“Yo
soy un profesional del apriete”, solía decir José Luis Blanco, uno de los doce
hombres que Guillermo Moreno empleaba como fuerza de choque en el Mercado
Central o en las marchas a Plaza de Mayo del 24 de marzo y que, a partir de
enero de 2007, se constituyó en el director de Encuesta de Grandes Empresarios
del INDEC.
Poco
importaba no haber concursado o no contar con conocimientos técnicos para la
tarea, porque la función que le encomendó Moreno era ser un eslabón más en la
cadena de tergiversación de las mediciones estadísticas y apriete a los
trabajadores de ATE que se oponían a tales maniobras. Otros dos apósteles
también cumplieron tareas en el organismo a partir de la intervención: Rubén Zampino y Hernán Brahim, quienes después
fueron removidos.
A pocas de semanas de la asunción de un nuevo gobierno,
Blanco se incorporó a única lista de candidatos a delegados por UPCN en el
instituto. Obtuvo de esta manera la inmunidad gremial que lo resguarda ante
eventuales cambios en el personal “político”, que desde 2007 ha robustecido la
planta en un 25%.
Otros afiliados integrantes de esta lista han sido
complacientes con la intervención, facilitándole datos reservados para
modificar la verdad sobre los índices de inflación, pobreza e indigencia. Han
seguido los pasos de Beatríz Paglieri o de Ana María Edwin, quien pasó de ser
directora de Recursos Humanos a directora del organismo.
Más
de 200 trabajadores fueron removidos de sus tareas. Otros lo hicieron por
voluntad propia, aunque determinados por la presión ejercida por la intervención.
Hubo jubilaciones compulsivas y recortes de salarios. ATE exige su
reincorporación en cada abrazo al edificio, como el que se realizará el viernes
próximo a las 13.