen su curso real, y
consecuentemente; que todos los militares y civiles, actores y soportes de la
dictadura asesina, paguen hasta el último de sus días por los delitos cometidos
con la pena de prisión común y cárcel efectiva”.