Autor: Paula Amartino

Fue el 9 de julio de 1816, en un contexto de gran conflictividad política a nivel nacional e internacional, cuando los representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata proclamaron la Independencia argentina quebrando la subordinación con España y resto del mundo. Así se logró asumir la libertad del conjunto social frente al sojuzgamiento de cualquier dominación extranjera. Desde entonces, a lo largo y ancho del país se conmemora ese momento histórico.

Pero ¿cuál es la realidad actual de Argentina? Tras dieciocho meses de Gobierno de Javier Milei es preciso preguntarse si la conmemoración de la Independencia argentina es real o sólo declamativa. Porque, ¿qué independencia se puede lograr si la conducción nacional entrega la potestad de los recursos naturales a los grandes grupos concentrados de poder, mayormente extranjeros? ¿Si el Plan Económico, y sus implicancias sociales, lo define un organismo internacional? ¿Si quién dirige los destinos del conjunto social declara abiertamente y sin reparos que vienen a ‘destruir el Estado desde adentro’? En efecto, sí se ha deteriorado gravemente el rol del Estado, en parte, por el despido de 47.000 trabajadoras y trabajadores que sostenían derechos fundamentales en materia de salud, educación, seguridad social, preservación del ambiente, por mencionar algunos de ellos. Estatales que quedaron en la calle, sin sustento material, sin proyecto de vida, sin reconocimiento de su trayectoria.

¿Es posible considerar un país como independiente cuando el 73,3% de la población es pobre o ‘casi pobre’, de acuerdo a la organización sin fines de lucro Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG)? ¿De qué independencia se habla cuándo la ciudadanía no logra comprar alimentos, sostener la vivienda, acceder a una educación de calidad o a los servicios de salud más elementales? ¿Cómo identificar una nación libre si el descontento social expresado en protestas y manifestaciones es respondido con gases, palos y balas de goma?

Es por eso que hoy cobra especial relevancia la reflexión colectiva de lo que significa ser independientes como sujetos de derechos, como nación libre y soberana. 

Al igual que lo que sucedió durante aquellos años cuando se gestó la Independencia argentina, momento tensionado por fuertes posicionamientos entre conservadores y progresistas, hoy el escenario visibiliza dos posturas definidas: un país al servicio de los grandes grupos económicos o uno que prioriza el desarrollo y bienestar del conjunto social. Uno que gobierna por decreto, mediante la fuerza y los insultos, y otro donde prima el respeto por la diversidad y el derecho constitucional.

La independencia es un proceso en acción permanente, no solo una linda declaración de identidad. Por eso desde ATE se reivindica la necesidad de un Estado fuerte, presente y garante de los derechos de la ciudadanía y del orden social, materializado y sostenido por los miles de trabajadores y trabajadoras presentes en el extenso territorio nacional. También se recuerda el respeto por una forma de gobierno que promueve el bienestar general, a partir del rol clave que cumple el Congreso Nacional como representante de la voz del pueblo.

El poder está en el pueblo organizado, en las y los integrantes de la nación, que amparados en la Constitución Nacional, asumieron la independencia de la Patria de toda forma de dominación extranjera para lograr la defensa y protección de los derechos humanos, de los recursos naturales, de la industria nacional, y todas las garantías e intereses tutelados en la Constitución argentina. Esa senda marca el camino de la verdadera independencia nacional que debería ser el norte al cual caminar como sociedad.

ATE exigió una mejora salarial para las y los trabajadores agrupados en el Convenio Colectivo Sistema Nacional del Empleo Público (SINEP) cuyos salarios siguen cayendo, producto del brutal ajuste que despliega el Gobierno nacional y reclamó respuestas a sus demandas más acuciantes. 

El Sindicato reconoció que es inadmisible que el Poder Ejecutivo no abra una instancia paritaria que no sea para resolver aumentos salariales para llegar a una remuneración digna. Actualmente el sueldo inicial es de indigencia, apenas superior a los 450.000 pesos, y de pobreza, poco más de 980.000 pesos, para una categoría media con más de una década de experiencia y desarrollo laboral. Por otro lado, resaltó que existe una política de hostigamiento, amedrentamiento, expulsión y destrucción del empleo público que lleva contabilizados más de 12.700 trabajadores y trabajadoras despedidas, quienes sostienen los servicios públicos.

ATE destacó que la capacitación continúa paralizada, en parte, por el desmantelamiento del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) y la inutilización del Fondo Permanente de Capacitación y Recalificación Laboral (FOPECAP).

El Sindicato envió dos comunicaciones a las autoridades gubernamentales, una dirigida al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a cargo de Federico Sturzenegger, y la otra a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, conducida por Julio Cordero. En ellas se reclamó al Poder Ejecutivo que atienda las graves problemáticas que sufren las y los trabajadores estatales agrupados en el Convenio Colectivo sectorial más grande de la Administración Pública Nacional, homologado por el Decreto 2098/08. El Sindicato espera una respuesta desde el pasado 30 de junio, momento en que el Gobierno convocó a ATE a participar de una reunión virtual pero como no hizo ninguna propuesta concreta y se pasó a cuarto intermedio. 

Entre los principales reclamos se pueden mencionar un piso salarial que alcance los 1.800.000 pesos, para asegurar una alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión; un aumento salarial sectorial incrementando la cantidad de Unidades Retributivas a niveles y grados; la incorporación de una suma fija al salario en concepto de Orientaciones (Art. 12 CCTS 2098/08); la eliminación de los topes para realizar horas extra; el aumento de las compensaciones transitorias por mayor dedicación para las y los contratados; el reconocimiento de créditos de capacitación para quienes estén en condiciones de avanzar de grado; la reinstalación de la planta permanente detenida en el Régimen de Disponibilidad; asegurar la continuidad de todos los procesos de regularización del empleo público -pase a planta permanente; la puesta en marcha de todas las acciones de capacitación y formación para las y los trabajadores del Estado; entre otras. Finalmente también se exige la recuperación del INAP y FOPECAP, la finalización del Sistema de Evaluación Pública (SEP) y el cese de la persecución, intervencionismo e impugnación de elecciones de las y los delegados gremiales.

Foto: Nicolás Bazán Povedano IG: @nicobazanpov