En el mes de diciembre, como resultado de un arduo trabajo que tuvo a ATE como protagonista, se logró en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires del Proyecto la media sanción de la Ley de Excepción, que permitirá que más de 3.000 profesionales ingresen en forma directa a la planta permanente por la Ley 10.471. Un dato no menor es que también se logró la ampliación del Artículo 3 de la mencionada Ley, lo que abre las posibilidades de que otros profesionales, antes vedados, ingresen a la misma. La ampliación de las profesiones es fundamental para fortalecer el equipo de salud con una mirada interdisciplinaria e integral.
Ahora, con el cabildeo en la Cámara de Senadores provincial por delante, ATE ha solicitado entrevistas a diferentes legisladores. Este martes, en horas de la mañana, el compañero Luis María Alman Bornes, integrante de la Junta Interna de ATE de la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencia de Género bonaerense se reunió con el Senador de la cuarta sección electoral, Walter Torchio, para poder expresarle la importancia que tiene para el sector la Ley. Torchio actualmente preside la Comisión de Prevención de las Adicciones, lo que abrió un interesante y fructífero debate sobre la importancia de que se sigan profundizando políticas públicas que aborden un tema tan sensible y complejo como son los consumos problemáticos.
“Fue una reunión muy amena que mostró el interés del Senador Torchio sobre este proyecto, agregando además la posibilidad de abrir un canal de comunicación e intercambio de experiencias con las y los trabajadores del sector”, expresó el compañero Alman Bornes.
Hoy, en el marco de una reunión de Comisión Negociadora Central en la sede del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social nacional, se aprobó el Régimen de Dirección Pública (RDP), que como anexo del CCTG 214/06 agrupará a los cargos de funcionarios y funcionarias de la Administración Pública Nacional. La misma recién cobrará vigencia a partir de mediados de 2024 en pos de continuar con potenciales adecuaciones y validaciones de los diferentes actores intervinientes.
El Director del Departamento de Negociación Colectiva del Consejo Directivo Nacional, Flavio Vergara, tomó la palabra en el encuentro para hacer un llamado a la reflexión y recordar que hoy, 27 de diciembre, es el aniversario de Luis Pasteur y celebración del Día Mundial de la Preparación ante las epidemias. Lo hizo de manera virtual al estar afectado por Covid-19. “Además de la epidemia por Covid-19 y en un nuevo recrudecimiento de los contagios, hay otras epidemias como la de la violencia, la precariedad laboral, los bajos salarios y el hambre que se resuelven con una mejor distribución de la riqueza y por lo tanto hay que apuntar a esta construcción que estamos haciendo”, resaltó el dirigente.
Con este nuevo régimen queda atrás la Alta Dirección Pública, el sistema de privilegios que había intentado imponer el macrismo para retener en cargos jerárquicos a les amigues del poder casi indefinidamente, que ATE logró frenar en 2019 y que venía siendo posteriormente suspendido por sucesivos acuerdos paritarios.
Algunos de los conceptos y las herramientas que esta carrera incluye, y que corrigen las desviaciones desarrolladas por el macrismo en el anterior régimen son:
– Se trata de un régimen de carrera en los términos de la Ley 25.164 Marco de Regulación del Empleo Público.
– Se democratiza el acceso a las funciones directivas dentro de la Administración Pública Nacional al formar parte de un régimen de carrera, para el cual se puede concursar para acceder.
– Sienta las bases para que la excepción, es decir las designaciones transitorias en la planta permanente, no sean más la regla. Los cargos directivos deberán concursarse, y las designaciones transitorias tendrán límites claros.
– Los requisitos de acceso al régimen son considerablemente exigentes, en concordancia con las carreras dentro de convenios.
– Se construyen los principios generales para la cobertura de las funciones de Jefatura.
– Se eliminan los conceptos de indemnización en función del régimen de carrera.
– Se establece la estabilidad de quienes acceden al RDP por sistemas de selección en concordancia con los principios orientadores de la función pública de la Constitución Nacional y la Ley 25164.
– Se trata de un sistema transversal de dirección pública que propone principios generales que se pueden aplicar en diversos convenios colectivos de trabajo sectoriales, normalizando diferencias entre escalafones.
– Se eliminan las diferenciaciones salariales para las mismas funciones y rangos.
El Régimen de Dirección Pública será de aplicación primero en el marco del Sistema Nacional del Empleo Público (SINEP) y posteriormente lo deberán adoptar los diversos convenios colectivos de trabajo sectoriales que dependen del CCTG 214/06.
Además de Flavio Vergara, la comitiva de ATE que participó de la rúbrica estuvo conformada por Rodolfo Aguiar, Secretario Adjunto nacional; Rodolfo Mussi, Paritario COPIC-SINEP; y Mariana Amartino, integrante del Equipo Jurídico del Consejo Directivo Nacional de ATE.
Por el Estado empleador participaron Raquel ‘Kelly’ Olmos, Ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; y Ana Castellani, Secretaria de Gestión y Empleo Público; entre otras autoridades de Gobierno. También formó parte UPCN.
Crédito fotográfico: Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Nación.
En el marco de un evento histórico ATE junto con el Estado empleador y UPCN firmaron la adecuación del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional –homologado por el Decreto 214/06- (CCTG 214/06) en concordancia con lo estipulado por el Convenio 190 sobre la Violencia y el Acoso de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en pos de erradicar todas las formas de violencias y especialmente aquellas por motivos de género de los espacios laborales. Se trata de un hito ya que es el primer Convenio Colectivo de Trabajo en Argentina que incorpora dichas directrices en su texto y ubica a todos los actores intervinientes como pioneros en la materia.
“Celebramos la adecuación del Convenio OIT 190 al Convenio, pero sobre todo este aporte que se da en este contexto histórico donde el movimiento obrero y el feminismo vuelven a encontrarse y a mostrar toda la potencia que tienen en la ampliación de derechos” afirmó Clarisa Gambera, Directora del Departamento de Género y Diversidad de ATE Nacional, quien participó del evento junto a Rodolfo Aguiar, Secretario Adjunto; Gladys Sosa, Secretaria de Comunicación y Paritaria Nacional CIOT; Flavio Vergara, Director del Departamento de Negociación Colectiva; Silvia Bergalio, integrante del equipo a cargo de Gambera; y Mariana Amartino, integrante del Equipo Jurídico; así como Rodolfo Mussi, paritario COPIC-SINEP.
“Es un día histórico en ese sentido, es decir, la posibilidad de rubricar en el ámbito de la negociación colectiva lo que tiene que ser un faro para pensar el Estado no solo en la Administración Pública Nacional, sino este Estado federal que tiene que ser libre de violencias de género”, valoró la dirigenta nacional. “Así que desde ATE vamos a trabajar para que lo que hoy se firmó en el ámbito nacional derrame y pueda ser llevado a los estados provinciales y municipales”, concluyó Gambera.
En tal sintonía, la modificación del CCTG 214/06 es una demostración más del compromiso de ATE de concretar avances en materia de perspectiva de género y diversidades y de construir espacios de trabajo cada vez más democráticos y saludables. De tal manera y con este trascendente hecho, se logró la incorporación de diversos conceptos y herramientas que facilitan el abordaje y tratamiento de conductas y prácticas de acoso y violencia por todo motivo, pero especialmente aquellas por razones de género, para su erradicación en todos los sectores de la Administración Pública Nacional.
Como una de las reformulaciones sustantivas que se realizaron es la ampliación del ámbito de actuación de la Comisión de Igualdad de Oportunidades y de Trato (CIOT). Previamente, las denuncias solo versaban sobre situaciones de violencia laboral por parte de superiores, es decir, en aquellos casos en que hubiera una relación jerárquica asimétrica de empleado-jefe. A partir de la presente modificación, la CIOT tratará todo tipo de denuncias que impliquen violencias laborales y por razones de género, abordando toda amenaza o conducta violenta, incluyendo aquellas entre pares.
Asimismo, también se incluyeron conquistas como la obligación del Estado empleador de disponer de lactarios en los edificios de los organismos y jurisdicciones que integran la Administración Pública Nacional y la Licencia para la Integración Familiar, Guarda con Fines de Adopción y Adopción de Integración. Ambas cuestiones ya se habían acordado y prorrogado previamente en sucesivas paritarias, que con estas modificaciones formarán parte permanente del texto del CCTG 214/06.
Del Estado empleador, participaron Raquel ‘Kelly’ Olmos, Ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; y Ana Castellani, Secretaria de Gestión y Empleo Público; entre otras autoridades de Gobierno.
Crédito fotográfico: Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Nación.
Hoy tuvo lugar una reunión paritaria de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del Sistema Federal de Manejo del Fuego –homologado por el Decreto 192/21-, donde se lograron mejoras salariales y de carrera para ese colectivo de compañeros y compañeras, que quedaron asentadas con la rúbrica de un acta acuerdo.
La misma amplía el alcance del Artículo 60 del convenio referido a la ‘Función de Responsabilidad Superior’, que ahora será percibida por las categorías B4 y B5.
Asimismo, se incorporó una compensación que aplicará al personal que sea formalmente convocado al servicio de combate de incendios fuera de su habitual lugar de funciones. El valor de dicho ítem se fijó en 128 Unidades Retributivas (UR) por día de servicio.
El encuentro tuvo lugar en la sede del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, y en representación de ATE participaron Flavio Vergara, Director del Departamento de Negociación Colectiva de ATE Nacional –de forma virtual, dado que se encontraba afectado por Covid-19-; Darío Orellano, Director del Departamento de Asuntos Provinciales de ATE Nacional; y Mariana Amartino, integrante del Equipo Jurídico del sindicato a nivel nacional. Estuvieron acompañados por Alejo Fardjoume, miembro de la Coordinación Nacional de ATE Parques Nacionales y de la Comisión de Carrera del sectorial; así como por Romina Stoessel, Delegada del Parque Nacional El Palmar.
En la mañana de ayer, la CTA Autónoma ratificó su participación en la iniciativa política que exigirá que se cumpla el fallo del Superior Tribunal de Río Negro, que ordena habilitar el Camino de Tacuifí. En ese sentido, ATE participó ayer de ambas conferencias de prensa, en Río Negro y en CABA, junto a otros sindicatos y organizaciones sociales y políticas para anunciar los detalles de la séptima marcha a Lago Escondido.
El Secretario Adjunto de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, participó de la conferencia de prensa que se llevó a cabo en Río Negro, y dijo: “Desde la CTA Autónoma marcharemos a Lago Escondido entre el 26 de enero y el 14 de febrero. Vamos a llegar a cualquier costo y el Gobierno rionegrino será el responsable por cualquier hecho que lamentar. Esta séptima marcha tiene que ser la última; la que ponga fin a tantos años de impunidad. Lewis y los poderes políticos y judiciales que lo encubren se encuentran cercados por un consenso social creciente”.
“Vamos a pedir al Gobierno Nacional que contribuya con la seguridad de la actividad. Ya no tenemos dudas que la Policía de la Provincia cuida sólo a Lewis. Los rionegrinos que pagamos sus sueldos sufrimos la inseguridad, mientras los multimillonarios extranjeros viven tranquilos. Los jueces y fiscales del chat que se reunieron en la mansión de Lewis dan vergüenza. Buscaban facturas truchas para ocultar sus delitos. Tienen que ser detenidos y procesados ya”, agregó Aguiar.
“El Gobierno Provincial tiene que cumplir con el fallo judicial y abrir el camino al lago. No queremos representantes del pueblo que se arrodillen ante magnates extranjeros. Se tiene que terminar”, cerró el dirigente nacional de ATE.
Por otro lado, en la conferencia que se llevó adelante en CABA, estuvo presente entre otros compañeros Orestes ‘Beto’ Galeano, Director del ISSTATE, quien señaló: “Estamos organizando una marcha más a Lago Escondido. Ojalá podamos decir que es la última, pero no lo sabemos, porque está claro que la Justicia argentina, junto con una buena parte del empresariado conforma una masa que se podría calificar de mafia. Lago Escondido no es solamente una cuestión simbólica: Es el lugar donde se juntan empresarios y jueces para que la Justicia ejerza el poder que antes ejercían las Fuerzas Armadas, cumpliendo los mandatos del imperio y de los grupos económicos. Los militantes populares desde hace tiempo que venimos denunciando esto, que cada vez está más claro y cada vez pueden taparlo menos. Los últimos acontecimientos han dejado en claro el viaje descubierto de las sombras. Pero vamos a seguir batallando por tener un país con soberanía, con justicia social y con independencia económica. Más temprano que tarde vamos a alcanzar la victoria contra el imperio y sus socios”.
A través de un comunicado, la representación de ATE en el sector cuestionó seriamente la censura e injusta sanción disciplinaria de suspensión sufrida por el compañero César Gramaglia, trabajador del INTA Villa Dolores, Córdoba.
Desde el Departamento de Negociación Colectiva, conducido por el compañero Flavio Vergara, del Consejo Directivo Nacional de ATE, se acompañó la acción gremial de las delegadas y los delegados de ATE INTA, que abrevan “por el derecho a pensar y trabajar en libertad en una institución de prestigio mundial como es el INTA”, según afirma un comunicado que emitieron en repudio a la suspensión sufrida hace pocos días por el compañero Gramaglia.
En tal sentido, condenaron enérgicamente la sanción impuesta al trabajador, ingeniero y especialista en agroecología, por considerar “injusta, arbitraria, antidemocrática y persecutoria” la medida. En el escrito, las trabajadoras y los trabajadores advierten que la sanción “representa de manera fiel el modo en que algunos pretenden censurar, amedrentar, disciplinar a quienes están comprometidos con la agroecología”.
El comunicado asimismo informa que, en 2020, el director Regional del INTA Córdoba, Juan Cruz Molina Hafford, denunció a Gramaglia “por presunta vinculación con la agrupación ambientalista ‘Traslasierra despierta’ por una convocatoria virtual (sic) para promover el uso de controladores biológicos de una plaga de langosta en la localidad de Nono, provincia de Córdoba y por declaraciones en el programa de radio ‘El grito de Hornillos’ de la FM 88,6 de Villa Dolores sobre el control de esa plaga”.
Las compañeras y los compañeros de ATE INTA también agregaron: “Este claro accionar retrógrado de persecución ideológica y política, además de atentar contra las libertades individuales, esconde otro problema. De manera soslayada, dan cuenta de la limitada mirada en cuanto a los alcances de las políticas públicas de algunos funcionarios de los Estados Provincial y Nacional hacia el conjunto de la sociedad, actitud que debemos señalar y alertar a la institución y a la opinión pública en su conjunto”.
“Convocamos a los compañeros y a las compañeras a denunciar aquellas situaciones de maltrato, persecución o censura recibidas. Y a las autoridades les pedimos reflexionar sobre este posicionamiento limitado hacia la agroecología, posicionamiento que no cumple con el mandato del PEI, ni con la demanda de amplísimos sectores de nuestra sociedad y a la vez dejar sin efecto las injustas sanciones disciplinarias aplicadas al Ingeniero Agrónomo César Gramaglia, a quien conocemos y de quien valoramos su capacidad, formación y logros realizados en el medio”, sentenciaron desde ATE-INTA.
Ante la negativa de las autoridades del Fondo Nacional de las Artes de revertir el despido de una compañera contratada bajo la modalidad de Artículo 9 de la Ley de Empleo Público, desde la Junta Interna de ATE del Ministerio de Cultura de la Nación decidieron profundizar la campaña de denuncia y visibilización.
“Daiana trabaja en la Gerencia de Operaciones del FNA. Luego de trasladarla de área sin motivo, las autoridades le informaron hace solo dos semanas y sin explicaciones precisas que no le renovarían su contrato en la planta transitoria del organismo. Esta situación se agrava por el contexto de violencia laboral que se vive en el FNA, especialmente en la Gerencia de Operaciones donde el traslado sin motivo de compañeros y compañeras, el aliento a la delación, y el clima de vigilancia y castigo son constantes”, sostuvieron desde la Junta Interna en un comunicado.
“A nivel más general, desde Recursos Humanos del organismo que depende de la misma Gerencia, vienen sistemáticamente negando y postergando nuestros derechos laborales: No se avanza con los ascenso de tramo de la Planta Permanente; no se realizan los concursos generales como en el resto del Ministerio de Cultura y no hay miras de empezar a trabajar los concursos profesionales; tampoco se informan cuestiones básicas como licencias, corrimientos de grado, actividades de capacitación o cualquier otro derecho que tengamos”, agregaron.
Los compañeros y compañeras instaron desde las redes sociales a sumarse a la campaña con el hashtag #NoALosDespidosEnElFNA, y reclamaron por: “¡Reincorporación ya de Daiana en el FNA u otra área del Ministerio de Cultura!; ¡basta de violencia laboral y arbitrariedades!; y ¡pase a Planta Permanente ya!”.
La posición fue hecha pública en una conferencia de prensa que tuvo lugar en la sede de la Federación de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) en el barrio porteño de Congreso: Las y los integrantes de la Misión de Solidaridad Internacional y DD.HH. hicieron denuncias de violaciones a los Derechos Humanos en Perú y dieron a conocer una lista con los nombres y apellidos de 25 personas –la mayoría jóvenes y pobres- muertas por la represión a las protestas surgidas a partir del 7 de diciembre, cuando el parlamento destituyó a Pedro Castillo, a quien la justicia envió a la cárcel por un período de al menos 18 meses bajo la acusación de rebelión y conspiración.
Entre otros, hablaron ante la prensa la legisladora porteña del Frente de Todos, Laura Velasco; el representante de Patria Frente Grande, Gonzalo Armoa; Alejandro Rusconi, de la Asociación Americana de Juristas; y María José Cano, Directora del Departamento de Derechos de los Pueblos de ATE Nacional.
Tras la conferencia, María José Cano relató: “Ayer convocamos a una conferencia de prensa que se llevó adelante en las instalaciones de SiPreBA con dos objetivos concretos: El primero es el de lograr la reactivación de la misión de solidaridad y de Derechos Humanos, y el segundo es denunciar la grave violación a los Derechos Humanos que se está dando en la hermana República del Perú a partir de la cruda represión policial y militar que se está dando en las calles que se inició inmediatamente después de la destitución de Pedro Castillo. Previamente a la conferencia de prensa, en comunicación con distintos referentes y referentas de organizaciones del Perú fuimos tomando conocimiento de la situación en particular en lo que respecta a Derechos Humanos y desde ese lugar empezamos a construir una información con mejores niveles de certeza para poder hacer esta denuncia a nivel internacional”.
“De los datos que pudimos construir con las distintas organizaciones y a partir de las denuncias que nos fueron llegando –no hay datos oficiales, eso es claro-, el listado que presentamos al día de ayer incluye a 25 personas fallecidas en el marco de las protestas en Perú con la característica general de tratarse de personas muy jóvenes, entre ellas cuatro menores de edad, y la amplia mayoría no supera los 25 años. Sabemos también que hay más de 300 personas heridas y que fueron atendidas, como también cientos de personas detenidas de manera ilegal”, agregó la dirigente.
“En el marco de las protestas las zonas más afectadas son Apurímac, La Libertad, Cusco, Ayacucho, Junín y Arequipa. Son lugares donde residen poblaciones en su mayoría vunerabilizadas y de sectores populares. En función de esos datos crueles, durísimos y gravísimos, también las organizaciones de Perú –en particular las que participaron ayer en la conferencia de prensa- planteaban que ellos suponen que debe haber muchos más muertos. Dicen que las balaceras que se dan en los distintos puntos del país son intensas. Tienen ya pruebas de que hay infiltrados en las distintas movilizaciones que provocan disturbios y generan mucha violencia. Hemos podido ver videos en donde se aprecia una desproporcionada militarización del territorio. Hay un fuerte pedido de poder difundir esta información para que se pueda conocer en profundidad y con certezas qué es lo que está pasando hoy en Perú, rompiendo el cerco mediático que oculta lo que sucede allí en el día a día”, manifestó Cano.
La Directora del Departamento de Derechos de los Pueblos de ATE además dijo: “A partir de la participación de dos referentes de organizaciones del Perú en el marco de la conferencia de prensa, es necesario sumar cuestiones como la fuerte estigmatización que hay sobre el pueblo peruano que lucha y resiste, con la consecuente criminalización y persecución a partir de ello. Uno de los ejemplos más claro fueron los allanamientos a las sedes de las organizaciones que están en lucha en el marco de las protestas. Fue concreto el planteo por parte de la referenta del Plan Agro sobre la preocupación por las represalias que pudieran tener tanto los miembros de su organización por haber trabajado codo a codo con Pedro Castillo”.
“Más allá de que se está organizando la posibilidad de viajar como misión, hemos acordado también tener distintas acciones de visibilización y de denuncia. Estamos enviando hoy una presentación a la CIDH con las denuncias que nos llegaron y para reforzar todo aquello que puedan estar planteando en estos dos días las organizaciones y el pueblo de Perú en materia de Derechos Humanos”, cerró María José Cano.
A través de un Comunicado de Prensa, desde el Centro Nacional de Jubiladxs y Pensionadxs de ATE denunciaron y repudiaron que el pasado miércoles 21 diputados de la oposición se hayan negado a dar quórum para tratar la Ley de Moratoria Previsional que ya contaba con dictamen de Comisión y que beneficiaría a quienes no tienen 30 años de aportes, en muchos casos, por efectos de la degradante precarización laboral. Esto afectará a entre 800.000 y 1.000.000 de trabajadores y trabajadoras que no podrán jubilarse.
A continuación el Comunicado de Prensa completo:
El Centro Nacional de Jubiladxs y Pensionadxs de ATE manifiesta que, una vez más, legisladores ungidos por el voto popular no resuelven en la cámara de Diputados situaciones urgentes de nuestro pueblo, negándose a sesionar por actitudes políticas, partidarias, especulativas y mezquinas, cercenando derechos básicos, humanitarios.
Esta práctica política se materializa impunemente, perjudicado a los sectores populares más vulnerables, mientras mantiene a rajatabla los intereses oligopólicos del poder.
Denunciamos y repudiamos que diputados de la oposición, el pasado miércoles 21, se hayan negado a dar quórum para tratar la Ley de Moratoria Previsional que ya contaba con dictamen de Comisión y que beneficiaría a quienes no tienen 30 años de aportes, en muchos casos, por efectos de la degradante precarización laboral. Esto afectará a entre 800.000 y 1.000.000 de trabajadorxs que no podrán jubilarse.
Frente a esta situación, los jubilados –sin distinción de géneros- seguiremos luchando por una moratoria previsional y por el derecho a jubilaciones dignas.
El Gobierno Nacional debe contemplar esta injusta situación y utilizar los mecanismos constitucionales necesarios para ayudar a reparar esta injusticia.
“Con la fuerza de los que no se resignan”
Por el Centro Nacional de Jubiladxs y Pensionadxs de ATE: Luis E. Maceiros, Secretario de Prensa y Propaganda; Olivia Ruiz, Secretaria de Finanzas; Beatriz Mendoza, Secretaria de Actas; Oscar ‘Cacho’ Mengarelli, Vicepresidente.
La cámara de Diputados de la Nación votó un proyecto de Ley que plantea la municipalización de las vías navegables del Río Paraná para luego avanzar sobre un proyecto inmobiliario, lo que atenta contra el refuerzo de la presencia Estatal en el control de la actividad portuaria y el fortalecimiento de la soberanía.
En ese contexto, dirigentes de ATE y de la CTA Autónoma se congregaron frente al Congreso nacional. Oscar ‘Colo’ de Isasi, Secretario General de ATE Provincia de Buenos Aires y de la CTA Autónoma bonaerense, precisó: “Vinimos a plantearle a los senadores y a las senadoras que no voten un proyecto de Ley que tiene media sanción en la cámara de diputados que planeta el desguace de vías navegables de Paraná. Se pretende su municipalización para hacer un negocio inmobiliario, un Puerto Madero en Paraná”.
“Estamos muy felices de las últimas decisiones que adoptaron los gobernadores de las provincias por la cuales atraviesa la cuenca de los ríos Paraná y Paraguay, que el Consejo Federal de la Hidrovía haya resuelto que quede en manos de la Administración General de Puertos, es decir en manos del Estado, el dragado, el balizamiento y el peaje. Por eso es preciso que el proyecto de municipalización no se convierta en Ley y que haya mayor inversión en el área de vías navegables para garantizar todas las tareas que debe realizar el Estado”, remarcó el dirigente.
De Isasi recordó además: “57 mil millones de dólares se van a través de las multinacionales a otros lados o quedan en la oligarquía vernácula. Luchamos para que esos dólares sean distribuidos de una manera más justa, en salarios, salud, educación, fuentes laborales, créditos blandos para pequeños y medianos productores”.
Otro de los presentes fue Oscar Muntes, Secretario General de ATE Entre Ríos, quien advirtió: “Estamos preocupados por la definición que tomó la cámara de diputados de votar por unanimidad la entrega de construcciones portuarias y vías navegables porque no sólo se entrega su historia, sino que se entrega la posibilidad de tener nuestra propia industria naval. Queremos que los senadores recapaciten y no den la media sanción”.
En tanto, Oscar Verón, Delegado General de ATE Vías Navegables, expresó: “Agradezco a los compañeros de la Provincia de Buenos Aires porque siempre han dicho presente. Venimos a pedir que no cedan el predio de Paraná. Basta de dragar para la multinacionales agroexportadoras, tenemos que recuperar el Canal de Magdalena. No hay soberanía si seguimos entregando nuestro trabajo a empresas extranjeras”.
Otro de los que estuvo presente fue el Secretario General de ATE Corrientes, Feliciano Romero, quien señaló: “Nos manifestamos en rechazo a la entrega de nuestro patrimonio. Los litoraleños queremos recuperar la soberanía sobre nuestros ríos. Somos la puerta del Mercosur y no debe haber una ley de entrega de patrimonio. Sólo a partir del Estado podemos realizar los proyecto necesarios para nuestro desarrollo regional”.
Al finalizar la jornada, el Secretario General de ATE bonaerense, Oscar ‘Colo’ de Isasi, recalcó: “Hoy, frente al Congreso Nacional, estamos dando un paso más en la lucha para que en la Argentina impere una propuesta de salida a la crisis que generó el neoliberalismo de Macri, y remarcamos que ese camino debe ser con soberanía, trabajo digno y producción”.
