La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) mediante la Secretaría de Derechos Humanos realizó este martes una actividad a 100 años de la masacre de Napalpí titulado: “Estado: prácticas genocidas/ prácticas reparatorias”. El mismo tuvo lugar en el Anexo de ATE Nacional ubicado en Avenida Belgrano 2589, CABA.

El encuentro tuvo el objetivo de reflexionar sobre las prácticas genocidas, fundadas en la discriminación y el racismo a las que fueron sometidas las comunidades indígenas y afrodescendientes, y que no se agotaron en el momento de la Conquista, sino que son prácticas que continuaron durante la Colonia y fueron fundantes en la conformación de los Estados nación en América Latina. También se abordó con detalle el proceso judicial sobre la masacre de Napalpí, y se reflexionó sobre la posibilidad de las prácticas reparatorias dispuestas en la sentencia, en el contexto actual, con un gobierno que reivindica los genocidios -desde la Conquista hasta la última dictadura militar-, desguaza los organismos y elimina las políticas públicas en materia de Derechos Humanos.

Participaron del panel central la Secretaria de Derechos Humanos de ATE Nacional, Valeria Taramasco; Gabriela Morinigo, Presidenta de la Fundación Napalpi; Diego Vigay, fiscal federal en causas de lesa humanidad de Chaco; Analía Noriega, integrante de la Unidad Ejecutora de Sentencia del proceso judicial que investigó la masacre y Diana Lenton, Doctora en Ciencias Antropológicas e investigadora Independiente de Carrera del Investigador Científico en CONICET.

“Creemos que los hechos históricos que se fueron desarrollando fueron gestantes de los crímenes de lesa humanidad en el contexto de genocidios; que la Masacre de Napalpí habilitó otras masacres como la de Margarita Belén. Es nuestro compromiso ejercitar la Memoria, buscar la Verdad para que se haga Justicia”, aseguró la Secretaria de Derechos Humanos, Valeria Taramasco.

“Pero, cuando decidimos hacer esta charla en torno al 12 de octubre, nunca imaginamos que irían tan brutalmente lejos como en el video que sacaron reivindicando la Conquista como un hecho civilizatorio que trajo progreso, e intentando reponer conceptos arcaicos y sin sustento científico como el de raza”, culminó Valeria Taramasco.

El 19 de julio de este año se cumplieron 100 años de la Masacre de Napalpí, ocurrida en el entonces Territorio Nacional de Chaco. La misma se trató de una Reducción de Indios de Napalpí, creada por el Estado argentino bajo la dirección civil del Ministerio del Interior, con el objetivo de culminar el proceso de ocupación del territorio de las poblaciones indígenas, y su sometimiento a la explotación laboral, donde trabajaban, reducidos a la servidumbre, aproximadamente 1000 personas, compuestas por familias Moqoit, Qom y algunos peones correntinos y santiagueños. Los mismos hicieron una huelga para reclamar por las condiciones a las que estaban sometidos, y fueron masacrados por policías de territorios nacionales, gendarmes y algunos civiles armados.

Gabriela Morinigo contó el proceso que se fue dando en la comunidad de reconstrucción de la memoria colectiva, a través del recuerdo de los y las sobrevivientes, y del rol fundamental de Juan Chico en todo ese proceso. También dio detalles sobre el funcionamiento de la Reducción de Indios de Napalpí, y sobre cómo fueron los hechos que culminaron en una masacre sangrienta, que se estima entre 400 y 500 personas.

En su intervención, Diego Vigay contó el desarrollo del juicio que fue caratulado en el marco del genocidio de los pueblos indígenas y se trató de un juzgamiento de crímenes de lesa humanidad, donde se logró probar la sistematicidad de la masacre y la condena al Estado argentino por reducción a la servidumbre.

En ese sentido Analía Noriega destacó que es el primer juicio en América Latina en abordar hechos similares “en el marco del genocidio de los pueblos indígenas”. Observó con detalle el aporte de los distintos organismos del Estado en el juicio y en la investigación de los hechos. Además, remarcó las consecuencias del vaciamiento del Estado en el cumplimiento de las medidas reparatorias pendientes.

Por último, Diana Lenton detalló las prácticas genocidas a que fueron sometidas las distintas comunidades indígenas en todo el territorio nacional, desde los hechos más conocidos, hasta los más pequeños y desconocidos, pero que tienen en común la necesidad de expandir la frontera productiva del país. En el caso de Napalpí fomentar la industria del algodón. Brindó una definición de genocidio como un proceso, que no ocurre en un momento, sino que se trata de un proceso con distintas etapas: estigmatización, hostigamiento, aislamiento, debilitamiento sistemático, exterminio, realización simbólica (invisibilización, criminalización, racismo, discursos de odio).

Desde la Secretaría de Derechos Humanos de ATE aseguraron que es imprescindible dar las batallas de sentido necesarias como modo de resistir el embate de este Gobierno, que viene intentando imponer una visión de la historia que de mínima niega los genocidios ocurridos en Nuestra América, cuando no los reivindica, un discurso que habilita prácticas de odio, y todo un proyecto político de la crueldad.

ATE afirmó el compromiso con la memoria, el debate y la construcción de un Estado comprometido con los Derechos Humanos.