La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) informó que municipales de Salsipuedes se encuentra en el octavo día de manifestaciones frente al edificio municipal, acompañadas de asambleas informativas con retención de servicios de tres horas por turno.
El objetivo de estas acciones es exigir mejoras salariales frente a las insuficientes e inaceptables ofertas que propone el Departamento Ejecutivo de la localidad.
“El Ejecutivo presentó cuatro propuestas y fueron rechazadas por unanimidad en la asamblea general porque se parte de una base muy por debajo de la línea de pobreza. Pedimos un aumento razonable que nos permita llegar a fin de mes”, explicó un representante de ATE, Vladimir Suárez.
ATE reclama un aumento del 60%, mientras que la oferta oficial consiste en un 8% adicional al 8% previamente otorgado, lo que llevaría a un 36% de aumento acumulado en enero, muy por debajo de la pérdida de ingresos que se viene observando que ubica a los haberes municipales en la línea de la indigencia. El Ejecutivo ofreció, además un incremento en el refrigerio, que pasará de $16.000 actuales a $22.000 en octubre, $26.000 en noviembre, y ascenderá a $30.000 en diciembre.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Buenos Aires fue convocado a integrar el Consejo de Empleo Municipal y consideró este hecho como un avance importante en el camino de la recuperación de derechos y la democratización de las relaciones laborales. La misma fue realizada por la directora de Coordinación de la Negociación Colectiva Municipal, la Dra. Macarena Kunkel según lo establecido en la Ley 14.656.
El Secretario General de ese Consejo Directivo Provincial, Claudio Arévalo, definió el hecho como «un hito histórico para las y los trabajadores municipales de todo el territorio bonaerense», y aseguró: «La decisión del gobernador Axel Kicillof de conformar el Consejo de Empleo Municipal servirá para poner blanco sobre negro sobre la precarización salarial, la falta de estabilidad laboral y las deficientes condiciones de trabajo en los estados municipales».
«Esta instancia de negociación pondrá a los intendentes en la obligación de cumplir con los mandatos de la Ley 14656. Esto implica la obligación de convocar a paritarias, cumplir con los pases a planta permanente de los compañeros que tienen más de seis meses de antigüedad, y la redacción de un Convenio Colectivo de Trabajo que dignifique la tarea del empleado municipal y le otorgue un salario acorde a la canasta básica», culminó.
La creación del Consejo de Empleo Municipal, fue incluida en 2014, dentro de la ley 14.656, pero hasta ahora no se había concretado por falta de voluntad política de los gobernadores pasados y a causa del lobby realizado por intendentes acostumbrados a manejarse como patrones de estancia.
ATE aseveró que la vigencia de la Ley implica discusión salarial en el marco de paritarias libres, carrera y condiciones de trabajo dentro de un Convenio Colectivo, un piso salarial por debajo del cuál ningún intendente pueda pagar salarios, el comienzo del fin de la precarización laboral y de todas las formas de contratación sin estabilidad y la equiparación de las asignaciones familiares.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció extorsión y terrorismo laboral a trabajadoras y trabajadores del Ministerio de Justicia de la Nación. Las autoridades vienen desplegando un ilegal dispositivo de fraude laboral.
Silvina Silva, representante de ATE en ese ministerio, aseveró: “La situación que se está generando en el Ministerio de Justicia, y particularmente en la Secretaría de Justicia, que es la que trabaja con los grupos más vulnerables de nuestro país es un proceso de desguace y criminalización de nuestro trabajo. Además esto somete a trabajadoras y trabajadores a una gran incertidumbre, no solo por nuestros puestos de trabajo, sino por las demandas que resuelve cada uno de ellos en sus programas”.
Además agregó: “Hacen listas, con todo lo que eso representa en nuestra historia, donde separan a los trabajadores como prescindibles e imprescindibles. En esa situación, los trabajadores entendemos que el único marco es la lucha en unidad y constante y que debe retrotraer la decisión del ministerio en términos legales y también en términos humanos, porque al margen de la ilegalidad del acto es inhumano el procedimiento”.
“Como no quieren pagar los despidos implementan un sistema en el que separan a los trabajadores en dos grupos, los que informan que van a ser despedidos a partir de enero y los obligan a tomar un retiro voluntario que en estas condiciones deja de ser voluntad de trabajadoras y trabajadores. Por otro lado, quienes son apalabrados y les aseguran su continuidad laboral a partir del próximo año también deben tomar el retiro voluntario, con valores inferiores a lo que les corresponde, para luego firmar un nuevo contrato”, aseguró Diego Rodriguez de la Secretaría de Justicia de la Nación.
“Es un fraude laboral con extorsión y coacción, en el que están involucrados más de 3500 trabajadoras y trabajadores”, culminó.
ATE se mantiene en estado de alerta por esta situación y denuncia un accionar completamente ilegal e ilegítimo que afecta de forma directa a miles de trabajadores que están siendo extorsionados y amenazados con algo tan importante como es su puesto de trabajo y por ende su plato de comida en la mesa por lo que se compromete a defender los derechos de las y los afectados y enfrentar a las autoridades para detener el avasallamiento y la violencia ejercida por estos mismos.
Convocada por la Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT) Central se llevó a cabo una jornada de formación de las delegaciones para la prevención en el cuidado de la salud laboral. Del encuentro participaron cientos de representantes paritarios de ATE y otras entidades gremiales. La jornada se desarrolló durante el miércoles en la sede de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) ubicada en Avenida Corrientes 389, Ciudad de Buenos Aires.
Graciela Ríos, responsable del Departamento de CyMAT destacó la gran participación de paritarias y paritarios y el compromiso frente al tratamiento de temas sustanciales, y afirmó: “Estas capacitaciones nos brindan herramientas para seguir trabajando por la salud y la seguridad de todos y todas nuestros/as compañeros/as en sus lugares de trabajo y para seguir fortaleciendo nuestra herramienta paritaria: el convenio colectivo”, apuntó. También señaló que “encuentros como éstos tienen que seguir realizándose porque refuerzan el trabajo cotidiano que se vienen desarrollando en cada sector”.
Las temáticas abordadas fueron: la creación, integración, funcionamiento y prevención en el cuidado de la Salud laboral, los derechos y las obligaciones del empleador, los riesgos eléctricos y de incendios, la importancia de conocer sobre primeros auxilios y prácticas de reanimación cardiopulmonar (RCP), entre otros.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Córdoba rechazó la propuesta salarial ofrecida por el Ejecutivo en el marco de la discusión paritaria con el gobernador de la provincia Martín Llaryora.
La oferta salarial del gobierno provincial propone un acuerdo por los próximos cinco meses, sujeta al índice de precios al consumidor, con el agravante de que mantiene el diferimiento salarial para jubiladas y jubilados, y se suma al descuento desmedido de la Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS) denunciada por ATE en varias ocasiones. Estas condiciones profundizan el deterioro salarial y agravan la situación de trabajadoras y trabajadores de la Administración Pública Provincial.
ATE plantea que ningún estatal perciba un sueldo por debajo del costo de la canasta básica total, que hoy está $1.514.208. Además, reclamó que deje de ser usado el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Córdoba como referencia para la recomposición salarial, ya que es manipulado por el Ejecutivo Provincial y que en su lugar se utilice el elaborado por ATE en INDEC.
El Consejo Directivo Provincial exigió ser reconocido por el Gobierno de la provincia como gremio paritario, en iguales condiciones con otros sindicatos y que sus delegados puedan realizar su actividad gremial sin ningún tipo de discriminación o persecución sindical.
El sindicato viene llevando adelante varios reclamos al Ejecutivo Provincial
Sobre la obra social provincial, ATE exigió la eliminación de algunos ítems como el Fondo de Garantías para el sector Salud (Fonsaet) y que los descuentos por afiliados voluntarios se perciban en los recibos de sueldo para poder controlar que los incrementos no sean superiores a los aumentos salariales que se aprueben, conforme lo autoriza la resolución 404/24.
En respuesta a las demandas de las jubiladas y los jubilados, el sindicato exigió la derogación de la ley 10.694, la aplicación del 82% móvil del salario de los activos, el cese de intervención de la caja de jubilaciones y no más diferimiento de las actualizaciones salariales.
ATE reclama por la reincorporación de las y los trabajadores despedidos, el repudio al vaciamiento y los traslados compulsivos en el Hospital Neuropsiquiátrico bajo la excusa de la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental y el rechazo al proyecto de declaración de esencialidad de la educación ya que su única finalidad es limitar el derecho de protesta y huelga de los y las docentes.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizó el lunes un abrazo simbólico al patrimonio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en respuesta al intento del Gobierno de vender el inmueble ubicado en Avenida Cerviño 3101, Ciudad de Buenos Aires.
Julieta Boedo, de la Coordinación Nacional ATE en INTA, aseguró: “Este edificio es parte de la lista del decreto que salió el pasado viernes donde enajenaban más de 300 inmuebles propiedad del Estado para dejar en manos privadas y amigas. Son terrenos y edificios que les llaman ociosos e innecesarios y acá lo que tenemos que decir es que hay 150 trabajadores que están ejerciendo su tarea por la ciencia y la tecnología y el desarrollo del país que todavía no saben a dónde van a ir, pero sí saben que se tienen que ir y tienen fecha de salida”.
“Este es el inicio de otras acciones que tenemos pensado hacer en conjunto entre los sindicatos de INTA en todo el país porque en todas las provincias se están levantando. Está la alarma permanente, sobre todo ante la renuncia del expresidente del organismo y ante la llegada del nuevo presidente Nicolás Bronsovich que lo estamos esperando para poder conversar con él sobre el INTA que queremos y para demostrarle que acá estamos y que exigimos un INTA con todas y todos adentro”, culminó.
El viernes el Gobierno publicó el Decreto 950/2024 en el que oficializó la intención de enajenar varios inmuebles del Estado Nacional, entre ellos el correspondiente al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) donde actualmente desempeñan sus funciones alrededor de 150 trabajadoras y trabajadores, cuyo trabajo se pone en peligro con estas acciones.
La actividad se hizo en unidad con el sindicato APINTA, ya que ambos sindicatos entienden que la lucha que hay que dar tiene que ser colectiva y en conjunto debido a que estas acciones que intentar llevar adelante avasallan los derechos de las y los trabajadores del organismo nacional. Además, se informó que el organismo se encuentra acéfalo de autoridades luego de que Juan Molina dejara su puesto como presidente y blanqueara que la Secretaría de Cultura de la Nación le pidió realizar un recorte de personal y la entrega de varios terrenos y edificios.
ATE continuará las medidas de fuerza en el organismo en distintas partes del país hasta que la situación se regularice y que el Gobierno Nacional cese de la idea de vender los edificios y terrenos que corresponden al patrimonio del INTA, organismo que debe cumplir con sus funciones en materia de ciencia y tecnología esenciales para el desarrollo integral del país.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en INTA repudió el Decreto 950/2024 en el que se oficializó la intención del Gobierno nacional de enajenar los inmuebles del Estado Nacional, entre ellos el edificio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ubicado sobre la calle Avenida Cerviño 3101, Ciudad de Buenos Aires.
Julieta Boedo, de la Coordinación Nacional ATE en INTA, aseguró: «Para el gobierno somos un gasto, pero también su negocio. La entrega de Cerviño es otra muestra de avasallamiento por parte del Gobierno nacional hacia los trabajadores y trabajadoras que son quienes lo habitan y llevan adelante tareas de ciencia y tecnología para el desarrollo integral del país».
Representantes de la Coordinación Nacional de ATE INTA se reunieron con integrantes de la seccional Capital y Secretariado Nacional de APINTA, allí tomaron la decisión de realizar el próximo lunes 28 de octubre a las 13 horas un abrazo simbólico en el edificio porteño.
Según trascendió en las últimas semanas, el edifico planea ser puesto a disposición para su venta junto con otros terrenos que pertenecen al Estado Nacional y donde se desarrollan actividades vinculadas a la Ciencia y la Tecnología agropecuarias, misión central del INTA.
En el edificio se desempeñan actualmente alrededor de 150 trabajadores y trabajadoras pertenecientes tanto a INTA como a las empresas del Grupo INTA, cuyo trabajo se pone en peligro con estas acciones.
ATE aseguró que, de cara a esta nueva etapa de ajuste brutal y agresivo por parte del Gobierno nacional, y en el marco del estado de alerta y movilización en todo el país, se avanzó en realizar acciones conjuntas para enfrentar este brutal ataque.
El abrazo simbólico al patrimonio de la institución es una forma de demostrar el rechazo al desguace que se está emprendiendo, que pone en jaque al personal del organismo y ataca de forma directa su compromiso con los productores agropecuarios, con la mejora continua de las condiciones de producción y con el desarrollo integral del país.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizó este martes una actividad en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) para dar respuesta al alerta epidemiológica por Dengue y la inacción del gobierno del presidente Javier Milei. La misma tuvo lugar en el Auditorio de Construcciones del organismo ubicado en Avenida General Paz 5445, Provincia de Buenos Aires. Se organizó en conjunto entre la Secretaría de Salud Laboral de la Junta Interna y el Instituto de Salud y Seguridad de las y los Trabajadores de ATE (ISSTATE).
Con una amplia asistencia presencial y virtual, la charla titulada «Prevención y respuesta rápida al Dengue» se llevó adelante para contrarrestar la falta de políticas de Estado en esta materia. La misma contó con las exposiciones de Rubén Fernández Liso, Responsable de la Sala de Situación de Enfermedades del IDEP Salud, y el Equipo de Promotoras y Promotores del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.
«El Estado y el Gobierno nacional, con el vaciamiento a las políticas en esta materia, está generando un gran retroceso y en contra posición lo tenemos que hacer de los sindicatos, continuar con una perspectiva clara: la salud es derecho universal. Vamos a continuar generando propuestas que las llevaremos adelante las y los trabajadores asumiendo esta responsabilidad», aseguró Francisco Dolmann, Secretario General de la Junta Interna de ATE en INTI.
«La actividad estuvo muy buena y necesaria debido al contexto de desprestigio de la salud y la educación pública. En el INTI venimos enfrentando la situación epidemiológica del dengue, teniendo en cuenta que ya empiezan las condiciones climáticas que producen la epidemia de este virus. ATE siempre va a estar ahí para hacer valer los derechos y poner en agenda los temas que sean tan importantes para trabajadoras y trabajadores», afirmó Luis Torrejón, Secretario de Salud de la Junta Interna de ATE en INTI.
La apertura estuvo a cargo de Luis Torrejón y de Orestes Galeano, Director del ISSTATE.
Estuvieron presentes también la Secretaria Nacional de Formación de ATE Nacional, Vanina Rodriguez y en representación del ISSTATE la Directora de Capacitación, Magali Arocena y Soledad Díaz Ayala, la Directora de Condiciones y Derechos Laborales.
Se observó la situación actual del dengue en Argentina y la región, las diferencias y las tendencias de 2024. Además se analizó una nueva forma de encarar la próxima temporada de calor (período en el que confluyen distintas causas que aportan en la reproducción de este insecto transmisor del virus) con la implementación de las vacunas, que se empiezan a dar de forma gratuita en algunos distritos como la Provincia de Buenos Aires.
El trabajo comunitario y territorial y la difusión de la información necesaria para prevenir son esenciales para que la epidemia sea lo menos letal posible y afecte a la menor cantidad de personas. Esa tarea la tendrán que cubrir organizaciones sociales, sindicales y ciudadanos en general debido a la falta de interés por parte del Gobierno nacional en aportar con campañas de prevención y vacunación, sumado a la crítica situación de las instituciones debido al recorte en el presupuesto destinado a Salud.
El eje principal estuvo puesto en la prevención y erradicación del mosquito, sus hábitos, cuidados y acciones. Se evacuaron las dudas de las y los presentes y se propusieron acciones concretas en el territorio para continuar en la lucha contra el dengue como estrategia colectiva.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) inició una campaña gráfica llamada “Construir nuevas formas no violentas de vincularnos”, acompañada por una serie de encuentros en el marco de un ciclo de debates sobre violencia de género y laboral. El segundo tuvo lugar el pasado jueves en el local gremial del Parque Tecnológico Migueletes del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
Esta iniciativa tiene el objetivo de continuar con la formación de trabajadoras y trabajadores para poder enfrentar el avance sobre los derechos en materia de género y diversidad que tanto han costado conseguir.
Participaron más de 70 trabajadoras y trabajadores del Parque Tecnológico Miguelete, delegadas y delegados de ATE y algunos invitados externos.
Coordinaron la actividad la Secretaria de Género y Diversidad de ATE en INTI, Ana Rachid y representantes de la Central de Trabajadores de la Argentina. Además, como invitada estuvo Florencia Montespáez, representante de la organización “No tan Distintas”, quien trabaja con mujeres y diversidades en situación de calle desde hace más de 10 años.
La charla consistió en la búsqueda de una explicación más detallada sobre género y diversidades y finalizó con un debate sobre violencias, de género y laboral. ATE aseguró que el encuentro fue muy fructífero y que contó con la activa participación de las y los presentes que se transformaron en oradores.
El sindicato en el INTI aseguró que este ciclo de charlas tendrá continuidad y que la próxima será en el mes de noviembre.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) mediante la Secretaría de Derechos Humanos realizó este martes una actividad a 100 años de la masacre de Napalpí titulado: “Estado: prácticas genocidas/ prácticas reparatorias”. El mismo tuvo lugar en el Anexo de ATE Nacional ubicado en Avenida Belgrano 2589, CABA.
El encuentro tuvo el objetivo de reflexionar sobre las prácticas genocidas, fundadas en la discriminación y el racismo a las que fueron sometidas las comunidades indígenas y afrodescendientes, y que no se agotaron en el momento de la Conquista, sino que son prácticas que continuaron durante la Colonia y fueron fundantes en la conformación de los Estados nación en América Latina. También se abordó con detalle el proceso judicial sobre la masacre de Napalpí, y se reflexionó sobre la posibilidad de las prácticas reparatorias dispuestas en la sentencia, en el contexto actual, con un gobierno que reivindica los genocidios -desde la Conquista hasta la última dictadura militar-, desguaza los organismos y elimina las políticas públicas en materia de Derechos Humanos.
Participaron del panel central la Secretaria de Derechos Humanos de ATE Nacional, Valeria Taramasco; Gabriela Morinigo, Presidenta de la Fundación Napalpi; Diego Vigay, fiscal federal en causas de lesa humanidad de Chaco; Analía Noriega, integrante de la Unidad Ejecutora de Sentencia del proceso judicial que investigó la masacre y Diana Lenton, Doctora en Ciencias Antropológicas e investigadora Independiente de Carrera del Investigador Científico en CONICET.
“Creemos que los hechos históricos que se fueron desarrollando fueron gestantes de los crímenes de lesa humanidad en el contexto de genocidios; que la Masacre de Napalpí habilitó otras masacres como la de Margarita Belén. Es nuestro compromiso ejercitar la Memoria, buscar la Verdad para que se haga Justicia”, aseguró la Secretaria de Derechos Humanos, Valeria Taramasco.
“Pero, cuando decidimos hacer esta charla en torno al 12 de octubre, nunca imaginamos que irían tan brutalmente lejos como en el video que sacaron reivindicando la Conquista como un hecho civilizatorio que trajo progreso, e intentando reponer conceptos arcaicos y sin sustento científico como el de raza”, culminó Valeria Taramasco.
El 19 de julio de este año se cumplieron 100 años de la Masacre de Napalpí, ocurrida en el entonces Territorio Nacional de Chaco. La misma se trató de una Reducción de Indios de Napalpí, creada por el Estado argentino bajo la dirección civil del Ministerio del Interior, con el objetivo de culminar el proceso de ocupación del territorio de las poblaciones indígenas, y su sometimiento a la explotación laboral, donde trabajaban, reducidos a la servidumbre, aproximadamente 1000 personas, compuestas por familias Moqoit, Qom y algunos peones correntinos y santiagueños. Los mismos hicieron una huelga para reclamar por las condiciones a las que estaban sometidos, y fueron masacrados por policías de territorios nacionales, gendarmes y algunos civiles armados.
Gabriela Morinigo contó el proceso que se fue dando en la comunidad de reconstrucción de la memoria colectiva, a través del recuerdo de los y las sobrevivientes, y del rol fundamental de Juan Chico en todo ese proceso. También dio detalles sobre el funcionamiento de la Reducción de Indios de Napalpí, y sobre cómo fueron los hechos que culminaron en una masacre sangrienta, que se estima entre 400 y 500 personas.
En su intervención, Diego Vigay contó el desarrollo del juicio que fue caratulado en el marco del genocidio de los pueblos indígenas y se trató de un juzgamiento de crímenes de lesa humanidad, donde se logró probar la sistematicidad de la masacre y la condena al Estado argentino por reducción a la servidumbre.
En ese sentido Analía Noriega destacó que es el primer juicio en América Latina en abordar hechos similares “en el marco del genocidio de los pueblos indígenas”. Observó con detalle el aporte de los distintos organismos del Estado en el juicio y en la investigación de los hechos. Además, remarcó las consecuencias del vaciamiento del Estado en el cumplimiento de las medidas reparatorias pendientes.
Por último, Diana Lenton detalló las prácticas genocidas a que fueron sometidas las distintas comunidades indígenas en todo el territorio nacional, desde los hechos más conocidos, hasta los más pequeños y desconocidos, pero que tienen en común la necesidad de expandir la frontera productiva del país. En el caso de Napalpí fomentar la industria del algodón. Brindó una definición de genocidio como un proceso, que no ocurre en un momento, sino que se trata de un proceso con distintas etapas: estigmatización, hostigamiento, aislamiento, debilitamiento sistemático, exterminio, realización simbólica (invisibilización, criminalización, racismo, discursos de odio).
Desde la Secretaría de Derechos Humanos de ATE aseguraron que es imprescindible dar las batallas de sentido necesarias como modo de resistir el embate de este Gobierno, que viene intentando imponer una visión de la historia que de mínima niega los genocidios ocurridos en Nuestra América, cuando no los reivindica, un discurso que habilita prácticas de odio, y todo un proyecto político de la crueldad.
ATE afirmó el compromiso con la memoria, el debate y la construcción de un Estado comprometido con los Derechos Humanos.
