Una
contundente columna encabezada por la Asociación de Trabajadores del Estado de
Entre Ríos, partió a media mañana desde la sede del sindicato en calle Colón,
para realizar un recorrido por el centro de la capital provincial, pasando por
la Caja de Jubilaciones, el Municipio y finalizar con el acto principal frente
a la casa de gobierno.
La
movilización de más de 4 cuadras, encabezada por el Consejo Directivo
Provincial de ATE a la que también aportaron diferentes Departamentos de la
Provincia, las Mesas de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma,
AGMER Paraná, la Agrupación docente Rojo y Negro, la Corriente Clasista y
Combativa, AMET Regional XI, SADOP, Sitradu (Uner), Cetep, Barrios de Pie,
Corriente Sindical del MST, Corriente Estudiantil Popular Antitimperialista,
La Nueva Corriente –conducción Cefi-uner, Partido Socialista, Partido del
Trabajo y del Pueblo, Jcr, Pcr, Mst, Partido Unidad Popular.
Al hacer su paso por la Caja de Jubilaciones se expresaron en defensa del
sistema previsional Juana Avalos del Centro de Jubilados de ATE y Alejandra
Gervasoni de AGMER en representación de la Multicetorial en Defensa del Sistema
Previsional. Ambas, apelaron a la unidad y defesa irrestricta del sistema
provincial, el 82% móvil con los cálculos actuales y el rechazo a las
pretensiones de aumentar la edad jubilatoria.
Al llegar al Municipio el Secretario de la Junta Interna de ATE de la
Municipalidad de Paraná, Roberto Alarcón, exigió al intendente Sergio Varisco
que se tomen medidas urgentes para terminar con la precarización de la mayoría
de los trabajadores, recategorizaciones y la implementación de la carrera
administrativa por concursos.
Se expresaron además, las organizaciones
sociales en la palabra de Julian Jarutkin de Barrios de Pie que hizo referencia
al aumento de la pobreza, el hambre y deterioro de condiciones de vida, a lo
que se suma la importancia de que se generen puestos de trabajo genuino y se
decrete la emergencia alimentaria.
Ya en la Casa
de Gobierno, donde se realizó el acto principal, leyeron el documento elaborado
entre las diferentes organizaciones que se sumaron a la movilización para luego
dar lugar a la palabra del Secretario General de ATE, Oscar Muntes, quién
comenzó repudiando la presencia del Jefe de Gendarmería en la ciudad, pidiendo
justicia para Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.
Muntes expresó que la multisectorial nació para resistir los ajustes
que enfrentan los trabajadores y sectores populares en la Argentina y en la
provincia porque sólo con la solidaridad de clase, apostando a la unidad y la
pluralidad vamos a poder frenar el avance de las políticas neoliberales
impulsadas por el gobierno de Macri.
Más adelante,
el dirigente señaló que pese a este contexto de ajuste y presión sobre
los trabajadores con lucha y movilización hemos obtenido dos victorias
importantes para los trabajadores del Estado como lo es el pase a planta
permanente de un grupo importante de trabajadores y discutir un proceso de
recategorización para el conjunto de los trabajadores antes de fin de año. En
esa línea el dirigente contó que la Ministra Romero y el Ministro Balay en la
audiencia del día anterior “nos garantizaron que no hay proyecto que vaya en la
línea de modificar nuestra Ley Jubilatoria”.
El
documento multisectorial completo
La
profundización de un modelo de ajustes y penurias se cierne sobre la cabeza de
millones de compatriotas a lo largo y ancho de la patria.
A mas de 30
años de la salida de la dictadura militar las condiciones de vida del pueblo
empeoraron desde entonces, la pobreza llega a más del 30% de los argentinos y
un 8% de indigencia. Claramente lo dice la cantidad de comedores y copas de
leche que diariamente se abren a lo largo del país y que no dan abasto y no los
falsos índices de pobreza que se dieron a conocer durante el gobierno anterior
como en el actual.
La situación
se agrava aún más debido al abandono paulatino por el Estado de los servicios
sociales y sanitarios a los sectores más vulnerables y la población en general.
El feroz recorte de los programas de asistencia en el presupuesto nacional de
2.018 establece una reducción de 5 millones de kilos de leche menos para
maternidad y niñez. Así también se advierte una reducción en términos reales de
los fondos en distribución de reactivos para bancos de sangre del 43%, de casi
el 12% para el programa de HIV/SIDA y otro tanto para el de tuberculosis. Casi
un 39% será el recorte para Médicos Comunitarios. También recibirán reducciones
los programas “Incluir Salud”, el “ex Remediar”, de vacunación, de lucha contra
el Chagas, etc. En tanto se pretende avanzar definitivamente en la
Cobertura Universal de Salud, llamada CUS, como un camino hacia la
profundización de la mercantilización de la salud.
La más rancia
oligarquía, la misma que a fines del siglo XIX y principios del XX modeló a
sangre y fuego los destinos del país y que se enriqueció vilmente a costa de la
entrega de la patria, del desplazamiento y del asesinato impune de los
pueblos originarios, de la explotación y represión de la clase obrera y de
miles de inmigrantes pobres hoy, sin ninguna máscara ni disimulo vuelve a estar
de forma directa sobre los puestos claves del Estado Nacional. Y así, como
avanza una oleada antiobrera y antipopular en el mundo produciendo las más
terribles inequidades a tal punto que solo 6 personas tienen la misma
riqueza que la mitad más pobre del planeta, en esta Argentina -de
soberanía cada vez más restringida por la responsabilidad e intereses de
los propios gobernantes- se preparan y ejecutan planes en el camino del
drástico recorte o eliminación de todo un conjunto de derechos, conquistados a
través de décadas de luchas populares. Luchas inclusive dieron aún antes que
existiera la República Argentina como Estado políticamente soberano y por la
cual dejaron su vida cientos de miles de indios, negros, criollos, mulatos y no
pocos extranjeros para hacer una nación justa, libre e independiente.
El programa de
gobierno de Macri, subordinado y de acomodamiento a la cada vez más grande
concentración capitalista mundial, desde su propia asunción y aprovechando las
oscuridades y desmanejos que dejó la administración anterior, pisó el
acelerador hacia la ejecución de sus planes entreguistas. Inmediatamente de
asumido concretó el despido de miles de trabajadores en el Estado
Nacional calificándolos de grasa militante, ñoquis, haraganes y faltadores,
bajo el impulso de una sucia campaña pública de desprestigio que produjo como
resultado el desmantelamiento o debilitamiento de varias áreas del
Estado. De la mano de estas acciones vinieron otras no menos nefastas para el
pueblo: el aumento desmesurado de los servicios, la electricidad, el gas, el
combustible, la apertura indiscriminada de la importación de bienes de consumo,
el engaño de la reparación histórica a los jubilados.
Ahora intenta
avanzar con un bloque de leyes y medidas que, bajo la mentira de lograr
mayor y mejor empleo, ponen en discusión conquistas históricas populares. Entre
ellas persigue la eliminación de la jornada laboral de ocho horas, la
desaparición del pago de horas extras y su reemplazo por un banco horario,
la limitación de la responsabilidad del empresario principal ante la derivación
de tareas del establecimiento a través de terceras empresas, la creación de
nuevas figuras laborales que terminan con el concepto de trabajo en relación de
dependencia, el incremento de la edad jubilatoria, la tendencia a la
utilización de los alumnos de secundaria como mano de obra precarizada y
barata, la reducción o eliminación del aporte patronal al sistema de seguridad
social, la posibilidad de acuerdos paritarios a la baja, la aceptación de
acuerdos de renuncia de derechos de manera individual por el trabajador, la
profundización de la flexibilidad laboral a través de la potestad patronal de
la variación de las condiciones de empleo, la eliminación de la correlación del
haber jubilatorio con el haber en actividad y la pérdida definitiva del 82%
sobre los códigos salariales remunerativos.
En materia de
ajuste sobre las provincias se ha firmado por todas ellas, salvo la honrosa
excepción de San Luis, un Acuerdo llamado de Consenso Fiscal que tiene todas
las características de un fenomenal chantaje y al que la mayoría de los
gobernadores se han subordinado, entre ellos el de nuestra provincia. Este
acuerdo que políticamente significa avalar el plan ajustador nacional
y que por ejemplo implicará sacarle la suma de 68 mil millones de pesos al
sistema de seguridad social, para Entre Ríos le representa seguir relegando
atribuciones propias y la pérdida de federalismo, entre otras cuestiones
nuestro gobernador renunció a hacer cualquier reclamo por el tema de
coparticipación federal. No cabe duda en esto también que las administraciones
anteriores son responsables de haber dejado en un estado de extrema debilidad a
la provincia, esto se refleja en que de los más de 60 juicios iniciados por los
Estados provinciales a la Nación por el tema de coparticipación absolutamente
ninguno corresponde a Entre Ríos, sin embargo nuestra provincia según informa
el propio poder Ejecutivo ha perdido producto del Pacto Fiscal el escándalo de
$ 25.300 millones de pesos. –recordamos que desde la multisectorial de entonces
denunciamos el perjuicio que esto traería desde su mismo inicio-.
A cambio
de ir recibiendo a cuenta gotas lo que corresponde a la provincia, el
gobernador se ha comprometido, además de a no reclamar nada para atrás, a
establecer límites en relación a la planta de personal, a no incrementar sus
gastos corrientes –aunque crezca la economía-,a seguir avanzando con el esquema
de armonización del sistema previsional, a modificar el esquema
tributario, entre ellos el impuesto inmobiliario para que la valuación fiscal
tienda a establecerse en consonancia con los precios de mercado y ubicarse el
valor del impuesto entre 0.5 y el 2% de dicha valuación.
Por otra parte
y mientras recaen los perjuicios de un brutal ajuste, se prepara un acuerdo
MERCOSUR-UNION EUROPEA que parece ser la réplica remozada de aquel desastroso
Tratado de Amistad, Comercio y Navegación que Rivadavia firmó con Inglaterra en
1825 y que tendrá como consecuencias un deterioro aún mayor de la industria
nacional y de las condiciones de empleo de los trabajadores argentinos.
Lamentablemente
se siguen abonando las salidas hacia una mayor concentración de las riquezas,
lo refleja perfectamente el conflicto en la Patagonia donde el macrismo
pretende tapar el problema de la distribución y acaparamiento de tierras
detrás de enemigos imaginarios. Si bien en Entre Ríos el emergente de la
concentración de tierras no se da del mismo modo que con los pueblos
originarios, no por eso el problema deja de ser muy grave. Nuestra provincia
muestra un inocultable despoblamiento rural, tanto es así que los mismos censos
arrojan que en algunos departamentos hay menos población que hace décadas
atrás. El sistema productivo agrario expulsa la población del campo y de las
pequeñas y medianas ciudades hacia los grandes conglomerados urbanos,
muchas veces a un destino incierto de miseria, desocupación y desarraigo,
convirtiendo a la tierra en un bien de especulación financiera bajo un modo de agricultura
extensiva caracterizado por la aplicación de alta tecnología, escasa mano de
obra y uso indiscriminado de agroquímicos. Entre Ríos tiene en todo esto
el triste record mundial de tener la ciudad con más alta concentración de
glifosato en el mundo: Urdinarrain
En tanto, la
muerte de Santiago Maldonado en un operativo de Gendarmería dirigido por Pablo
Noceti, Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación y la cadena
de mentiras sobre el caso surgidas y publicadas desde las entrañas del gobierno,
el asesinato de Rafael Nahuel en Villa Mascardi por efectivos de la Prefectura
con justificación de su muerte por adelantado por parte de la Ministra Patricia
Bulrich, junto a otros hechos como el reciente y sanguinario accionar policial
sobre trabajadores estatales en Neuquén van afinando la línea represiva
demostrando, para quien quiera ver, por donde pasa la resolución de los
conflictos con intereses en reclamos legítimos.
Por ello las
organizaciones que aquí nos convocamos, bregando por la unidad del campo
popular reclamamos y decimos:
§ Repudiamos el
paquete de leyes antiobreras y antipopulares de reforma laboral, previsional y
fiscal impulsadas por el gobierno nacional en tratamiento en las cámaras
legislativas.
§ Rechazamos la
adhesión de la provincia al acuerdo nación- provincia llamado de Consenso
Fiscal
§ Basta de
flexibilización laboral y despidos. Pase a planta y estabilidad inmediata para
todos los trabajadores precarizados
§ Repudiamos
la adhesión de la Provincia a la ley nacional de ART
§ Defensa del
sistema previsional solidario, universal y móvil y del 82%. No al aumento
de la edad jubilatoria. La caja provincial no se toca.
§ No a la
cobertura universal de salud. Creación de un sistema de salud único que
garantice el pleno acceso a la salud integral, gratuita, universal y de calidad
a toda la población.
§ Exigimos
educación universal y gratuita al servicio del pueblo en todos los niveles:
inicial, primaria, secundaria, de la ley técnica 26058, de la educación
terciaria y universitaria. Validez nacional para títulos otorgados por
escuelas técnicas y agro técnicas y las certificaciones de formación
profesional
§ Defensa de la
industria nacional y los puestos laborales
§ Declaración de
la emergencia en violencia de género con presupuesto real
§ Implementación
real de la ley de educación sexual integral.
§ No a la
persecución y criminalización de la protesta social y de los luchadores
populares.
§ Castigo a los
responsables de las muertes de Santiago Maldonado y Francisco Nahuel. Repudio
al accionar represivo y criminal de las fuerzas de seguridad. Repudio al
accionar criminal e irresponsable de las autoridades políticas del Ministerio
de Seguridad, principalmente en la cabeza de su titular Patricia Bulrich y del
Presidente Mauricio Macri
§ Pago de un bono
de $ 5.000 para todos los trabajadores de todos los sectores, ocupados,
desocupados y jubilados.
§ Por una vida
sana, basta de envenenarnos con agrotóxicos.
§ Plena
implementación de la ley de emergencia social y aprobación de la ley de
emergencia alimentaria, por la que vienen luchando las organizaciones sociales
como fieles representantes de los sectores excluidos del país
§ Por Tierra,
Techo y Trabajo
