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Aumento salarial a municipales de Choele Choel

El sindicato
destacó este incremento alcanzado, porque “tendrá un importante impacto en los
salarios de la totalidad de los empleados municipales y el entendimiento
permitirá revisar a mitad de año el proceso inflacionario en la provincia”.

Las partes
acordaron un aumento, incorporado al ingreso básico, del 20% y un monto de
1.000 pesos para la totalidad de los empleados, generando un incremento
promedio del 30% y alcanzando un alza del 44% para las categorías más bajas. El
acta firmada por las partes estipula que el aumento se liquidará en dos tramos:
10% con los haberes de febrero y 10% en junio. Del mismo modo, el monto fijo se
dividirá en dos pagos: 750 pesos en marzo y los 250 pesos restantes en mayo.

El sindicato
también logró que la suma fija acordada sea ajustable, por lo tanto será tenida
en cuenta para calcular futuros incrementos y el pago de los sueldos anuales
complementarios, ya que ésta era una de las principales exigencias de la
asamblea para poder aceptar la propuesta final.

 

Educación: ATE logró la cancelación
de 25.000 horas extras

Finalmente y
luego de la intervención de la Justicia, la ATE recuperó el diálogo con la
Ministra de Educación de la provincia, Mónica Silva.  El sindicato valoró el encuentro como
positivo y logró precisiones sobre la cancelación de 25.000 horas suplementarias
adeudadas a porteras y porteros de escuela. El referido pago suma 1 millón de
pesos y corresponde a la cancelación del trabajo extraordinario realizado
durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, siendo cancelado con el
cobro de este mes.

La entidad
sindical también obtuvo una respuesta favorable sobre el pedido de la firma de
contratos para el nuevo personal ingresado en varias Coordinaciones Zonales de
la provincia, fundamentalmente en el Alto Valle, y el pago retroactivo desde el
inicio de la prestación de servicios.

Desde ATE se
plantearon más de 15 demandas del sector no docente que depende de la referida
cartera de Gobierno, dentro de los que se encuentra la jerarquización salarial
del personal de servicio de apoyo y administrativo, el derecho al receso
invernal, el pago de movilidad, la falta de personal en las escuelas, la
modificación del orden en el cronograma de haberes, reconocimiento de
responsabilidades en escuelas rurales y para operarios de chacra, entre otros.

El
Ministerio se comprometió a evaluar cada uno de los pedidos y luego se acordó
dar continuidad a las negociaciones durante los próximos días, planteando un
próximo encuentro con la presencia de los representantes sindicales de ATE de
los establecimientos educativos de todas las regiones de la provincia.

 

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ATE acordó 3.600 pesos en marzo y una recomposición del 22% hasta julio

Dentro de ese mismo acuerdo el gobernador provincial, Omar Gutiérrez, se comprometió personalmente a que la primera semana de julio próximo se reabrirá la mesa para discutir una nueva recomposición salarial para todos los sectores.

Tras este compromiso el secretario general de la ATE- Neuquén, Carlos Quintriqueo, expresó que “le arrancamos al gobernador el compromiso de discutir una nueva recomposición en la primera quincena de julio de este año”.

El acta firmada hoy en casa de Gobierno incluye un párrafo especialmente solicitado por la conducción de ATE para que el gobierno cite a “los compañeros docentes a una reunión para atender sus reclamos”.

También quedó establecido que se convoque a la CIAP (Comisión de Interpretación y Autocomposición Paritaria) para que rápidamente se avance en determinar una recomposición salarial para los otros escalafones del Estado.

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CONICET: Trabajadores movilizados y en asamblea permanente

“Entendemos que estas acciones se encuentran en el marco de una
política de ajuste hacia el conjunto de los trabajadores, y por lo tanto las
respuestas  deben ser orientadas a construir una mayor unidad y salidas
colectivas.  Reconocemos a la precarización laboral que sistemáticamente se
viene denunciando a lo largo de estos años como una condición que favorece y
allana el camino para la aplicación de estas políticas de achicamiento”,
expresaron los compañeros por medio de un comunicado. 

En ese marco los trabajadores
resolvieron:
– Instar
a los directivos  de los Institutos, Centros de Investigación y Unidades
Ejecutoras, como así también al Directorio del CCT Rosario a pronunciarse
claramente en defensa de todos los puestos de trabajo, la continuidad laboral
de los trabajadores contratados  y la necesidad del Pase a Planta
Permanente de los mismos.

– Realizar un petitorio para buscar adhesiones en el conjunto de
los trabajadores apoyando el reclamo en defensa de los puestos de trabajo, la
apertura de paritarias y la materialización de un Convenio Colectivo de
Trabajo, Pase a Planta, Recomposición Salarial, Efectivización de las becas
otorgadas y los Ingresos a Carrera. Derechos Laborales para Becarias/os.
Régimen Jubilatorio Igualitario.

– Avanzar hacia una Jornada en el marco del día del Investigador
Científico (10 de Abril), y coordinarla a nivel nacional.

– Solicitar la comunicación a los compañeros de la condición en la
que se encuentra sus contratos.

– Repudiar las políticas de ajuste en el Estado, las constantes
campañas de estigmatización y hostigamiento hacia los trabajadores.

Rechazar
las declaraciones
del
actual presidente del CONICET,
Alejandro
Cecatto
en relación a la inviabilidad del mismo y enfatizar nuestra
decisión de no permitir ningún despido en el Organismo ni  reducción
 en los ingresos a Carrera y otorgamiento de becas.

– Denunciar y repudiar las prácticas extorsivas y patoteriles
hacia compañeras y compañeros por parte de un delegado de UPCN que instaba a
afiliarse a cambio de mantener los puestos de trabajo, vaticinando despidos
para el mes de marzo sin mencionar de dónde obtuvo la información. Estas
actitudes de sembrar el miedo con fines mezquinos no solo son repudiables sino
coherentes con los representantes de la burocracia sindical propatronal que se
disfraza de garante de los derechos de los trabajadores.

Esta Asamblea se declara en estado de asamblea
permanente
y se
avanzará en las medidas necesarias en el caso que no se garantice la
continuidad laboral de los compañeros luego del 31 de Marzo.

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Se agudiza el conflicto previsional y los estatales van hoy un paro general

Un gran descontento atraviesa el ánimo de los trabajadores
fueguinos desde el 8 de enero, cuando entre gallos y medias noches la Legislatura
votó la ley 1068, a pedido de la Gobernadora Rosana Bertone, del Frente para la
Victoria.

El texto declara la emergencia del sistema previsional por dos años
-prorrogables por otros dos, a partir de los que se les imponen a los
trabajadores un aporte “solidario” que va desde el 1% para menores de 45 años,
del 3% para trabajadores de entre 45 y 50 años, y del 4,5% para los mayores de
50. Asimismo, los jubilados con haberes de más de 40 mil pesos deben aportar
hasta un máximo del 15% y se elimina el 82% móvil.

La reforma de la ley 561,
en tanto, e
leva la edad jubilatoria de los hombres en
cinco años y de las mujeres en diez, y la cantidad de años de aporte de 25 a 30,
debiendo cumplir el futuro jubilado con los dos requisitos.

El lunes pasado los estatales se movilizaron a
la apertura de sesiones ordinarias
para solicitarle a la gobernadora Bertone
una reunión que fue denegada. En cambio, los trabajadores lograron que ayer al
mediodía sean recibidos por los presidentes de los bloques legislativos.

En esa reunión, los dirigentes sindicales exigieron la
convocatoria a comisión para crear un dictamen que derogue la batería de leyes
reformistas. De acuerdo al testimonio de los presentes, el legislador Federico
Bilota del Frente para la Victoria manifestó que su bloque no lo suscribiría.
En consecuencia, los sindicalistas permanecieron pacíficamente en la
legislatura hasta la media noche. “No habrá paz social”, manifestaron.
 

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Lo primero no es la salud

Trabajadores del Ministerio de Salud de la Nación denunciaron
nuevos despidos y la paralización de programas de atención primaria, todo en
medio de la emergencia sanitaria declarada por la Organización Mundial de la
Salud (OMS). “Estamos en una situación muy crítica a nivel regional y nacional
por el dengue y el zika, y el ministerio tiene 40 camiones sanitarios y más de
20 camionetas para este tipo de situaciones que están parados”, sostuvo a
Página/12 Héctor Carrica, delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado
(ATE). Además, el dirigente contó que los últimos empleados desvinculados
fueron despedidos por el director del área de salud mental, Andrew Blake, que
asumió hace dos meses pero todavía no fue designado. “Esta persona ejerció mucho
maltrato laboral con nuestros compañeros, además de violar dos artículos de la
legislación penal”, agregó Carrica. Los programas de atención sanitaria que
dejaron de funcionar habían llevado adelante el año pasado 270 operativos en 42
municipios, donde atendieron a 64.700 personas, en zonas vulnerables y
situaciones de emergencia como inundaciones y epidemias.

El lunes pasado, 1300 trabajadores del Ministerio de Salud
perdieron sus puestos de trabajo al caducar los convenios por universidad que
no fueron renovados por la actual gestión. Estos despidos significan el
desmantelamiento de áreas que se encargan del abordaje territorial y que se
encuentran sin funciones desde diciembre, como la Dirección Nacional de Salud
Mental y Adicciones, los programas de Organización Comunitaria, Cuidarse en
Salud, Promoción Comunitaria en Salud, y la Dirección Nacional de Salud
Bucodental, entre otros. Por ese motivo y para exigir al titular de la cartera
que garantice la permanencia de los puestos de trabajo, los trabajadores
realizaron el lunes una “permanencia pacífica” en la sede del Ministerio. La
protesta fue levantada cuando el ministro mostró una nota elevada al jefe de
Gabinete, Marcos Peña, para solicitar que se renueven esos contratos. “Por
supuesto que a nosotros esto no nos da ninguna seguridad, por lo que seguimos
movilizados por esos compañeros y por los 113 despidos que ya se hicieron
efectivos”, dijo Carrica. Además, el dirigente sindical relató que mientras se
realizaba la “permanencia”, el todavía por designar director Blake despidió a
más de 40 trabajadores, por lo que adelantó que ATE lo denunciará penalmente.

Una de las áreas más afectadas es la Dirección Nacional de
Maternidad e Infancia, dedicada a atender a mujeres embarazadas y recién
nacidos para prevenir enfermedades y combatir la mortalidad infantil. También
fue afectado el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.
“Ellos dicen que como son antiabortistas, la cuestión de la educación sexual no
les compete. Cuando asumió el ministro Jorge Lemus había muchísimos materiales
editados para trabajar en escuelas y su gestión frenó la distribución”,
manifestó Carrica, quien consideró “un error gravísimo” llevar adelante “una
política de despidos en el marco de una emergencia sanitaria de esta magnitud”.

La dirigente de ATE Graciela Ríos, por su parte, destacó con
preocupación “los valiosos recursos que se desperdician con esta parálisis” del
organismo. “Todos los profesionales, técnicos y empleados fueron capacitados
por el Estado y hoy no pueden trabajar”, amplió Ríos, que además contó que “por
lo menos 500 vacunas ya se perdieron por no ser aplicadas”. La referente
también resaltó que los programas que dejaron de funcionar, en 2015,
permitieron aplicar 13.000 dosis de vacunas, entregar 7000 pares de anteojos,
realizar 1525 estudios de imágenes y brindar talleres de promoción y prevención
a 12.000 personas de todos el país. “Además se trabajaba de manera permanente
en la villa 1-11-14, la 21-24, el barrio Zavaleta, entre muchas otras zonas que
era necesario reforzar la atención”, agregó.

Tanto Ríos como Carrica coincidieron en señalar que la nueva
gestión manifestó que el ministerio dejará de brindar asistencia sanitaria,
para pasar a cumplir “exclusivamente funciones rectoras”. “La situación es
dramática porque por un lado, tenemos compañeros que se quedan sin trabajo, y
por el otro familias que se quedan sin un servicio imprescindible”, concluyó
Carrica.

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Procesan penalmente a dirigentes de ATE

Roberto Macho, Secretario General de ATE Mendoza, expresó que
la medida “es un avasallamiento más al derecho de huelga. Nunca se ha visto en
una época democrática que imputen a trabajadores o a dirigentes gremiales por
hacer una movilización”. 

El mismísimo Gobernador Alfredo Cornejo fue quien se presentó
ante la Fiscal de Instrucción Nº 3 de Mendoza, Orieta Chaler, para denunciar a
los dirigentes gremiales por la interrupción del tránsito sobre la avenida
Peltier durante la marcha de protesta del paro nacional de ATE del 24 pasado.

Chaler decidió entonces procesarlos por violar (supuestamente)
el artículo 194 del código penal, que castiga con tres meses a dos años de
prisión excarcelable a quien entorpeciera la circulación del transporte por
tierra.

“Es la primera vez que en la provincia de Mendoza se produce
una imputación penal por una movilización masiva de trabajadores”, manifestó en
tanto Raquel Blas.

No obstante el acto de amedrentamiento, los trabajadores
decidieron volver a las calles el lunes pasado para protestar contra la
política salarial docente, actividad que fue acompañada de un paro general en
toda la provincia.

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Solidaridad con los compañeros bancarios

Igual que
los trabajadores estatales, los bancarios sufren una ola de despidos propiciada
por el gobierno nacional. Tales son los casos de los 47 cesanteados del Banco
Central y 7 del Banco Provincia.

Ante esto, mientras
el presidente Mauricio Macri se encontraba realizando la apertura de sesiones
en el Congreso, fuerzas de seguridad interceptaron la columna de los
trabajadores movilizados  en reclamo de la
reincorporación de todos los despedidos.

En la
intersección de Cerrito y Avenida de Mayo, un fuerte operativo policial embistió
contra los manifestantes con palos y gas pimienta. Buscaron llevarse detenidos
pero los militantes gremiales lograron preservar a todos los participantes de
la protesta.

La
solidaridad de ATE está circunscripta en futuras medidas de fuerza, igual que
el anuncio por parte de La Bancaria, de no surgir una solución inmediata a los
conflictos.

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Marcha grande contra la reforma previsional de Rosana Bertone

Una
nutrida columna de estatales integró una masiva movilización de trabajadores
fueguinos que protestó frente a Legislatura provincial, donde la Gobernadora
Rosana Bertone inauguraba las sesiones ordinarias. ATE había decretado un paro
de 24 horas.

“Esta
lucha que llevan adelante ustedes como trabajadores provinciales y municipales
es en verdad una lucha de carácter nacional. Porque el ajuste no conoce de
fronteras: el ajuste de Bertone es el mismo que impulsan todos los intendentes,
gobernadores y el presidente de la Nación”, manifestó a los trabajadores Mario
Muñoz, acompañado del dirigente nacional Darío Orellano.

Carlos
y Marcelo Córdoba, Secretario General del Consejo provincial y titular de la
seccional Río Grande, respectivamente, le explicaron a El Trabajador del Estado
los alcances de la reforma de Bertone que tanta oposición encuentra en los
trabajadores.

 

Ley 1068

Declara la supuesta emergencia del sistema previsional por dos
años, prorrogables por otros dos, a partir de los que se le imponen a los
trabajadores un aporte “solidario” que va desde el 1% para menores de 45 años, del
3% para trabajadores de entre 45 y 50 años, y del 4,5% para los mayores de 50.

Asimismo los jubilados con haberes de más de 40 mil pesos,
también deben aportar hasta un máximo del 15%.

Entre otros perjuicios, elimina el 82% móvil, ya que los
aumentos para los jubilados quedarán reducidos al arbitrio del Ejecutivo dos veces
al año.

 

Reforma
de la Ley 561 (Sistema Previsional)

Eleva la edad jubilatoria de los hombres en 5 años y de las
mujeres en 10 años, y la cantidad de años de aporte de 25 a 30 años debiendo
cumplir, el futuro jubilado, con los dos requisitos. En este sentido, si una
persona ingresa a la administración pública con 20 años, al cumplir 50 ya
tendría los 30 años de aportes exigidos, pero no se podría jubilar porque no
tiene los 60 años. Es decir, deberá donar durante una década sus aportes al
nuevo sistema creado por el gobierno.

 

Leyes 1070 y 1071

Crean por separadas las cajas de previsión social y
asistencial respectivamente, y pone en cabeza del presidente de ambas las
responsabilidades del sistema.

 

Hoy al mediodía, los presidentes de los bloques
parlamentarios recibirían a los trabajadores, cuyas expectativas no son magras:
en Río Grande, los concejales aprobaron
por unanimidad el rechazo a la adhesión al Fondo Solidario.