Categoría: Opinión

El sentido común y la experiencia nos enseña que si un
compañero/a  viene a trabajar siendo
portador de enfermedades contagiosas como gripe (incluyendo bronquitis,
faringitis, neumonías virales etc.) conjuntivitis (bacteriana o vírica),
tuberculosis, que son solo las más comunes, contagia a una gran parte de sus
compañeras/os.

Los bajos salarios, 
la precariedad laboral, los incentivos para no faltar (premios), junto a
otras presiones en el trabajo desarrollan dos 
fenómenos centrales que afectan la salud de las y los trabajadores, el
“presentismo” y el stress que suele derivar en otras manifestaciones como
depresión  y enfermedades de origen
somático como por ejemplo  los desordenes
digestivos o lumbalgias  entre otras
muchas.

El término “presentismo” deriva del término en inglés
"presenteeism". Se trata de un neologismo para designar un fenómeno
que a diferencia del ausentismo consiste en que los empleados a pesar de
encontrarse enfermos o con alguna lesión que los obligaría a ausentarse y pedir
licencia por enfermedad, se presentan a trabajar.

En las últimas décadas diversas investigaciones realizadas
concluyen que el “presentismo” afecta la productividad (nadie enfermo puede
rendir igual que si estuviera sano) y deviene en mayor ausentismo (al no
tratarse a tiempo la enfermedad y por el contagio a otras/os trabajadores).

Un informe de la Red Internacional se Salud y Seguridad
Ocupacional (compuesta por aseguradoras de riesgos del trabajo de Argentina,
Chile y Colombia) sostiene que el “presentismo” representa  en términos de costos económicos  entre 3 y 5 veces más que el ausentismo.

La enfermedad afecta tanto a la cantidad de trabajo como a
la calidad.  La incomodidad de los trastornos
gastrointestinales, común pero sufrida en secreto, de dolencias tales como el
síndrome del intestino irritable y la enfermedad de reflujo
gastroesofágico  es una distracción
persistente. La depresión causa, entre otras cosas, fatiga e irritabilidad, que
obstaculizan la capacidad de las personas para trabajar juntas. La artritis
dificulta el trabajo manual.

Este fenómeno está trayendo consecuencias económicas a nivel
mundial, por ejemplo en el año 2004 el Harvard Business Review informaba que en
Estados Unidos, las pérdidas anuales estimadas por “presentismo” superaban los
150 billones de dólares al año, costo que en términos reales sería mayor que el
originado por los trabajadores enfermos que permanecen en sus casas.

Investigadores han 
constatado que el costo económico del “presentismo”  es cuatro veces mayor que la del ausentismo o
inasistencia laboral atribuida a la enfermedad 
investigación de Hansen y Andersen, (2008).

En relación al “presentismo” y la salud mental, los estudios
muestran que la presencia de cuadros depresivos o trastornos del ánimo se
asocian positivamente al “presentismo” concebido como deterioro del desempeño
laboral (Burton, Schultz, Chen y Edington, 2008; Kessler et al., 2006).

Algunos hallazgos apoyan que el “presentismo” por enfermedad
antecede al ausentismo por la misma causa (Goetzel et al., 2009). Por ejemplo,
en un estudio se halló que el “presentismo” predecía dos y tres años después un
mayor riesgo de solicitar una licencia médica de mayor duración  (Bergstrom, Bodin, Hagberg, Aronsson y
Josephson, 2009). Bergstrom et al. (2009) encontraron que el número promedio de
días que los empleados asistían a trabajar estando enfermos era mayor que el
número promedio de días de ausencia por enfermedad. La interpretación que se le
dio a estos resultados fue que los empleados que padecían de “presentismo” por
enfermedad evolucionaban al ausentismo por ella.

Podemos decir que los factores clásicos de malestar como
alto estrés o demandas psicológicas en el trabajo, bajo control y autonomía del
mismo, así como liderazgo de baja calidad y falta de apoyo social de los pares,
son predictores del “presentismo” (Centro de Referencia de la Organización del
Trabajo y Salud, 2010; Karasek y Theorell, 1990; Saavedra, Fuentealba y Pérez,
2009). También se ha encontrado que son predictores del mismo la inseguridad
laboral la falta de apoyo de los supervisores, la insatisfacción en el trabajo,
la falta de confianza (Caverley, Cunningham y MacGregor, 2007).

La investigación denominada “la evaluación de las
condiciones de salud crónicas sobre el rendimiento laboral, la ausencia y el
impacto económico total para los empleadores” realizada por :Collins JJ , Baase
CM , Sharda CE , Ozminkowski RJ , Nicholson S , Billotti GM , Turpin RS , Olson
M , Berger ML ., para la empresa The Dow Chemical Company,( Midland, Michigan,
Estados Unidos) concluyó : “Para todas las afecciones crónicas estudiadas, el
costo asociado con la pérdida de trabajo basada en el desempeño o "presenteeism"
superó en gran medida los costos combinados de ausentismo y tratamiento médico
combinado”.

En EEUU, un informe realizado de forma conjunta por la
Sociedad para el manejo de recursos humanos (Society for Human Resource
Management) y la Sociedad para la Psicología Industrial y Organizacional
(Society for Industrial and Organizational Psychology-SIOP), titulado The
Bigger Picture of Employee Well-Being: Its Role for Individuals, Families and
Societies (Panorama general del Bienestar del Empleado: su rol en las personas,
las familias y las sociedades), realiza 
tal  como su título indica, una
revisión general de la literatura científica relativa al impacto sobre el
bienestar de los empleados a nivel individual, organizacional y social, y
ofrece una serie de recomendaciones dirigidas a empleadores y legisladores, de
cara a fomentar el bienestar psicológico y promover sus efectos positivos.    

Los resultados de una revisión cuantitativa basada en 228
estudios son especialmente reveladores (Goh, Pfeffer & Zenios, 2014): el
estrés laboral contribuye a aproximadamente 120.000 muertes al año -más que el
número de muertes por diabetes, Alzheimer o influenza.                                                                                                   
       Según  los datos, algunos de los estresores
específicos más identificados y relacionados con el desarrollo de problemas de
salud, serían la inseguridad laboral, el incremento en las horas de trabajo, y
los trabajos altamente exigentes (Zenios as quoted in Lynch, 2005).                                                                                                                   

El estrés contribuye al desarrollo de problemas psicológicos
(por ejemplo, depresión, ansiedad), físicos (por ejemplo, enfermedad
cardiovascular, obesidad) y de comportamiento (uso y abuso de alcohol). A su
vez, estos problemas resultan en una disminución de la productividad y en
mayores costos de atención de la salud. A este respecto, los estudios revelan
un 50% más en gastos de atención de la salud (Instituto Nacional de Seguridad y
Salud Ocupacional, 1999), cifrando los costos del estrés laboral en,
aproximadamente, 190 mil millones de dólares (unos 169.476.400 €) (Goh et al.,
2015).

Los estudios e investigaciones señaladas corresponden en su
mayoría a una visión de las patronales multinacionales, sin embargo estas dejan
en claro que trabajar enfermos, como así también presionados por las
condiciones de trabajo, genera consecuencias humanas y económicas negativas
para todos (inclusive para las patronales).

Las medidas impulsadas por CEOs del actual gobierno
demuestran que no persiguen el funcionamiento más efectivo del Estado o en su
defecto carecen de la capacidad necesaria para lograrlo. Tal vez los grupos
económicos a los cuales pertenecían simplemente los mandaron a ser parte de un
gobierno porque carecen de capacidades reales de administración una salida
elegante y sin pagar indemnizaciones.   

El trabajo en condiciones dignas, estables y donde se puede
conciliar la vida familiar, redunda en trabajo eficaz y productivo.

Orestes Galeano

ATE CDN

El PAMI padece una corrupción estructural, porque forma
parte de casi todas sus gestiones, aun algunas que los medios consideran
habitualmente a salvo. Excede a sus 17 Interventores y 6 Directores en sus 46
años de existencia, aunque la mayoría de éstos en realidad oficiaban de
Interventores al no funcionar con un Directorio ni haber sido elegidos de
acuerdo a la Ley Nacional 19032 de Creación del Instituto y de sus
modificatorias.

Las autoridades se suceden cada 2 años en promedio. Y los
medios de difusión se hacen eco de desvíos de la gestión anterior. Sin que se
produzca ningún cambio de fondo, Los desvíos que trascienden son mucho menores
que los ocultos, pero bien conocidos por los afilados y por los trabajadores de
PAMI que por temor suelen guardar silencio hasta su jubilación.

Entre las irregularidades de contratación luce la de
provisión de medicamentos, donde sigue vigente el convenio firmado en 1997 con
la industria farmacéutica por el luego procesado y condenado Víctor Alderete.

El convenio adolece de muchas y graves falencias:

– La contraparte del Instituto es el grupo conformado por
las Cámaras de Medicamentos, CAEME, CILFA y COOPERALA, en vez de los
laboratorios, droguerías, distribuidoras y farmacias, de manera que PAMI, el
mayor comprador de medicamentos en Argentina, genera el oligomonopolio que le
vende el insumo más caro. Un contrasentido desde el vamos.

– La Industria farmacéutica es oligomonopólica en Argentina,
algo contrario al declarado libre mercado: 20 entre 300 laboratorios facturan
el 80% del gasto en medicamentos, 4 entre 450 droguerías concentran el 70% del
mercado y 4 distribuidoras realizan el 99% de las ventas. Algo que explica
fácilmente por qué aumenta el precio de los medicamentos por encima de la
inflación general

– Esas Cámaras nuclean y eligen a los Laboratorios más
afines (o que no quiere decir los mejores) para proveer medicamentos a los
Jubilados y Pensionados.

– Las Cámaras conforman el Vademécum de PAMI en base a
específicos por su nombre de fantasía, en vez de medicamentos genéricos como
obliga la Ley Nacional 25649 desde 2002. Hay aquí un incumplimiento de
funcionario público desde esa fecha por parte de las máximas autoridades del
PAMI hasta ahora, que involucra a sus respectivos Ministros de Salud de la
Nación, un asunto digno de ser investigado por una Fiscalía.

– Se otorgan descuentos del 50-80 y 100% a los afiliados,
sin racionalidad científica que justifique estas diferencias, dado que si son
necesarios hay que cubrirlos al 100%, sobre todo en consideración al todavía
penoso haber mínimo jubilatorio. Por otra parte, desde la misma industria
reconocen que el pago del 50% por parte de PAMI en la franja de descuento donde
el afiliado aporta otro tanto, es de suficiente utilidad para los laboratorios
comerciales, razón de más para liberar del pago a los afiliados.

– PAMI desmanteló sus áreas de control de medicamentos, de
manera que no tiene estadísticas propias del consumo real del producto que es
su gasto más alto.

– El precio del convenio es político, o sea, sin un cálculo
técnico válido que lo avale.

– La base del cálculo es el consumo histórico, cuando
debiera ser la necesidad de los afiliados en función de su situación de salud.

– El gasto en medicamentos por parte de Argentina es de un
30% en relación al gasto total en salud, o sea, una vez y media más que esa
proporción en países de la Región y de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) que incluye a Chile y México en un conjunto de 35
países mayormente europeos.

– Pese a que el país tiene 39 Laboratorios Públicos
distribuidos en 17 Provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, PAMI no
los contrata, de manera que renuncia a precios mucho más bajos. La única
excepción es la del Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de
Córdoba, porque produce factores exclusivos contra las fallas de coagulación.

– Dada la incapacidad de control de PAMI, el convenio
descansa en que la Industria sea la que “controle procesos tendientes a
contraer gastos que se salen de madre”, tal como reza el último acuerdo, de
manera que la Comisión de Seguimiento del convenio está subordinada a datos de
consumo que le provee su contraparte, la Industria.

– Si se suman los medicamentos por excepción que se
autorizan por fuera del convenio, el gasto total del rubro llega a un tercio
del gasto total de PAMI que para 2017 está presupuestado en $120 mil millones.

– Con la Ley de Genéricos, la Industria es la que obtiene un
importante ahorro, ya que los afiliados eligen desembolsar menos dinero con los
genéricos que les ofrece el farmacéutico en vez de utilizar la receta con
descuento del Vademécum PAMI, o comprar genéricos en kioscos que hoy expenden
sin receta el 13% de medicamentos que se consumen en Argentina, ahorros que se
suman a los medicamentos prescriptos que los afiliados no retiran.

– El convenio no es administrado por PAMI, sino por la
ACE-PAMI, una Agrupación con sede en Buenos Aires para la Administración del
Sistema de Provisión y Dispensa de Medicamentos a afiliados del PAMI. El
problema es que la ACE es compartida por PAMI con la Industria a la que debiera
controlar.

El nuevo Director Ejecutivo de PAMI, Sergio Cassinotti,
rescindió el convenio que había sido renovado en febrero de 2017por el anterior
Director, Carlos Regazzoni, para quien “durante 10 años se montó una estructura
de robo sistemático al PAMI. El PAMI no fue una isla durante la Argentina de
Lázaro Báez”, inculpando así a las gestiones de Graciela Ocaña y Luciano Di
Césare (diario Los Andes, Mendoza, 4-5-2017).

 Finalmente,
Cassinotti firmó el pasado 28 de junio un “puente financiero” con las mismas
Cámaras, prorrogando el convenio por 3 meses con un ahorro potencial de $300
millones mensuales, pero garantizando que pagará a la Industria la diferencia
que exista en el consumo. Quién informará el consumo? Nada menos que la
Industria, sin poder de control del dato por parte de PAMI.

Está claro que las condiciones estructurales del convenio
permanecen en pie. Y pese al sobreprecio histórico del convenio, PAMI acumula
una deuda de $4.500 millones por año con la Industria, dato que ésta usó para
forzar la prórroga y que forma parte del déficit de $11.000 millones anuales de
la Obra Social.

Cassinotti no representa el modelo de funcionario coherente
con el sector público y la seguridad social, porque dirigió la empresa de
medicina prepaga ACCORD durante 11 años, entre 2002-2013, o sea, hasta hace
poco más de 3 años.

Por otra parte, ¿cómo puede ser un ex Director Ejecutivo de
la Cámara de Droguerías y Distribuidoras Especializadas (CADDE), cargo que
asumió Cassinotti desde su creación en 2014, el funcionario adecuado para poner
en caja el afán comercial de las Cámaras de la Industria Farmacéutica? Esta
opinión tiene más asidero cuando es compartida por la Asociación de
Profesionales del IOMA (APIOMA), quienes advierten en un comunicado Cassinotti
no investigó la corrupción y amparó los manejos discrecionales de esa Obra
Social de la Provincia de Buenos Aires (el cargo que dejó para venir a PAMI)
dando “continuidad a contratos millonarios con la industria farmacéutica”. El
mismo y gran problema que ahora tendría que solucionar en PAMI, como si no
tuviera un conflicto de intereses.

PAMI ha sido una institución señera en programas de atención
para los mayores, que ha remediado carencias graves del sistema de salud y
trascendido las fronteras del país. La cuestión es, si en un balance
estratégico desfavorable frente a los particularismos de adentro y de afuera de
la institución, tiene hoy la autonomía política suficiente para cambiar la
historia a favor de la salud de todos.

La situación en la estructura del Ministerio de Salud de
la Nación es de extrema gravedad.

Más de 500 trabajadoras y trabajadores llevan 2 meses sin
cobrar, con todas las implicancias adivinables cuando no llega el sueldo al
bolsillo, en un contexto de inflación sostenida y severa como la que vivimos.

Todos los días se modifican las estructuras y los
organigramas del Ministerio, e ingresan nuevos funcionarios con cargos jerárquicos
y sueldos extravagantes.

Los compañeros y compañeras siguen soportando la angustia
de las formas precarias de empleo, y las distintas formas de apriete y
desánimo, como la falta de funciones, las versiones de pasillo, las
evaluaciones de personajes que conocen nada de la institución, y las
restricciones a derechos consagrados en las relaciones laborales: licencias,
permisos, etc.

Se vacían Programas y funciones de extrema sensibilidad
sanitaria, como vacunaciones, control de vectores, Remediar, Salud sexual y
reproductiva, Salud Mental.

Los insumos que deben llegar a los territorios están en
falta, como anticonceptivos, medicamentos de los Botiquines Remediar (ahora CUS
MEDICAMENTOS), vacunas.

En buena parte del territorios nacional, la
conflictividad es permanente: bajos salarios, precarización, falta de insumos,
violencias, calamidades edilicias.

Mientras, como verdaderos espejitos de colores, ya
empiezan a circular en varias provincias, ambulancias ploteadas con la sigla
CUS, el nuevo plan por el que se pretende vaciar a los hospitales de pacientes
y de personal, dándole carnets de pobres a los pobres para que se atiendan
según una cartilla recortada de prestaciones y enfermedades; eso sí… pudiendo
elegir entre hospitales públicos o Clínicas y Sanatorios.

La falta de personal está siendo compensada con
recolocación compulsiva de personal de Salas periféricas a Hospitales, como el
caso de José C. Paz donde el intendente Mario Ishii ha comenzado a desplegar el
cierre de casi 30 Unidades Sanitarias.

El campo de la Salud y la enfermedad en la Argentina se
desliza en medio de este contexto de desmadre, abandono, achicamiento y
desmantelamiento de áreas sensibles de Programas y efectores del Sector
Público.

Mientras, se mantienen y/o aceleran los procesos de
enfermedad determinados por la desigualdad y pobreza, y por las consecuencias
del modelo extractivista, responsable entre otras cosas de la actual epidemia
de dengue, Zika y demás, la más grave sin duda de los últimas décadas.

En este marco, el SECTOR SALUD, sus usuari@s y sus
trabajador@s, estamos seriamente amenazados tras la máscara de proyectos
modernizadores, que pretenden consolidar e incrementar el ajuste y las
desigualdades entre el capital y el mundo del trabajo.

Cobertura Universal de Salud (CUS), precarización,
despidos, achicamiento, desmantelamiento, son todas caras de la misma moneda.

La ecuación es MENOS ESTADO IGUAL MÁS ENFERMEDAD.

El plan es la privatización de las políticas sociales
(Educación Salud Obras Sociales y Previsión Social), como parte integrante de
la Tercera Reforma del Estado que Macri y compañía están implementando.

Y el deterioro intencionado del Sistema Público, la
crisis de infraestructura, el desfinanciamiento, las distintas formas de
precarización laboral, el vaciamiento de programas, la falta de insumos, son
las formas veladas por las que se busca desacreditar lo público como paso
previo a su privatización.

Lxs trabajadorxs formamos parte del primer dique
resistencia y contención de estos planes, a partir de la conciencia de que
somos la pieza de ajuste de este proceso de reconversión.

Fue el 9 de mayo de 2001, cuando a los 86 años, Framini
asistió a un acto de homenaje a Eva Perón, en el local del sindicato de
trabajadores estatales ATE en cuyo ámbito pronunció un discurso y presenció la
película Perón, sinfonía del sentimiento de Leonardo Favio. En esas
circunstancias sufrió un ataque que le causó la muerte inmediata.

A partir del histórico 17 Octubre de 1945, hubo decenas de
dirigentes sindicales que se hicieron “peronistas”, reafirmando desde distintas
procedencias ideopolíticas su “lealtad” con el Coronel Perón, liberado por la
presión movilizadora de las masas populares, mientras muchos de aquellos aún
permanecían debatiendo en el interior de la CGT sobre si convocaban al paro, o
no.

Andrés Framini, nacido en Berisso, Provincia de Buenos
Aires, el 2 de agosto de 1914, para ésa fecha, con 31 años de edad daba inicio
a su caminada por la representación sindical, al haber sido elegido delegado de
la fábrica textil Piccaluga, donde trabajaba, ubicada en Barracas. Desde
entonces comenzará a incursionar en las filas del primer peronismo puro. No “se
hizo” peronista. Era un peronista. “Perón me abrió la cabeza. Desde entonces
supe que no tenían derecho a explotarme”.

Para cuando Perón fue electo Presidente, hacía un año que
era secretario general de la rama lana, y en 10 años más, en 1952, llegará a
representar a los trabajadores de la industria textil, como secretario general
nacional.

Cuando el Estado de Bienestar y Participación atravesaba su
peor momento jaqueado por las “fuerzas vivas” (la Sociedad Rural, la Unión
Industrial, la Bolsa de Comercio) con el respaldo de los sectores
ultranacionalistas y eclesiásticos del Ejército y la Marina, la partidocracia
gorila, y las cúpulas de la Iglesia Católica y los empresarios de la prensa
canalla, aquella dirigencia obrera aburguesada, no oculta la falsedad de sus
convicciones, llegando, sino que la máxima conducción cegetista dio el abrazo
de bienvenida a las autoridades militares golpistas, siendo despedida sin
preaviso “Sepan Uds. Señores que ésta revolución se hizo para el hijo del
barrendero, muera barrendero”.

Andrés, fue uno de aquellos dirigentes que, el 16 de
setiembre, día del golpe cívico militar del 55, se dirigió a la CGT, pensando
en participar activamente de un acto de resistencia inmediato. La cúpula se
había movilizado días antes, ante el mismo Perón, comprometiendo la sangre de
los trabajadores de ser necesario para defender al Gobierno. Pero aquél día las
puertas se encontraban cerradas y el último foco de resistencia se daba en
Córdoba, en los talleres de IME.

Framini, junto a Luís Natalini y Dante Viel del personal
Civil de la Nación (quien se verá obligado a desistir del cargo por su
dependencia laboral en relación al Estado), se harán cargo de la conducción de
la central obrera. Pero será por poco tiempo ya que será designada una
intervención militar, tras el desplazamiento de Lonardi por la dupla de mano
dura Aramburu-Rojas.

La Resistencia Peronista había nacido, y Andrés Framini será
uno de ésos leales auténticos. Será uno de los líderes de la denominada CGT
Auténtica. Desde la clandestinidad será uno de los organizadores del frustrado
levantamiento cívico-militar conducido por el general Juan José Valle el 9 de
junio de 1956, que fuera severamente reprimido con el fusilamiento de 27
civiles y militares, incluyendo los fusilamientos clandestinos de León Suárez.

Framini fue uno de los cuatro hombres que comandaron la
insurrección, que recibió el nombre de Movimiento de Recuperación Nacional 9 de
Junio, junto con el dirigente sindical metalúrgico Armando Cabo y los generales
Valle y Raúl Tanco. Durante el mismo, Andrés permaneció en la sede del Comando
del levantamiento, instalada en Avellaneda.

En las elecciones normalizadoras realizadas en 1957, la
lista socialista de los textiles fue derrotada por una alianza entre peronistas
y comunistas, resultando elegido secretario general Juan Carlos Loholaberry, un
dirigente “amarillo”. Framini había sido legalmente inhabilitado por el
gobierno militar para ser candidato, y deberá esperar, en persistente acción
militante hasta 1962 en que recupera el gremio.

En agosto de 1957 el gobierno militar organizó el Congreso
Normalizador de la CGT, bajo le presidencia del interventor de la central,
capitán de navío Alberto Patrón Laplacete. Framini fue delegado al mismo por la
AOT y una de las figura destacadas. En los prolegómenos del encuentro el
peronismo realizó alianzas con el comunismo y los sindicalistas independientes,
con el fin de evitar el triunfo de las corrientes sindicales que apoyaban al
régimen militar. Al momento de obtener mayoría para controlar las credenciales
de los delegados, los delegados oficialistas se retiraron, dejando sin quórum
al congreso, que de ese modo fracasó.

En noviembre de 1957 Framini participó del Plenario Nacional
de Delegaciones Regionales de la CGT y las 62 Organizaciones efectuado en La
Falda (Córdoba), que aprobó el famoso Programa de La Falda "para la
independencia económica". Una de los más brillantes programas obreros, que
ponía en evidencia la capacidad de liderazgo político de la clase trabajadora
al momento de superar el plano meramente reivindicativo por sobre los límites
de las conducciones político-burguesas del movimiento nacional. Control estatal
del comercio exterior, liquidación de los monopolios extranjeros,
nacionalización de las fuentes de energía, de los frigoríficos extranjeros,
control del crédito por parte del Estado, expropiación de los latifundios,
fortalecimiento del cooperativismo agrario, control obrero sobre la producción
y la distribución de la renta nacional. Un verdadero programa de realizaciones
pendientes.

Un programa propuesto en el momento en que lo central y lo
accesorio de las urgencias políticas del movimiento obrero, quedaban sujetas a
las urgencias tácticas y estratégicas del conjunto del peronismo, y que tenían
que ver con el exilio del General, sus lineamientos desde Madrid y el Retorno.

Siendo Presidente de la Nación Arturo Frondizi, estando
Framini de nuevo al frente de su gremio en 1962, Perón desde su exilio decide
que sea quien encabece la lista a Gobernador por las Provincia de Buenos Aires,
tras la apertura frondicista que permitió la presentación de candidatos
peronistas en las elecciones provinciales del 18 de marzo de 1962, utilizando
nombres partidarios nuevos, como el de Unión Popular, Partido Laborista, y Tres
Banderas.

El triunfo de la fórmula Framini-Anglada será el detonante
de la caída del frondicismo y la anulación del acto electivo.

En febrero de 1966, las 62 Organizaciones se dividen ante el
avance de Vandor, que buscaba organizar un "peronismo sin Perón".
Framini integró el sector antivandorista, liderado por el secretario general de
la CGT José Alonso, denominado "De Pie Junto a Perón".

En 1968 Framini fue derrotado por Juan Carlos Laholaberry en
las elecciones por la secretaría general de la Asociación Obrera Textil.

Seis años más tarde, en 1974, creó junto con Sebastián
Borro, Dante Viel y Armando Cabo la "Agrupación del Peronismo
Auténtico", dentro del Partido Justicialista. Un año después ya muerto
Perón, Framini integró el grupo fundador del Partido Peronista Auténtico, al
que renuncia poco después, disconforme con la conducción.

Instaurada la dictadura genocida de 1976, un grupo de tareas
fue a su casa a secuestrarlo, pero no pudo encontrarlo. Framini vivió entonces
escondido durante varios meses.

Con la llegada de la democracia, durante el gobierno del
Presidente Menem fue enfático y frontal detractor de su gestión presidencial.

En los comienzos del 2000 supo dar su respaldo al Polo
Social que encabezara el ex cura del Tercer Mundo padre Luís Farinello.

Al momento de su muerte no recibía pensión y contaba como
única propiedad un departamento de un ambiente y medio.

Su última aparición pública, fue la noche de su muerte en un
acto de memoria colectiva, de ésos que la ATE, desde la recuperación
democrática a manos de la Agrupación ANUSATE, mantiene como guía en el sendero
de sus luchas.

Y no era casual el acercamiento a ésta sede nacional de los
trabajadores del Estado, cuando tanto Andrés, como Sebastián Borro, veteranos
dirigentes de la Resistencia, y fervientes opositores a toda formalización
burocrática del sindicalismo, veían con respeto militante el nacimiento de la CTA.

En un fallo que contradice su propia jurisprudencia,
las  reglas del Derecho Penal, la
Constitución Nacional y los tratados internacionales, la Corte  Suprema argentina acaba de beneficiar al
represor Luis Muiña con el cómputo diferenciado de los días de prisión preventiva
establecido en la ex ley 24.390 ( ya derogada) llamada del “dos por uno”. Con
este fallo, Astiz, Acosta y todos los condenados por crímenes de lesa humanidad
podrán ser puestos en libertad inmediatamente, sin tener que cumplir sus
sentencias.

Esta  sentencia no es
legal y por lo tanto nula, por las razones que pasamos a analizar:

1.- La ley 24.390 estuvo vigente entre 1994 y 2001, y previó
el cómputo del “dos por uno” para quienes estuvieran detenidos con prisión
preventiva. Se buscó con esta medida procesal reducir los periodos de prisión
preventiva sin condena, en resguardo del “plazo razonable” para ser juzgado
(art. 7.5 Convención Americana sobre Derechos Humanos).

No es el caso de Muiña, quien en esos años gozaba de plena
libertad, al igual que el resto de los represores, gracias a las leyes de
Obediencia Debida y Punto Final.

De no haber sido por esas leyes de perdón, luego declaradas
nulas e inconstitucionales, para cuando se sancionó la ley del “dos por uno” en
1994, Muiña ya hubiese estado condenado y preso, por lo cual tampoco se le
hubiese aplicado ese beneficio.

Es decir, la Corte ahora presume de aplicar la legalidad y
las garantías constitucionales, cuando en realidad lo que hace es desconocer la
determinante situación de origen, ilegítima y contraria a todo el ordenamiento
jurídico –la impunidad “legal” de los represores por más de 30 años, gracias a
las leyes de perdón–, sin la cual el supuesto de hecho analizado en el fallo
–condena posterior a la vigencia de la ley 24.390, con prisión preventiva
previa– no habría siquiera existido.

2.- El delito de desaparición forzada de personas, que se le
imputa a Muiña, es de carácter permanente. Se comete en forma continua, a cada
instante, desde el inicio de la desaparición forzada en adelante, sin que se
interrumpa dicha comisión. Sólo termina de cometerse cuando se extingue el
resultado.

En estos casos de delitos permanentes, ante un cambio en la
ley penal en el transcurso de la comisión del mismo, no se trata de leyes
sucesivas –y por ende pasible de ser reputada alguna de ellas como más benigna,
con su consecuente retroactividad y ultraactividad, como entendió la mayoría de
la Corte–, sino que existe una coexistencia de leyes mientras el delito se
sigue cometiendo.

De ello se deriva que debe determinarse el momento de dicho
transcurso de tiempo que se toma en cuenta a fin de establecer la “ley penal”
aplicable. Cierta doctrina argentina lo ubica en el momento de inicio de
comisión del hecho. Otra doctrina extranjera determina que debe aplicarse la
ley vigente al momento de la condena. En cualquier caso, no se aplica la
retroactividad o ultraactividad de la ley más benigna, dado que el delito
permanente se cometió durante la vigencia de todas las leyes involucradas. Es
decir, no hay lógicamente un momento determinado, en la comisión del delito,
anterior al cual retrotraer, o posterior al cual llevar en forma ultraactiva,
la vigencia de otra ley más benigna.

En consecuencia, sea que se tome la ley penal vigente en
1976, o la del momento de la condena en 2013, el resultado es el mismo: no se
aplica el “dos por uno” del art. 7º de la ley 24.390, ya que la redacción del
art. 24 del Código Penal es la misma en ambos casos (un día de prisión
preventiva = un día de prisión).

Sin embargo, por medio de este fallo de la Corte, estamos
frente a la posibilidad concreta de que muchos de los represores presos queden
en libertad, mientras siguen todavía hoy cometiendo delitos de lesa humanidad,
dado el carácter permanente de los mismos.

3.- La obligación del Estado argentino de perseguir,
investigar y sancionar adecuadamente a los responsables de delitos que
constituyen graves violaciones a los derechos humanos, emergente de los
Tratados de Derechos Humanos que componen nuestro bloque de constitucionalidad,
incluye desde ya la ejecución de la pena.

Este tramo final del proceso penal, donde se hace efectiva
la sanción arribada en las etapas anteriores, integra la obligación del Estado
frente a sus ciudadanos y la comunidad internacional, no pudiendo ésta verse
frustrada por una reducción de pena derivada de una determinada interpretación
de la legislación interna.

En este caso, al disponerse por vía de reducción de pena una
virtual amnistía para los autores de delitos de lesa humanidad, el Estado
argentino incumple sus obligaciones, lo que trae aparejado responsabilidad
internacional, la cual deberá ser así determinada por el los Sistemas
Interamericano y Universal de protección de los Derechos Humanos.

4.- El CAJ denuncia este hecho gravísimo, que deja fuera del
estado de derecho al estado argentino. Denuncia a la Corte por subordinarse al
gobierno y al episcopado católico,  que
vienen solicitando el fin de la prisión para los condenados por genocidio.
Plantea la nulidad insanable de esta sentencia. Promueve el juicio político a
los jueces que votaron este engendro vergonzoso. Apoya la movilización
ciudadana contra el mismo. Solicita a la comunidad de derechos humanos
internacional  la condena por este grave
ataque a las libertades.

Miembro del Comité de Acción Jurídica (CAJ)

Integrante de la FIDH (Federación Internacional de Derechos
Humanos)

El 2 de abril acompañamos a los ex combatientes de Malvinas
del CECIM de La Plata para conmemorar el Día de la Afirmación de los Derechos
Argentinos sobre las Islas Malvinas y homenajear a los soldados caídos. Con
ellos inauguramos un monumento pensado, 
proyectado y construido por los propios ex combatientes, con la
colaboración de los trabajadores de ATE del Astillero Río Santiago.

El monumento tiene tres columnas de material revestidas por
cilindros de metal oxidado que se erigen sobre finos listones de acero con los
nombres los ex combatientes del Regimiento 7 de Infantería de La Plata. Cada
cilindro representa a la memoria, la justicia y la soberanía, valores que
expresan una perspectiva distinta para nuestra sociedad. Diferente a la democracia
oxidada que tenemos.

Pocos días después concretamos el primer Paro General contra
la política del presidente Macri con gran masividad y contundencia, en donde
ATE  participó activamente a través de
actos y movilizaciones en todo el territorio nacional.

Un marzo
movilizado

Con el paro se cerró un mes en el cual los trabajadores nos
volcamos por millones a las calles en diferentes actos. El Paro Nacional de ATE
los días 6 y 7 de marzo y el acompañamiento a la lucha docente en su reclamo de
Paritaria Nacional; el acto realizado por los trabajadores industriales
nucleados en la CGT; el 8 de marzo, Día Internacional de los Derechos de la
Mujer Trabajadora que pararon en todo el país por el reconocimiento de los
derechos e igualdad de la mujer, proyectándolos incluso a todo el mundo. Y el
hito fundamental del 24 de marzo, Día de la Memoria, cuando nuestro pueblo, una
vez más, ratificó los valores: Memoria, Verdad y Justicia. Así llegamos al Paro
General del 6 de abril que completó y le dio unidad a todas estas
multitudinarias expresiones.

La actitud del
gobierno ante eso ha sido la de desoír los reclamos, descalificar a quienes los
expresamos y ningunear a las multitudes para confundir a nuestro pueblo.
Envalentonado por el apoyo de quienes lo votaron y aun no se arrepienten.

Por eso el Paro General de las y los trabajadores fue un
momento de apertura a otro tiempo del debate político y social en la Argentina.
Si el gobierno no responde a estos reclamos se hace necesario plantearnos:
¿Cómo encontrar una solución a los problemas?, ¿Cómo encontrar salida a esta
encrucijada en que nos pone la política gubernamental?

Día a día cae la actividad productiva, cierran los
comercios, los talleres, las industrias, aumenta la desocupación y la
precariedad laboral; mientras tanto el gobierno intenta destruir las
organizaciones sociales y sindicales y profundizar las divisiones en el seno
del movimiento popular planteando falsas antinomias.

Los argentinos necesitamos cambios para mejor, no para
volver atrás, no para retomar el camino que nos llevó a la crisis del 2001, ni
volver a las opciones que nos trajeron a este presente. Y en ese debate que se
está dando en la  sociedad argentina, el
Paro vino a mostrar al mismo tiempo las potencialidades y los limitantes de la
posibilidad  de construir una
alternativa.

La potencialidad está en la unidad y la masividad ya
expresadas en las calles pero necesita construir y profundizar formas de
organización nuevas que representen y expresen la libertad sindical en la
Argentina; que permitan plantear alternativas y hagan vislumbrar una salida
diferente a las que en estos 32 años de democracia oxidada se han gestado en
nuestro país. Porque la memoria de nuestros caídos en Malvinas y de los 30 mil
desaparecidos se merece que los argentinos seamos capaces de construir una
democracia reluciente, plena de justicia y soberanía popular distinta a la
democracia oxidada del Monumento de Malvinas.

Un abril para el
debate

En ese contexto,
abril es un mes muy oportuno para ATE porque es el mes de las asambleas en las
seccionales, de los congresos provinciales y la antesala del congreso nacional.
Allí nuestra organización está convocada a ponernos a la vanguardia en el
debate sobre el futuro de los trabajadores, de la democracia, del  gremio y de nuestra Central. Para definir
mucho más claramente hacia dónde vamos con debates que nos permitan acrecentar
la formación de nuestros dirigentes para tener más claridad en el presente y
ante el futuro de nuestra sociedad.

Cuando en el 2002 en el Congreso de la CTA decidimos avanzar
en la construcción de un movimiento político, social y cultural de liberación,
nos pusimos un horizonte hacia el que todavía estamos transitando. Eran épocas
de crisis de gobernabilidad y de hegemonía neoliberal fuertemente cuestionadas
por la mayoría de nuestro pueblo.

La rebelión del 2001 abría un tiempo nuevo y la posibilidad
de construir nuevos caminos, nuevas posibilidades. Y de todos los escenarios
posibles frente a esa  crisis del modelo,
se impuso la vía del reencauzamiento de esas energías  a través de la cooptación y la fragmentación
de las organizaciones populares.

Finalmente el año 2015 marcó un tiempo de restauración de la
hegemonía neoliberal, marcó la reconstitución de la gobernabilidad del poder
que se coronó con la instalación en la presidencia de la Nación de un hijo
dilecto de los grupos de poder, como nunca antes en los últimos cien años, a
través del voto democrático.

Esta realidad nos impone el profundo desafío de ponerle
límite, de frenar el consenso que le está dando sustento a esta agresiva
ofensiva de transferencia de riquezas desde los sectores populares a los
sectores más concentrados de la economía, de reinstalar una tercera reforma del
Estado volviendo a ponernos a los trabajadores estatales como demonios sin tener
en cuenta las propuestas que los estatales generamos para construir un Estado
más democrático y popular.

En este tiempo se hace indispensable, ya lo hemos dicho
varias veces, reinventar nuestro gremio, reinventar nuestra CTA, ser capaces de
encauzar nuestras energías hacia la concreción de ese objetivo pendiente de
construir un movimiento liberador en la Argentina que nos encamine hacia
horizontes nuevos.

Sin ninguna duda, tendremos la oportunidad en las próximas
asambleas y en los próximos congresos de abordar estos debates para integrar la
lucha cotidiana que desarrollamos con el protagonismo de siempre.

El aporte de ATE

Fuimos protagonistas el 24 de febrero del 2016 y lo estamos
siendo este año con los dos paros que ya hicimos, en el camino hacia la
construcción de cambios profundos en ATE y en nuestra CTA Autónoma.

Cambios que nos permitan modificar lo que hay que modificar
y ratificar lo que hay que ratificar en nuestras estructuras organizativas para
que tanto en ATE como en la CTA A seamos capaces de abrir mayores espacios de
participación y de protagonismo en la  toma de decisiones. De unir las luchas, la
formación de nuestros cuadros dirigentes, la capacidad de debate sobre cómo
hacer más eficientes y participativas nuestras estructuras organizativas; y al
mismo tiempo profundizar el debate sobre el rol del Estado y las políticas
públicas para construir un Estado democrático y popular.

ATE tiene mucho que
aportar para la construcción de una estrategia política nacida desde los
trabajadores y capaz de articular la unidad del conjunto del movimiento popular
en busca de una salida emancipadora.

La autoconvocatoria a una Constituyente Social, iniciativa
política desde una estrategia autónoma de los trabajadores, que fuimos capaces
de vertebrar hace unos años y que quedó pendiente ante la agresión
gubernamental divisionista del campo popular, es una referencia insoslayable
para pensar, para imaginar, para soñar nuevas líneas de intervención, para
reconstituir la unidad del movimiento popular en la Argentina. Una unidad que
permita alentar perspectivas alternativas para el futuro de nuestro país y de
nuestra democracia.

Terminar con el óxido de la democracia sólo será posible si
somos capaces de construir más poder popular y más capacidad de lucha en torno
de objetivos nuevos que nos trasciendan como clase trabajadora y como pueblo
hacia una sociedad basada en los tres pilares de los que hablaban los ex
combatientes de Malvinas: Memoria, Justicia y Soberanía.

El anuncio de funcionarios macristas de la aplicación de una
fórmula para calcular pautas salariales jubilatorias a la baja –posteriormente
descartada-, se corresponde con una técnica de distracción que tape el
escándalo del Correo Argentino, ya registrado internacionalmente.

De ese caso sabemos que el buen hijo Mauricio le condonó la
deuda varias veces millonaria que debía su papá Franco al Correo. Francamente,
queda la duda si el gobierno está en condiciones de continuar denunciando
corruptos o proponerles la unidad política ya, porque los pares deben unirse
para defender sus intereses, elemental ABC de la praxis política.

De lo que no tenemos duda es que la Justicia debería liberar
a muchísimos luchadores populares que están imputados, presos políticos (por caso
Milagro Sala), sin sentencia ni pruebas delictuales, abriendo las cárceles para
reemplazarlos por ladrones de guante blanco y linaje.

Ahora bien, los jubilados no seremos presas de tácticas
distractivas. La famosa ley de reparación histórica que pretende armonizar
previsionalmente a las provincias con la nación, tendrá como objetivo final la
desfinanciación previsional, con rebajas de aportes patronales y personales,
mientras nuestro anhelado 82% está cada vez está más congelado a nivel nacional
y en provincias como Córdoba es rebajado con la ley 10333, cayendo del 82 al
73% móvil, mientras van camino a completar la armonización con la nación, donde
el salario de los jubilados y jubiladas es el 55% del que corresponde al
activo. Vale señalar que actualmente más del 60% de las jubiladas y jubilados
nacionales cobran la mínima.

La transferencia de las cajas previsionales provinciales que
quedan a la Nación, así como el aumento de la edad jubilatoria a los 70 años
para hombres y mujeres, el achicamiento financiero de la seguridad social, para
terminar finalmente con una pensión a la vejez, no constituyente comentarios
tendenciosos, sino objetivos político-económicos de los gobiernos en aplicación
de las recetas del ajuste global.

El absurdo argumento que justifica la restricción de
medicamentos en el PAMI a los jubilados que son propietarios de autos de
determinados modelos, que viajen a determinados países o que ganen más de 8500
pesos, sólo se puede explicar en un país de tontos y tontas.

Así mismo, los manotazos al FGS de la ANSSeS (para operar
financieramente en Qatar en su momento) y los 2700 millones de pesos sustraídos
recientemente, para pagar gastos corrientes y compromisos con las provincias,
dan cuenta que se les acabó el circulante obtenido con el endeudamiento externo
y que las milagrosas inversiones nunca vinieron (la copa no derrama).

En este marco, pareciera que la alternativa gubernamental se
reduce a que paguemos los jubilados, activos y trabajadores en general, con
tarifazos, impuestos y alza de precios, la fiesta de los que concentran
riqueza, aquellos que fueron aliviados con las bajas de las retenciones.

Por todo lo apuntado, exigimos:

– Derogación de la ley 10333

– Rechazo a la armonización y trasferencia de la Caja
provincial

– Restitución de los aportes patronales y personales a
niveles históricos

– Rechazo a la ley de reparación histórica

– Gravar con impuestos al juego y la renta financiera

– 82% móvil, dignidad previsional para todas y todos

– Adhesión al paro nacional de ATE

92 AÑOS DE ATE – 50
AÑOS DE LA CLATE – Y LA LUCHA ESTA DE NUEVO EN SUS COMIENZOS. EL NEOLIBERALISMO
TIENE LA DISPOSICIÓN DE GOLPEAR DURO.

Por: Rodolfo Romero, asesor de la Confederación
Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE). Dirigente
Sindical del sector de Empleados y Obreros del Comercio de Paraguay.

“LAS EMPRESAS NO FORMAN PRECIOS, NO TIENEN EL PODER MONOPOLICO DE LOS
SINDICATOS…” Nicolás Catena Zapata – Economista y empresario, principal
exportador de vinos Premiun de la Argentina – Reportaje “La Nación” – 14-02-17.

El presente año 2017
asocia profundamente a la ATE y a la CLATE

ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), organiza y
representa a los Trabajadores del sector público de la Argentina, y tiene una
trayectoria de 92 años de lucha incansable en pro de la dignificación del
trabajo de los Servidores Públicos de la Nación. En 92 años de vida, se ha
Ganado muchas condecoraciones otorgadas por el pueblo y toda su base
societaria. En esa trayectoria, se ha enfrentado a gobiernos liberales,
entreguistas, a crueles golpes y dictaduras militares, y sigue batallando
contra los lineamientos del neoliberalismo actual, que siempre propugna ACHICAR
EL ESTADO PARA AGRANDAR LA NACION

ATE ha participado en heroicas jornadas luchando por la democratización
de la sociedad, y ha ofrecido miles de mártires – hombres y mujeres –en este
compromiso de dignificación del trabajador y de conquistas fundamentales de los
derechos humanos laborales.

Y la CLATE (Confederación Latinoamericana y del Caribe de
Trabajadores Estatales), una de cuyas bases societarias lo conforma ATE, está
cumpliendo sus BODAS DE ORO – 50 AÑOS de intenso protagonismo, reivindicando el
derecho de los Trabajadores que desde la función pública, asumen la gran
responsabilidad de prestar su servicio a los ciudadanos, buscando que  la Administración Publica este al servicio
del pueblo, y no de las oligarquías y burguesías que lo han confiscado para sus
beneficios y enriquecimiento excluyente.

Y son 50 AÑOS de historia y de difíciles y complejas
batallas  a lo largo y ancho de toda la región
de América Latina y del Caribe.

La CLATE prepara su próximo CONGRESO CINCUENTENARIO para
realizarlo en la ciudad de Cartagena, Colombia, durante los días 24 al 27 de
Febrero del corriente año, donde participarán 17 países con sus respectivas
organizaciones, y delegaciones de Autoridades, Instituciones y Organizaciones
fraternales de los cinco continentes. La Organización Internacional del Trabajo
– OIT -, como representantes de las Naciones Unidas estarán presentes en
Cartagena.

Al recordar estos dos acontecimientos importantes del
Movimiento Sindical de nuestra región, nos planteamos casi como una angustia
existencial, la naturaleza de los grandes desafíos que en esta segunda década
del Siglo XXI sigue enfrentando el Movimiento de los Trabajadores y toda la
clase trabajadora. 

Y abordando este reto que tenemos por delante, nos aparece
en el camino un claro posicionamiento de los sectores ultraconservadores de la
Argentina y de toda la región, apostando al libre Mercado sin limitación
alguna, si bien discrepante de otra línea conservadora y supuestamente proteccionista-nacionalista
como es la de  Donald Trump, Nuevo
Presidente de los EE.UU. de Norteamérica.

Los nuevos gobiernos de la derecha, reinstalados en el
control del aparato del Estado, y que coinciden en sus proyectos de minimizar
el rol del Estado, invisibilizar el papel del Movimiento Sindical y seguir
explotando a mansalva el trabajo humano, violentando para ello todos los
derechos laborales, revelan sin eufemismos su propósito de hegemonizar
totalmente la economía, la política, la cultura y toda la dinámica social. Y
para ello trazan la arquitectura de la nueva etapa de su poderío, de su
reactivación y de su Nuevo enfoque de acumulación y concentración de la
riqueza, del saber y del poder hegemónico.

Para ellos, los 92 años de vida y de lucha de la ATE, como
la tarea histórica de la CLATE, no significa nada, y más bien lo consideran
como el escollo, el “monopolio” a vencer.

Y nada mejor que hacer mención de un reportaje aparecido el
día 24 de Febrero de 2017 en el Periódico “La Nación”, donde supuestamente se
contraponen dos posiciones: por un lado el sector empresarial que no fija
precios a sus productos, y que es más bien víctima del otro factor, de un
supuesto monopolio sindical.

Ciertos reportajes tienen un lenguaje simbólico, y los
personajes que son sometidos a la requisitoria del periodismo que responde a
una línea editorial, como es el caso de “La Nación” de Argentina, no responden
a la casualidad, y mucho menos en un momento donde se debate la aplicación de
un modelo económico-financiero de corte neoliberal y de debate sobre la
adjudicación de los ingresos de la sociedad a través de las paritarias. La
batalla es simple: se destina a los sectores que acumulan y concentran casi
toda la riqueza, o también se acepta la participación  de los trabajadores a través de los
sindicatos.

Y el entrevistado, Nicolás Catena Zapata, economista y gran
empresario dueño de viñedos importantes, se expresa con delicado acento académico
y prosapia neoconservadora-neoliberal, en todo caso dictando cátedra al mismo
gobierno y a los miembros de la gerencia GEO, afirmando en algunas de sus
respuestas las siguientes perlas:

“Si se desea bajar la inflación, pautada en 17%, es
inevitable un cierto grado de recesión y desempleo…creo que se puede lograr,
aunque el obstáculo más grande son los salarios que acuerden las paritarias
2017…el rubro de costos importantes, determinante de los precios. Será el
incremento de salarios que seguramente superará el 17%. Si así ocurriera, se
demorará la reactivación, y los márgenes históricos de las empresas deberán
disminuir. Y ALGUIEN PODRIA AFIRMAR, QUE LOS SINDICATOS NO RESPETUOSOS DE LA META
INFLACIONARIA, FIJADA POR EL BANCO CENTRAL, SERAN LOS CULPABLES DE UNA MENOR
REACTIVACION…

Desde mi teoría de como se forman los precios en nuestra
economía, el empresariado sería la víctima en este juego entre  expectativas de inflación futura de los sindicatos
y la meta inflacionaria del Banco Central. Si discrepan, las ventas caen, los
márgenes históricos se achican, las utilidades disminuyen. LAS EMPRESAS NO
FORMAN PRECIOS, NO TIENEN EL PODER MONOPOLICO DE LOS SINDICATOS, simplemente
aplican un margen histórico sobre sus costos variables establecido de acuerdo a
la especial situación competitiva de cada uno de sus productos…”

Y todo lo dice sin rubor alguno: “el empresariado sería la
víctima…las empresas no forman precios…no tienen el poder monopólico de los
sindicatos…”

Después de 92 años de luchas formidables de la ATE, y de 50
años de rica trayectoria de la CLATE, los empresarios, asumen una tarea pedagógica,
parece querer enseñarnos que en la dura batalla por la fijación de los precios
de las mercancías, que ellos no determinan, y la lucha por la distribución del
ingreso en la sociedad, ellos son las víctimas, y los sindicatos, por tener el
monopolio del poder, los culpables de la recesión, de los despidos, del
desempleo y de la irritante desigualdad existente en la sociedad.

Tamaña impostura es imposible superarla, pero indica
claramente hacia donde quiere embretarnos los poderes oligárquicos del mundo de
hoy.

Por eso debemos declarar nuevamente, que la lucha por una
transformación profunda de la realidad actual, todos los días vuelve a
comenzar.

 “LA LUCHA CONTINUA”

Rodolfo Romero-
"RoRo"

Dirigente Sindical paraguayo del sector de Empleados y
Obreros del Comercio, asesor de la Confederación Latinoamericana y del Caribe
de Trabajadores Estatales (CLATE)

Es fundador del Centro Paraguayo de Estudios Sociales
(CEPES) en 1964, y que hasta hoy funciona como Instituto de Formación de la
Central Nacional de Trabajadores (CNT).  Ex
detenido político de la dictadura de Stroessner.

Con una larga experiencia internacional: Fundador y primer
Director del Instituto Internacional de Capacitación Social del Sur (INCASUR)
con sede en Buenos Aires, Argentina en 1971. El INCASUR funciona hasta hoy día.
Fue Secretario General Adjunto de la Central Latinoamericana de Trabajadores
(CLAT) con sede en Venezuela, desde 1987 hasta el año 2004. Actualmente es
miembro de una red de estudios de la Universidad de los Trabajadores de América
Latina (UTAL).

Algunos de sus libros publicados:

-La Cultura y el Mundo del Trabajo.
-La América Latina y el Paraguay Que Queremos (prologado Por Fernando Lugo,
entonces Obispo Benemérito).
-La Formación de los Trabajadores de América Latina.
-La Filosofía de la Acción y del Trabajo.