Mes: noviembre 2019

En declaraciones con el portal de noticias ‘El Central’, en
cuanto a cómo han repercutido en el sector trabajador las denuncias conocidas durante
el pasado fin de semana, el compañero Mercado dijo: “Es algo que a los
dirigentes y trabajadores no nos sorprende. Se trata de una situación que
venimos denunciando desde que asumió este Gobierno, no solamente de vaciamiento,
sino también de estado de abandono”.

A la deriva

Mercado explicó que “es la primera vez que la
seccional de Villa María ha metido tantas denuncias, en lo civil y en los
juzgados”. “No nos imaginamos la magnitud del daño y las estafas en la Dirección
General de Fabricaciones Militares”, señaló antes de contar: “Acá en la fábrica
de Villa María desarmaron el cuerpo de bomberos completo, dejando a los trabajadores a
la deriva”.

El dirigente también explicó: “Hoy los Porteros tienen que
hacer de chofer, barrer y mirar las cámaras. Un poco más y tienen que hacer de
enfermeros. ¡Y de bombero! Cuando el compañero en realidad no es
bombero. Para eso estaba el cuerpo de bomberos que, lamentablemente, fue
despedido casi en su totalidad en la misma volteada que barrió al personal
de FANAZUL”.

El titular de ATE Villa María confirmó a El Central: “También
denunciábamos que no se le daban categorías a los trabajadores, que nos
habían sacado el agua, que después le hicieron pagar a cada compañero mil
pesos -a cada uno, durante todos los meses- para sustentar el transporte”.

“Imagínense cómo se sienten los trabajadores hoy, a raíz de
las noticias que se dieron a conocer sobre la estafa que está
realizando Fernando Speranza y la malversación de fondos. Todo con pruebas
en la mano”, tal como se difundió recientemente en el programa televisivo de
Rolando Graña por A24.

Cuestión de ética

Mercado además recordó: “En algún
momento [Speranza] llegó a mandarme a decir con el director de la
fábrica, a mí, que represento a los trabajadores de la Seccional, que
conmigo no iba a hablar, que solamente lo iba a hacer a través de la
Justicia”.

“Días anteriores tuve la oportunidad de sentarme a una mesa donde
estaba este señor [Speranza], al que por cuestiones éticas no saludo.
Por cuestiones éticas tampoco me senté nunca a discutir, porque uno no se
puede sentar a discutir con quien está vaciando la empresa donde trabajaron sus
padres, donde trabajaron sus abuelos y donde ha visto el vaciamiento. Como
venimos denunciando hace tiempo: La empresa se ha venido abajo, faltan insumos,
no se produce”, señaló Mercado.

La única esperanza

El Secretario General de ATE Villa María además relató: “La
semana pasada tuvimos la posibilidad de encontrarnos con los compañeros de
Azul, con los compañeros de [Fray Luis] Beltrán, y con los compañeros
de Río Tercero. Les transmitimos que nosotros votamos a Alberto
Fernández porque entendemos que es la única esperanza que tiene Fabricaciones
Militares. En una de las entrevistas en Villa María, Fernández se comprometió a devolverles
el sueño y el trabajo a todos los trabajadores. Yo le sugerí que hiciera lo que
en su momento hizo Néstor [Kirchner]: Nos propuso un sueño y así logramos
reconstruir Fabricaciones Militares”.

“Ya todos han tomado conocimiento de las denuncias. Los
abogados estarán presentándolas en los expedientes que hacen a la presentación
que hicimos nosotros, declarando la inconstitucionalidad no solamente del
decreto que nos convierte a Fabricaciones Militares en sociedad del
Estado, sino también el decreto que nombra a Director a Fernando Speranza”,
detalló Mercado.

“Los trabajadores creemos que por una cuestión ética Fernando
Speranza y Ricardo Casal deberían renunciar. Cuando la compañera Secretaria General
de ATE Azul, Vanina Zurita, le explicaba el daño que habían hecho a Ricardo
Casal, se hacía el ofendido porque lo tratábamos de corrupto”, dijo
Mercado.

“Delito gravísimo”

“Quien denuncia hoy a Speranza es su propio jefe
de Recursos Humanos, a quien mientras a los trabajadores se los echaba, se les
negaban derechos y se les quitaba el transporte -cuando el transporte para los
trabajadores de Villa María fue histórico, como también lo fue para los
compañeros de Azul- le hacía incrementar su salario para no pagar impuestos a
las ganancias, algo que es un delito gravísimo”, agregó Mercado antes de
decir: “Lamentablemente el General de Brigada, Edgardo Aldo Serafín, que
actualmente integra el Directorio, también debe renunciar, porque nosotros
se la pedimos a todo el Directorio”.

Mercado además dijo: “La Justicia seguramente nos dará un
fallo favorable, y seguiremos siendo la Dirección General de Fabricaciones
Militares. Y si así no fuese, estamos totalmente confiados en la palabra que
nos ha dado el hoy Presidente Electo, que nos prometió que va a derogar
este Decreto que convirtió a Fabricaciones en una Sociedad del Estado. También va
a derogar el Directorio, que también fue nombrado a través de un Decreto
inconstitucional”.

Un paso al costado

El dirigente de ATE Villa María opinó: “El Presidente Macri debería
llamar por lo menos de Luis Riva para abajo, a todos a quien corresponda
llamar, y que a quien haya cometido una irregularidad, se le pida la renuncia”.

“Desde la Seccional ATE Villa María nosotros
denunciamos durante cuatro años. Ahora es tiempo de justicia. Es tiempo de
que el Presidente tenga un poco de dignidad antes de irse. Si no, será función
del Presidente que asumirá en diciembre, pero todos aquellos que han incurrido
o han sido parte de la corrupción, del desguace, del vaciamiento de Fabricaciones
Militares, deben dar un paso al costado”, agregó Mercado.

En cuanto a la situación en Villa María, explicó: “Ese es el
cuadro de situación. Estamos unidos y confiados en que vamos a recuperar la Fábrica
Militar de Azul, que vamos a recuperar todo Fabricaciones Militares, y que
seguramente volveremos a ser el sector con más de dos mil trabajadores que fuimos,
produciendo al cien por cien, siendo una de las industrias madres, creadas por
el General Perón y por el General Savio”.

Equipos de Azul

Finalmente, en referencia a la denuncia planteada por la Seccional
Azul de ATE sobre los materiales que, desde FANAZUL se habrían trasladado hacia
Villa María y, quizás, hacia otras dependencias de la DGFM, o bien
desaparecido, Fernando Mercado confirmó: “Acá hay materiales que han traído,
como ‘la roller’, que está guardada. Eso lo fuimos chequeando con los
compañeros y con la compañía: Está guardado el 80 por ciento. Ahora, lo
que no podemos saber es si todo lo que se inventarió [en Azul] está
en custodia y bajo precinto. No podemos saber fehacientemente si algo se
ha perdido o si ha desaparecido, pero estamos trabajando en juntar
información”.

La junta interna de ATE  CITEDEF denunció un acuerdo de último  momento entre  la Dirección del organismo y UPCN, mediante el
cual se avaló “indiscriminadamente, el arribo vergonzoso a categorías de
Investigador a personas que no cumplen con el mínimo que estipula el Decreto
N°4381/73, y donde la documentación presentada carece total validez y no avala
en lo más mínimo lo que solicitan”.

Desde ATE, indicaron que el proceso estuvo “plagado
de injusticias y de una inequidad indignante”. Ante esto, hicieron un
llamamiento a la comunidad científica del país a rechazar estas prácticas.

“Seguimos denunciando cómo aquellos que han
firmado a la baja paritarias, que quisieron dejar a los CEOS de la gestión
saliente en cargos de alta jerarquía y que hacen todo lo posible para
intercambiar favores, se encargaron de ensuciar y pisotear uno de los más
grandes recursos que una Nación y su pueblo puede tener: el conocimiento”, expresaron.

Además, precisaron que la medida fue tomada por quienes administran el Régimen para el personal de Investigación y Desarrollos de las Fuerzas Armadas (RPIDFA), la Comisión Interna Evaluadora, los comités especializados y el Comité Superior.

CITEDEF es clave para la elaboración de
sistemas complejos; utilizados en las FFAA y que particularmente establecen un
factor de independencia del extranjero imprescindible en diferentes áreas de la
defensa.

Al igual que otros organismos, fue golpeado
por los cuatro años de ajuste macrista, lo que se tradujo en el cierre de áreas
estratégicas como la de Propulsión (donde se fabricaban misiles y cohetes).
Este año, lxs trabajadores se organizaron contra un proceso de
re-estructuración que avanzaba con el achique y continúan peleando para que se
respete el acuerdo de una nueva estructura elaborada con su participación.

Una reciente medida
cautelar ordenó que el INTI reincorpore a un trabajador con discapacidad,
sentando precedente y recordando un reclamo histórico: que el Estado cumpla con
la obligación de dar empleo a personas con discapacidad.

Carlos Ferreres, Secretario de Discapacidad de CTA-A, y de ATE
Nacional comenzó contextualizando el despido en el marco del brutal ajuste que
dispuso el macrismo, “desmantelando el Instituto que era un fuerte productor de
ciencia y tecnología nacional, que asesoraba PyMEs para agregar valor a los
productos en la perspectiva de exportar. Especialistas, científicos, técnicos
fueron despedidos en la pretensión de destruir tecnología nacional. Macri
pretendió un modelo agroexportador, y con el Conicet y el desfinanciamiento de
las universidades, también cayó el INTI”. Por otro lado, Ferreres valoró el
fallo subrayando la prohibición de “discriminación por motivos de discapacidad
con respecto a todas las cuestiones relativas a cualquier forma de empleo,
incluidas las condiciones de selección, contratación y empleo, y su
continuidad", expresó el dirigente.

Se trata de una medida
cautelar que ordena la reinstalación de Alfredo Fernandez, diseñador y
constructor de prototipos de sillas de ruedas, a quien el Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI), luego de 12 años, le rescindió el contrato de
locación de servicios al tiempo que eliminó el Centro de Tecnologías para la
Salud y Discapacidad. En un análisis minucioso del caso, Javier Izaguirre,
abogado del Observatorio jurídico de CTA-A, afirmó “es un fallo muy importante
porque no solo resuelve con cierta celeridad (se trata de una cautelar) el
problema de la conservación del empleo del compañero, sino porque los
parámetros de análisis y los argumentos jurídicos que utiliza la Jueza para
respaldar su decisión conforman un valioso antecedente en orden a la tutela de
los derechos de los trabajadores con discapacidad. A la complejidad propia del
caso, hay que agregar que la ley 26.854 sancionada en 2013, restringió
significativamente el otorgamiento de Medidas Cautelares en contra del Estado”.

El trabajador había ingresado
al INTI en agosto de 2006, luego de celebrar un contrato por cinco años para
realizar tareas de diseño y desarrollo de equipamiento para personas con
discapacidad. Vencido dicho plazo, el vínculo fue renovándose bajo el formato
de sucesivos contratos de locación de servicios hasta que, en febrero de 2019,
el INTI decidió rescindirle el contrato. Como apuntó Izaguirre “al ordenar a
través de una medida cautelar la reincorporación del trabajador, el fallo
brinda una respuesta adecuada a las necesidades de protección integral del
trabajador con discapacidad. Tanto la valoración de los hechos como la
respuesta jurídica expresada en la sentencia cautelar se encuentra en armonía
con la Ley 22.431 y sus modificatorias y de la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, aprobados mediante
resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 13 de diciembre de
2006".

En efecto, la Jueza Cecilia
de Negre destaca que como el trabajador se había desempeñado en el organismo
durante más de más 12 años consecutivos, la rescisión de su contrato
contrariaba las disposiciones de la Ley 22.431, que instituye un Sistema de
Protección Integral de las Personas Discapacitadas, ya que ello implicaba
privarlo de su atención médica, su educación y su seguridad social, y también
de “las franquicias y estímulos que permitan en lo posible neutralizar la
desventaja que la discapacidad les provoca y les den oportunidad, mediante su
esfuerzo, de desempeñar en la comunidad un rol equivalente al que ejercen las
personas normales”.

Prosiguió Izaguirre:
“vinculando con buen criterio, la circunstancia de la negación del empleo con
el incumplimiento de la obligación de: ’ocupar personas discapacitadas que
reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción no inferior al
cuatro por ciento (4 %) de la totalidad de su personal’ se desprende que el
Estado estaba incumpliendo con las normas de protección a las personas con discapacidad
porque luego de 12 años prescindía de los servicios un empleado con
discapacidad, aunque este estuviera vinculado por un contrato de naturaleza ’no
laboral’, ya que no había demostrado que el órgano empleador cumplía el cupo
normativo mencionado. Y allí radica el gran valor de la sentencia comentada,
pues reconoce la plena operatividad de la Ley 22.431 y del cupo 4% al tiempo
que coloca en cabeza del empleador, en este caso el Estado, el deber de
acreditar que cumple con esa disposición".

En suma, el letrado planteó
que “la resolución judicial deriva de un acertado análisis que se enfoca en las
características reales de la prestación de tareas y no en la formalidad bajo la
cual se encontraba registrado el vínculo, al tiempo que reconoce el derecho de
los trabajadores con discapacidad de obtener una adecuada e integral
protección, lo que incluye el derecho a que el Estado les asegure el goce
efectivo del cupo normativo del 4 % de la totalidad del personal que allí se
desempeña. Una demanda de los trabajadores con discapacidad que ha sido
históricamente ignoradas por los gobiernos”.

Esta mañana, ATE INTA se manifestó frente al organismo (Av
Rivadavia 1439) para reclamar por el pase a planta permanente de 300
trabajadorxs del Programa Pro-Huerta que, si bien es financiado por Desarrollo
Social, la gestión está a manos del Instituto. Además, exigieron por reapertura
ya de paritarias y aumento salarial.

José Luis Perea, delegado general de ATE INTA, explicó que
se trata de un conflicto de larga data pero que esta medida, apoyada por
asambleas en el organismo en todo el país, estuvo centrada en exigir el pase a
planta de ese grupo de trabajadores.

Asimismo, señaló: “Todos los trabajadores estamos
atravesando un momento extremadamente difícil por el encarecimiento del costo
de la vida y el deterioro de los salarios. Por eso pedimos aumento salarial ya
y que se reabran las paritarias. También repudiamos el DNU firmado por el
Gobierno que le quita al organismo el Fondo Tecnológica, que es un fondo
histórico de 8 mil millones de pesos. Esto pone a la institución en terapia
intensiva”.

Flavio Sives, de ATE CONICET expresó: “Queremos compartir la
alegría de la reincorporación, ayer, de Pablo Parra, delegado de ANSES en
General Rodríguez”. Por otro lado, señaló; “Sin duda este es momento para
pelear por nuestros derechos y denunciar la violencia de esta gestión que se
quiere ir y arrasar con todo. Nos congelan los salarios pero al mismo tiempo
descongelan la nafta, la electricidad, el gas, no hay más la mentira precios
cuidados. Seguimos cargando en nuestras espaldas de trabajadores el costo de la
joda y la timba financiera”.

Por su parte, Sebastián Facardo, delegado de INTA
Pro-Huerta, indicó que la medida es “para revertir esta naturalización que se
viene arrastrando INTA y tantas reparticiones que es la precarización.

“Quiero referirme a un debate que se viene dando de si es
momento de luchar. Nosotrxs consideramos que sí, porque después de 10 o 12 años
como contratadxs no podemos esperar más. Necesitamos resolver esta situación de
manera urgente. Además, todxs los trabajadores necesitamos ajustar nuestro
salario porque ya hemos quedado muy atrasados”.