Este lunes se desarrolló el Plenario Provincial de Enfermería y de Ayudantes de Enfermería de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) La Pampa, con una importante participación de trabajadoras y trabajadores provenientes de distintos puntos de la provincia. Por unanimidad, se votó llevar a cabo una movilización a la Casa de Gobierno el próximo 19 de octubre.
Se abordaron distintas problemáticas vinculadas con las tareas que desarrolla el sector, las condiciones laborales y las particularidades del trabajo de enfermería en el sistema público de Salud. Luego del debate, y por unanimidad, se resolvió realizar el próximo 19 de octubre una jornada provincial de lucha y movilización hacia Casa de Gobierno, coincidiendo con la realización de la Paritaria General.
La movilización tendrá como objetivo entregar al Gobernador Sergio Ziliotto un petitorio con los principales reclamos de las trabajadoras y los trabajadores de Enfermería y Ayudantes de Enfermería.
Entre los puntos centrales se encuentran:
– Reducción de la jornada laboral a 6 horas diarias, sin reducción salarial.
– Reducción de la edad jubilatoria a 55 años, contemplando las características y el desgaste propio de la tarea.
– Reconocimiento de la actividad crítica para el conjunto de quienes desarrollan estas funciones.
– Licencia profiláctica para todos los trabajadores y todas las trabajadoras que aún no cuentan con este derecho, contemplando las distintas realidades existentes en los establecimientos de salud de la provincia.
– Pasaje del código 037 al sueldo básico.
Desde el Plenario se remarcó que estos reclamos surgen de las propias trabajadoras y trabajadores, a partir de las condiciones concretas en las que se desarrolla diariamente la tarea de enfermería.
La jornada del 19 de octubre será una instancia para plantear formalmente estos reclamos al Gobierno Provincial y exigir respuestas concretas.
Se resolvió que, en caso de no obtener respuestas satisfactorias, se convocará a un nuevo Plenario Provincial para evaluar la situación y definir medidas de mayor profundidad.
Desde ATE La Pampa destacaron que las trabajadoras y los trabajadores de Enfermería y Ayudantes “volvieron a demostrar que, cuando hay organización y participación desde cada hospital, centro de salud y localidad, es posible construir colectivamente una agenda de reclamos y avanzar en la defensa de mejores condiciones laborales”.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Río Negro solicitó formalmente al Ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, su intervención en el impacto que genera la renuncia de médicos con funciones esenciales en el Hospital Zonal de Choele Choel, centro de referencia sanitaria de la región de Valle Medio.
El Sindicato informó que entre los servicios que quedaron sin cobertura se encuentra el de cirugía y ginecología.
En su nota dirigida a Thalasselis, la ATE rionegrina pide además una revisión integral de las circunstancias que motivaron las renuncias. Entre ellas, los conflictos laborales planteados y las actuaciones de la conducción hospitalaria en relación a ellos.
“Las renuncias no pueden ser consideradas como una decisión individual. Es imprescindible que el Ministerio de Salud revise las circunstancias que contribuyeron a esos alejamientos y haga lo posible por revertirlos”, dijo Mariela Rodríguez, Secretaria General de la Seccional de ATE Valle Medio.
Asimismo, desde el Sindicato explicaron que sería conveniente la creación de un ámbito de diálogo con los profesionales renunciantes y una revisión integral de las jefaturas existentes.
“Consideramos fundamental una línea de conducción clara, única y formalmente establecida, sin que sus decisiones se vean interferidas por autoridades o referentes de gestiones anteriores, especialmente en áreas de administración, recursos humanos, coordinación de dirección, servicios técnicos y de auditoría médica”, agregó Rodríguez.
El Sindicato aprovechó a reclamar al Ministro medidas concretas para garantizar la incorporación, permanencia y estabilidad de profesionales médicos y no médicos, que logren cubrir las necesidades asistenciales del hospital zonal.
Desde la Comisión de Igualdad de Oportunidades y de Trato (CIOT), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Santa Cruz continúa avanzando en la lectura y análisis de denuncias vinculadas a situaciones de violencia y acoso laboral.
En este marco, se han abordado aproximadamente 150 denuncias correspondientes al período 2024-2026, identificándose como principales zonas de preocupación distintos ámbitos de Educación, entre ellos el Consejo Provincial de Educación (CPE), establecimientos educativos de Río Gallegos y de las distintas localidades de la Provincia.
También se registran situaciones vinculadas al Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, incluyendo el edificio central y la Secretaría de Estado de Igualdad e Integración.
Desde ATE Santa Cruz destacaron la importancia del asesoramiento con perspectiva de género previo a la presentación de una denuncia, como una instancia fundamental para acompañar a las y los trabajadores durante el proceso administrativo.
Tras confirmarse la intención de despedir a 600 trabajadores de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) a fin de mes, en el marco del cierre de 13 hoteles y dos recreos —la mayoría ubicados en Mar del Plata, Córdoba y Bariloche—, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, sostuvo: «Están reventando a una de las mejores y más grandes obras sociales del país. La agarraron con superávit y hoy la conducen directo a la quiebra. Cuando Petri asumió como ministro, comprobaron que tenía depósitos por $25.000 millones y hoy la deuda supera los $500.000 millones».
Aguiar aseguró que “no garantizan las prestaciones básicas y además ahora quieren vender los hoteles y despedir masivamente a sus trabajadores”. Además, “pretenden avanzar con el cierre de las farmacias propias y habilitar distintas franquicias privadas. Estamos frente a un desguace sin precedentes y lo tenemos que frenar”.
En este contexto, el dirigente sindical dijo: “No vamos a permitir que se eche a cientos de contratados y se ponga en disponibilidad a otros cientos de trabajadores que tienen estabilidad”.
“Realizaremos esta protesta en la sede central y, si no tenemos respuestas, no descartamos adoptar medidas más drásticas hasta llegar a la ocupación de las distintas dependencias de OSFA si resultase necesario”, finalizó.
En febrero, mediante el DNU 88/2026, el Gobierno disolvió el IOSFA y creó la OSFA, traspasando funciones entre ambas obras sociales sin consultar al sindicato, lo que ATE denunció como una violación al derecho de representación y negociación. A esto se suma la deuda arrastrada por la ex IOSFA y el no pago de fuerzas de seguridad que migraron a otra obra social, agravado porque el decreto elimina las funciones de turismo y farmacia y pone en riesgo las delegaciones del interior.
ATE también advirtió sobre intentos de cerrar farmacias propias del organismo para reemplazarlas por privadas, en perjuicio de los afiliados, y sobre el riesgo que corre la función social de la entidad: los 13 hoteles, recreos y residencias verían reducidos sus servicios si no se aseguran los 600 puestos de trabajo a fin de mes.
Este vaciamiento contrasta con el superávit de $25.000 millones que la obra social tenía en diciembre de 2023. Desde entonces se sucedieron denuncias por manejos irregulares —que la propia vicepresidenta Victoria Villarruel calificó de «desfalco»—, entre ellas el desvío de un préstamo de $40.000 millones destinado a equipamiento médico hacia gasto corriente y deudas con droguerías. Para ATE, este cuadro se inscribe en un proceso más amplio de militarización de funciones civiles del Estado.
Frente a este contexto, ATE marchará el jueves 24 de septiembre a partir de las 11:00 a la sede central de OSFA en Paso 551 (CABA) para reclamar por los despidos masivos en la entidad. De no mediar una respuesta por parte de las autoridades, se sostendrá una vigilia el miércoles 30 de septiembre en los hoteles para acompañar la continuidad de las tareas del personal.
En el día de hoy se llevó adelante un acuerdo salarial en la Municipalidad de Mendiolaza, Provincia de Córdoba, que otorgará a las y los trabajadores del sector un incremento acumulado para lo que resta del año del 28,29%. Se trata de una propuesta elevada por el Departamento Ejecutivo que contó con el visto bueno de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Mendoza y del gremio sectorial, aprobado previamente por la Asamblea de municipales.
Según lo acordado, durante el tramo agosto-septiembre-octubre-noviembre-diciembre, el personal recibirá una actualización del 2% mensual, sumado al blanqueo de otro 2% no remunerativo que ahora impactará en el básico salarial.
La recomposición incluye asimismo una actualización por Índice de Precios al Consumidor (IPC) mensual, que el primer mes será no remunerativa y al siguiente impactará en el básico salarial. Además, en agosto se acumula el 3,8% de la paritaria anterior, más un 2,6% de diferencia con el IPC de julio sobre el bruto del haber y 2,1% sobre el básico. El Ejecutivo blanqueará también 115 mil pesos de salario no remunerativo a partir de septiembre.
Las cifras, en formato de una ecuación propia de matemáticos, concluye en lo concreto en el 28,29% en total, lo que significa un importante avance en los ingresos del sector, resultado de la organización y el plan de lucha llevado a cabo durante el presente curso, que debe ser homologado por el Ministerio de Trabajo de la Provincia.
Tras el anuncio de ayer del Gobernador de la Provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo, que declaró que el Gobierno Provincial enviará esta semana a la Legislatura un proyecto de ley para crear un nuevo régimen para las y los trabajadores del sistema sanitario mendocino que actualmente están incluidos en el Régimen 15, desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Mendoza lanzaron un comunicado rechazando la reforma.
A continuación, el comunicado de la ATE mendocina:
Queremos comentarle a la población en general y a los trabajadores del Régimen 15, entre los que podemos encontrar enfermeros, técnicos, mantenimiento, servicios generales, informática, administrativos, ancianidad y discapacidad, entre otras funciones laborales contempladas dentro de este régimen salarial, mal llamado de no profesionales de la Salud, que este anuncio del gobernador, Alfredo Cornejo, y el ministro de Salud, Rodolfo Montero, es un intento más de reforma laboral concreta en el sector sanitario, que ya vienen realizando hace más de 4 años.
En este sentido, hablamos de una reforma laboral que ya fue recurrida con anterioridad por nuestra asociación sindical, logrando que quedaran exceptuados todos los trabajadores que están convencionados por el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) del Régimen 15 (Ley 9.068), que está en plena vigencia para el sector.
No obstante, compartimos algunas consideraciones relevantes a tener en cuenta sobre esta nueva reforma laboral que el Gobierno busca imponer:
Si el Poder Ejecutivo pretende mejorar el salario de los trabajadores debe recurrir al ámbito paritario, que es el lugar natural para discutir las modificaciones de condiciones laborales y salariales.
Eliminar derechos adquiridos y recortar adicionales en blanco, como son el psicofísico, el estado sanitario, el ítem 1414, que son bonificables y remunerativos, son planteos que deben realizarse en el ámbito paritario, para que el trabajador sepa que va a tener una notable reducción en su salario.
Tanto el Gobernador como el Ministro de Salud están practicando lo que en el Código Procesal Penal se denomina un ardid, es decir, un engaño preparado, tendencioso y temerario, en el que también incurrieron otros funcionarios públicos y fueron condenados por la Justicia, por querer engañar a los trabajadores y al pueblo.
Con el planteo de que van a haber sólo dos agrupamientos, el Ministro de Salud debería confirmar que van a eliminar las clases y la promoción automática, eliminando toda posibilidad de ascenso y carrera laboral en el sector sanitario.
La pérdida de las licencias, como son las de por enfermedad de largo tratamiento, resultaría un hecho muy grave para nuestros compañeros. Un trabajador con una enfermedad oncológica podría perder su salario, por simplemente padecer ese tipo de patologías.
Un reclamo que mantenemos latente y que plasmamos en distintas denuncias, corresponde a que los trabajadores de la Salud tienen que cobrar la productividad como les corresponde, ya que los recursos que se recuperan por el plan REFORSAL no llegan a los trabajadores.
Entonces nos preguntamos, ¿por qué tienen que revisar tu trabajo, si tenemos una productividad que el Gobierno no paga?
La estabilidad laboral configura otro derecho esencial que el Poder Ejecutivo pretende vulnerar. Por ejemplo, la eliminación del ítem psicofísico desconocería una conquista histórica de los trabajadores, ya que contempla el riesgo al que se expone todo trabajador que desempeña distintas tareas sanitarias.
Sin dudas, el avance de este proyecto de reforma laboral para el Régimen 15 no tendrá nada de voluntario, sí de coacción, ya que el Gobierno buscará recortar el salario, los derechos fundamentales de los trabajadores y terminar de destruir la salud pública. Desde ATE Mendoza confirmamos que vamos a recurrir este plan sistemático con la presentación de una inconstitucionalidad y medidas cautelares. El Poder Ejecutivo debe limitarse a cumplir con el CCT y la legislación vigente.
En un encuentro llevado a cabo esta semana, el Centro de Jubilados de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Río Negro, en coordinación con otras organizaciones de jubilados y pensionados, demandó la Emergencia Social y Alimentaria, considerando que aumentó un 9,5% la mortandad de adultos mayores de 2024 a 2025. Asimismo, se analizaron datos estadísticos de jubilaciones y pensiones que demuestran que se encuentran por debajo de la canasta familiar.
“Hace tiempo que venimos tratando de acercarnos a otros grupos de jubilados, para no estar todos dispersos. Tenemos que aumentar la capacidad de lucha”, señaló Mario Cardozo, miembro del Centro de Jubilados de la ATE rionegrina. “Todos estamos de acuerdo en que tenemos que seguir profundizando la lucha y reclamar ante las autoridades: diputados, senadores, intendentes, que hagan algo. La situación es muy complicada, la gente está cada vez peor; no solo los jubilados, sino toda la clase trabajadora”, agregó.
Asimismo, en desde el encuentro se exigió la normalización del PAMI y la participación de los jubilados en la comisión de seguimiento de Instituto Provincial del Seguro de Salud (IPROSS). “Invitamos a que nos reunamos, en vez de estar juntándonos por separado: el problema es para todos el mismo, que es el problema de la salud, el económico, el ajuste permanente. Todas estas coas son las que nos están pasando”, completó Cardozo.
Desde el Centro de Jubilados de ATE Río Negro continuarán desarrollando encuentros los martes de cada semana. Entre las organizaciones presentes, además del ATE, estuvo el Centro de Jubilados René Favaloro, el Centro de Jubilados Blanca Larroquet de Cervantes, el Centro de Jubilados la Seccional de ATE Cipolletti, la Asociación de Docentes Nacionales de Río Negro, la Agrupación de Jubilados del Alto Valle (ADEJUBA) y Jubilados y Pensionados en Lucha.
Desde la Seccional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Lago Argentino, Provincia de Santa Cruz, informaron que realizarán una presentación ante la Justicia a partir de documentación oficial vinculada a una propuesta presentada en representación del Hospital SAMIC de El Calafate ante la Administración de Parques Nacionales.
La iniciativa contempla no solo la cobertura sanitaria en el Parque Nacional Los Glaciares, sino también la administración de los derechos de acceso, por lo que desde el Sindicato se solicitará que se esclarezca con qué autorización institucional fue presentada, si contó con la aprobación del Consejo de Administración y qué recursos del Hospital se verían involucrados.
La organización también reclamará que se investigue el manejo previsto de los fondos provenientes de los derechos de acceso y que se conozca la documentación presupuestaria, contable y financiera relacionada con la propuesta.
ATE aclaró que no anticipa la existencia de un delito y que será la Justicia la que determine si las actuaciones se ajustaron a la normativa vigente y a las facultades institucionales correspondientes.
La presentación buscará que se incorpore el expediente completo, las actas y resoluciones del Consejo de Administración y toda la documentación vinculada a la iniciativa.
Desde la Seccional ATE Lago Argentino remarcaron que los recursos del SAMIC son públicos y que cualquier decisión que comprometa al Hospital, sus trabajadores o su patrimonio debe desarrollarse con legalidad, transparencia y dentro de los mecanismos institucionales correspondientes.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y las demás organizaciones sociales y sindicales con desarrollo territorial que integran el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) subrayaron hoy su decisión de profundizar la construcción de un programa político apoyado en el derecho a un ingreso que garantice una vida digna y destacaron la profundización de la unidad para “pelear por la mejora de la vida de la clase trabajadora, ya sea de trabajadores formales o informales, del sector privado o público”.
“La profundidad de la crisis socioeconómica que estamos atravesando nos exige comprender el impacto devastador que las políticas de Milei están teniendo sobre toda la clase trabajadora sin que se puedan hacer distinciones entre trabajadores formales del sector público, del sector privado, informales, cuentapropistas o de la economía popular. La destrucción del empleo, el desmantelamiento del aparato productivo y la demolición de los ingresos nos atraviesan a todos por igual”, señaló el Secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar, al término del plenario que se realizó en la localidad bonaerense de La Tablada.
Además, el dirigente agregó: “Desde el Gobierno de Milei se ataca a los sindicatos porque ellos representan la defensa organizada de todas las conquistas colectivas de los trabajadores. Y el encarnizamiento con los movimientos sociales tampoco es casual, conocen su potencia transformadora y saben que cuando todo se achica, se rompe, se destruye y el Estado se retira, son precisamente las organizaciones sociales las que brindan acompañamiento, contención y garantizan la dignidad en todos los barrios. Tenemos el desafío de seguir uniendo todas las luchas en el país. Antes de derrotar en las urnas a Milei, primero lo tenemos que vencer en las calles”.
En la misma línea, la Secretaria General de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), Clara Chevalier, destacó: “Seguimos construyendo espacios en común para replantear esta realidad y construir un país donde podamos vivir poniendo lo común por delante. Acá se analizó que la salida es desde la clase y es por la soberanía y contra el imperialismo. Por eso, apareció un escenario que no aparecía antes: el no pago de la deuda externa parece el único posible para salir de la extorsión”.
“Aprovecho este lugar para hacer la invitación a participar el próximo 15 de la quinta Marcha Federal Universitaria para trazar un camino respecto del país que queremos. Va a ser una oportunidad para juntar la bronca y también los proyectos. Porque tenemos bronca pero también tenemos ideas y proyectos. A este gobierno le queda poco y el futuro es nuestro por prepotencia de trabajo”, agregó Chevalier.
“Este plenario es muy relevante porque logramos encontrarnos los movimientos sociales y las organizaciones sindicales para profundizar en las propuestas que queremos llevar adelante”, aseguró por su parte Silvia Saravia, dirigenta de Libres del Sur, quien agregó: “Estamos hoy en un momento muy difícil y muy complejo de nuestro país, con un gobierno que solo tiene propuestas de ajuste y de ahogo de las familias. Y nosotros consideramos que desde la comunidad organizada es desde donde vamos a poder realmente dar las respuestas que nuestro pueblo necesita, si queremos tener un país con justicia social”.
“Este plenario es un paso más en la construcción del FreSU, donde la vocación siempre ha sido integrar a todos los sectores de nuestra clase. No solamente a los trabajadores formales, sino también a los precarizados, a los informales, a los compañeros que todos los días se organizan en los movimientos sociales, en el sector más vulnerable de nuestra clase”, declaró por su parte Charly Kostiuk, referente del Frente de Organizaciones en Lucha.
“Hubo muchísima participación, hubo diagnósticos comunes, hubo propuestas de acción para continuar estas articulaciones entre los distintos sectores de trabajadores”, agregó Kostiuk, quien también aseguró: “La unidad hay que profundizarla, tiene que ser una bandera, tenemos que integrar a más sectores, tenemos que recorrer los distintos puntos del país para sumar a compañeros y compañeras que están peleando y que están resistiendo a este modelo y que no se resignan”.
Bajo el lema ‘Comunidad organizada, poder popular y justicia social’, se desarrolló esta mañana un plenario donde las y los participantes debatieron en cinco comisiones para elaborar propuestas sobre Trabajos, Soberanía alimentaria, Salud Colectiva, Educación Popular y Tierra para vivir y producir.
Entre las necesidades que se abordaron en las comisiones se encuentran la puesta en marcha de un plan de regularización del trabajo no registrado, el reconocimiento de los derechos previsionales y cobertura social para el sector, dar apoyo a cooperativas, mutuales y experiencias autogestivas; y la integración competitiva y productiva de la economía popular.
Junto con los movimientos territoriales Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Nuestra América, Frente Popular Darío Santillán (FPDS), La Dignidad Rural y Libres del Sur, participaron delegaciones sindicales de Canillitas, Gráficos, CONADU, ATE, Molineros, los Pilotos encabezados por Pablo Biró; de la Federación Aceitera y Desmotadora, que lidera Daniel Yofra; representantes de la UTA, como Alberto Patiño, y de FESPROSA, como Jorge Yabkowski, entre otras organizaciones.
El 1° de Mayo pasado, el FreSU realizó su Primer Plenario de Delegadas y Delegados que aprobó el Programa Unidad, Lucha y Rebeldía para Recuperar la Patria, donde afirmó: “Reivindicamos el derecho al trabajo y a un Salario Mínimo, Vital y Móvil, según su definición en el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el Artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, esto es, que asegure a los trabajadores en su jornada legal de trabajo una vida digna, mediante la satisfacción de las nueve necesidades allí contempladas: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión”.
Ese documento incluyó un capítulo sobre “Economía popular, informalidad y nuevas formas de trabajo” donde, además de las propuestas que se analizaron esta mañana, se planteó la necesidad de “garantizar el acceso a la tierra y a la vivienda digna, alquileres justos y la urbanización e infraestructura en barrios populares”.
Desde la Seccional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Puerto Deseado, Provincia de Santa Cruz, se reclamó por una recomposición salarial real al básico, pero también respuestas claras sobre cómo se administran los recursos del Municipio.
“Los recursos públicos deben tener prioridades claras, transparencia y criterios iguales para todos”, manifestaron desde la Seccional.
Uno de los puntos planteados es el manejo de las horas extras, solicitando información precisa, controles y criterios objetivos para su asignación. Desde ATE se aclaró que no el Sindicato no está en contra de las horas extras: si una trabajadora o un trabajador las realiza, corresponde que las cobre. Lo que se reclama es transparencia y una correcta administración de los recursos.
Marcelo Gadano, Secretario General de la Seccional de ATE Puerto Deseado, señaló que el reclamo apunta a que “los recursos públicos se administren bien, con transparencia y prioridades claras”, y destacó que la discusión también debe contemplar el salario y las condiciones de los trabajadores municipales.
