Autor: ateorgar

Mediante la Mesa de Trabajo “Las políticas de cuidado en el
mundo del trabajo”, con el objetivo de contribuir al diseño de dichas políticas
y en la elaboración de un anteproyecto de ley, se realizó este importante
encuentro en la sede de la cartera laboral nacional, con la presencia de su
titular, Claudio Moroni, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la
Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, y el titular de la Central, Ricardo Peidro,
entre otros.

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social inició
la Mesa de Trabajo “Las políticas de cuidado en el mundo del trabajo”, cuya
finalidad es aportar a la elaboración de nuevas políticas y trabajar de un anteproyecto
de ley que se está redactando en el marco de la Mesa Interministerial de
Cuidados con la coordinación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y
Diversidad de la Nación (MMGyD), y la contribución de organizaciones sindicales
y sociales.

El encuentro contó con la participación de Claudio Moroni,
titular de la cartera laboral; Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las
Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación; Valeria Esquivel, especialista en
Género y Políticas de Empleo de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT); Ricardo Peidro, secretario General de la CTA Autónoma; Hugo Yasky,
secretario General de la CTA de los Trabajadores; Mónica Consomi, de la
Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), en
representación de la CGT, así como también de Vanesa Siley, titular de la
Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados y Diputadas de la
Nación. La organización de la actividad estuvo a cargo de la Subsecretaría de
Políticas de Inclusión en el Mundo Laboral del MTEYSS, a cargo de Pamela Ares.

También participaron del encuentro Lara González Carvajal,
jefa de Gabinete del MMGyD; Cecilia Merchan, secretaria de Políticas de
Igualdad; y Lucía Cirmi, directora nacional de Políticas de Cuidado.

Al dar inicio al conversatorio, el ministro Claudio Moroni
aseguró que las políticas de cuidado son “un fenómeno complejo que
necesariamente tendrá que tener enfoques distintos, hay sectores que deberán
ser asistidos y otros en los que habrá que profundizar la profesionalización” y
añadió: “El trabajo de cuidado es un trabajo profesional que deberemos
formalizar cada vez más.”.

Por su parte, Gómez Alcorta sostuvo que “el Ministerio tomó
los cuidados porque son el nudo estructural de las problemáticas vinculadas a
la desigualdad de género, incidiendo en la brecha salarial, en la feminización
de la pobreza, así como en la perpetuación de la violencia”.

Y agregó: “No se nos ocurre otra forma de cerrar la brecha
en los cuidados más que con un Estado presente, haciendo que lo que hoy parece
una responsabilidad individual de las mujeres sea una responsabilidad social y
de todas las identidades”.

Por su parte, Ricardo Peidro valoró la iniciativa de poner
“como uno de los ejes centrales las políticas de cuidado en el mundo del
trabajo”. En tal sentido, sostuvo que “cuando hablamos de cuidado, lo hacemos
en base al conjunto de tareas que deben realizarse para preservación de la
vida”.

A su vez, el secretario General de la CTA-A y secretario
Adjunto de la Asociación Agentes de Propaganda Médica de la RA, señaló: “La
promoción o el desarrollo de autonomía de la persona en situación de
dependencia, su asistencia y atención, debe ser asumida mediante un sistema
nacional integrado de cuidados, entendido como un conjunto de acciones
orientadas al diseño e implementación de políticas públicas universales que
constituyen un modelo solidario y equilibrado entre familia, Estado y
comunidad. Es decir, que incluya a organizaciones sociales, sindicales,
empleadores, y al Estado, en su doble condición de empleador y responsable de
garantizar políticas de cuidado, con la participación de la mayoría de los
ministerios”.

En ese sentido, pidió que se mantengan los principios de
universalidad, progresividad, equidad e inclusión de las perspectivas de género
y generación.

Asimismo, al abordar la elaboración del anteproyecto de Ley,
el dirigente planteó que es necesario aplicar ampliaciones de licencias de
forma urgente como modificación a la Ley de Contrato del Trabajo:

– Corresponsabilidad del cuidado.

– Licencia por cuidado de familiar enfermo.

– Licencias por adopción.

– Contemplar años de lactancia.

– Institucionalización y reconocimiento de las tareas de
cuidado realizadas por trabajadoras y trabajadores en el ámbito de la economía
popular.

– Reconocimiento salarial no menor a la canasta básica.

– Registración laboral para cuidadoras comunitarias.

– Fortalecimiento y creación de espacios de formación para
la profesionalización de las personas que realizan tareas de cuidado.

Para concluir, Peidro manifestó la importancia de considerar
la regulación del trabajo en casas particulares, cuyas condiciones salariales y
laborales “no son igualitarias con el resto de los sectores, quedando aún más
expuesto esto por la pandemia, pero siendo tareas realizadas históricamente de
manera precaria”.

En una nueva reunión plenaria nacional de la Coordinación de
Trabajadorxs de la Industria (CNTI CTA-A) –de la que son parte compañerxs de
ATE- se evaluó  la situación actual del
proyecto de Hidrovía, la puesta en marcha y el dragado del canal de Magdalena
para una salida soberana al océano atlántico.

Durante el encuentro celebrado ayer vía teleconferencia, lxs
trabajadores plantearon la necesidad de contrarrestar la política de saqueo que
impera desde la década del 90 y apuntalar el concepto de autonomía estratégica
en el marco de la globalización, que favorezca el interés argentino para
diversificar la capacidad de producción y desarrollo soberanos ante el
predominio de intereses transnacionales.

En este sentido, la CNTI es crítica del polémico Decreto
949/2020, y considera que resulta necesario construir un proceso que se oriente
hacia el control estatal de la Hidrovía. Se requiere una modificación del
cuadro de impuestos existente, en la búsqueda de captar renta extraordinaria
desde el Estado y combatir el contrabando marítimo que genera grandes pérdidas.

Por otro lado, durante el encuentro se actualizaron las
situaciones en torno al sector de energía nuclear, donde persiste el debate
sobre el rumbo de los proyectos financiados en el país por China para la
construcción de nuevas centrales con tecnología nacional, y los proyectos de la
CNTI en materia de formación. Sobre este último punto, los participantes
acordaron impulsar el eje de formación de trabajadorxs jóvenes de la industria
en alianza con actores claves como ACTRAV OIT.

Finalmente, se acordó para la próxima reunión semanal contar
con un bloque de autoformación a cargo de la Asociación de Buzos Profesionales.

Desde el IPyPP, liderado por Claudio Lozano, una iniciativa
complementaria al acuerdo de precios y salarios se planta como una opción
viable para impulsar el mercado interno y recuperar los ingresos populares. Los
autores del proyecto aseguran que este plan permitiría crear 4 millones de
empleos.

Tras la recesión macrista y un 2020 azotado por la pandemia,
la necesidad de reactivar la economía ocupa el centro de las preocupaciones
nacionales.

En esa línea se inscribe la propuesta de universalización de
ingresos sobre la población en situación de informalidad y desempleo elaborada
por el director del Banco Nación y dirigente de Unidad Popular en el Frente de
Todos, Claudio Lozano, y el equipo de trabajo del Instituto de Pensamiento y
Políticas Públicas (IPyPP).

“La política de ingresos, en una Argentina donde la
población en situación de informalidad está en el orden del 50%, no puede estar
restringida exclusivamente a la política salarial”, sostuvo Lozano en diálogo
con Canal Abierto.

En efecto, la propuesta del IPyPP presentada en el marco del
acuerdo de precios y salarios que impulsa el Gobierno, asume que en el presente
contexto de capacidad ociosa y mercado interno deprimido, “el principal
estímulo para la reactivación es la recuperación de los ingresos populares”.

Con 18 millones de pobres y casi cinco millones de
indigentes, el equipo del IPyPP argumenta que acordar salarios “interviene
exclusivamente en el terreno de la economía formal (salario mínimo, básico de
convenio, paritarias)” y, complementariamente, se requiere de un nuevo
dispositivo de política pública que intervenga sobre la situación de los
informales y desempleados.

En detalle, el informe asegura que con una inversión de
entre 1,6% y 2,9% del PBI se pueden promover 4 millones de nuevos empleos. Para
hacerlo, propone crear –en paralelo al acuerdo de precios y salarios- dos
instrumentos que intervengan en el ingreso de los sectores que están por fuera
del empleo formal:

*Establecer un ingreso básico universal, que recupere y
profundice la estrategia del ingreso familiar de emergencia (IFE) que
“inexplicablemente, en un contexto de agravamiento extremo de la situación
social, se eliminara del Presupuesto 2021”.

*Instrumentar un salario social de empleo y formación que
reformule, integre y supere los actuales programas Potenciar Trabajo y
Progresar al tiempo que promueva la creación de un Programa de empleo y
formación de acceso universal “garantizado por la política estatal en
articulación con las organizaciones populares”.

“La propuesta implica superar el actual esquema de planes
sociales de empleo asistenciales, focalizados e insuficientemente coordinados
en cuanto a su ejecución productiva e inserción laboral”, asegura el proyecto.
Y propone que el nuevo programa se coordine, planifique y gestione por un Área
de Economía Pública y Social con participación plural y federal (estatal,
comunitaria, social y de las pymes).

Y asegura que “esta política de ingresos sólo tiene sentido
en el marco de una clara estrategia de estabilización de los precios. En este
aspecto, el estricto control del mercado cambiario y de la oferta de divisas a
efectos de fijar el tipo de cambio, y el control estricto sobre alimentos,
servicios públicos y combustibles en base a mesas de concertación por cadena de
producción de los insumos estratégicos, resultan indispensables”.

Según el IPyPP, la iniciativa permitiría fijar un
“umbral de dignidad en materia de ingresos” para toda la sociedad que garantice
terminar con el hambre; articular mano de obra con políticas públicas
destinadas a la restitución de derechos sociales; establecer un piso salarial
equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil; sostener una estrategia de
formación permanente de la fuerza laboral; y activar la demanda en el mercado
interno para recuperar la actividad económica.

Con el objetivo de hacerle llegar inquietudes respecto del
inicio del Ciclo Lectivo 2021, ATE envió ayer una nota al Ministro de Educación
de la Nación, Nicolás Trotta. En la misma, desde el sindicato de estatales se
destaca: “Desde ATE y como trabajadores y trabajadoras sabemos que es
imprescindible contar con presencialidad en las escuelas para que la
desigualdad no se siga profundizando”.

En la nota, ATE deja claro que el así como el cumplimiento
del Derecho a la Educación del Pueblo es una obligación indelegable del Estado,
también lo es garantizar establecimientos seguros y saludables para todo el
sistema educativo. “Tenemos la responsabilidad de exigir una educación
presencial en donde se garantice por parte del Estado, el cumplimiento de los
protocolos y la aplicación de controles efectivos para su cumplimiento, a fin
de resguardar la salud de todas las personas que integran las comunidades
educativas a lo largo y ancho de nuestro país”, reza el texto enviado a Trotta.

ATE organiza sindicalmente a una representación mayoritaria
en todo el país de Auxiliares de Educación, Asistentes Escolares y Porteros/as
(o la denominación que reciba en cada provincia). Estos trabajadores y
trabajadoras realizan tareas fundamentales de los servicios alimentarios escolares,
o de higiene institucional. “Nos encontramos con lugares donde existe el
diálogo y se están haciendo inversiones para garantizar cumplir con los
protocolos aprobados, pero en la mayoría de los lugares no es esta la realidad”,
se puede leer en la nota, en la que ATE también asegura: “Pese a esta situación
descripta, en cada lugar que se abre el diálogo y la participación, esta
organización viene aportando ideas y soluciones concretas. Pero debemos alertar
que existen provincias en donde no nos consideran parte de la comunidad
educativa, situación que debe cambiar para evitar conflictos y encontrar las
soluciones para garantizar los derechos del conjunto de nuestro Pueblo”.

“Es por ello que reclamamos ser parte de las mesas de
trabajo del Consejo Federal de Educación y en cada provincia y jurisdicción, el
cumplimiento de todos los protocolos y su control (por el organismo nacional)”,
solicitó ATE en la nota, además de otros puntos relacionados a insumos y
mejoras de las condiciones y ambientes de trabajo. Al cierre del texto enviado
a Trotta, ATE se compromete a seguir trabajando para buscar soluciones:
“Entendemos que el Ministerio de Educación nacional tiene un papel muy
importante que cumplir, haciendo de mediador ante cada situación conflictiva
que no pueda solucionarse en el ámbito provincial. Como organización sindical
de trabajadoras/res organizadas/os conscientemente con sentido patriótico y
solidario, sabemos que nuestro trabajo es garantizar el acceso a los derechos a
nuestro pueblo, en función de ello estamos dispuestas/os a poner todas nuestras
energías para buscar las soluciones que sean necesarias”.