Autor: Paula Amartino

Desde su Departamento de Discapacidad de ATE Nacional, Carlos Ferreres  denunció el desfinanciamiento de las políticas públicas destinadas a las personas con discapacidad y que se intensificaron desde la asunción de Javier Milei como Presidente de la Nación.

Símbolo de esto es la pérdida de capacidad de intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo federal destinado al fomento del desarrollo y la aplicación de políticas públicas que garantizan el pleno acceso de derechos fundamentales a las personas con discapacidad. El ajuste que está aplicando el Gobierno nacional no solo se traduce en las 500 personas despedidas que atendían a este sector de la población sino también con el cierre de los Centros de Referencia (CDR), la suspensión del inicio del trámite para obtener pensiones, el atraso salarial de las y los prestadores por la falta de actualización del nomenclador y de las pensiones no contributivas, entre otras políticas que sostienen ese entramado social. 

Una mención aparte merece el fuerte recorte de la coparticipación a las provincias, que achica aún más la capacidad de respuesta a las necesidades territoriales de la ciudadanía provocando el cese de prestaciones, tratamientos y entrega de medicación indispensable para la salud.

Por otra parte, con la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que establece el Clasificador Internacional de Funcionalidades (CIF) – norma internacional para describir y medir la salud y la discapacidad – es la ANDIS la que seguirá utilizando o no el citado clasificador para otorgar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) a quienes lo soliciten. Esto deja librado al directorio y al Consejo Federal a que hagan un uso discrecional de la misma.

Los reclamos del sector se expresaron en la movilización del miércoles frente al Congreso de la Nación, donde diversos sectores se unieron para repudiar el fuerte deterioro social que está ocasionando el Poder Ejecutivo nacional. Es por eso que organizaciones sociales y políticas se unieron para dar apoyo a la declaración de una Ley de Emergencia para las Personas con Discapacidad – que ya logró media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación – y contempla la actualización de fondos para transportistas, acompañantes terapéuticos y prestadores. Además, exige reactivar las pensiones por invalidez (sólo se otorgaron 586 de 500.000 solicitudes en los últimos 14 meses). 

Sin embargo, las y los representantes de Javier Milei en el Poder Legislativo ya expresaron su rechazo a la iniciativa porque implica un gasto no prioritario y su meta es sostener el déficit cero. Advirtieron que, de ser necesario, se recurrirá al veto presidencial para que la Ley de Emergencia para las Personas con Discapacidad no prospere en la Cámara Alta.

Carlos Ferreres, Director del Departamento de Discapacidad de ATE Nacional, manifestó: “Nos queda la satisfacción de estar en la calle junto a los que resisten al capitalismo puro y duro que encarna el Presidente. Pero también nos quedamos con el sabor amargo del destino de este proyecto que ya se anunció será vetado, aunque todavía tiene que pasar por el Senado. Desde ATE queremos lograr la participación y el protagonismo de las personas con discapacidad en la sociedad como ciudadanos de pleno derecho en la elaboración y gestión de políticas públicas. Nuestro accionar va en línea con la declaración universal de los derechos de la persona con discapacidad que en Argentina tiene rango constitucional”.

Entre los principales reclamos que ATE le hace al Gobierno nacional se encuentran la protección de los derechos a la educación, a la atención integral, a la rehabilitación, al transporte y al trabajo; un trato digno; la actualización del nomenclador ante el colapso inminente del sistema único; la eliminación de las auditorías sobre pensiones ya otorgadas y la restitución inmediata de las que fueron quitadas; reforzar las Pensiones no Contributivas y que las mismas no sean incompatibles con empleos formales; fortalecer el Régimen General de Empleo Protegido (ley 26.816); financiar el funcionamiento de los distintos programas de la ANDIS.

La grave situación ya ha generado masivas movilizaciones en todo el país, y cuenta con el respaldo de la comunidad en general. Lo que sucede en discapacidad está íntimamente relacionado a lo que ocurre en todos los sectores del Estado argentino que están siendo vaciados o cercenados, desconociendo los derechos constitucionales y los Tratados internacionales que protegen al colectivo históricamente vulnerado por la desigualdad estructural.

Este viernes la Asociación Trabajadores del Estado, a través del Secretario de Convenios Colectivos de Trabajo de ATE Nacional Flavio Vergara, participó del “Encuentro Federal de Economía”, evento organizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. El dirigente destacó el rol irremplazable del Estado y denunció el grave daño que produce el Gobierno de Milei.

Vergara disertó sobre dos ejes temáticos, “Avance tecnológico, inteligencia artificial y futuro del trabajo” y “Desarrollo de capacidades estatales: experiencias de formación y gestión”, y arremetió contra la política de ajuste y desguace del Estado del Gobierno de Milei. “Estamos siendo atacados: tenemos más de 50.000 despidos. Es un combate frontal y durísimo. El Estado está siendo licuado y puesto en una matriz que en vez de regular y distribuir riqueza, acumula y concentra en pocas manos” afirmó.

El dirigente denunció la destrucción del sistema de capacitación en el Estado, vector clave para sostener, proyectar y multiplicar las capacidades estatales de cara al futuro. En ese contexto recuperó las funciones del ex Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), disuelto recientemente y reducido a su mínimo exponente y del Fondo Permanente de Capacitación y Recalificación Laboral (FOPECAP), herramienta paritaria dedicada al financiamiento de becas de formación académica, en situación de parálisis total desde el año pasado.

A su vez, respecto de las visiones ilusoriamente positivas o falsamente neutrales que ofrece el mercado sobre la técnica y la tecnología, Vergara destacó que cuando el desarrollo tecnológico denominado ‘revolución’ es manejado por el poder termina siendo en contra del avance social. Así, recalcó que la supremacía del conocimiento científico no producido por los pueblos termina siendo una herramienta contra los derechos a la felicidad y dignidad. En esa dirección, arrojó: “¿Por qué naturalizamos que va a haber un despido, gente que se queda afuera porque no puede asumir un nuevo perfil? ¿Cómo hacemos para encontrar un camino de salida junto con la tecnología que construya soberanía y nos permita discutir cómo avanzar? Todo lo que este Gobierno rompe, se reconstituye desde la empatía nuestra como clase trabajadora”, concluyó Vergara.

A lo largo de su exposición, el Secretario realizó un recuento sobre la inmensa variedad de funciones del Estado y también repasó las luchas que está protagonizando ATE como por ejemplo en el área de la Cultura en el Instituto Nacional “Juan Domingo Perón”,  y en el Instituto Nacional del Teatro, en el sector Salud dentro del Hospital Laura Bonaparte y en el Hospital Garrahan, en materia de Ciencia y Técnica en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la Comisión Nacional de Actividades Aeroespaciales (CONAE).

Finalmente, Vergara remarcó la importancia de defender el Estado nacional y la necesaria unidad para revertir el ajuste que impone el Gobierno de Javier Milei.

Además de Vergara, asistieron Julia Strada, diputada nacional, y Hernán Letcher, ambos directores del Centro de Economía Política Argentina de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

En el marco de la 28º Asamblea General Ordinaria del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) realizada el 7 y 8 de junio en la ciudad de Bogotá (Colombia), el organismo declaró la solidaridad con las y los trabajadores estatales argentinos por la lucha que vienen llevando a cabo contra el ajuste del Gobierno nacional de Javier Milei.

Del encuentro participó el Director del Instituto de Estudios sobre Estado y Participación (IDEP), Horacio Fernández. Según señala la declaración el apoyo abarca al conjunto de los sectores populares que actualmente son atacados por las brutales políticas de ajuste desplegadas por la gestión libertaria.

El documento destaca los 40.000 trabajadoras y trabajadores despedidos, el cierre de los múltiples organismos o dependencias del estado que han sido degradadas y desfinanciadas, el desmantelamiento en áreas sensibles como género, discapacidad y adversidades, entre otras. También subraya el ataque a las y los jubilados quienes se encuentran protestando para lograr una recomposición de sus haberes que les permita acceder a la Canasta Básica. Finalmente menciona el ataque a la Salud Pública, a la Educación, la Ciencia e investigación.

Todas medidas que representan, tal como  describe la declaración “una política que busca entronizar al mercado como ordenador de la sociedad, despreciando la Solidaridad y la Justicia Social”. 

Carlos Casinelli nació en Buenos Aires el 7 de junio de 1948. En 1969 se recibió de sociólogo y antes de los 30 estaba trabajando en el Centro Nacional de Rehabilitación Social (CE.NA.RE.SO.), hoy Hospital Bonaparte, donde fue coordinador del Equipo Profesional Interdisciplinario de apoyo a adolescentes en consumos problemáticos. Desde entonces participó de diversos espacios laborales destacándose siempre su fuerte convicción y compromiso social.

También tuvo una extensa y valiosa trayectoria como dirigente sindical en la Asociación Trabajadores del Estado donde ocupó diversos espacios de responsabilidad, entre ellos el cargo de Secretario Gremial (1984-1987) y Secretario Adjunto (1987-1991) en ATE Capital Federal, ocupando interinamente la Secretaría General durante la enfermedad de Germán Abdala. Entre 1991 y 1995 fue Secretario Administrativo en el Consejo Directivo Nacional y Coordinador Nacional de la Rama de Salud Pública desde 1993.

Fue principalmente un trabajador de la Salud Pública, defensor de ese derecho humano fundamental para toda la ciudadanía. Su gran compromiso lo llevó a ponerse al frente de la lucha en cada rincón del país. Uno de los momentos más álgidos en la denuncia por el deterioro de los servicios sanitarios se dio durante la década del noventa, momento de fuerte retroceso en políticas públicas. Como una continuidad, Argentina vuelve a recrudecer el daño sobre el Sistema de Salud Pública con el avance del desfinanciamiento, vaciamiento, desprotección y cierre de los múltiples servicios que está llevando adelante el Gobierno nacional actual. Entre ellos se destaca el intento de vaciamiento y cierre del Hospital Nacional Laura Bonaparte, especializado en salud mental y adicciones, y el Hospital Garrahan, nosocomio emblemático en toda la región que brinda atención pediátrica de alta complejidad.

Cassinelli supo reconocer cuál es el modelo sanitario más justo para las y los argentinos, gracias a la presencia de un Estado inclusivo centrado en el bienestar social, en contraposición a la concepción individualista que solo beneficia a las empresas con fines de lucro, tal como promueve el Gobierno de Javier Milei. 

Falleció el 10 de octubre de 1997 en el trágico vuelo que protagonizó la aerolínea Austral. Carlitos volvía de acompañar a las y los trabajadores del sector salud quienes atravesaban un fuerte conflicto en la provincia de Misiones. Según el peritaje, el accidente se produjo por una falla técnica por falta de mantenimiento de la aeronave.

La fuerza, honestidad y convicción con la que llevó adelante cada acción lleva a recordarlo con respeto y cariño. Su compromiso con las y los trabajadores estatales, su lucidez conceptual en cada intervención brindada y capacidad de trabajo marca un horizonte de sentido que el Sindicato atesorará para siempre.