Trabajadores del Ministerio de Salud de la Nación denunciaron
nuevos despidos y la paralización de programas de atención primaria, todo en
medio de la emergencia sanitaria declarada por la Organización Mundial de la
Salud (OMS). “Estamos en una situación muy crítica a nivel regional y nacional
por el dengue y el zika, y el ministerio tiene 40 camiones sanitarios y más de
20 camionetas para este tipo de situaciones que están parados”, sostuvo a
Página/12 Héctor Carrica, delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado
(ATE). Además, el dirigente contó que los últimos empleados desvinculados
fueron despedidos por el director del área de salud mental, Andrew Blake, que
asumió hace dos meses pero todavía no fue designado. “Esta persona ejerció mucho
maltrato laboral con nuestros compañeros, además de violar dos artículos de la
legislación penal”, agregó Carrica. Los programas de atención sanitaria que
dejaron de funcionar habían llevado adelante el año pasado 270 operativos en 42
municipios, donde atendieron a 64.700 personas, en zonas vulnerables y
situaciones de emergencia como inundaciones y epidemias.
El lunes pasado, 1300 trabajadores del Ministerio de Salud
perdieron sus puestos de trabajo al caducar los convenios por universidad que
no fueron renovados por la actual gestión. Estos despidos significan el
desmantelamiento de áreas que se encargan del abordaje territorial y que se
encuentran sin funciones desde diciembre, como la Dirección Nacional de Salud
Mental y Adicciones, los programas de Organización Comunitaria, Cuidarse en
Salud, Promoción Comunitaria en Salud, y la Dirección Nacional de Salud
Bucodental, entre otros. Por ese motivo y para exigir al titular de la cartera
que garantice la permanencia de los puestos de trabajo, los trabajadores
realizaron el lunes una “permanencia pacífica” en la sede del Ministerio. La
protesta fue levantada cuando el ministro mostró una nota elevada al jefe de
Gabinete, Marcos Peña, para solicitar que se renueven esos contratos. “Por
supuesto que a nosotros esto no nos da ninguna seguridad, por lo que seguimos
movilizados por esos compañeros y por los 113 despidos que ya se hicieron
efectivos”, dijo Carrica. Además, el dirigente sindical relató que mientras se
realizaba la “permanencia”, el todavía por designar director Blake despidió a
más de 40 trabajadores, por lo que adelantó que ATE lo denunciará penalmente.
Una de las áreas más afectadas es la Dirección Nacional de
Maternidad e Infancia, dedicada a atender a mujeres embarazadas y recién
nacidos para prevenir enfermedades y combatir la mortalidad infantil. También
fue afectado el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.
“Ellos dicen que como son antiabortistas, la cuestión de la educación sexual no
les compete. Cuando asumió el ministro Jorge Lemus había muchísimos materiales
editados para trabajar en escuelas y su gestión frenó la distribución”,
manifestó Carrica, quien consideró “un error gravísimo” llevar adelante “una
política de despidos en el marco de una emergencia sanitaria de esta magnitud”.
La dirigente de ATE Graciela Ríos, por su parte, destacó con
preocupación “los valiosos recursos que se desperdician con esta parálisis” del
organismo. “Todos los profesionales, técnicos y empleados fueron capacitados
por el Estado y hoy no pueden trabajar”, amplió Ríos, que además contó que “por
lo menos 500 vacunas ya se perdieron por no ser aplicadas”. La referente
también resaltó que los programas que dejaron de funcionar, en 2015,
permitieron aplicar 13.000 dosis de vacunas, entregar 7000 pares de anteojos,
realizar 1525 estudios de imágenes y brindar talleres de promoción y prevención
a 12.000 personas de todos el país. “Además se trabajaba de manera permanente
en la villa 1-11-14, la 21-24, el barrio Zavaleta, entre muchas otras zonas que
era necesario reforzar la atención”, agregó.
Tanto Ríos como Carrica coincidieron en señalar que la nueva
gestión manifestó que el ministerio dejará de brindar asistencia sanitaria,
para pasar a cumplir “exclusivamente funciones rectoras”. “La situación es
dramática porque por un lado, tenemos compañeros que se quedan sin trabajo, y
por el otro familias que se quedan sin un servicio imprescindible”, concluyó
Carrica.
