Autor: Alejandro Asís

Una delegación del Consejo Directivo Provincial de ATE Córdoba recorrió diversos sectores de la Municipalidad de Mina Clavero, en el Valle de Traslasierra, para llevar la propuesta de organización a las y los trabajadores municipales.

En la ocasión estuvieron presentes la secretaria de Prensa, Julia Giuliani, junto al secretario Gremial de la nueva conducción de ATE Córdoba que asumirá en noviembre próximo, Jorge Chalup y su par de Organización, Javier Bracamonte, y el futuro secretario Adjunto de la seccional ATE Río Cuarto, Rodrigo Olguin.

En Mina Clavero, el intendente Claudio Manzanelli paga la mitad de los salarios en negro y mantiene al personal en pésimas condiciones de trabajo.

Cabe señalar que ATE ya cuenta con 70 afiliados y afiliadas en la localidad. Para consolidar el crecimiento organizativo, se comunicó al Departamento Ejecutivo la designación de dos delegados normalizadores, Matías Santamaría y Jorge Pereyra, trabajadores de Espacios Verdes, para convocar a elecciones de delegadas y delegados a la brevedad.

“Estamos muy entusiasmados con el crecimiento de las afiliaciones y la presencia de ATE en todo el corredor de municipios de Traslasierra”, comentó Giuliani.

Prensa ATE Córdoba

La Sala 11 de la Cámara del Trabajo revocó la sentencia del juzgado de conciliación que había rechazado un amparo interpuesto por ATE Córdoba ante una serie de despidos arbitrarios realizados por la Municipalidad de Villa Carlos Paz en el marco de un conflicto gremial en el sector salud municipal, en diciembre de 2020.

Cinco trabadoras y trabajadores habían sufrido despidos después que se afiliaran a ATE y participasen en asambleas y otras medidas de fuerza, razón por la que fueron despedidos por la gestión del actual oficialismo, que entonces ejercía Daniel Gómez Gesteira, disfrazados bajo la excusa que el ejecutivo no les renovaba sus contratos.

Ahora la Cámara sostuvo, en una sentencia emitida en julio pasado, que efectivamente como reclamó ATE este personal sufrió persecución antisindical y, por lo tanto, ordenó al municipio que pague las indemnizaciones correspondientes.

Vale señalar que el Ejecutivo se había negado a todo reconocimiento aduciendo fin de los contratos cuando, en realidad, se trataba de personal precarizado que gozaba de estabilidad laboral en tanto trabajador o trabajadora estatal. Esa postura había sido avalada por el Juzgado N° 2 de Villa Carlos Paz, en una sala de conciliación que rechazó el amparo presentado por ATE. Sin embargo, para la Cámara como instancia de apelación superior los despidos fueron ilegales.

“No hay duda que los despidos fue una represalia a ese conflicto sindical del 2020 donde entre muchos trabajadores y trabajadoras habían participado las y los despedidos”, explicó la abogada del CDP, María Terragno.

La letrada destacó que las y los compañeros tenían mucha antigüedad, algunos más de 10 años. “Reclamaban mejores condiciones de trabajo y fueron despedidos como un mecanismo ejemplificador para poner fin al conflicto”, dijo.

Terragno destacó que “es importante que la Cámara se haya declarado competente para entender en el caso porque es una pelea que damos desde ATE que la Justicia asuma que el empleo público forma parte del derecho del trabajo y por lo tanto está incluido en el marco de las medidas protectorias y progresistas, como son las garantías de organización y libertad sindical”.

Asimismo no es menor que la sentencia establezca que los despidos fueron discriminatorios y sanciona a la Municipalidad como empleadora con una indemnización agravada. El antecedente queda asentado para otros conflictos que puedan surgir en otros municipios de la provincia.

Prensa ATE Córdoba

Las y los trabajadores de la Agricultura Familiar de la Nación, Región Centro organizados en ATE Córdoba, se declararon hoy en estado de alerta y movilización ante la falta de concreciones de las promesas que realizaron los funcionarios del organismo a la agenda de demandas del sector.

En esa línea rechazaron la convocatoria a para “la Construcción del Plan de Acción Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena en el marco del Decenio de la Agricultura Familiar de las Naciones Unidas (2019-2028) y de la Implementación de la Ley N° 27.118 por parte de las autoridades del INAFCI”, que se realizó desde el organismo.

El personal anunció “medidas de luchas por la reincorporación de compañeros despedidos, el incumplimiento sistemático en nuestras condiciones de trabajo, las recategorizaciones que nunca llegan en lo referente a letra y grado, al no pago de zonas, con salarios bajo de la línea de la pobreza, con el tan prometido pase a planta permanente incumplido, la falta de presupuesto para todo y en particular en lo que respecta al pago de proyectos ya aprobados, etc”.

Por último hicieron un llamamiento para que se concreten y resuelvan cuanto antes “nuestras demandas porque las  mismas afectan y repercuten al sector en el sector de la Agricultura Familiar Campesina e  Indígena en su conjunto y esto conlleva a la falta de alimentos saludables para nuestro pueblo y la pérdida de la Soberanía Alimentaria”.

Prensa ATE Córdoba