Autor: Macarena Suarez

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en el Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) se declaró en estado de alerta y asamblea permanente debido a la falta de respuesta de las autoridades ante los reclamos de trabajadoras y trabajadores. El sindicato exigió el pago de salarios dignos, la reincorporación de despedidos, la cobertura de vacantes vegetativas, la aplicación del Art. 112 y el pago del tramo correspondiente.

«Hemos tenido 50 despedidos de
artículo 9 y otros 30 monotributistas, los cuales a la fecha no se han reincorporado, sí se han reincorporado en una cantidad, pero otras no, por lo que la obra social en ese sentido tiene faltante personal en varias de sus áreas», aseguró Rubén López de la Junta Interna de ATE en IOSFA.

Luego de que se diera a conocer la crisis de gestión de la IOSFA y desde que asumió Oscar Sagas, quien fue designado por ser parte del círculo de confianza del ministro de Defensa, Luis Petri, con quien comparte la responsabilidad sobre lo que ocurre en la Institución, ATE reclamó la reincorporación de todo el personal afectado por los numerosos despidos. En estos casos, no se tuvo en cuenta que cada uno de esos trabajadores colaboraban en la carga de prestaciones y pago de reintegros que se encuentran actualmente atrasados, en vez de 60 días pasó a 90 días perjudicando directamente a las y los afiliados.

Esto viene acompañado de políticas de vaciamiento y ajuste en diversos organismos nacionales en general y en particular los dependientes de este ministerio, como fue el intento de cerrar las Escuelas Nacionales de Pesca, de Náutica y Fluvial a las que el sindicato no dudó en defender.

La Instituto de Obra Social del Ejército (IOSFA) es la tercer Obra Social más grande, cuenta con 530 mil afiliados a lo largo y a lo ancho del país. Sin embargo sus trabajadores cobran sueldos que están por debajo de la línea de la pobreza percibiendo salarios de 500.000 pesos.

El Centro Nacional de Jubiladas/Jubilados y Pensionadas/Pensionados de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) participó de un plenario convocado por diversos Centros de Trabajadores jubilados y Trabajadoras jubiladas, entre ellos: Banco Credicoop, Agustín Tosco, Frente Grande, Federación de Jubilados y Agrupación German Abdala Verde y Blanca. Con los mismos se conformó el Frente de Lucha que nació el 18 de diciembre del 2023, con el fin de atravesar este contexto de tanta hostilidad. Este encuentro se llevó a cabo en el Anfiteatro Eva Perón ubicado en Avenida Belgrano 2527, CABA.

Noelia Guzmán, presidenta del Centro de Jubilados de ATE, expresó: “No alcanza solamente con las actividades nuestras, sino que debemos participar de las actividades y las luchas que están llevando adelante los compañeros trabajadores y las compañeras trabajadoras”, además aseveró: “Los despidos están estrechamente vinculados con la desfinanciación de las cajas previsionales”.

ATE aseguró que durante la jornada se analizó la situación de la clase trabajadora en general y en particular en lo que afecta a trabajadoras y trabajadores jubilados con el objetivo de abordar la realización de actividades en común para convergir en un mismo espacio y tiempo.

Esta convocatoria se realizó con la intención de ampliar la Unidad para la lucha, teniendo en cuenta los difíciles momentos por los que atraviesa este colectivo con las políticas de ajuste que lleva adelante el gobierno de Milei.

Desde la llegada del gobierno libertario, quienes cobran jubilaciones o pensiones vienen perdiendo mucho poder adquisitivo. Actualmente la jubilación mínima es de $244.320, según datos oficiales de ANSES. El Congreso había aprobado la iniciativa que establecía cambios en el actual sistema para actualizar los haberes de los jubilados, pero el presidente la vetó. La iniciativa proponía un incremento adicional del 8,1% a los haberes de abril. Además, en cada una de las movilizaciones fueron gravemente reprimidos por diversas fuerzas de seguridad mediante operativos violentos orquestados desde el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich.           

Como cierre de la jornada se acordó como primera actividad llevar adelante el miércoles 23 de septiembre una fuerte jornada de protesta y el firme compromiso de continuar el camino de la Unidad.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció la censura ejercida por la Secretaría de Derechos Humanos a cargo de Alberto Baños, quien suspendió sin previo aviso y el mismo día de la inauguración la realización de un Seminario Internacional sobre Políticas de la Memoria que se organizó en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti.

El Seminario reúne a investigadores e investigadoras de todo el continente que se dedican a trabajar sobre la memoria y los derechos humanos y, luego de catorce ediciones, se convirtió en una referencia para el intercambio intelectual y académico sobre esta materia.

A su vez el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti continúa acéfalo de autoridades designadas y sin presupuesto, el mismo lo sostienen las trabajadoras y los trabajadores a través del mantenimiento de la decena de actividades habituales que se realizan por semana. Además, el secretario Baños estaba notificado tanto de la agenda, que se renueva mes a mes, como del Seminario que requiere meses de organización y preparación.

El sindicato denunció que la medida fue tomada con total arbitrariedad, con el objetivo de obturar el debate democrático sobre políticas de memoria.

ATE repudió esta gravísima decisión que altera de modo injustificable un ámbito de intercambio respetuoso y profundo sobre un tema tan sensible para la argentina e instó a Baños a reconsiderar de modo urgente la medida.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) alertó sobre la falta de funcionamiento del tomógrafo de la institución, sin embargo trabajadoras y trabajadores no recibieron respuesta alguna de las autoridades y preocupa la baja de la calidad de la atención debido a la falta de insumos y dispositivos médicos esenciales. Además el sindicato se alarmó por la falta de personal en todas las áreas de internación, tanto enfermeras y enfermeros, médicas y médicos, técnicas y técnicos y personal administrativo.

El Hospital Durand ubicado en la Avenida Díaz Vélez 5044 de la Capital Federal, es un Hospital Universitario de alta complejidad asociado a la Universidad de Buenos Aires que atiende por guardia aproximadamente 7.000 consultas mensuales. Profesionales de la salud resaltan sobre la importancia de tener un tomógrafo para diagnosticar condiciones potencialmente mortales como hemorragias, coágulos de sangre o inclusive un cáncer.

“La Ciudad de Buenos Aires es una de las más ricas en términos presupuestarios del país y ahora cuenta con la recuperación de la coparticipación lo que significa un presupuesto adicional de 1.4 billones de pesos y sin embargo año a año viene desfinanciando presupuestos en áreas claves como es la salud pública, la educación pública, el presupuesto para vivienda y trabajo. Este 22 de octubre vamos a darle continuidad a la acción que llevamos adelante en el Hospital Durand, donde pudimos poner de manifiesto la grave situación que enfrentan los trabajadores y trabajadoras de la salud con salarios que están muy por debajo de la línea de la pobreza y donde no tienen ni la infraestructura ni los insumos para poder trabajar normalmente”, exclamó el dirigente de ATE Capital, Pablo Spataro.

“Hoy no contamos con un tomógrafo, no tenemos respuestas de parte del Ministerio de Salud, sobre todo de Fernán Quirós, que es el responsable absoluto de la situación sanitaria en la Ciudad de Buenos Aires. Lamentablemente esto afecta gravemente la atención de los pacientes y reduce drásticamente la capacidad operativa de la guardia”, aseguró Luis Ortiz delegado de ATE en el hospital.

La falta de profesionales de la Salud agrava más la situación de un hospital de alta complejidad esencial para la Ciudad. Se viene desmantelando el sistema sanitario en todo el territorio y va en aumento el abandono que ya tiene varios años. Además la escasez de insumos es algo cotidiano los hospitales y los más perjudicados por esta situación son los pacientes, los ciudadanos y las ciudadanas que no pueden hacer uso de su derecho de acceder a una salud pública de calidad. 

“Esperemos que nos puedan escuchar el gobierno de la ciudad, que pueda invertir en lo que tiene que invertir. Hoy contamos con un sistema que tiene un presupuesto del 14%, muy bajo a lo que veníamos allá hace 17 años que era alrededor de un 22, 24%. Desde la Junta Interna de delegados y delegadas de ATE llevando adelante manifestaciones en defensa de la salud pública y defendiendo el derecho de todos los argentinos y las argentinas”, culminó Ortiz.

La Junta Interna de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en el Hospital Garrahan inició un paro para los días 8 y 9 de octubre acompañado por una movilización durante la jornada del martes hasta la Plaza de Mayo y el Ministerio de Economía. Esto se da en el marco de la amenaza directa ejercida por el Gobierno a la salud pública, con la noticia del cierre de la atención por guardia e internaciones en el Hospital Laura Bonaparte y la falta de respuesta a los reclamos de los trabajadores del Hospital Garrahan.

El reclamo se centró en cuidar la salud pública como un derecho imprescindible para las y los argentinos, exigir las condiciones laborales y salariales que permitan mantener la calidad del servicio brindado por profesionales de salud para respaldar el patrimonio nacional reconocido mundialmente.

«Por el momento no hemos tenido ninguna respuesta, más allá de los ataques del gobierno. Hemos arrancado un primer bono de $500.000 que no clausuró el conflicto porque, a pesar de que fue una primera conquista, todos los trabajadores del Garrahan tenemos claro que un bono por única vez no resuelve el atraso salarial, que se tienen que recomponer los salarios básicos y por eso el conflicto continúa. Y también continúa porque el ataque a la salud pública del gobierno de Milei es brutal», aseguró Alejandro Lipco de la Junta Interna de ATE.

Trabajadoras y trabajadores exigieron salarios dignos. Los últimos aumentos determinados por las negociaciones paritarias de nacionales que el sindicato rechazó, fueron el de un 2% para el sueldo de agosto y el 1% para el de septiembre, lo que significó un retraso salarial total del 20% en los últimos meses, además de que las categorías de ingreso están por debajo de la línea de la pobreza.

Si bien luego de los reclamos constantes del personal, la administración pagó un bono de $500.000 fue considerado insuficiente debido a que se trataba de un único pago y los salarios promedios rondan los $600.000. ATE reclamó un aumento del 100% y establecer un salario inicial de $1.400.000.

Estas condiciones salariales afectan gravemente al Hospital lo que produce la fuga de profesionales, afecta a la cuestión operativa y resiente la calidad una atención, que es reconocida por entidades internacionales.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) dependiente de la Secretaría de Energía denunció que el organismo está siendo vaciado por el Gobierno nacional mediante la continuidad de despidos de trabajadoras y trabajadores. Esto afecta de forma directa al cumplimiento de las funciones lo que produce la tardanza de resolución de reclamos de los usuarios que sería la puerta de acceso a las deficiencias en la calidad de distribución de las empresas.

“Las políticas públicas que están llevando adelante en este gobierno, retirando los subsidios a la generación y transporte de electricidad hacen que las tarifas sean imposibles de pagar y además no se traducen directamente en inversión de las mismas para mejorar el servicio por lo que los usuarios se verán afectados por cortes y además tarifas impagables”, aseguró Sergio Zalazar, delegado general de ATE en el ENRE.

El ENRE es un organismo que fue creado en la época del menemismo cuando se privatiza el sector eléctrico y se le da el poder de controlar tanto la generación y transporte a nivel nacional, como la distribución eléctrica en el AMBA.

ATE aseguró que el personal despedido responde a un perfil técnico y ejecuta funciones esenciales para lograr que las empresas eléctricas respeten y cumplan con sus obligaciones y así poder asegurar que los usuarios reciban un mejor servicio. En consecuencia, el vaciamiento del organismo afecta de forma directa a los consumidores de energía del país, en un contexto de subas crecientes en los costos y, con perspectiva de futuro, de aumento de consumo en el verano debido a las altas temperaturas y en consecuencia los posibles cortes del servicio.