Categoría: Opinión

El Sistema de Riesgos del Trabajo
sigue garantizando el negocio de la enfermedad y cuidando ganancias empresarias

*por ORESTES BETO GALEANO // INSTITUTO DE SALUD Y SEGURIDAD
DE LAS Y LOS  TRABAJADORES de ATE

Cuidar y
maximizar las ganancias de las empresas y evitar que el Estado se haga cargo de
sus obligaciones de control (y también las de empleador) es,  sin duda, una POLITICA DE ESTADO, que han
sostenido sistemáticamente MENEN, DUHALDE, DE LA RUA, KIRCHNER, FERNANDEZ,
MACRI, desde la promulgación de la Ley de Riesgos del Trabajo 24557 en el año
1995. Dicha política está basada en el
gran negocio de la enfermedad, que en el mundo del trabajo se expresa en
garantizar que los trabajadores se sigan enfermando mientras trabajan, a esta
altura no se puede sostener que es un efecto no buscado.  

El sistema
garantiza la ausencia de prevención y por lo tanto la generación de
enfermedades de origen laboral. Estas enfermedades, en el caso de los
trabajadores registrados, se atienden en el sistema de Obras Sociales cuyos
servicios están tercerizados en su gran mayoría, y para los casos de
trabajadores y trabajadoras no registrados, alrededor del 30% del mercado
laboral, van a parar al sistema público de sanidad.

En el actual
sistema  de ARTs, prácticamente no existe
la enfermedad de origen laboral.  Sólo el
3% (promedio) de las denuncias corresponden a enfermedades profesionales (así
definidas por la ley). No cabe duda que han sido muy eficientes en el
ocultamiento de las enfermedades de origen laboral, que sin duda son por la
falta de un ámbito de trabajo saludable. Recordemos que la OIT (Organización
Internacional del Trabajo) denuncia la muerte de 2,4 millones de
trabajadores/as por año,  que el 86% de
esas muertes originadas por el trabajo corresponden a enfermedades, calificando
la situación de PANDEMIA MUNDIAL.

Es cierto
que el índice de incidencia para muertes en el trabajo por accidente ha
disminuido en los trabajadores formales, pero esto es solo sobre el 14% de las
situaciones de mortalidad, como sostuvo el cro. Víctor Degenaro al presentar nuestro
proyecto de prevención  en el año 2012, se siguen muriendo más de 7000
trabajadores/as por año producto de las malas condiciones de trabajo.

El sistema
es además el paraíso de los funcionarios (no existe sanción alguna ante el
incumplimiento de normas de seguridad) de los distintos gobiernos que no les interesa
la salud de los trabajadores. En el universo de trabajadores/as estatales
(cerca de 3.000.000) solo se realizan los exámenes periódicos a un puñado de
miles (en general vinculados a actividades productivas). El método es simple NO
DECLARAN LOS RIESGOS A LOS QUE ESTAN EXPUESTOS LOS TRABAJADORES/AS,  así las ARTs no solo no realizan los exámenes
sino que tampoco hacen las inspecciones que los obliga la ley.

En un acto
de “sinceramiento” las autoridades de  la
Superintendencia de Riesgos de Trabajo  han revelado que hay 9 provincias y 300
municipios FUERA DE LA LEY.  En muchos casos atendiendo los accidentes de
trabajo a través de las obras sociales provinciales, es decir, con la propia
plata de los trabajadores. Como también lo hicieron durante un par de lustros
quienes administran las direcciones de atención medica de las fuerzas armadas. Pero como el estado no se sanciona a sí
mismo ni a sus funcionarios, nada pasa.

Seguimos
sosteniendo que para cambiar la situación de fondo la enfermedad debe dejar de
ser un gran negocio, debe existir un sistema público no estatal que garantice
la atención de las contingencias procurando LA MAXIMA REHABILITACION, y no sólo asegurando una exigua
indemnización.

Para
garantizar la prevención eficaz es condición necesaria la participación de los
trabajadores  no sólo como sujeto
individual sino como sujeto de derechos colectivos organizado conscientemente.
Los trabajadores pueden intervenir en este proceso de diversas formas, por
ejemplo, como DELEGADO DE PREVENCION ELEGIDO POR TODOS LOS TRABAJADORES  o en la conformación de  COMITES MIXTOS CON CODECISION. Es
imprescindible que exista una política de salud destinada a detectar las
enfermedades de origen laboral.  Por
ejemplo, a través de programas y protocolos de cumplimiento obligatorio que
permitan vincular la posible relación de la causa de enfermedad con la
actividad laboral, (la historia clínica electrónica que incluya los riesgos a
los que se está expuesto será de gran utilidad). Esto posibilitaría prevenir
consecuencias en la salud, el método de
diagnostico y tratamiento,  sin
investigar las causas y sin prevención sólo garantiza el negocio de la
enfermedad, cuyo costo pagamos los trabajadores/as.

INTENTAR LIMITAR
EL ACCESO A LA JUSTICIA desde el inicio del sistema es un objetivo claramente
explicado por el cro. y director de nuestro dpto. Jurídico Matías Cremonte

Además resulta a todas luces
inadmisible que los sindicatos no seamos actores previstos por el sistema de
riesgos del trabajo (aún de este que repudiamos), no existe el acceso a la
información y mucho menos  a la
elaboración de medidas preventivas, no tenemos acceso a las declaraciones de
riesgos que hacen las patronales ante las ARTs, y mucho menos a los contratos.
Los actores que reconoce la ley son los empleadores, la ART, la SRT y el
trabajador en forma pasiva e individual, que aparece indefenso ante semejante
conjunción de intereses.

NO HAY TRABAJO SALUDABLE SIN CLASE TRABAJADORA
ORGANIZADA CONCIENTEMENTE EN FUNCION DE SUS PROPIOS INTERESES.

Beto Galeano
ATE CDN

Titular del
Depto. Jurídico de ATE y Presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas
(AAL)

El Gobierno
dictó un decreto de necesidad y urgencia que reforma la Ley de Riesgos del
Trabajo. No existen razones que lo justifiquen. Y la necesidad de reformar el
sistema no pasa por profundizar el existente, sino por cambiarlo de raíz. Los
accidentes y las enfermedades no son una derivación natural del hecho de
trabajar. La inmensa mayoría de la humanidad, compuesta por los hombres y las
mujeres que tienen la necesidad de vender su fuerza de trabajo para vivir, pone
la mayor parte de su tiempo a disposición de su empleador. Entrega su energía
material e intelectual a cambio de un salario. Se trata de una relación
objetivamente injusta, pero el mercado de trabajo es la esencia del
capitalismo.

El Derecho
del Trabajo ha impuesto límites a esa explotación, a través de una serie de
mínimos que a lo largo de la historia los empresarios han querido reducir. A
eso le llaman “flexibilización laboral”, que no es más que su necesidad de
perforar esos límites mínimos para aumentar sus ganancias.

La dictadura
militar, primero, y los años noventa, después, fueron su demostración reciente.
Respecto de la salud de los trabajadores, el ataque se dio a través de la
“privatización” del sistema, creando las ART, sociedades anónimas cuyo lógico
objetivo es ganar dinero. Tan absurdo es el sistema creado en 1995 que esa ley
ostenta el récord de inconstitucionalidades de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación.

Una de sus
primeras observaciones fue la incompatibilidad de las comisiones médicas con el
derecho de los trabajadores a obtener una reparación justa si sufren algún daño
en su salud. El discurso oficial ubica en los juicios laborales el problema a
solucionar. Paradójicamente, el modo de disminuirlos que impone radica en
darles nuevo impulso a esas inconstitucionales comisiones. Partiendo de
premisas falsas es natural arribar a conclusiones igualmente falsas.

Lo que
provoca los reclamos judiciales de los trabajadores lesionados no es su ánimo
litigante sino el hecho de que se accidentan. Dicho de otro modo, la única forma
de disminuir los reclamos es reducir los accidentes, no cambiar el
procedimiento del reclamo. Suele perderse de vista el verdadero punto de la
discusión acerca de la reforma de la Ley de Riesgo del Trabajo: hacer efectivo
el derecho de un trabajador a volver a su casa sano.

Desde esa
perspectiva entonces, debemos ubicar las verdades causas de los accidentes y
las enfermedades laborales para así evitarlos. Hace cien años Alfredo Palacios
decía: “No conocemos desgraciadamente todavía, debido a la forma social que
rige, la máquina amiga; sólo sabemos del monstruo de hierro, implacable, que
aminora el esfuerzo muscular, es cierto, pero que exige en cambio el esfuerzo
de atención, que provoca el automatismo corporal, haciendo que el ritmo
orgánico se adapte al ritmo mecánico”. Aún hoy el avance de la tecnología no
está al servicio del hombre y de la mujer que trabajan, sino de la
productividad. Es más barato pagar un seguro a una ART que invertir en
prevención, pero reducir los costos laborales no puede ser la consecuencia de
que los trabajadores dejen su salud en la fábrica o la oficina. Por eso el
sistema es perverso y funcional a los accidentes, y la necesidad de su reforma
es mucho más profunda.

Los
empleadores son responsables de evitar los accidentes, pero si los trabajadores
tienen el poder de controlar, los accidentes se reducen. La experiencia de los
Comités Mixtos de Seguridad e Higiene es una demostración de ello. Gran parte
de las víctimas de los accidentes son los trabajadores subcontratados, tercerizados
o precarizados, que no tienen el poder de negarse a hacer una tarea riesgosa
sin los elementos de seguridad necesarios, o frente a una máquina defectuosa.
Es ahí donde los delegados de prevención o el Comité Mixto puede intervenir
para evitar el daño en la salud del trabajador. Pero eso implica para el
empleador, en su lógica, perder poder a manos de los trabajadores, y costos de
inversión en máquinas seguras y elementos de trabajo. El Secretario de Empleo
de la Nación afirmó a comienzos de año que el mercado de trabajo naturalmente
“come y descome trabajadores”. Se trata de una metáfora horrible, pero aún en
esos términos, el objetivo es que de ese proceso gastrointestinal, los
trabajadores salgan ilesos.

Derribando mitos
sobre los inmigrantes en la Argentina

Por Germán Aguirre / Licenciado
en Ciencias Políticas

El Presidente Mauricio Macri brindó ayer una conferencia de
prensa y sostuvo que “no podemos permitir que el crimen siga eligiendo a la
Argentina como un lugar para delinquir”. Así, la cuestión de la inmigración en
nuestro país ha sido colocada en el centro del debate, de un modo similar a
como hace unas semanas Cambiemos puso en el eje de la discusión su intención de
disminuir la edad de punibilidad de los jóvenes a los 14 años. Visto en
perspectiva, resulta patente que la política de seguridad del Gobierno ha
encontrado dos culpables —los inmigrantes y los menores— sobre los cuales
quiere aplicar políticas más duras. Esto ha favorecido la divulgación de un
discurso estigmatizador sobre ambos grupos humanos, a los que por extensión se
convierte en chivos expiatorios de los problemas sociales y económicos que vive
la Argentina en este momento.

En este escenario, no podemos dejar de hacer unas cuantas
preguntas básicas. ¿Cuál es la incidencia de la inmigración en Argentina? ¿Es
la inmigración el problema primordial de la Argentina? O mejor aún, ¿constituye
siquiera un “problema” que haya que “resolver”? En lo que sigue, algunos datos
para enmarcar la discusión que se viene.

 “La Argentina está
siendo invadida por bolivianos, paraguayos y peruanos”.

            Para tener
un primer panorama general, veamos información básica sobre la magnitud de la
inmigración en la Argentina actual. Según el Censo Nacional de 2010 del INDEC,
en nuestro país había poco más de 1,8 millones de extranjeros sobre un total de
población de 40 millones de personas. Esto equivale a decir que el 4,42% de la
población de la Argentina es extranjera. De modo que, lejos de una “invasión”,
como muchos suelen percibir, sólo 4 de cada 100 personas son inmigrantes.

             Si comparamos estos datos con los
del boom inmigratorio de hace un siglo, el contraste resulta evidente. En 1914,
el total de población era de 7,8 millones de personas, de las cuales 2,4
millones eran inmigrantes. En otras palabras: aproximadamente el 30% de la
población era extranjera.

            El
discurso anti inmigratorio ha sido especialmente duro con los habitantes
provenientes de países limítrofes, a pesar de que el fenómeno de migraciones
desde y hacia países de la región comenzó hace ya varias décadas. Pero la
pregunta es, ¿qué incidencia tienen estos inmigrantes sobre el conjunto de la
población? Tomando los datos del INDEC, podemos decir que los extranjeros
provenientes de países limítrofes más Perú representan solamente el 3,49% de la
población total de nuestro país.

             Comparemos estas cifras con las de
otros países. El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, en su
última actualización de datos de 2013, ubica a la Argentina en el puesto 129
por el porcentaje de inmigrantes sobre el total de población. El ranking es
encabezado por Emiratos Árabes Unidos, con el 83,7% de población extranjera. Lo
llamativo es que países como Estados Unidos (14,3% de extranjeros, puesto 69),
Reino Unido (12,4% de extranjeros, puesto 76), o Alemania (11,9% de
extranjeros, puesto 79) tienen porcentajes mucho mayores de inmigrantes que
Argentina.

“A la Argentina vienen delincuentes y vagos”

            Ya en
noviembre del año pasado, el senador Miguel Ángel Pichetto había contribuido a
la exacerbación del discurso anti inmigratorio al sostener que “funcionamos
como ajuste social de Bolivia y ajuste delictivo de Perú”. Un tiempo antes, el
conductor televisivo Jorge Lanata había realizado un cuestionable informe sobre
la presencia de extranjeros en la Universidad de Buenos Aires (UBA), planteando
que venían a estudiar a la Argentina simplemente porque era “gratis”, y
proponiendo enseguida un arancelamiento para la educación de los extranjeros en
nuestro país.

            Esta
semana, además del presidente Macri, fue el propio Pichetto quien se puso a
tono con la propuesta de endurecer la política hacia los inmigrantes y planteó
que “cuando vemos lo que pasó en Once o en otros barrios de Buenos Aires, están
tomados por organizaciones delictivas que manejan el narcotráfico y en su
mayoría son de origen peruano”. El Gobierno se apoyó en el homicidio de Brian,
un joven de 14 años asesinado en un tiroteo en Flores a fines de diciembre, de
cuyo crimen se acusa a una persona de nacionalidad peruana, para reforzar la
idea de que la inmigración se vincula con la delincuencia. La Canciller, Susana
Malcorra, sostuvo que “estamos recibiendo inmigrantes que vienen con una carga
personal que hay que revisar. Cuando estás recibiendo gente que ya de por sí
tiene un registro de delincuencia, es una situación particular, no es un
migrante”.

            Veamos,
entonces, si la inmigración está asociada a la delincuencia. ¿Los inmigrantes
son la causa que explica la delincuencia y la inseguridad en el país? ¿Qué
porcentaje de presos son extranjeros?

            Según
datos del Ministerio de Justicia, el 94% de los reclusos en el país son
argentinos. Contra lo que sostiene Pichetto, sólo el 1,09% de los presos son de
nacionalidad peruana. Si contamos a todos los extranjeros, suman sólo el 6% de
la población carcelaria.

             Asimismo, es necesario destacar que
la actual Ley de Migraciones (25.871), ya impide en su artículo 29 el ingreso o
permanencia de extranjeros con antecedentes o condena penal en Argentina o en
el exterior, y según los últimos datos disponibles (de 2009), fueron expulsados
del país 1.330 personas por irregularidades en su situación migratoria. De modo
que, en todo caso, la idea del Gobierno de impulsar un “cambio legislativo”
para permitir el combate de la delincuencia extranjera resulta cuanto menos
sospechosa, dada la normativa vigente.

“Los extranjeros le roban el empleo a los argentinos”

            En un
contexto de ofensiva discursiva contra los inmigrantes, suelen reflotarse una
serie de premisas xenófobas que prenden muy bien en períodos de crisis. Una de
ellas es la típica idea de que “los extranjeros le vienen a sacar el trabajo a
los argentinos”. Pero esta idea resulta insostenible por varios motivos. Si
analizamos los indicadores económicos del último año, veremos que el incremento
del desempleo y la precarización se han producido básicamente por una serie de
políticas públicas del Gobierno, y no por un aumento de presencia de
extranjeros en el país.

            En efecto,
según el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) del INDEC, durante
los primeros ocho meses de 2016 la actividad económica se contrajo un 3,5%. Y
según el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) del Ministerio de
Trabajo, entre noviembre de 2015 y agosto de 2016 se perdieron 92.000 empleos sólo
en el sector privado formal, es decir, sin contar los despidos en el sector
público ni los desocupados en el sector informal. Debe destacarse el hecho de
que los estudios de organismos no gubernamentales ubican estas cifras mucho más
arriba, con lo cual es probable que la caída del empleo y la actividad sean aún
mayores. En todo caso, los inmigrantes suelen ser de por sí el sector más
estigmatizado en lo laboral: sin políticas gubernamentales de contención y de
inserción, en su mayoría terminan ocupando trabajos temporarios en el sector
informal, de modo que suelen ser una de las primeras víctimas de las crisis
económicas, y no sus beneficiarios.

            Más aún,
según la Dirección Nacional de Migraciones, no ha habido cambios importantes en
el ingreso de extranjeros al país. En el primer cuatrimestre de 2016 se
tramitaron 35.776 solicitudes de radicación permanente. Comparemos con lo que
pasaba hace algunos años, por ejemplo, en 2013. En ese año, se resolvieron
138.219 pedidos de radicación permanente. Es decir, el flujo migratorio se
mantuvo estable.

            En suma,
hay que destacar un claro desfasaje entre el discurso contra los extranjeros y
la realidad de la inmigración en el país. La ofensiva que el Gobierno y algunos
legisladores comienzan a dar con vistas a convertir al inmigrante en un
criminal no se sostiene en un diagnóstico realista, sino que pareciera ser
parte de una estrategia de Cambiemos para esquivar la discusión sobre una serie
de problemas económicos y sociales urgentes, así como también un intento para
evitar hacer una rendición de cuentas de las políticas que ha venido adoptando.

            Hacer del
inmigrante un delincuente, un vago, alguien que sólo busca aprovecharse de la
gratuidad de nuestros servicios de educación y salud, y otras tantas
acusaciones, permite convertirlos en chivos expiatorios de las dificultades
económicas y sociales por las que atraviesa el país. El costo político de
hacerlo es casi nulo, porque el inmigrante carece a nivel nacional de los
derechos políticos de un nativo, y porque de por sí el inmigrante suele ser
estigmatizado en lo laboral y en lo social.

            La
aparición de estos discursos en un contexto preelectoral tiene dos objetivos
cuestionables: el primero, reforzar la idea de que la inseguridad es el
principal problema del país, cuyos nuevos responsables parecen ser los menores
y los extranjeros; segundo, ocultar así del debate público la urgencia que
plantean el desempleo, el crecimiento de la desigualdad y la política de ajuste
y recorte que el Gobierno viene implementando. En esa simplificación de los
términos del debate opera el mecanismo burdo de la mera estigmatización y
difamación, que empobrece la esfera pública y daña el legítimo derecho de todos
a ser tratados como iguales y a participar en la definición de las decisiones
políticas.

*Publicado en www.revistaatandocabos.com.ar

El avance de los municipales

El 2016 fue uno de los años mas movidos que hemos tenido en el gremio, por lo
menos en los últimos 12 o 14 años. Durante todo el año salimos a la calle a
participar de las marchas, paros, movilizaciones, quites de colaboración y
todas las  estrategias que los compañeros
y compañeras fueron  armando para la
lucha permanente en todos los sectores.

El año se inició con los despidos y la falta de respuesta de
los funcionarios, una política gubernamental que nos llevo directamente a la
confrontación. Me tocó como Secretario Gremial participar en cientos de lugares
con paros, ocupación permanente de municipios, cortes de calles y de puentes,
movilizaciones, escraches, etc. Participamos llevando el apoyo y la solidaridad
de la Conducción Nacional a la lucha contra los despidos en los municipios de
todo el país donde en más de un 90 por ciento se consiguió la reincorporación
de los compañeros y compañeras.

Con luchas en las calles y en las plazas, tomando los
edificios municipales o los corralones logramos torcer la decisión de muchos
intendentes, nuevos o viejos, que querían achicar el gasto público echando
compañeros, dejando gente sin trabajo. Con la pelea que dio nuestro sindicato y
la solidaridad y adhesión de los vecinos se pudo volver atrás con esa decisión
de intendentes vecinalistas, peronistas, socialistas o radicales que adoptaron
la misma receta que el gobierno nacional.

En el tema de los nacionales pudimos reincorporar muchos
compañeros en diferentes lugares pero NO fueron la mayoría. El gobierno
nacional de Macri no aflojó en eso y no pudimos lograr grandes
reincorporaciones. Tampoco pudimos lograr juntar a todos los compañero para dar
esa pelea, si bien organizamos 8 paros nacionales en total, contando el de los
municipales, nos encontramos con que no pudimos lograr lo mismo en el Estado
Nacional que en los municipios. Pero no por eso dejamos de pelear en cada
conflicto ni bajamos la bandera de la reincorporación de los trabajadores
injustamente despedidos y estigmatizados como ñoquis. Ni dejamos de estar
alertas ante la  amenaza de más despidos  que continúa latente este fin de año cuando
cientos de miles de trabajadores nacionales, municipales y provinciales brindemos
para las fiestas con el temor a que se repita el escenario del verano pasado:
despidos, no renovación de contratos, policías en las puertas de los sectores
de trabajo impidiendo el ingreso.

Alerta que se mantiene porque los gobiernos no quieren hacer
los “pases a planta permanente” y garantizar la estabilidad laboral. Prefieren
la inestabilidad que da ser contratado o 
monotributista para evitar denuncias por mal manejo o hechos de
corrupción.   De hecho la estabilidad lo que les garantiza a
los estatales no es tener trabajo toda la vida, sino poder denunciar lo que
pasa en el Estado, donde hay corruptos que se escudan detrás de contratos. Por
eso si este escenario se repite, vamos a tener nuevamente un año de lucha.

Paro Nacional y
Plenarios regionales

Uno de los grandes avances del 2016 fue haber logrado que más
de mil compañeros delegados municipales de todo el país se reúnan en cada uno
de los plenarios que hicimos en todas las regiones. Fue una experiencia muy
grata y un gran aprendizaje. Nos enseñaron los municipales su compromiso, sus métodos
de lucha, sus necesidades y sus realidades. Están viviendo una situación en la
que se los reduce a peones de campo de un patrón-intendente que resuelve  con respecto a los trabajadores como se le da
la gana. Hoy sos un conductor de una máquina retro escavadora y mañana, porque
el intendente o el capataz quiere, pasas a barrer la calle. No se respeta ni la
carrera, ni las formas de trabajo, ni la seguridad laboral, ni la ropa de
trabajo o los insumos.   

Recorriendo el país pudimos comprobar cómo  los intendentes están haciendo su propio
ajuste en seguridad laboral ignorando la posibilidad de que haya accidentes,
muertes, contagios o infecciones. Por ejemplo, el que trabaja destapando
cloacas no tiene un baño para higienizarse antes de irse a su casa. Situaciones
como esta se dan en la mayoría de los municipios del país y  la parte más grave se la llevan los compañeros
recolectores de residuos que salen todas las noches a trabajar sin condiciones mínimas
de trabajo, corriendo atrás de un camión con zapatillas comunes o alpargatas,
con riesgo de caerse, sin guantes, sin nada que asegure las condiciones mínimas.

Con la misma mentalidad de achique y ajuste, los intendentes
han vuelto a esa vieja práctica de los jornaleros
donde un grupo de personas se presenta todos los días en la municipalidad
para ver si hay trabajo esa jornada. Sin estabilidad laboral, sin obra social,
sin seguridad del trabajo. Una práctica laboral de principios del siglo pasado
que ATE denunció nacionalmente.

Eso significó el paro del 1º de diciembre y los previos
plenarios regionales, la posibilidad de hacer visible el sufrimiento del trabajador
municipal en todo el país y la necesidad de darse una organización para cambiar
esa realidad. 

En todos los encuentros se ratifico ese gran concepto de que
“Si Nos Tocan a Uno, Nos Tocan a Todos”, por eso definimos que es importante la
solidaridad entre los municipios cercanos para apoyar conflictos regionalizando
las luchas.

Profundizar la lucha

 El 2017 va a ser un año igualmente duro
pero nos va a encontrar con más fortaleza. También será un año electoral donde
los candidatos tendrán que preocuparse por mejorar la situación de los
trabajadores si quieren ser votados por ellos

El gobierno nos quiere meter en esta encrucijada de cambiar
trabajo por salario. Pretenden que agradezcamos tener empleo sin quejarnos por
los sueldos de hambre. Una lógica que no aceptamos porque no solo vamos a
defender el trabajo sino que también  vamos
a defender el salario y el poder adquisitivo.

Si no cambian las políticas y las decisiones de este
gobierno nacional, van a hacer muchos más los trabajadores que nos encontremos
en las calles luchando en unidad para impedir que el neoliberalismo nos siga
gobernando, que siga entregando el país y haciendo pasar la crisis por el
bolsillo de los trabajadores. 

Mario Muñoz / Secretario Gremial / Consejo Directivo
Nacional / Asociación
Trabajadores del Estado – ATE 

2016: el año de la irrupción de las
mujeres

Fue un año muy duro y difícil para los trabajadores y las
trabajadoras del Estado debido a las políticas llevadas adelante por el
gobierno nacional con una tremenda ola de despidos. En ese sentido nuestra organización
desempeñó un rol muy importante en la organización, resistencia y pelea  por las reincorporaciones de los trabajadorxs
despedidxs, convirtiéndonos en una verdadera referencia para los  trabajadorxs del Estado de todo el país.

ATE llevó adelante una iniciativa nacional muy fuerte que
hemos sostenido durante todo el año, interpretando y canalizando el sentir de
muchas organizaciones y de distintos sectores, que nos permitió protagonizar
importantes jornadas nacionales de lucha, con 7 paros nacionales, cuyo pico
máximo fue la importantísima movilización del 24 de febrero. Un hito en esta
etapa que fue proseguida por diferentes iniciativas de distintas organizaciones,
en esta necesidad de vertebrar la unidad del campo popular para dar respuesta y
pelea al macrismo y a toda la política que está llevando adelante.

ATE Crece

Fue un año muy positivo también en cuanto al crecimiento organizativo  mediante la realización de  los plenarios regionales de trabajadores del
Estado Nacional que se dieron durante el verano y el gran Plenario Nacional del
30 de marzo así como el crecimiento de las mesas provinciales y regionales y la
instalación del debate sobre las políticas de estado. Sin olvidar, al terminar el
año, de la organización de los plenarios regionales y el paro de los trabajadores
más postergados, los del estado municipal.

Fue muy importante también haber podido debatir y consensuar
internamente un nuevo reglamento de elección de delegados que nos permita
garantizar lo que más necesitamos: los delegados en cada uno de los lugares de trabajo
y que nuestra organización avance en la profundización de su democratización.

El crecimiento es fruto del trabajo sistemático que se viene
desarrollando en algunas provincias y que fue coronando con la creación de
nuevas seccionales. Por supuesto que nosotros queremos tener una seccional en
cada municipio y, para alcanzar esa meta, debemos crecer mucho más todavía y
hacerlo con una política unificada y debatida en todo país, con una descentralización
de los recursos  y de la autonomía de
cada uno de los territorios, para poder encontrar las mejores formas de lucha y
de organización territorial. Este es el modelo que aspiramos a profundizar. Un
sindicato solidario y participativo que permita autonomía territorial para que
los trabajadores encuentren sus mejores formas de organización.

Y en ese marco de lucha y crecimiento lo que más entusiasma es
el debate que nos estamos dando internamente a partir del Consejo Federal para
repensar nuestra organización. Los sindicatos, los partidos políticos y las
organizaciones que están dentro de este sistema capitalista y patriarcal,
necesitamos tener la inteligencia para actualizarnos y darles cabida a los  principales actores de este tiempo que son los
jóvenes y las mujeres. Para ello debemos  pensar en cómo nuestra organización tiene que
abrirse con toda la buena política que nos estamos dando de formación de
jóvenes dirigentes y dirigentas, y como nos reinventamos para enamorar a todos
aquellos nuevos trabajadores que todavía no están ni siquiera sindicalizados.

Debemos pensar también en mecanismos de mayor democracia y
mayor búsqueda de consenso, en niveles de participación que no estén centralizados
en una conducción sino que lleven los debates a cada uno de los lugares de
trabajo. Creo que lo que más entusiasma de este tiempo es pensar en las
reformas estatutarias que impidan que los dirigentes se eternicen en los
cargos  y que haya paridad en la
participación de los cargos entre varones y mujeres.    

Las Mujeres de ATE

Para nosotras como mujeres trabajadoras y dirigentes, los
hechos que protagonizamos por la lucha de nuestros derechos y contra la
violencia de género han marcado una de las novedades más importantes de este
año. ¡La irrupción de las mujeres como colectivo organizado en la calle!

Si bien el primer #NiUnaMenos fue el año pasado, y el
Encuentros Nacionales de Mujeres ya viene creciendo hace mucho tiempo, durante
2016 ATE tuvo protagonismo muy fuerte en las convocatorias a todas esas
manifestaciones y sobre todo en los paros de mujeres que se hicieron en la última
parte del año.

Nuestra organización tuvo lucidez para la respuesta siendo
una de las primeras organizaciones sindicales que convocaron a organizar el
primer Paro Nacional de Mujeres que, lejos de ser algo meramente simbólico, representó
un paro efectivo a nivel nacional ese 19 de octubre. Fue un hito histórico en
la lucha de nuestro país, no solamente en el movimiento de mujeres, que  está mostrando las nuevas formas de organización
y la capacidad de las mujeres de  protagonizar acciones que nos unifican más allá
de la diversidad política.

Creo que es un avance en la defensa de los 
derechos de las mujeres, pero también un avance en poder mostrar caminos
de construcción popular que hoy necesitamos afianzar, recrear e inventar.

Por esa misma razón, también estamos muy contentas con la
realización del Seminario de formación feminista que hicimos para trabajadoras
de la región metropolitana. Creemos en la importancia de formarnos, no solo
como dirigentes y dirigentas sindicales, sino también con un debate interno sobre
la desigualdad que genera este modelo entre varones y mujeres. Y esto necesita de
discusiones,  porque no hay forma de
poder cambiar este sistema capitalista y patriarcal si no cambiamos las
relaciones de poder que existen con las clases dominantes, pero también entre
varones y mujeres.

Lo que viene

Por supuesto que nos queda por delante profundizar la
organización y  muchísimas peleas para
dar porque estamos frente a un gobierno que atenta contra todas las luchas de
los trabajadores y sus herramientas más preciadas como las paritarias y los
convenios colectivos de trabajo.

Nosotros como Consejo Directivo Nacional tenemos una enorme
responsabilidad y el desafío del próximo año de poder estar presente en todos
los conflictos teniendo una conducción dinámica y planificada que nos permita abrir
los canales y que todos los trabajadores que quieran organizarse en el país
encuentren a ATE presente.

Creo que este año se avanzó en el fortalecimiento de la
unidad entre los distintos sectores del campo popular y hemos dado muestra de
potenciar alianzas para la defensa del ataque que estamos recibiendo. Pero
falta encontrar las formas de crear instancias de organización que vayan más allá
de la defensiva, que sean más estratégicas, más de fondo.

Creo que lo que más nos va a costar es recomponer alianzas
profundas que permitan construir una posibilidad real de acceder a un gobierno
que enfrente el avance del neoliberalismo, a partir del crecimiento de la construcción
popular.

Silvia León / Secretaría de
Organización / Consejo Directivo
Nacional / Asociación de los Trabajadores del
Estado – ATE  

Vicente Marti / Secretario de Interior / Consejo Directivo Nacional / Asociación de los Trabajadores del Estado – ATE

¡Somos parte de la historia, herederos de una convicción!

El balance de lo realizado durante este primer año de
gestión es altamente positivo. Por un lado, tenemos que valorar la definición
del Ministerio de Trabajo en función del resultado de las elecciones. Algo que
es muy importante porque deja atrás la indefinición que existía en distintos
CDPs. Además se ha venido trabajando en la participación y se ha llegado a
distintos sectores en donde muchas veces, por determinadas circunstancias o
diferencias políticas, como Consejo Nacional no se llegaba.

La clara definición de que “ATE es de los trabajadores gobierne quien gobierne”, ayuda y
clarifica el pensamiento de aquellos dirigentes que por distintas circunstancias
tenían pactos contraídos y ayuda a definir claramente que ATE es el que
queremos.

Por otro lado nadie puede desconocer la importancia de los 8
paros nacionales que se le han hecho al gobierno. Incluso el de noviembre de
2015 cuando lanzamos una medida de fuerza antes del ballotage que iba a elegir
el presidente y cuando nosotros recién habíamos asumido. 

Con respecto a la Secretaría de Interior, fue un año de
mucho recorrido por las  provincias donde
pudimos mostrar que nada de lo que dice la oposición es real, que no estamos en
el negocio, que la política se implementa en función de las decisiones de la
asamblea, de las comisiones directivas y del debate permanente.

En esas recorridas pudimos comprobar cómo se está haciendo
realidad ese desafío político de ampliar la cantidad de seccionales y
delegaciones en todo el país como se planteó en el Confederal y en las
reuniones del Consejo Nacional. Desafío que se renueva para el próximo año. Por
esa razón invitamos a los compañeros de las provincias, de los distintos
sectores, de los municipios y de los lugares donde exista la cantidad de
afiliados necesarias para la creación de seccionales, que nos comuniquen y que
nos inviten para organizar la construcción.

También vimos que el trabajador del estado quiere un
sindicato que este a la par de la gente, a la par de los trabajadores, que
defienda sus intereses, su carrera, su convenio colectivo. Un sindicato que
debemos seguir democratizando con mayor participación y profundizando la discusión
política para lograr la organización que queremos y para definir si queremos un
sindicato de los patovicas y de los prepotentes o queremos un ATE de la
democracia, la discusión y la participación. Para eso esta conducción continuara
abierta al dialogo y al intercambio de opiniones para encontrar las mejores
soluciones a cada situación.

Pero lo hecho no nos conforma porque aún queda mucho por
hacer. Hemos crecido, tenemos un gremio  más participativo, estamos llegando a sectores
a los que hace 10 años ni se proyectaba llegar, tenemos más afiliados. Pero esperamos
mayor crecimiento y participación, esperamos poder expandirnos mucho más y
llegar a los 400 mil afiliados. Hoy tenemos presencia en 800 municipios de los
2200 que existen en el país y vamos por más.

Vamos a seguir profundizando la lucha por el Salario
Mínimo Vital y Móvil para municipales, algo que se consiguió garantizar en las
provincias, y también por la universalización de las asignaciones familiares y
la construcción y concreción de los Convenios Colectivos de Trabajo para todas las
provincias.

La corrupción en PAMI es estructural.
Sólo se salva la primera gestión a cargo de jubilados y cuando la caja sólo
contenía una tira de aspirinas

Corría 2004. En las áreas de regulación
y control de la atención de la salud de jubilados y pensionados había ingresado
personal comprometido con la institución. Y algo importante: conocía la tarea

Desconocían el plan para que todo
siguiera igual, a pesar de que sería más sencillo que el Instituto de los
Jubilados y Pensionados cambiara francamente para bien

En el área de regulación, su Gerente y cinco
Subgerentes fueron hostigados. Uno de ellos amenazado. Hasta que renunciaron a
mediados de ese año (Carlos Niccolini, Francisco Leone, Inés Pertino, Gerardo
Esbry, José Filet y Jorge Selser)

En el área de control, los reclamos de los
afiliados por la penosa calidad de atención no se habían seguido de la
separación de ningún servicio en los últimos 20 años

Hasta que en el primer año de la gestión
de Graciela Ocaña (2004-2007), hubo un gran cambio para superar estas condiciones
deficientes: 32 establecimientos con internación fueron excluidos y 30 centros
de diálisis no pudieron ingresar a PAMI. Al mismo tiempo, las penalidades a
efectores incumplidores aumentaron 5 mil veces, desde $400 a $2.000.000
mensuales.

Pero el control era demasiado eficaz,
contrariando el plan de Ocaña. Entonces desarrolló en 2005 un trabajo de hostigamiento
permanente contra el personal de auditoría

Once
Diputados Nacionales de seis Partidos Políticos escribieron una Carta
Institucional el 24-11-2005 a Graciela Ocaña “con el propósito de requerirle
que ponga fin a la situación de acoso moral y persecución” contra dicho
personal (Pinedo Federico, Roselli José Alberto, Polino Héctor, Walsh Patricia,
Macaluse Eduardo, Maffei Marta, Pérez Adrián, Zamora Luis, Barbagelata María,
Lozano Claudio, De Nunzio Fabián). Las Defensorías del Pueblo de la Nación y de
la Ciudad se expidieron en la misma línea. En la Defensoría del Pueblo de la
Ciudad para la Tercera Edad, a cargo de Eugenio Semino, consta una multitud de
reclamos de los jubilados contra la atención que recibían del Instituto durante
la gestión de Ocaña

Fue inútil. En la primera mitad de 2005
la Unidad de Auditoría Prestacional, conductora del proceso que culminó con
esas medidas correctivas, fue conmovida por hechos graves e insólitos: 12 de
sus Auditores fueron hostigados con juicios penales y el Titular de la Unidad,
Mario Borini, Premio de la Academia Nacional de Medicina en Auditoría,  fue cesanteado con falsa causa y acusado indebidamente
en 3 causas penales (Exptes. Nº 15604/05 y Nº 15216/05).
Ninguna causa pasó de la indagatoria, o sea, de gastos e intimidaciones para
los acusados. En cambio, la Dirección Ejecutiva del Instituto y el Fiscal con
asiento en PAMI, litigaban sin gastos. Una nueva estrategia del poder institucional
para intimidar a los trabajadores

La
justicia demoró 9 años para emitir una sentencia favorable definitiva (Expediente B854-2011, Tomo: 47 Letra: B)

Mientras tanto se construyó desde
febrero de 2005 una zona franca: cesaron las exclusiones de efectores con
atención deficiente y se derrumbaron las penalidades a los servicios y
proveedores pese a sus incumplimientos con PAMI

Adicionalmente, durante los 4 años de su
gestión, la Directora Ejecutiva incumplió sus deberes de funcionario público al
no aplicar la Ley 25649 de Medicamentos Genéricos sancionada en 2002. La
prescripción por el nombre comercial trajo innumerables pérdidas al Instituto.
El convenio de provisión de medicamentos, que venía de la época del condenado
Víctor Alderete no fue siquiera revisado. El delito no ha prescripto porque
hasta hoy una parte del personal que acompañó a Ocaña en el manejo de
Medicamentos continúa en funciones (art. 67 del Código Penal)

En Exptes. de Comodoro Py consta que, al
decir de quienes saben de estas lides, las falsas causas inactivaron controles
en PAMI hasta liberar una zona y consentir riesgos evitables en la atención de los
afiliados

Quienes conocen esta historia confirman,
una vez más, que la corrupción del Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados es estructural. Que sin medidas integrales, probas
y acordes, este tipo de hechos se repetirá si el control no es independiente,
si el Directorio no se constituye, si los Síndicos no se nombran, si el
personal es impunemente amedrentado, si los jubilados son convidados de piedra,
si los servicios de calidad no son reconocidos, si las intermediaciones
parásitas no cesan,… o sea, si la Ley no se cumple, tal como hasta 2015

Graciela Ocaña supo ser funcionaria K y
ahora su denunciante, recorrer con sus devaneos políticos el amplio arco desde
el ARI de Carrió a su fachosa alianza con Francisco de Narváez, y crear su
Fundación Confianza Pública donde incumple con su declamada transparencia al no
publicar quiénes la financian. Pero sobre todo supo construir ese look que la
ayuda a engañar como una persona sencillamente impoluta.

Ahora el nuevo Director Ejecutivo,
Carlos Regazzoni presenta muestras de la corrupción que encontró en PAMI  y extiende las irregularidades a 10 años, o
sea, a las gestiones del último Director, Luciano di Césare, y de quien lo
precedió, Graciela Ocaña. Además, ambos están dirimiendo acusaciones penales
cruzadas entre ellos. Pero las cifras implicadas en desvíos que el nuevo
Director denuncia, son en el peor caso de apenas más de $100 millones, o sea un
0,1% del presupuesto de PAMI que hoy es de $90 mil millones. Claro que, al
menos, los fondos de PAMI han dejado de ser un misterio, al punto de que en
2012 se requirió nada menos que un Dictamen de la Corte Suprema de Justicia
para conocerlo, exigiendo al PAMI  que lo
hiciera público en orden a la Ley del derecho al acceso a la información
pública.

Algo alarmante es que en estos días, sin conocer con precisión estos hechos, el Presidente Mauricio Macri anunció que podría postular a la Lic. Graciela Ocaña en el trascendente cargo de Defensora del Pueblo de la Nación. Por cierto que hay demasiadas pruebas para impugnar su designación. Y seguramente no contará con los 2/3 de votos afirmativos que esa designación requiere de ambas Cámaras del Congreso Nacional.

Médico – ATE Idep Salud

Como fruto de la denominada ‘Mesa de
Diálogo por la Producción y el Trabajo’, la unificada CGT acordó con los
empresarios y el Gobierno nacional un bono de referencia de $ 2000, el cual
pareciera conformar a un sector del sindicalismo, alejando la
posibilidad de la primer huelga nacional contra el gobierno. Más allá de la no
obligatoriedad del mismo y de lo exiguo de su monto, será cada sindicato el que
deba acordarlo con su empleador, el acuerdo parte de un reconocimiento del
gobierno, empresarios y sindicalistas: existe una importante caída del salario
real producto del proceso inflacionario y de la firma de paritarias por debajo
de la inflación. Rápidamente las patronales y el Gobierno pretenden instalar
mediáticamente que el bono dará por superada la negociación salarial por el
2016, y explicitan cuál es la política salarial para el 2017: una pauta de
aumento mirando la inflación futura -metas de inflación- de un 17%. Federico
Sturzenegger en el Coloquio de IDEA lo explicó así: ¿Qué rol juegan las
negociaciones salariales? Es posible que se precise una pauta salarial algo por
encima de la meta de inflación pero claramente debe ser por debajo de la
inflación pasada. Como señaló este diario, el gobierno apuntará a instalar en
2017 la discusión paritaria en base a la inflación futura, una idea que es
resistida por la CGT.

¿Qué se negocia en paritarias? Como mínimo la inflación
pasada, recuperar lo que el salario real perdió desde la firma del anterior
acuerdo. Si en esta ronda se fijaron subas salariales de un 33% en su mayor
parte, y la inflación de 2016 se proyecta como mínimo en un 38% (lo reconoció
el gobierno en la mesa de diálogo), dirán que lo perdido es sólo un 5%. Si se
estima que la inflación de 2017 será de un 17%, el ‘techo’ que
intentarán poner en la próxima paritaria será de un 20 o 25%.

Así planteado, el debate se agota en la discusión entre
inflación pasada o futura, dejando fuera de la disputa entre capital y trabajo
la cuestión acerca del valor de la fuerza de trabajo. Con un tercio de los
trabajadores no registrados, tercerizaciones, aumento del desempleo y salarios
que no alcanzan para cubrir las necesidades; sea por inflación pasada o futura,
una ronda paritaria que no contemple el derecho constitucional al salario
mínimo vital y móvil que asegure alimentación adecuada, vivienda digna,
educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimientos,
vacaciones y previsión (Art. 116 LCT) condena a la gran mayoría de la clase
trabajadora a continuar en la crítica situación en que se encuentra, o
empeorarla. La otra cara del salario, la tasa de ganancia empresaria, aún con
la enorme recomposición a costa del ajuste salarial, sigue ausente del debate.
La clase trabajadora y sus sindicatos tienen la responsabilidad de enfrentar
este nuevo ajuste, para lo que cuentan con los tradicionales métodos de
confrontación, mientras vuelven a oírse voces que llaman al diálogo o pacto
social, como forma de asociar ‘patrióticamente‘ a
los trabajadores a una crisis que no afecta a todos por igual.

Inicialmente, me gustaría detenerme en tres nombres que nos
atraviesan, nos impactan, nos enfurecen a los trabajadores rionegrinos y que
muestran cabalmente dónde estamos parados en esta provincia del norte de la
Patagonia. Atahualpa Martínez Vinaya, Daniel Solano y Lucas Muñoz, casos que
transitan el derrotero de la oscuridad, de la impunidad eterna.

El primero de ellos, un joven viedmense, hijo de una
Delegada Sindical de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), fue asesinado
con un disparo por la espalda el 15 de junio de 2008. Un pibe de barrio,
trabajador, soñador y solidario. Junto a un grupo de vecinos, había tomado un
terreno para su hermana, soltera y con un chico. Los delegados de la toma
habían denunciado amenazas de muerte.

Daniel Solano, trabajador rural, desapareció en noviembre de
2011, fue ‘chupado’ por la policía rionegrina de un boliche de Choele Choel
luego de que poco tiempo atrás comenzara a denunciar las irregularidades e
injusticias que padecían los trabajadores de la Multinacional Expofrut.

En tanto que el más reciente de estos casos tiene como
protagonista a un joven policía de la ciudad de San Carlos de Bariloche,
secuestrado el 14 de julio pasado y asesinado 25 días después. Donde todas las
pistas apuntan a la misma policía provincial quien, a priori, obstaculizó la
investigación, borró y plantó pruebas.

Tres casos, tres vidas, tres ausencias que nos interpelan a
todos los militantes sociales y populares.

La misma Policía que no cuida a nuestros pibes ni a nuestros
trabajadores, que los persigue y que ni siquiera tiene reparos en matar a uno
de ‘los suyos’ es la que durante el último tiempo se enorgullece en ser el
brazo ejecutor de una Justicia adicta al poder, una Justicia flexible para los
corruptos, los narcotraficantes y los responsables de la trata y dura con los
trabajadores.

Los nombres siguen y las ausencias se multiplican. Un caso
más, una mujer menos.

En esta primavera se cumplen diez años de la desaparición,
secuestro, violación y posterior muerte de Otoño Uriarte, una chica de 16 años
de la localidad de General Fernández Oro, en el Alto Valle rionegrino. El caso
también camina hacia la impunidad, porque los seis acusados fueron sobreseídos
por la Jueza Sonia Martín del Juzgado de Instrucción Dos, atento a la supuesta
falta de pruebas suficientes para procesarlos. La familia asegura que, como
mínimo, los seis imputados tuvieron participación, al tiempo que se destacan
los errores en la investigación. El sobreseimiento fue apelado al Superior
Tribunal de Justicia de la provincia y el caso será también presentado ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un clamor de Justicia de
toda la comunidad.

En este contexto general, no es de extrañar que los
trabajadores y militantes de las causas sociales y sindicales seamos
constantemente apuntados, cuestionados, perseguidos. La policía y la Justicia
–salvo casos excepcionales- se muestran prestos a perseguir al que denuncia las
injusticas y lentos y torpes para investigar esas mismas injusticias.

Paralelamente, el poder de turno no sólo cuenta con ellos y
sus servicios, también están quienes, detrás de un micrófono o una pantalla, se
encargan de escribir la historia oficial, cuestionando las expresiones de
bronca de los trabajadores empobrecidos sin tomar siquiera en cuenta qué
produce tal bronca contenida.

Es así como el encarcelamiento del Delegado Sindical de los
Municipales de Allen, Ramón Cayuqueo -chupado de su domicilio, golpeado,
secuestrado durante más de 10 horas, hostigado hasta el hartazgo y amenazado de
muerte en varias oportunidades- es justificado y fundamentado en el hecho que
-con poco más de un metro y medio de altura y un contextura corporal mediana- el
sindicalista mordió en reiteradas oportunidades a mastodontes de casi dos
metros, armados hasta los dientes y protegidos con botas, chalecos antibalas y
cascos.

En este reino del revés, la Justicia muestra su peor cara a
los trabajadores, mientras sonríe a funcionarios y poderosos.

Ejemplo de ello, días atrás, en una de las tantas causas
armadas por el Gobierno Provincial, la Policía y la Justicia me declararon en
rebeldía y pidieron mi captura junto a las compañeras dirigentes de nuestra
entidad sindical Rosa Ñanco y Dora Fernández. Es muy llamativo que, habiéndonos
presentado en el mismísimo Juzgado donde tramita la causa, para ajustarnos a
derecho, la Jueza Sonia Martín en persona nos prometiera que nos iba a meter
presos. Un accionar cuestionado, incluso por otros jueces penales de la
provincia.

Cabe hacer notar que la Jueza Sonia Martín, que demanda
nuestra detención, es la misma que dejó libres a los seis acusados de
arrebatarle la vida a Otoño Uriarte.

Desde nuestro sindicato enfrentamos un proceso creciente de
judicialización de la protesta social, no por violentos ni antidemocráticos, lo
hacemos porque no puede ser de otra manera en una provincia donde reina la
impunidad, donde desaparece y muere gente todo el tiempo por razones
desconocidas, donde nuestras niñas y niños son masacrados y arrebatados de sus
familias, donde los jueces son cómplices y la policía mata.

El Código Penal no fue creado para resolver los conflictos
sociales. A los conflictos sociales los debe resolver el poder político. En nuestra
provincia estamos cansados de la intromisión de la Justicia en los reclamos
sindicales. La intromisión de esta Justicia que ya nos encarceló una vez, nos
dictó un pedido de captura hace 15 días y nos armó, hasta ahora, más de 18
causas en las que los únicos testigos son los propios agentes de la fuerza
policial.

Pretenden infundir miedo, temor y disciplinarnos. Pero no lo
van a lograr. Mientras exista un solo derecho vulnerado, nos seguiremos
subiendo a la ruta tantas veces como sean necesarias.

Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio
cantaba el catalán. Esta verdad es la que nos muestra que vamos por el camino
correcto. Estamos donde tenemos que estar, del lado de los oprimidos.

En estos tiempos difíciles para nosotros, tantas muestras de
apoyo, solidaridad y acompañamiento le hace saber al poder político rionegrino
que no estamos solos. Y es eso, en definitiva, lo que realmente importa.

Nos tendríamos que preocupar si las cosas fueran distintas.
Parafraseando a nuestro querido Germán Abdala, el día que la Justicia y la
Policía nos comiencen a proteger, si algún día eso pasara, tendríamos que
empezar a preguntarnos cuándo fue que abandonamos a nuestro pueblo.