La larga lucha de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Córdoba en el Complejo Esperanza tuvo su premio al lograr, después de dos años, por medio de una resolución judicial, la reinstalación en su lugar de trabajo del delegado sindical Sergio Piedra, víctima de una percusión antisindical.
Piedra había sido trasladado desde el Complejo Esperanza a una dependencia del Ministerio de Justicia, donde lo destinaron sin asignarle tareas, en un claro acto de discriminación y acoso laboral.
La política antisindical del Gobierno de Córdoba en el Complejo Esperanza se origina en el intento de evitar la organización de las y los trabajadores del sector al esconder la larga lista de situaciones que ATE Córdoba viene denunciando, que impiden la atención de los menores a cargo o directamente afectan los derechos que los asisten, en abierta violación del mandato constitucional sobre el tutelaje que el Estado Provincial ejerce de los mismos.
El abandono de la infraestructura edilicia, las políticas ejecutadas por funcionarios políticos sin experiencia ni idoneidad y falta de personal, que somete a los jóvenes y a las y los trabajadores a condiciones de violencia cotidiana, protestas regulares de los internos, sin que las autoridades intervengan para resolver los problemas que se suceden son materia cotidiana. Todo lo cual supone el constante riesgo físico para los jóvenes y las y los trabajadores.
Para peor, cuando las y los trabajadores concurren a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) o tramitan carpetas médicas son castigados, perdiendo la posibilidad realizar adicionales, lo que constituye un ataque directo a los ingresos de los ya paupérrimos salarios que paga en el Complejo Esperanza, sometiendo al personal a condiciones de semi esclavitud.
Faltan baños en condiciones para el personal, de la misma manera que los jóvenes internados no cuentan con espacios apropiados para que se cumplan los principios de recuperación.
“Tenemos construcciones y edificios que se caen”, describió el delegado Piedra, ya repuesto en su lugar de trabajo. Esto sucede en el marco donde los trabajadores sufren el abuso de autoridad, las amenazas constantes de traslados y la negligencia de directivos incapaces, puestos a dedo en cargos políticos.
“Hay un 40% de compañeros con carpeta psiquiátrica porque este trabajo te consume y hay hasta intenciones de suicidio de parte de los compañeros por esta clase de trabajo”, agregó el delegado.
En tanto, el Gobierno ha intentado sucesivamente intervenir, en abierto conflicto con la ley vigente que se lo impide, impidiendo que se realicen elecciones dentro del establecimiento, deslegitimando la actuación del Sindicato al no reconocerlo como representante legítimo y legal de los trabajadores, mientras protege y ampara al Sindicato de Empleados Públicos (SEP), gremio que no representa a la mayoría de las y los trabajadores.
La Justicia Provincial ya dio la razón a ATE Córdoba y ordenó la reinstalación del delegado Piedra, trasladado de manera arbitraria e ilegal, no obstante lo cual el compañero no ha sido recibido por las autoridades para poner en marcha la vía institucional y democrática en el Complejo Esperanza.
Piedra, miembro del Consejo Directivo Provincial (CDP) de ATE Córdoba, volvió luego de haber sido trasladado arbitrariamente hace dos años por realizar una asamblea. Gracias al acompañamiento del Sindicato y al enorme trabajo de las y los letrados de la ATE cordobesa, se consiguió su restitución laboral, defendiendo el derecho a organizarse y a ejercer la representación gremial.
Estado calamitoso
Para describir las situaciones que viven diariamente los trabajadores del Complejo Esperanza, Piedras remarcó: “Es un trabajo insalubre a tal modo que se convive con roedores de gran tamaño, tanto en las áreas laborales como en los sectores de convivencia de menores”.
A esto se suma que el personal tiene que hacer tareas, obligado por las autoridades del organismo, que solo debiera realizar el personal de seguridad destinado en el lugar por la Policía de la Provincia y el Servicio Penitenciario. “Nos designan como personal administrativo pero hacemos tareas de seguridad y no tenemos amparo legal para ejecutar dichas órdenes”, señaló Piedra.
En esa línea, el delegado de ATE advirtió: “Estamos a sólo a cuatro meses de la puesta en marcha de la Nueva Ley Penal Juvenil, y no solo que no reparan los graves problemas edilicios, sino no vemos que se vayan a realizar. Solo presentaron las maquetas de campaña hace meses atrás. Será que construirán paredes y techos de papel, como nos tiene acostumbrado éste gobierno”.
Vale señalar que el nuevo régimen penal para adolescentes, impulsado por Milei, tuvo el apoyo irrestricto del Gobierno de Llaryora, aportando el voto de sus diputados en el Congreso, en una muestra de la demagogia punitiva que lleva adelante la Provincia de Córdoba.
Finalmente el delegado aseguró: “Las cámaras de seguridad instaladas en los edificios se utilizan para controlar y extorsionar al personal y no para lo que fue creado”. Esto es una muestra de que la persecución sindical es una decisión institucional de los directivos, y el Gobierno debe terminar con esto.
