Mes: abril 2018

En la carpa que ATE instaló el lunes frente al Congreso de
la Nación, por trabajo y contra el ajuste, se desarrolló esta mañana una
conferencia de prensa en la que estuvieron dirigentes nacionales y provinciales
de ATE, junto a los trabajadores de Fábrica Militar de Azul. Los fabriqueros
manifestaron que no van a permitir el desmantelamiento de la planta, ordenado
por el Ministerio de Defensa, a cargo de Oscar Aguad. Desde ayer, acampan y
bloquean los accesos a Fanazul.

Cabe recordar que el conflicto se inició en enero con el
cierre y el despido de 220 trabajadores. Otros 30, de planta permanente, ahora
se encuentran en riesgo de despido. El lunes, fabriqueros traídos –bajo presión-
desde Córdoba trabajan desmontando las maquinarias.

Juan Cacace, delegado de Fanazul despedido, resaltó que
desde hace dos años resisten el vaciamiento y denuncian la falta insumos, de
materias primas y que no se reparan las maquinarias.   “Luego
hicieron dos auditorías, en las cinco fábricas de Fabricaciones Militares, una
interna y otra con consultoras privadas que arrojaron unos números que al día
de hoy no hemos podido ver. Entonces deciden tomar una decisión basada en que
no somos funcionales y no damos ganancia”, dijo al reconstruir el accionar
gubernamental.

Tras el cierre, se instaló un acampe en la Municipalidad que
lleva 90 días. También hubo puebladas, acciones judiciales, presentaciones de
informes, reuniones. Sin embargo, no hubo respuesta.

Cacace indicó: “El común denominador es un gobierno que no
escucha y expulsa trabajadores, con la excusa de que somos improductivos, que
cobramos mucho. Hablamos de soberanía, de defensa del país. Estos funcionarios
no nos van a entender nunca porque piensan con un concepto de empresa”.

Marcelo Laporte, también delegado y trabajador de planta,
que resistió su despido y el vaciamiento de los `90, expresó: “Hace 24 años que
estoy en planta y estos cuatro meses son lo peor que he vivido. Lo peor que hay
es entrar a la fábrica y ver a mis compañeros afuera”, relató. “No tenemos que
bajar los brazos. Con fuerza la tenemos que sacar adelante”, destacó.

 Vanina Zurita, secretaria
general de ATE Azul, añadió detalles sobre lo que ocurre en esa localidad: “En
estos últimos días, cuando esperábamos algún resultado tras las últimas
reuniones con el Gobierno Nacional, comenzó una estrategia de desguace brutal.
Y son tan perversos que mandan a desmantelar a nuestra fábrica a compañeros de
otras fábricas. Mis compañeros están bloqueando accesos para que no entre ni
salga nadie. Ayer en un gran operativo de la Policía Federal y de la Bonaerense lograron
sacar un camión. Ahora, los compañeros atravesaron los autos y bloquearon la
tranquera”.

ATE respalda la resistencia de los fabriqueros

 “Ante esta situación
dramática los fabriqueros han tomado una decisión totalmente respaldada por
este gremio a nivel nacional y provincial. No vamos a permitir que se retire
ningún elemento productivo de la fábrica y la vamos a defender a capa y espada.
Estamos defendiendo la soberanía nacional”, dijo Hugo “Cachorro” Godoy, Secretario
General de ATE Nacional, quien participó en representación del Consejo Nacional
junto a Silvia León, Secretaria de Organización.

Godoy responsabilizó al Gobierno de Mauricio Macri porque,
señaló, el cierre de Fanazul es un paso más en el desguace de áreas
estratégicas del Estado Nacional. También apuntó a la gobernadora de la
provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, dado que la planta tiene un rol
clave para la economía regional del centro de la provincia y para la industria
minera en general.

En efecto, los explosivos que allí se producen son
necesarios para abastecer a las canteras instaladas en la zona para la
repavimentación de las rutas 3 y 226, una política central del Gobierno de
Vidal. También tiene capacidad de abastecer a otros 10
emprendimientos mineros que hay en la región y, por su ubicación geográfica, a
otros de Santa Cruz. Incluso las Fuerzas Armadas se expresaron en defensa de la
Fábrica por su utilidad para desactivar material bélico. Así lo consignó Oscar
de Isasi, dirigente de la ATE bonaerense, en el informe que brindó en la
conferencia.

Para el dirigente, detrás del cierre hay un negocio
“impresentable” de importación de explosivos. “Esto no es en beneficio de los
argentinos sino de quienes gobiernen”, apuntó.

Por otro lado, manifestó: “En importante, en este momento
cuando los compañeros están en la puerta de la fábrica resistiendo, decirles una
vez más que no están solos”, expresó de Isasi. Y agregó: “Se está convocando a
compañeros y compañeras a rodear de solidaridad la fabrica. ATE y las 60
seccionales respaldan la decisión de este puñado de compañeros que no se
resignan a dejar su puesto de laburo”.

 

 

Trabajadores
del INTI, SENASA y Agricultura Familiar, llevaron a cabo exposiciones y debates
sobre la situación de los organismos técnicos nacionales en la mañana del
cuarto día de acampe frente al Congreso Nacional. De la mesa debate
participaron trabajadores de Capital Federal y de Provincia de Buenos Aires,
acompañados por la secretaria de organización nacional, Silvia León, el
secretario general de ATE Provincia de Buenos Aires, Oscar de Isasi y el
coordinador nacional del sector, Jorge Ravetti.

SENASA

Durante
la exposición, los trabajadores/as explicaron la etapa del conflicto que llevan
adelante. Al respecto, la delegada de ATE SENASA en CABA, Laura  Schweid, destacó: “El 29 de diciembre nos
enteramos que teníamos 130 despedidos. Tenemos una mesa de negociación abierta
a raíz de la toma del edificio. Además estamos todos atravesados por el tema
salarial. Específicamente en SENASA nosotros cuidamos la salud de lo que
comemos y bebemos, por explicarlo de alguna manera y creemos que además de que
no podemos delegar una función tan importante en los privados, no podemos
retroceder ni un paso porque si los compañeros se quedan sin funciones, también
se van a queda sin trabajo”, además agregó que “en el país se están cerrando
oficinas locales y edificios enteros”.

En este
sentido, el coordinador de la mesa nacional de SENASA, Jorge Ravetti, sostuvo:
“Todavía quedan 70 compañeros en la calle y hay una ámbito donde esto se está
peleando. Pero nos preocupa mucho una situación que se da porque para este
gobierno la más maravillosa música son aquellos que le llevan planes
ajustadores a mansalva. Y en este caso, esa música, se la están llevando
compañeros de hace muchos años en el organismo”.

“SENASA
tiene establecimientos frigoríficos ciclo 1, 2 y 3, que corresponden en líneas
generales a Faena, elaboración y depósitos. Todos los controles los viene
cumpliendo el personal de SENASA, pero estos ideólogos presentan un plan de
Directores Técnicos, que tiene que pagar la empresa, y que por lo tanto son
privados  para reemplazar con ellos el
servicio de inspección del Organismo”, subrayó, al tiempo que continuó que
“esto preocupa por dos cosas: desde el punto de vista sanitario es una
barbaridad que por ajustar se deleguen funciones tan vitales para el consumo
interno de alimentos, desde el punto de vista de los compañeros van a quedar
casi 1 mil compañeros sin funciones”.

En
relación a esto último, secretario general adjunto de la seccional Ezeiza,
Gustavo Montiveros, afirmó: “Cuando nos enteramos de la decisión unilateral de
despedir trabajadores en procesos y de formas muy irregulares, en la provincia
de Buenos Aires, impulsamos acciones que mostraron muy fuertemente el problema
sanitario y el riesgo que íbamos a tener”. 

Al
finalizar la exposición se llevó a cabo un debate y un intercambio entre los
trabajadores y los asistentes para dar cierre a la actividad con la
intervención de la secretaria de organización nacional, Silvia León, quien
aseguró que “es un lujo poder estar con compañeros y compañeras trabajadores del
Estado de los distintos lugares debatiendo y aprendiendo. La función del SENASA
tiene que ver con la soberanía alimentaria, y muchas veces es tercerizada y que
es vital para nuestro pueblo”.

INTI

Los
trabajadores del INTI también tuvieron su lugar en el cuarto día de acampe
frente al Congreso Nacional en una charla que profundizó sobre la situación de
conflicto que más de 70 que vienen llevando adelante la Junta Interna de
delegados del organismo técnico, con permanencias, movilizaciones y
conferencias.

En este
sentido, el secretario general de la Junta Interna del INTI, Francisco “Pacho”
Dolmann, hizo una cronología del conflicto desde los despidos hasta la fecha y
comentó que “ante los despidos que recordaban la peor época de nuestra historia
empezamos una permanencia que duró casi 70 días. Las primeras dos semanas las
autoridades decidieron cerrar la institución por el conflicto gremial.
Igualmente teníamos un antecedente en el que también habían hecho lo mismo”.

“A
partir del 29 de enero, tuvimos dos semanas de Knockout patronal. En esas dos
semanas intentaron desalojarnos y acusarnos de cualquier cosa. La justicia no
les dio la razón, determinó que éramos un conjunto de trabajadores que en forma
pacífica estaban peleando por sus derechos”, resaltó Dolmann.

En la
mesa, estuvo presente Giselle Santana, secretaria gremial de la misma Junta
Interna quien informó que paralelamente en el congreso se comenzó a tratar en
la Comisión de energía el proyecto de emergencia laboral del INTI, que
retrotraería los despidos de los trabajadores y se retiró para participar del
debate en el Congreso Nacional.

Los
delegados despedidos de ATE también hicieron uso de la palabra, y sostuvieron
que “los despidos fueron una persecución política a afiliados y a delegados.
Junto con un vaciamiento del Instituto que es parte de desindustrializar el
país. Este es el primer paso de un ajuste que lo que busca es desmantelar un
instituto que lo que hace es industrializado el país”.

“Este
conflicto nos enseñó muchísimas cosas. Tuvimos una estrategia comunicación al
muy importante y por eso llegamos hasta este punto. Por eso, logramos que se
instale el conflicto a nivel nacional”, resaltó otro compañero despedido.

Agricultura familiar

Luego
del INTI, tuvo su lugar la subsecretaria de agricultura familiar, una
dependencia del Ministerio de Agroindustria de la Nación; que se ocupa de la
agricultura familiar, campesina e indígena del país, que nuclea a los pequeños
productores, colonos, campesinos, que conforman el 70 por ciento de los
alimentos frescos que llegan a todos los hogares del país.

Un
grupo de trabajadores delegados Chaco, Formosa, La Pampa y Catamarca, que
conforman además la Mesa Nacional del sector, explicaron quiénes son, qué hacen
y la situación en la que están.

Abrió
la charla con un PowerPoint explicativo Melina Zocchi, de Catamarca quien
recalcó que “en agricultura familiar no sobra nadie como no sobra nadie en el
estado”.

“Somos
quienes trabajamos con pequeños productores, campesinos, e indígenas: ese
sector es el responsable de la producción del 70 por ciento de los alimentos
que llegan a todos nosotros”, continuó.

Luego
Marcelo Marcilli tomó la palabra para y destacó que “se trata de un sector
altamente organizado. Tenemos relevado unas 4 mil organizaciones campesinas e
indígenas, estamos trabajando precarizados y no solamente atendemos cuestiones
técnico productivas si no también prestamos un apoyo al sector productivo. Son
más de 1 mil técnicos que están distribuidos por todo el territorio nacional”.

“Trabajar
con la agricultura familiar, campesina e indígena, no es algo que solamente se
aprende en la Facultad. Hay un encuentro de saber constante”, continuó Melina
Zocchi.

Marcelo
Rueste, de Chaco recalcó que “nuestra actividad necesita permanente
financiamiento, y es lo que veníamos peleando desde siempre, contar con esas
herramientas y condiciones dignas. Nuestra ley se votó, reconoce la agricultura
familiar pero sin dotación de presupuesto. Nosotros no tenemos un presupuesto
asignado. Cuando tenemos un proyecto trabajamos con presupuestos de otros
organismos. Y en la mayoría de los casos no hay oficinas físicas en los
lugares”.

Finalmente
Luciano  Gonzalez de La Pampa, agregó que
“estamos viviendo un cuadro de vaciamiento presupuestario y de despidos
hormigas. Muchos compañeros precarizados y contratados. Lo que está pasando en
SENASA está íntimamente ligado a lo que pasa en la agricultura familiar”.

Durante la tarde de hoy se llevó a cabo en el acampe la Mesa
de Energía en la que se planteó la necesidad de seguir luchando no sólo por los
puestos de trabajo y las condiciones laborales sino también en defensa de los
organismos del Estado que sostienen proyectos de soberanía energética.

Hugo Corvalán, trabajador de la energía, dijo que en 2004 se
tomaron decisiones para reactivar la Central Nuclear de Atucha 2 y que en 2009
se promulgó una ley referida a la construcción de centrales de energía que
contemplaba la terminación de Atucha 2 y de dos centrales más, pero el Gobierno
no terminó de firmar los contratos definitivos.

“Con este Gobierno estamos siendo duramente castigados,
tenemos que salir a pelear por las distintas trabas que nos ponen. Prestamos atención
a todo lo que pasa en el sector nuclear porque hay mucha gente con capacidad de
aportar conocimientos y de eso depende la soberanía energética”, dijo Corvalán.

Por su parte, Daniel Sánchez, de la Comisión Nacional de
Energía Atómica (CNEA) expresó su alegría por la articulación conseguida y
contó que en su sede central, luego de la marcha, se hizo un homenaje a los
desaparecidos del CNEA, que fueron más de 20: “ellos pelearon e investigaron
por una patria soberana, nos sentimos continuadores de esa historia, son la
base de cómo defender la soberanía tecnológica y energética”.

Sánchez agregó además que hoy la Argentina depende del gas
que importa, “por eso es importante desarrollar en nuestro país empresas
estatales que abastezcan la matriz energética. Todos los saberes de nuestro
pueblo y las cosas que sabemos hacer los trabajadores son parte de los bienes
comunes”.

Miguel Paéz, minero y secretario general de Ate Río Turbio
contó que Yacimientos Carboníferos de Río Turbio fue recuperada luego de la
privatización de los ’90 y es una empresa que da vida no Durante la charla se
mostró un video sobre el duro trabajo en la mina.

“Nuestro carbón viene también a aportar a la diversificación
de la matriz energética. Por años los pueblos han luchado por tener una usina y
darle valor agregado al carbón. En los ‘90, Menem llevó adelante un proceso de
privatización de esta empresa que pasó a manos privadas y llevó adelante un
desguace y vaciamiento qué pegó muy fuerte en el desarrollo del yacimiento. En
2002 la recuperó el Estado a través de un proceso de intervención y comenzó una
etapa de reconstrucción de los yacimientos y se consiguió la construcción de la
usina en boca de mina. “Este gobierno paralizó la obra faltando el 30% y
realizó un ahogo presupuestario que ahora llegó también a los trabajadores, que
ya son más de 500 despedidos”, explicó Páez.

Otra de las charlas debate que se llevó a cabo en la tarde
de este jueves fue “Seguridad social, niñez, jubilaciones, pensiones,
discapacidad”, en la que se habló de seguir luchando para que no se desmantelen
estos espacios públicos ganados con la lucha y la organización.

Carlos Ferreres, secretario de discapacidad de la CTA
Autónoma abrió el panel: “las políticas que instrumenta este Gobierno está
atacando nuestros derechos y exigen un esfuerzo mucho mayor de nuestra parte
para que no destruyan nuestro trabajo. Desde la Secretaría de Discapacidad de
ATE y de CTA se viene luchando por los derechos de las personas con
discapacidad para acceder a la educación, al trabajo, al transporte. Estamos
exigiendo que el Estado cumpla con el cupo de 4% para trabajadores con
discapacidad, siempre supimos que es algo que no vamos a conseguir solos y para
eso fue fundamental sumarnos a la CTA”

Ferreres se refirió también a la lucha de la Central: “a
través de la afiliación directa poder organizarnos y luchar junto a toda la
clase trabajadora, ya que en otros sindicatos y centrales para estar afiliado
tenés que tener trabajo, que es justamente nuestro problema, el acceso al
trabajo”.

El dirigente señaló además que entre un 7 y 10% de la
sociedad tiene alguna discapacidad y hoy el Gobierno ha desmantelado la poca
protección que habíamos conseguido.

 Verónica Pites,
delegada de pensiones realizó un recorrido de la situación de las políticas
sociales desde que asumió este gobierno: “a Comisión Nacional de pensiones se
fundó en 1996 y en 2017 se disolvió para crear la Comisión Nacional de
discapacidad. Ya en 2016 comenzaron a trabarse los trámites de pensiones y
luego comenzaron a quitar pensiones que ya estaban otorgadas, lo cual implica
una gran quita de derechos a personas que vivían de esas pensiones”.

Pites agregó que “tampoco están saliendo las pensiones de
vejez ni de las madres de 7 hijxs”.

La responsable del Departamento de Discapacidad de ATE
Provincia dijo: “la situación de los trabajadores de discapacidad está muy
complicada, no es ajena a la situación general de despidos y vaciamiento, quita
de prestaciones de IOMA”.

En relación a la niñez, María José Cano, integrante de ATE
niñez y del Foro por la Niñez explicó: “para nosotrxs es urgente y pertinente
estar en esta carpa planteando la situación de la niñez en nuestro país en el
marco de este momento represivo: la mayor incidencia de la pobreza se verifica
en pibes jóvenes, seguido de los más pibes. 1 de cada 4 pibes no posee
cobertura de salud, la mayoría de los pibes que concurre a comedores está mal
nutrido; el 40% de los chicos que va a comedores tiene bajo peso”.

Cano destacó la importancia de la organización del espacio
No a la baja de la edad de punibilidad que integran organizaciones sociales,
sindicales, de derechos humanos, de niñez y de la que la CTA A forma parte.
“Ante la muerte en penales juveniles, los múltiples casos de gatillo fácil, el
Gobierno propone bajar la edad de punibilidad. Es necesario incorporar
trabajadores al sector pero no con funcionarios del Servicio Penitenciario”,
señaló Cano y convocó al Tercer Encuentro por la Niñez.

Sergio Val, de la Fundación Che Pibe de Villa Fiorito
detalló: “cuando nació Che Pibe, hace 30 años, teníamos otro país: hemos
retrocedido más de 100 años en términos económicos, políticos y de inclusión.
Nosotros creemos en la justicia social, no en la inclusión. Venimos del
Movimiento Nacional Chicos del pueblo y Alberto nos enseñó que al cielo hay que
construirlo acá porque sabemos que esta patria tiene recursos para que todos
vivamos como ricos, nosotros no queremos ser ricos, queremos vivir bien”.

“Retrocedimos de la justicia social a la asistencia social.
En Fiorito, uno de cada 4 pibes tiene plomo en la sangre: por qué tenemos que
vivir en los márgenes del riachuelo, de las ciudades, por qué hay tipos como Bennetton
que tienen miles de kilómetros de tierra”, se preguntó Val.  “Sólo donde se defiende el territorio hay
respeto por la tierra: Mendoza, Famatina. Necesitamos recuperar la tierra”,
concluyó.

Por su parte, Luciano González, abogado de lxs jubiladxs de
ATE provincia de Buenos Aires dijo. “el FMI recomendó a Macri subir la edad y
reformar la previsión social y Macri sanciona la leyes Reparación histórica y
la reforma previsional. La ley de reparación histórica implica la creación de
un sistema nuevo de previsión social que tendrá políticas puramente
asistencialistas. El Gobierno cambia derechos por asistencia social,
convirtiendo a los jubilados en pobres a los que se ayuda: todo lo que hace
este Gobierno es convertir derechos conquistados en asistencialismo;
desfinancia al Anses para privatizarlo a futuro”.

El abogado señaló además que cambió el índice de cómo se
calcula el salario para poder bajar las jubilaciones: “con esto, de 12% de
aumento, sólo dieron el 6. La reforma hace competir al nieto con el abuelo
porque genera trabajadores baratos y viejos con jubilaciones pobres”.

Eugenia Palacios, trabajadora del Anses agregó: “quisiera
referirme a los derechos conquistados que están insertos en nuestro país desde
hace décadas para eliminar las desigualdades. El Estado es el garante por
Constitución, de la percepción de la jubilación. La previsión social está
dentro de la sangre del argentino y por eso les va a costar llevar la
jubilación a un subsidio general y que los que cobran más vayan a un régimen privado”.

Alejandro Alsina, también trabajador del Anses, describió el
desguace de este organismo que se ve en la escaza cantidad de gente que anda
por los pasillos de las diferentes oficinas que hay en el país: “qué casualidad
que a las 9 AM no haya nadie en la puerta. A nivel operativo dan órdenes para
que no haya turnos para otorgar para que se caigan los sistemas, para que no
funcione la web: es una causalidad perversa para abandonar a la gente”.

Por su parte, Mariano Robles, de PAMI detalló la situación
de esta institución desde que asumió este Gobierno: “es incompatible un modelo
económico y político como el que tenemos con los organismos de seguridad social
que tienen la misión de abrazar las necesidades de la gente. Hay un efecto de
desgaste que tiene que ver con un no crecimiento en cuanto a los alcances y
posibilidades que tienen estos organismos”.

“En PAMI volvimos a un sistema de que cada prestador recibe
un monto chico y fijo por parte de PAMI entonces el empresario retrasa las
prestaciones y volvemos a las lógicas de los ’90  y en los pasillos volvemos a escuchar que
nuestros viejos no quieren ser una carga para sus hijos como lo eran en esa
época: la variable de ajuste en nuestro país siempre es la tercera edad”.

Raúl Díaz, de PAMI Capital, agregó: “vemos con mucha
preocupación que no se abran nuevos programas que contengan a nuestros
jubilados, como trabajadores vamos a defender a rajatabla este PAMI creado por
los trabajadores y lo vamos a defender de los intentos de privatización, como
lo hicimos en los ’90. PAMI debe tener un directorio manejado por sus
trabajadores y por los jubilados”.

 

En la charla “ajuste en el CONICET” realizada ayer a última
hora de la tarde, en el acampe de protesta que ATE desarrolla durante toda la
semana frente al Congreso Nacional, distintos especialistas en ciencia y técnica
cuestionaron las políticas de vaciamiento impulsadas por el gobierno nacional
hacia el sector.  

En primer lugar, Sara Cufré, de la junta interna de ATE
CONICET, expresó que la actividad es importante “para visibilizar que los
trabajadores no somos científicos aislados adentro de un laboratorio, sino que
somos parte de un sistema que se sostiene en base a nuestro trabajo”.

“si no  es en unidad
no va a ser posible derrotar este ajuste ni todas las medidas que el gobierno
nacional está preparando”, alentó Cufre sobre el cierre de su intervención.

El panel se desarrolló en el marco delo “Día de los Trabajadores
y las Trabajadoras de Ciencia y Técnica”, (10 de abril)

Por su parte Walter Koppman, de Jóvenes Científicos
Precarizados, denuncio que “el ministro kirchneromacrista Barañao quiere
enfrentarnos entre nosotros, pero hoy hubo actos en todo el país, en Rosario, en
La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, Tucumán, en todos lados el sector de
ciencia y técnica está saliendo a dar esta pelea”.  

“estos ataques contra el pueblo trabajador de parte del
gobierno Macri, tienen una intención de fondo que es reconfigurar las relaciones
laborales en la Argentina, reventar conquistas y derechos históricos, como
convenios colectivos y jubilaciones”, alertó el investigador de JCP.  

Para finalizar, Paula Lenguita, trabajadora de CONICET,
destacó que “la experiencia de Científicos y Auto-convocados en la calle en
2015 para decirle a la opinión pública como veíamos que podía llegar a darse el
escenario de ajuste, lamentablemente no nos equivocamos, y sumamos a ese
diagnostico que este gobierno no viene solamente por la lucha económica, ni solo
por nuestros derechos laborales, sino también por un sistema de garantías y
derechos políticos”