Mes: julio 2016

“Queremos  dotar de visibilidad nacional a la situación
que sufren los compañeros del Ingenio Ledesma, que desde el jueves pasado
comenzaron un paro por tiempo indeterminado, y la de los trabajadores de El
Tabacal, quienes llevan ya 37 días de huelga, ante una intransigencia de las
patronales de no ceder a las demandas de los empleados en relación a sus
condiciones de labor y salario”, expresó Ricardo Peidró.

El
dirigente comentó que los trabajadores no estaban presentes en la conferencia,
ya que hoy mantuvieron reuniones con autoridades gubernamentales y patronales.

Cabe
destacar, que el jueves pasado las fuerzas represivas con instrucción de la
empresa Ledesma reprimieron a los trabajadores con balas de goma, golpes y
detenciones.

El
Secretario Gremial de la CTA Autónoma, Daniel Jorajuría, relató en tanto que
hoy fue recibido por el viceministro de Trabajo de la Nación, Ezequiel Sabor,
en una reunión de la que también participó Martin
Olivera, Secretario General del Sindicato de trabajadores del Azúcar del Ingenio el Tabacal (STA).

Allí,
los dirigentes sindicales manifestaron su preocupación ante la intención de la
empresa de reprimir los conflictos en curso. “No son cualquier empresa: son
ingenios transnacionales que se vieron beneficiados con el quite de retenciones”,
precisó Jorajuría, quien agregó que el viceministro se comprometió a intervenir
personalmente.

En
estos momentos, en el ministerio de Trabajo de Jujuy se está llevando a cabo un
encuentro entre funcionarios, trabajadores y autoridades de Ledesma, y mañana a
las 12 en la cartera laboral de Salta se sentarán las partes involucradas en El
Tabacal.

Horacio
Meguira, titular del departamento de Asuntos Jurídicos de la CTA Autonóma,
informó que la patronal del ingenio de Salta intenta imponer un turno de relevo
para suplir vacaciones y los ausentismos naturales en una empresa. “Esto implica
una rebaja del 20% del salario nominal y ni un nuevo puesto de trabajo”,
precisó el abogado.

Por
otro lado, denunció que Ledesma no accede al aumento salarial que demandan los
trabajadores y que sí se obtuvieron en otros ingenios a partir de un convenio
testigo. La patronal además, indicó Meguira, realizó 174 violaciones al
convenio colectivo. Entre ellas, eliminar el premio por presentismo a
trabajadores accidentados.

A
su turno, Hugo Godoy de ATE adelantó que el sindicato “ha convocado a un paro
nacional para la primera quincena de agosto. Sin duda, si los conflictos en
Ledesma y El Tabacal persisten para entonces, se reincorporarán las demandas de
sus trabajadores”.

Varias
organizaciones y sindicatos nacionales enviaron su solidaridad. Incluso entidades
internacionales, como la central sindical ELA (Euskal Sindikatua) del País
Vasco, la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas (CSA), la CUT
de Chile, la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) de España y la
Unión Sindical Obrera (USO), también de España. 

La
semana pasada el diario La Nación informó que “el Gobierno apura el proyecto de
ley para reformar el Sistema de Riesgos del Trabajo”. Cita en el artículo a
voceros de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART): un núcleo de
16 compañías que totalizan el 97% del mercado en términos de 10 millones de
trabajadores cubiertos. En su mayoría, sus propietarias son bancos.

“La
reforma de 2012 liberó a los empleadores de los juicios por responsabilidad
civil, pero esas demandas se redireccionaron hacia las ART”, explican desde la
cámara. E indican que desde 2003 a hoy, la litigiosidad se multiplicó por
cuarenta. Según los empresarios, la deuda de las aseguradoras asciende a 5000
millones de dólares.

“Efectivamente
es así”, confirma Orestes Galeano, de ATE. Por un lado, porque desde 2003 la
renovada Corte Suprema de Justicia avaló los cientos de fallos de jueces
laborales y cámaras que plantearon la inconstitucionalidad del artículo de la
ley de riesgos del trabajo sancionada en 1995 que impedía a los trabajadores
realizar juicios.

“La
ley imponía una tabulación estática de tanta plata por parte del cuerpo
lesionado. Para hacer un juicio civil, el trabajador tenía que probar dolo del
empleador. Por ejemplo, que un patrón te empujara de un andamio”, explica
Galeano.

Con
la reforma de 2012 aprobada en el Congreso, el gobierno de Cristina Fernández
limitó la ley obligando a un trabajador a elegir hacer juicio o cobrar el
seguro de la ART.

Para
Galeano, la litigiosidad creciente se explica en lo fundamental “por la falta
de un política preventiva del Estado y los empresarios, quienes contratan un
seguro para que sin más éste se haga cargo de los costos eventuales de un
accidente”.

De
todos modos, las ART intentan constantemente deslindar su cobertura en obras
sociales y establecimientos públicos. Así lo demuestran las estadísticas de la
OIT: si en todo el mundo el 86% del servicio de una aseguradora se orienta a costear
las enfermedades de origen laboral, en la Argentina ese número desciende al 3%.

“Las
ART ajustan su ganancia sobre las prestaciones que otorgan a los trabajadores.
Por eso los atienden en un principio, pero luego intentan desconocer el siniestro
denunciado para que recurran a su obra social o a un hospital público”, revela
Galeano.

Letra chica

El
diario La Nación informa que el proyecto de ley que el Gobierno enviará al
Congreso próximamente busca pasar de un sistema que (el Ministerio de Trabajo)
llama subjetivo a un sistema objetivo. “El sistema actual se califica como
subjetivo porque (…) cada contingencia es evaluada subjetivamente e incluye que
cada caso sea evaluado individualmente y así se definen porcentajes de
incapacidad y sus prestaciones económicas (…) De aquí se pretende pasar a lo
que llama un sistema objetivo, donde haya reglas más claras y preestablecidas:
criterios para definir las enfermedades profesionales; utilización del Baremo,
que consiste en un cálculo de reparaciones económicas (una estandarización de
las compensaciones de acuerdo al porcentaje de discapacidad) y una
parametrización de las prestaciones médicas”.

En
contraposición, Orestes Galeano sostiene que el sistema ya está estandarizado
bajo el Baremo establecido por el decreto 659 de 1996. “La subjetividad a la
que hacen referencia tiene que ver con las expectativas económicas de
trabajadores con edades y capacidades intelectuales distintas a la hora de percibir
una reparación integral”.

Trabajadores del Estado

El
Gobierno nacional espera la adhesión de los diputados y senadores que responden
a los gobernadores. "Hoy hay nueve provincias y 300 municipios fuera de
cobertura a nivel nacional", dice en la nota de La Nación Fernando Pérez,
Gerente de Relaciones Institucionales de la Superintendencia de Riesgos del
Trabajo (SRT).

Orestes
Galeano, sin embargo, dice que desde ATE “nunca accedimos al número global de
provincias sin ART o autoseguro”. Éste es un estatus al que acceden sólo el
municipio de Rosario y la provincia de Buenos Aires, “a pesar de que en la
mayoría de los sectores públicos bonaerenses no existen los servicios de
higiene y seguridad previstos por la ley”, denuncia el dirigente. “Ni las
provincias ni los municipios son sancionados por la autoridad de aplicación, la
SRT. El Estado no se sanciona asimismo”, agrega.

La patronal y los trabajadores no son
iguales

La
estrategia de las ART y la SRT es trasladar los casos de accidentes de trabajo
del fuero laboral al ámbito de la seguridad social. "Cuando estás dentro
del ámbito de la seguridad social, vas a una comisión médica que es la que
determina la discapacidad y el resarcimiento que conlleva. Hoy, directamente se
va al fuero laboral sin pasar por esta comisión médica. Entonces, si a través
de la comisión se determina una discapacidad del 5%, a través del fuero laboral
se puede llegar al 40%, más daño moral y otras cuestiones. Muchos toman el
dinero que establece la comisión, y después van al fuero laboral", aducen
desde la Superintendencia.

Orestes
Galeano, en tanto, considera que el gobierno busca que lo trabajadores no recurran
al ámbito laboral, porque los jueces saben que en la relación entre un
trabajador y un patrón no hay dos iguales.

“Si
una persona sufre un accidente que le impide seguir trabajando, cuenta con diez
años de aporte, cuarenta y pico de edad y una incapacidad menor al 66%, no puede
jubilarse por invalidez”, cuenta Galeano. “Entonces, la seguridad social
desparece. La seguridad social no existe. Este sistema es una copia trucha de
una parte del sistema de seguridad social alemán, que es serio, que es integral”.