Aguiar es
imputado por “entorpecimiento de los servicios públicos” por la justicia
federal, luego de encabezar cortes de rutas el 8 de agosto de 2013 en Río
Colorado y en el puente que une Cipolletti y Neuquén el 3 de diciembre del
mismo año. Gamarra y Fernández son criminalizados por el poder judicial
provincial.
Estas
protestas buscaban visibilizar la crítica situación de los trabajadores en Río
Negro, provincia en la cual hay más de 6.000 trabajadores contratados y
precarizados, que apenas ganan 4700 pesos. De este total, 600 son becados que
perciben un salario de 2600 pesos. Cabe recordar que estos empleados no cuentan
con obra social, aportes jubilatorios, ni ART. A esto se suma que en Río Negro
no se llama a paritarias y tampoco se respetan los convenios colectivos.
La causa
contra el dirigente es una violación a los derechos humanos porque se irrespeta
el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y la Declaración Universal de
los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Entre los
varios puntos que refiere el 14bis, se encuentra establecido claramente la
“organización sindical libre y democrática”. De esta manera, un derecho
histórico, obtenido a través de décadas de lucha, como el derecho de huelga
queda relegado.
En un
artículo de diciembre de 2011 publicado en el diario Página/12, Alejandro
Alagia, profesor titular de Derechos Penal de la Universidad de Buenos Aires
(UBA), explica que con la aplicación de la ley Anterrorista “lo que produce
escalofrío es el mayor castigo por meras disposiciones internas” que un juez
“observa como síntomas de un potencial enemigo”. Alagia advierte que con esta normativa se
retrotrae al “viejo peligrosismo racista” que impulsa sólo “una minoría
fundamentalista del castigo tiene a esta doctrina por verdadera”.
Alagia
también alerta que la ley Antiterrorista es una “grave habilitación de más
trato cruel” que “la sufrirán grupos vulnerables de la población sin que se
afecte en lo más mínimo el lavado de dinero o la financiación del terrorismo”.
En un
comunicado del Comité de Acción Jurídica (CAJ), organismo miembro de la
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), difundido en 2011, se
señala que se está violando la “legítima movilización de la sociedad”, derechos
estipulado en el derecho internacional. “Si un gobierno puede acusar de ‘terrorista’
a quien tenga esta conducta legítima –remarca el CAJ-, estamos a las puertas de
la ausencia del Estado de derecho”.
El Comité
además indica que cuando la normativa refiere al término “aterrorizar a la
población”, cae en una “explicación ambigua en la ley que da lugar a la
interpretación que se le antoje al poder de turno ante la protesta opositora”.
El CAJ
recuerda que “no es ningún delito protestar, manifestar en las calles o exigir
al Estado que haga o deja de hacer lo que cualquier ciudadano estime exigible o
criticable”.
El caso de
Aguiar es una demostración de la criminalización de la protesta en el marco de
la ley Antiterrorista, pero también es un ejemplo de violencia hacia los
sectores más postergados.
En el mundo
de hoy existen distintos tipos de violencia, pero todas relacionadas a las
consecuencias del sistema capitalista en el que vivimos. El modelo económico
vigente genera condiciones de exclusión y profundización de la brecha de
desigualdad social entre los que más y menos poseen.
En la
actualidad, ATE tienen 653 trabajadores y trabajadoras procesadas por reclamar
sus derechos. Una simple muestra de la judicialización de la lucha sindical,
como también la confirmación de la violencia aplicada del capitalismo a través
de un Estado que responde a sus lineamientos.
