"Los acusados de violación, corrupción estatal o
narcotraficantes están libres y a nosotros nos quieren presos a pesar que
siempre estuvimos a derecho. Se están produciendo hechos que nada tienen que
ver con la democracia y se comienzan a vulnerar garantías constitucionales de
la ciudadanía. La justicia federal sigue en este momento ordenes directas de
Macri y Weretilneck. Nos quieren privar de nuestra libertad y vulneran derechos
esenciales. Es altamente preocupante la falta de división de poderes y de
independencia de los jueces y fiscales. Estamos asistiendo a un cambio brusco
en el accionar de la justicia. Ya no disimulan su decisión de perseguirnos
hasta intentar acallarnos", fustigó el dirigente estatal.
El Juez Hugo Greca a cargo de la causa en la que se imputa
al máximo referente de los estatales y de la central obrera notificó su pedido
de detención a la Policía Federal Argentina (PFA) a los organismos de
colaboración entre fuerzas (red ISOPRO) y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria
(PSA).
Los hechos que se investigan están vinculados a las
protestas realizadas por trabajadores municipales sobre la Ruta Nacional 151 a
la altura del kilómetro 22 frente a la localidad de Contralmirante Cordero el
año pasado y se lo acusa a Aguiar de obstruir la libre prestación de los
servicios públicos, delito contemplado en el artículo 194 del código penal.
Los aspectos que muestran que la decisión de intentar privar
de la libertad al dirigente gremial es absolutamente arbitraria, ilegal y violatoria
de garantías constitucionales esenciales, son que a diferencia de otros
imputados no se le permitió a Aguiar poder postergar la audiencia en más de una
ocasión, como por ejemplo en esta última, habiendo presentado la semana pasada
un escrito con argumentos suficientes, también que el juez haga mención al
supuesto comportamiento demostrado en otras causas o que se valga de la copia
de los pasajes aéreos presentados en el expediente para intentar la detención
en algún aeropuerto.
Desde ATE y la CTA Autónoma denuncian la profundización de
la judicialización de la protesta social en Río Negro y un cambio abrupto en
los integrantes de la Justicia Federal que denotan el objetivo claro que
persiguen los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Weretilneck y que es el de
acelerar los procesos y encarcelar a Aguiar para disciplinar a los trabajadores
e intentar bajar los altos niveles de conflictividad en la provincia.
