Categoría: Opinión

La pesada herencia de Vidal en el IPS

La Gobernadora
Vidal deja al Instituto de Previsión con resultado económico negativo y sin
letras previsionales.  Una situación
mucho peor que la que dejó Rodríguez Larreta en 2001.

Lo que vienen
haciendo con nuestro IPS, se enmarca en el plan nacional de Macri de
desfinanciamiento de la Seguridad Social. Que se vio plasmada en la reforma
previsional nacional de fines del año 2017, de carácter absolutamente regresiva
y anticonstitucional y la reforma tributaria aprobada con la reducción de
aportes hacia la seguridad social, en el marco del Pacto Fiscal firmado por la
mayoría de los Gobernadores provinciales con el Gobierno Nacional.

A semejanza de
la estrategia nacional, la Gobernadora Vidal ante la imposibilidad de llevar
adelante la reforma por la vía Legislativa en diciembre de 2017, profundizó el
camino de quebrar el pilar fundamental del Sistema Previsional provincial, que es
su carácter solidario. La solidaridad intrageneracional e intergeneracional que
han sostenido el sistema durante más de 70 años puede verse quebrada a través
del desfinanciamiento del sistema llevado adelante durante este Gobierno.

Las maniobras encaradas
por el Gobierno actual y sus funcionarios, apuntaron en dos direcciones. Por un
lado quebrar la relación entre trabajadores en actividad y jubilados. Llevando
un proceso jubilatorio compulsivo por presión o miedo, mas los retiros
voluntarios,generando cargos vacantes sin el correlato de ingresos al Estado
que aporten al sistema previsional. El ingreso de contratos monotributistas (sin
descuentos previsionales hacia el IPS) en la Administración pública provincial,
desde que llegó Vidal se cuentan de a miles en la Provincia de Buenos Aires. Con
el colmo de todos, que quienes administran el IPS contratan trabajadores a
quienes precarizan y por ende no aportan al mismo Sistema Previsional
Provincial.

Esto empezó a
desbalancear las finanzas del IPS, en cuanto a que los recursos que ingresan al
sistema empiezan a hacerlo a ritmo por debajo de los egresos.  Esto se corrobora cuando analizamos los
ingresos de aportes al sistema por pago de salarios en actividad y contraponemos
los recursos destinados al pago de jubilaciones y pensiones por parte del IPS.

Por otro lado, a
la falta de nuevos aportes que sostengan las nuevas jubilaciones, se le sumó un
artilugio económico-financiero para atentar contra el Fondo acumulado de aportes
previsionales del IPS, que se encuentran en Letras Previsionales, que
constituyen el resguardo para el pago de jubilaciones.

Recordemos que el
IPS tiene un Patrimonio construido por años con una presencia importante de
Letras Previsionales, producto de resultados contables acumulados desde 1998,
surgidos de deudas y fondos utilizados para otros fines por los Gobiernos y
reemplazados por dichos títulos. Se fueron acumulando año tras año, con
solamente dos rescates de dicho Patrimonio a los efectos de cubrir resultados
económicos adversos por las políticas aplicadas en el 2001 por el entonces
presidente del IPS, Horacio Rodríguez Larreta.

El Gobierno de
Vidal ha desplegado una serie de mecanismos contables que dañan dicho
Patrimonio previsional de las trabajadoras y trabajadores estatales.

De esta forma el
stock de Letras Previsionales del año 2018 con respecto a 2016 se redujo en 8.084
millones de $. Mientras los recursos que no están en “Inversión” y que se
mantienen en deudas hacia el IPS de los organismos estatales empleadores por
aportes y contribuciones aumentaron en más de 2.413 millones de $ en el mismo
período, reduciendo, claramente, el Patrimonio del Instituto de Previsión
Social.

Esto no solo
reduce el Patrimonio en general, si no que modifica el Activo del IPS, ya que
mientras en 2016 las Inversiones representaban el 56% del mismo, bajaron a
significar en 2018 solo el 30%. Y obviamente, los créditos a cobrar por parte
del IPS (ingresos por aportes y contribuciones no efectuados por el empleador)
pasaron a representar el 66% en 2018, cuando en 2016 lo pendiente de ingreso
hacia el IPS significaba el 44% del Activo.

Con la estocada
final de Vidal, que provocó que el IPS cerrara 2018, con un resultado negativo
de  7.736 millones de $. Y con números
ocultos a la sociedad para lo que va de 2019, el panorama será un resultado
negativo muy superior  para el cierre de
este año 2019, y sin letras previsionales, ya que a este ritmo las pocas que
quedaban  han sido liquidadas en lo que
va del año.

Este proceso de
vaciamiento, se dio a través de irregularidades tales como no computar
intereses ganados sobre el stock de letras previsionales, al no hacerlo a la
cuenta “Inversiones” y cargarla a otra cuenta, de forma de eludir el pago de
más intereses como establece la Ley previsional en su artículo 6.Ya que
modifican el saldo de las Letras, al no adicionarles los intereses
correspondientes al stock de Letras, y sobre este nuevo valor (menor) el Gobierno
debe pagar intereses (menores) que son a favor del IPS.Como así también al constituir
Letras a la Vista y no Letras Previsionales, también como una forma de eludir
intereses.

Estas entre otras
maniobras, representan la clara intención del gobierno de Vidal de no respetar
al IPS como un ente público no estatal, con individualidad patrimonial y
autonomía constitucional, y principalmente, llevar adelante el
desfinanciamiento y vaciamiento del IPS para quebrar los principios
fundamentales del sistema de seguridad social solidario y encaminarlo en el
proyecto nacional de Macri, de destrucción de la seguridad social.

La Gobernadora
Vidal, será recordada por lxs trabajadorxs estatales como quien, por segunda
vez desfinancia al IPS, pero quedará en primer lugar ante el desastre integral  provocado al sistema previsional provincial,
superando ampliamente a su compañero de partido político Rodriguez Larreta que
el 2001 generó un agujero económico al IPS, con la diferencia en ese momento,
que un colchón de Letras Previsionales amortiguaron por dos años consecutivos
el pago de jubilaciones, período en que el IPS retomó el camino de la Seguridad
Social.

Por eso, nunca
más estas políticas nefastas en la Provincia de Buenos Aires que perjudican al
Sistema Previsional Solidario.

El IPS es de las
trabajadoras y trabajadores en actividad y jubilados, y de una vez por todas
debemos avanzar en políticas a favor de quienes sostenemos el sistema.

Por eso, es
necesario, entre otras medidas:

LA DEFENSA
IRRESTRICTA  DEL SISTEMA PÚBLICO DE
REPARTO Y SOLIDARIO

TODXS LOS
TRABAJADORXS PUBLICOS PROVINCIALES Y MUNICIPALES DEBEN HACER SUS APORTES
PREVISIONALES Y SOCIALES AL IPS Y AL IOMA RESPECTIVAMENTE.   Y LOS ORGANISMOS ESTATALES INGRESAR LAS
CONTRIBUCIONES PATRONALES CORRESPONDIENTES.

FIN DEL
CONGELAMIENTO AL INGRESO A PLANTA PERMANENTE.

PASE A PLANTA DE
TODXS LXS TRABAJADORXS PRECARIZADOS.

RESTABLECIMIENTO
DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA.

REGULARIZACIÓN  DE TODAS LAS SUMAS SALARIALES QUE NO SE
AJUSTAN A LA LEY Y POR LO TANTO NO APORTAN A LA SEGURIDAD SOCIAL. (Aquellas que
no tienen descuentos previsionales ni sociales. que terminan no constituyendo
salario para lxs trabajadorxs en actividad y jubiladxs).

AUMENTO DE LAS
CONTRIBUCIONES PATRONALES.

ELECCION DEMOCRÁTICA
DEL DIRECTORIO DEL IPS, POR EL VOTO DIRECTO Y SECRETO DE LOS TRABAJADORXS
ACTIVOS Y JUBILADOS.

Puerto, barcos, armas: No es nada personal son solo negocios

Transferencia del puerto sur (Isla
Demarchi), licitación de terminales portuarias, buque logístico polar,
Fabricaciones Militares convertida en sociedad del estado, son solo algunas de
las “iniciativas” que avanzan a puro decretazo (o licitaciones a medida). Las
operaciones para garantizarse negocios a futuro, la bajada de línea “el 11 de
agosto no sucedió”, en realidad es un apúrense 
(a sus funcionarios) que queda poco tiempo.

Así opera la conversión de Fabricaciones
Militares en sociedad del estado. No sería de extrañar que una vez inscripta
aparezcan contratos firmados con operadores privados u extranjeros como la IMI
(Industrias Militares Israelíes) con dudosos beneficios para el desarrollo
tecnológico y el patrimonio de una industria que pertenece al conjunto del pueblo
argentino.

Traje a medida, dice la sabiduría popular
cuando una licitación tiene destino seguro y tal parece ser el caso de la firma
PSA  cuya sede está en Singapur, ahí
mismo donde el Sr. Nicky Caputo (calificado como hermano del alma por el actual
presidente)  es “cónsul ad honorem”. En
dicha licitación, el Estado está obligado a efectuar inversiones pero la
concesionaria tiene una caja predeterminada de excusas para no tener que
ejecutar inversiones  propias.

El combo lo completa la transferencia del
puerto (sur) zona Isla Demarchi donde la maniobra implica exterminar organismos
como vías navegables y liberar terrenos para negocios inmobiliarios del clan de
gobierno actual.

La  cifra
es 195.500.000 de dólares. Es el presupuesto autorizado por decreto de
necesidad y urgencia para licitar un buque logístico polar. Son más  que rumores los que indican que su
construcción no se efectuará en nuestro país pese a que astilleros Rio Santiago
y Tandanor  están en condiciones de
fabricar dicho buque.

Como si esto no fuera suficiente,
recientemente, alumnos de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Buenos
Aires de la carrera Ingeniería Naval ganaron un concurso internacional con un
proyecto de desarrollo de un buque logístico para navegación antártica. El concurso
es organizado todos los años por la prestigiosa Society of Naval Architects and
Marine Engineers (SNAME). El buque diseñado puede ser propulsado por gas
natural licuado (combustible más limpio) o diesel. El año anterior otro grupo
de la misma universidad estatal había ganado el concurso con el desarrollo de
un buque de investigación pesquera.

Tenemos la capacidad científica para
desarrollarnos en forma independiente, tenemos mano de obra calificada en
nuestros astilleros, talleres y fábricas, pero los negocios de los de siempre
atentan contra la soberanía, el desarrollo nacional y miles de puestos de
trabajo de nuestros compatriotas  que
corren riesgo de perderse.

El problema de la unidad del Movimiento Obrero Organizado es
el del Modelo Sindical. Ese fue el motivo principalísimo por el cual en la
década del ’90 un grupo de gremios y dirigentes rompieron con la CGT para
conformar la Central de Trabajadores de la Argentina. La CGT es una
Confederación de Organizaciones Sindicales con elección indirecta de
autoridades por medio de un Congreso de Delegados. La CTA es una Central de
Trabajadores autónoma, con afiliación y elección directa, que levanta las
banderas de la libertad y democracia sindical y entiende que el sujeto
histórico de la clase no es tan solo el trabajador formal, que hoy representa
una minoría en el universo sindical, sino también los precarios, autónomos,
desocupados, discapacitados, autogestionados, etcétera.

El apunte viene a cuento porque en los tiempos que corren, y
al calor de los sustanciales acuerdos logrados en un amplio espectro del campo
popular para terminar con la pesadilla macrista -lo que en términos políticos-
institucionales tuvo una contundente demostración en las elecciones del 11 de agosto-,
aparecen propuestas para trasladar mecánicamente esa realidad al terreno
sindical.

Por caso, la CTA de los Trabajadores que conduce el diputado
nacional de Unidad Ciudadana Hugo Yasky, someterá a votación este jueves una
iniciativa -que seguramente será aprobada- para su reunificación con la CGT.
Será en el Congreso Nacional de esa organización en el Microestadio de Lanús,
donde se espera la presencia de uno de los impulsores de la unidad sindical, el
candidato a Presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández.

Yasky argumenta la decisión de desandar el camino emprendido
hace más de un cuarto de siglo declarando que “necesitamos que la construcción
de esa unidad nos permita llegar a una sola central en la Argentina y esa
central tiene que ser la CGT. Porque nosotros vinimos de la CGT. No nacimos de
un repollo en la CTA. Eramos parte de la CGT”.

Es cierto, desde la creación en 1901 de la Federación Obrera
Argentina (FOA) en adelante, ninguna central sindical nació de un repollo.
Pero, como ya se dijo, la CTA surge precisamente en disidencia con la
subordinación del Modelo Sindical cegetista a las políticas dictadas por el
Menemato. Esas diferencias no se han saldado. Claramente subsisten dos modelos
sindicales distintos en nuestro país.

En octubre de 2013, uno de los fundadores de la CTA por
entonces Diputado Nacional, Víctor De Gennaro, presentó el Anteproyecto de “Ley
de Organizaciones de Trabajadores y Trabajadoras Sindicalizados”, un texto que
no fue sancionado por el Congreso y que buscaba democratizar las organizaciones
sindicales.

La norma propone un nuevo marco jurídico para garantizar la
libertad de organizarse; las garantías con tutelas gremiales para delegados y
dirigentes; democracia sindical; eliminar la intervención del Estado y las
patronales; el derecho a la negociación colectiva y el derecho de huelga.

Uno de los puntos clave del Anteproyecto fue la eliminación
del régimen de “unicidad promovida por ley” que concede el monopolio de la
representación al sindicato con Personería Gremial, otorgándole un conjunto de
privilegios. Concretamente se propone terminar con el Unicato Sindical y
avanzar hacia un sistema donde el Estado solamente lleve un registro de
organizaciones de trabajadores.

El Unicato Sindical es un punto neurálgico del Modelo Sindical
argentino sostenido por la CGT que lo entiende como una herramienta clave para
evitar que se atomicen las fuerzas de las entidades gremiales ante las
patronales. Este razonamiento no es compartido por la CTA y se da de bruces con
la realidad. Aunque la legislación laboral consagre al Unicato, lo cierto es
que existen varias centrales sindicales para formatear la atomización del
Movimiento de los Trabajadores.

Es importante remarcar que el texto presentado incorpora una
concepción amplia de trabajadores, previendo la sindicalización de los
registrados, los no registrados, los desocupados, los autónomos, los que
perciben planes sociales y los que trabajan en sus hogares. De esta manera se
diferencia de la normativa vigente que no contempla la sindicalización de
sectores vulnerables como los tercerizados, los autónomos y los no registrados,
que en la práctica son quienes más necesitan de una organización gremial.

El debate está abierto y conlleva la necesidad de
reconfigurar una CTA Autónoma a la altura de este nuevo tiempo, fortalecida y
con presencia efectiva en todo el país. Robusteciendo su relación estratégica
con los movimientos sociales, que no son reconocidos como trabajadores por los
estatutos de la CGT. La movilización y lucha de la CTA-A, junto a buena parte
del arco sindical y el conjunto del Movimiento Popular, posibilitaron la amplia
derrota del Macrismo en las PASO. Lo que permite avisorar una perspectiva
diferente de lo porvenir en materia de recuperación de derechos.

Mientras tanto, habrá que seguir remando en defensa de los
intereses de los trabajadores y promoviendo la unidad de los que luchan. Porque
como decía Agustín Tosco: “La única división que hacemos es entre los que
luchan y los que se entregan”.

A esta altura, resulta toda una tentación autoconvocarnos a
releer los programas obreros revolucionarios aprobados por los representantes
de la clase trabajadora en Huerta Grande y La Falda.

20 de septiembre. Fecha en la que el ministerio dispuso
asueto para los trabajadores de salud. 15,30 hs, bajo una de las carpas se da
lectura al acta que permite destrabar la medida de fuerza de los trabajadores
de salud de toda la provincia. El ministro de salud Walter Villalba firma al
acta junto a Jorge Koki duarte por la CTAA provincial, Alejandro Carballo por
la CTA Y ATE Eldorado y delegados de sector Teresa Saucedo, Lalo Sanabria,
Mariela Rodríguez, y el cacique Catri Duarte cacique de Tekoa Ka´aguy Miri
Rupa, del Alto Valle del Cuña Piru.

Era el quinto día de paro provincial de salud y acampe
frente al ministerio. Había una rara sensación. Sentimientos encontrados. Esa
acta acuerdo era el resultado de un proceso largo que este año empezó en los
meses de marzo y abril.

¿Cómo llegamos al paro y acampe los trabajadores de salud?

DESPUES de presentar muchas notas a los ministros de salud y
de economía

DESPUES de hacer asambleas y reuniones

DESPUES de hacer varias semanas de paros

DESPUES de conciliar 7 semanas en el ministerio de trabajo

DESPUES de reunirnos con el ministro de salud

DESPUES de hacer un plenario provincial de trabajadores de
salud ya habíamos agotado todas las instancias. Y finalmente el paro provincial
y acampe por una semana frente al Ministerio de Salud, y las acciones que
además se sumaron en hospitales y cpas del interior.

La construcción de la
Unidad

Desde las asambleas que se hacían en los hospitales cuando
recorríamos las localidades del interior en donde fue elaborándose el petitorio
con los tres puntos: AUMENTO SALARIAL, ADICIONAL DEL 60%, PASE A PLANTA
PERMANENTE. Hasta tomar la decisión en las asambleas de comenzar con los paros.

Después vino el tiempo de las conciliaciones obligatorias en
Eldorado y en Posadas. Fuimos articulando lentamente las voluntades para hacer
un reclamo provincial unificado. EN UNIDAD. Fuimos discutiendo más, creando
confianza, recuperando a compañeros y compañeras, entendiendo que para poder
disputar con mayor fortaleza, la voluntad colectiva y la unidad en algún
momento deberían ser mayores a la voluntad individual o sectorial.

Ya en la reunión con el ministro del 05-09-19 estuvo
representada toda la provincia. Esa articulación y unidad provincial es la que
se sostuvo, no sin interferencias ni detractores, hasta el último día del
acampe.

El largo tiempo de
nuestras luchas

Hacíamos memoria y nos llevó hasta el año 94, cuando se
implementó el primer tramo de la carrera sanitaria como antecedente provincial
de reclamo en salud. Después vinieron 10 años de congelamiento salarial y desde
el 2004, se hicieron muchas peleas importantes pero todas focales, en Eldorado,
Pediatría, Lacmi, Baliña y otros. Había empezado también el intento de
desmantelar el modelo de salud que en lo referido al recurso humano se
expresaba en la carrera sanitaria sustituyéndolo por el modelo del parque de la
salud: precarización, e inestabilidad laboral.

En esta pulseada pusimos como prioridad fortalecer el equipo
de salud en el que todos somos parte y tenemos responsabilidades,
contraponiendo al modelo hegemónico donde solo importa el profesional médico.
Por eso este acta alcanzó a la casi totalidad de los y las que trabajamos en
salud pública. 8811 trabajadores. Creemos que para avanzar en la recuperación
de los derechos cercenados y lograr la equiparación y aumento salarial que nos
propusimos, como el adicional del 60% y la estabilidad laboral a través del
pase a planta, la pelea debe ser de “todos y todas”.

Acá también ganamos en confianza. Muchos trabajadores de
salud, cuando recorríamos los hospitales y caps, daban vuelta la cara, o nos
miraban con desprecio o se burlaban. A esos también les tocó esta compensación.
Si la pelea la hubiéramos hecho los 10.000 trabajadores de salud seguramente el
resultado sería distinto. Pero es un proceso y estamos aprendiendo todos. Habrá
nuevas oportunidades.

Finalmente esta compensación salarial de 3.000 $ es un punto
de partida para abordar un proceso en la mesa de dialogo, nos permite elevar el
promedio salarial líquido que estaba por debajo de los 20.000 $ a más de
22.000$ para los trabajadores de salud pública.

Seguro que es insuficiente. Seguro que con eso no llenamos
nuestra heladera, pero es un paso adelante y un compromiso de profundizar el
proceso que nos permita tener salarios dignos, estabilidad laboral y mejorar
nuestras condiciones de trabajo.

La democracia
sindical: La decisión es de la asamblea

También es importante resaltar la forma en que se tomaron
las decisiones. La asamblea fue parte de todo este proceso. También el plenario
provincial que es una forma de asamblea. En la que uno debe estar dispuesto a
erigir como soberano al colectivo, por más que no coincida con nuestras ideas.
Superando así la tentación autoritaria de querer tener la razón siempre,
prevaleciendo lo individual o los acuerdos sectoriales. Entender que siempre el
colectivo es mejor que el mejor de nosotros, tanto en los aciertos como en los
errores.

La asamblea fue central para proponer los puntos a reclamar,
para definir las acciones a realizar, para equilibrar propuestas, para
establecer definiciones y para poner límites también al autoritarismo del
gobierno que pretendió con complicidad de algún sector de la justicia obturar
nuestro legitimo reclamo a través del desalojo.

En todo momento también la asesoría jurídica de la Dra
Roxana Rivas despejó dudas, nos aconsejó, nos dio seguridad, nos acompañó,
discutió con nosotros y nos mostró otra cara de la justicia. Concilió la
legitimidad y legalidad de nuestros reclamos.

Nuestras organizaciones nacionales de CTAA, y ATE estuvieron
pendientes y colaborando permanentemente con el reclamo. Las seccionales del
interior también fueron parte. Compañeros y compañeras de otras organizaciones.
Nuestros compañeros de prensa que día a día hacían el esfuerzo para visibilizar
la problemática y el conflicto sin desvirtuar lo que los trabajadores
discutimos y definíamos en asamblea.

Dimos este gran paso, los que tuvimos la conciencia para
reclamar, participar de las asambleas, de las marchas. Los que después
superando el miedo y los aprietes nos animamos a parar. Los que aprendimos un
poco más sobre nuestros derechos, los que entendimos que debíamos organizarnos
para disputar en mejore términos, los que elegimos delegados, los que aceptamos
ser delegados. Los que mandamos mensajes de aliento para fortalecer la lucha.
Los que pensamos en la situación del compañero de trabajo. Los que decidimos
ser parte del acampe de la forma que sea. Los que pintamos carteles. Los que
cocinamos para los demás. Los que pegamos carteles y repartimos volantes. Los
que no entorpecimos a los que querían reclamar. Los que soportamos frio y
lluvia. Los que nos abrazaban. Los que nos alentaban.

En el camino quedaron los que arrancaron carteles, los que
generaban dudas, los que pinchaban los grupos, los estrellitas, los que
amenazaban, los que propagaban las amenazas, los que se burlaban, los
autoritarios, los alcahuetes, los traidores, los carneros. Nos sobrepusimos a
todos esos.

Estamos decididos a no desaprovechar esta oportunidad. Vamos
a redoblar las reuniones, asambleas y plenarios en los hospitales y caps. Lo
que pasó nos tensó hacia adentro pero también tensó hacia afuera en la relación
con el gobierno.

Los trabajadores de salud dimos una nueva muestra de nuestra
capacidad colectiva de reclamo y de organización. Ni hacia adentro ni hacia
afuera vamos a desviarnos del rumbo que definimos juntos. Seguimos sosteniendo
que no puede existir un sistema sanitario exitoso con trabajadores humillados y
vejados salarial y laboralmente. Vamos seguir buscando, sumando a nuestros
compañeros y compañeras hasta incluir a todos.

La lucha por la salud
es una lucha de la comunidad

Todo lo que hicimos además fue posible por la generosa
solidaridad de tantas organizaciones y personas que acompañaron este reclamo.
Por nuestras familias que nos bancaron, las organizaciones sociales, los
estudiantes, los docentes, los artistas, los vecinos.- por todas y todos.

Este es un reclamo salarial y por condiciones laborales,
pero es sobre todo una defensa de la Salud Publica como derecho humano básico
para el más del millón de misioneros que hoy esperan que atendamos su salud,
que los curemos e la enfermedad y que aliviemos sus dolores.

Los derechos se
disputan en las calles

La ocupación de las calles en esta última semana, el acampe
como medida para visibilizar la urgencia de los reclamos, donde ponerle rostro
y cuerpo a quienes hoy están gritando que los salarios son de hambre, que la
precarización laboral enferma y mata, que no se puede cuidar la salud de los y
las otras con nuestros cuerpos enfermos y cansados.

La determinación firme de nuestras compañeras, “las viejas”
que se quedaron toda la semana y sobre todo por las noches cuidando que no se
vacié el acampe, motivando, arengando, alentando. Los y las compañeras que
llegaron con su carpa el lunes –con su hijo acuestas- y se fueron recién el
viernes.

La mística que volvió a sentirse, la pertenecía a nuestra
clase, el pedido de ficha de afiliación, porque sintieron que este es el modelo
sindical que los representa. La presencia de los pueblos originarios con su
realidad como trabajadores de salud y también como usuarios de un sistema que
tiene mucho que aprender de ellos y con ellos.

La semana de lucha dejó mucho más que un acta acuerdo con
una compensación salarial y los reconocimientos de derechos que siguen siendo
insuficientes. Nos puso a discutir y a resignificar los principios que son
parte de nuestra central y de nuestra ATE: Libertad y democracia Sindical. El
debate abierto, las resoluciones discutidas en asambleas, los aprendizajes para
sostener la construcción sin quebrar, sin violentar, sin lastimar.

Este conflicto mostró además la cantidad de compañeras y
compañeros que estamos embarcados en este proyecto colectivo, democrático,
horizontal, antipatriarcal. Comprometidos en la defensa de nuestros derechos
como trabajadores y en la construcción de un sindicato que nos incluye, que nos
emociona y del que nos enorgullecemos ser parte.

Esto es vital porque la lucha es larga y es muy esperanzador
saber que cada día estamos más fortalecidos y más comprometidos en la pelea.

Necesitamos reformas estructurales pero contrarias a las del neoliberalismo en el poder

Las declaraciones de Daniel
Funes de Rioja, presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos
Alimenticios ( Copal) y uno de los vicepresidentes de la Unión Industrial Argentina
(UIA), hechas en el Rotary Club de Buenos Aires, buscan condicionar, desde
intereses específicos, cualquier posibilidad de diálogo y de acuerdos
multisectoriales en un futuro Gobierno. Ante esto, entendemos que es necesario
responder desde los intereses de los sectores que hemos sido los más
perjudicados por las políticas de los últimos cuatro años, es decir,  los trabajadores y los sectores populares.

Sin dudas que el país
necesita reformas estructurales.  Pero
están tienen que estar en sentido absolutamente contrario a las que viene
haciendo el neoliberalismo en la Argentina en los últimos años, y que están
plasmadas en las condiciones que ha impuesto el Fondo Monetario Internacional.

Además, hablar de ‘Rodrigazo’
en este contexto no es un mensaje inocuo. Recordemos el impacto no sólo
económico sino también político de esas medidas, que fueron la antesala del
plan neoliberal implementado a sangre y fuego por la dictadura militar, de la
mano de José Alfredo Martínez de Hoz.

Los sectores que representa
Funes de Rioja plantean siempre la misma respuesta para la inflación: dolor y
sacrificio para los sectores populares. El empresario cuestiona de forma
peyorativa las asistencias ante la crisis de hambre y pobreza. Es importante
recordarle que tantos las asignaciones sociales como los bonos –que también se
niega a pagar- dinamizan el consumo de alimentos y, por tanto, son medidas que benefician
al sector que él representa.

Se trata de un sector
que, en un contexto de estancamiento económico, siguió creciendo. En 2018,
respecto al año anterior, se expandió un 130%. Asimismo, los alimentos vienen
registrando una inflación superior al Índice de Precios al Consumidor, que solo
se entiende si se comprende las características del sector, esto es, de
carácter oligopólico, capaz de formar precios.

Desde ATE y desde la CTA
Autónoma entendemos que, para evitar una nueva escalada inflacionaria, el
Estado debe cumplir un rol fundamental ligado al desarrollo productivo. Para
ello, debe controlar el sector energético, el mercado de bienes masivos
–fundamentalmente alimentos y medicamentos- y el sector externo.

Funes de Rioja se mete en
la discusión del tamaño del Estado pero lo hace con datos falsos. Entre 2000 y
2015 los datos oficiales precisan que la cantidad de trabajadores estatales
creció en un millón de personas.

Quedó demostrado que los
más de 35 mil despidos y las jubilaciones anticipadas que sufrimos los
estatales en estos cuatro años afectaron el funcionamiento del Estado. Y
además, un Estado al servicio de las mayorías populares sin duda requiere de
una planta de trabajadores en crecimiento.

Si los cambios
estructurales se producen escuchando a los sectores que Funes de Rioja
representa, seguramente habrá resistencia por parte de los grandes sectores
sociales  que el 11 de agosto derrotamos
al neoliberalismo en las urnas. Porque es justamente ese modelo, exigiendo
equilibrios macroeconómicos según la receta del FMI, el que nos ha traído a
este presente de catástrofe social y desestructuración económica y productiva
del país.

En una semana, la segunda de agosto, se
produjeron los dos hechos más trascendentes para los trabajadores estatales en
el transcurso del año. El día 7, una elección ejemplar en nuestra  ATE ratificó un rumbo de lucha, de autonomía,
de reinventar nuestro gremio con más democracia, crecimiento y participación en
todo el país.

Y, como dijimos en la campaña al enarbolar la
consigna principal “Con lxs trabajadorxs, Un Estado popular es posible”, los
estatales adelantamos el resultado del otro hito fundamental como fue el 11 de
agosto, cuando en las PASO fueron derrotadas categóricamente las políticas que
Macri y el FMI nos imponen desde hace cuatro años, entregando soberanía y
privando de condiciones de vida dignas al pueblo argentino.

Sin dudas fue la lucha activa de nuestro pueblo
en las calles, construyendo la unidad del conjunto del movimiento popular, la
que abrió las puertas a un nuevo tiempo de esperanza. Un tiempo en el que debemos
recuperar la iniciativa política para construir un país basado en el trabajo,
la producción, la soberanía nacional, la justicia social y la integración
latinoamericana.

También podemos decir con orgullo que somos
un gremio poderoso y grande, democrático y participativo, extendido y
consolidado en el territorio. Que nuestras elecciones han sido ejemplares y
mostraron elocuentemente el crecimiento en afiliaciones y en nuevas seccionales.7655
dirigentes fueron votados en 181 seccionales –mientras otras 5 están pendientes
de ser convocadas-  frente a las 150 que
teníamos cuatro años atrás. Datos que demuestran claramente la expansión y
consolidación territorial.

Pero el crecimiento también es cualitativo porque
refleja la incorporación de miles de jóvenes y de mujeres que se suman a los
cargos representativos al calor de los cambios culturales y políticos de los
últimos años.

Ni hablar de la satisfacción que nos da saber
que somos capaces de convivir democráticamente distintas corrientes de
pensamiento, y que la mejor herramienta política para definir rumbos, son la
asamblea y la elección democrática.

El
protagonismo de los estatales

Nuestro protagonismo fue esencial en este
tiempo de resistencia a la reacción conservadora que padecemos en Argentina y
en Latinoamérica en los últimos años. Una reacción que recibe como respuesta
los aires de cambio en nuestro país o las señales de continuidad en las
experiencias políticas de otros pueblos latinoamericanos, como Bolivia o
Uruguay.

Enfrentamos ese tiempo con el orgullo de
haber sido la primera organización que paró y marchó a Plaza de Mayo aquel 24
de febrero del 2016. Y cuando la reelección de Macri parecía tener el camino
asfaltado-luego de las elecciones del 2017- fuimos los primeros junto a nuestra
CTA A en convocar a un nuevo paro y movilización el 6 de diciembre de ese año,
enfrentando al Pacto Fiscal, la Reforma Laboral y la Reforma Previsional.

De la misma forma que participamos de las
gloriosas jornadas del 14 y 18 de diciembre en el Congreso contra la Reforma
Previsional -haciéndole frente a la brutal represión- y empezando a sepultar el
sueño de la reelección.

Un camino de cuatro años que, sin ninguna
duda, fue sumamente dificultoso y doloroso con las muertes de Santiago Maldonado
y Rafael Nahuel; los miles de despidos y el deterioro salarial que nos sumergía
en la pobreza. Pero a pesar de todo eso, luchamos con la alegría y la
convicción de que éramos capaces de construir un escenario nuevo.

La
presencia en las calles

Pero tras la ratificación del camino en
nuestra organización y el resultado de las PASO, vino la reacción de los
grandes grupos económicos. Así sufrimos un golpe de mercado brutal con una
devaluación del peso entre el 25% y el 30% con la consiguiente pérdida de
capacidad adquisitiva de nuestros ingresos, multiplicando el hambre y la
pobreza en nuestro país.

Una clara señal dada por esos grupos
económicos (mercados) para extorsionar a nuestro pueblo y también al futuro
gobierno, dejando brutalmente claro y explícito quién tiene el poder real en la
Argentina.

El camino hacia el 10 de diciembre, cuando
asuma el nuevo gobierno -que esperamos se consolide en las elecciones- parece
demasiado largo ante esta situación de vacío de poder y elocuentes presiones donde
se  siguen cotidianamente fugando
capitales y especulando con las riquezas que genera nuestro pueblo.

Por eso, hoy más que nunca, debemos mantener
la presencia en las calles, movilizados, como lo hicimos y lo haremos desde ATE
y la CTA-A y como nos proponemos hacer el próximo 10 de septiembre.

Con esta convicción salimos al encuentro en
espacios de diálogo, de reflexión y de unificación de criterios para  enfrentar esta difícil coyuntura, con
diversos sectores del campo popular, con los que venimos transitando juntos
estos cuatro años de lucha. 

En ese camino de unidad presentamos, junto a
la CTA A y las organizaciones sociales, un pliego común al Consejo del Salario
Mínimo, Vital y Móvil y del Empleo para repudiar estas políticas y terminar con
el flagelo del hambre en la Argentina garantizando un salario mínimo de 32 mil
pesos para no estar por debajo de la canasta básica.

Y para decir también que hay cambiar la
composición del Consejo del SMVyMyE y que incorporar la representación de las
organizaciones de la Economía Popular –que no están en la centrales sindicales-
como así también  que se extienda el
derecho al salario mínimo, vital y móvil a los trabajadorxs de los Estados
provinciales y municipales, al Salario Social Complementario, a las
trabajadoras de Casas Particulares y los jubilados y jubiladas.

Y así como saludamos la  incorporación al Consejo de Esteban “Gringo”
Castro de la CTEP y de Omar Giuliani de nuestra Federación Nacional Territorial
(FeNaT-CTA.A), empujados por las imponentes movilizaciones del 28 y 30 de
agosto, rechazamos categóricamente la insuficiente oferta gubernamental.

La construcción de un Estado democrático y
popular tiene que manifestarse en propuesta y acciones concretas que lo
vehiculicen. De la misma manera que debemos amplificar el debate popular hacia
la definición de Políticas Públicas que hagan viable ese Estado al servicio de
las mayorías populares.

Con
las banderas bien altas

De la misma manera que debemos debatir cómo
garantizar que el nuevo gobierno no sea solo un cambio de personas sino de
políticas públicas. Por eso estamos convencidos de que hay determinadas
prioridades que debemos plantearle al futuro gobierno: la reincorporación de
todos y todas las despedidas;el restablecimiento de los programas de gobierno
que beneficiaban a vastos sectores de nuestro pueblo y fueron recortados o
vaciados y la anulación del Convenio Colectivo trucho que firmó este gobierno con su gremio amigo para beneficiar
y privilegiar a dos mil quinientos funcionarios jerárquicos que hoy cobran
fortunas y aspiran a eternizarse en sus puestos para boicotear desde allí al
futuro gobierno.

Esa ATE participativa y movilizada que se
expresó el 7 de agosto y esos millones de argentinos que nos movilizamos en las
urnas para decir Basta, somos la garantía -conscientes y organizados- de que
este tiempo de esperanza que se vislumbra podrá concretarse construyendo un
Estado democrático y popular con nuestro protagonismo.

(Editorial de periódico El Trabajador del Estado Agosto/Noviembre 2019)

1. INTRODUCCIÓN

En todos los ámbitos donde se discute el campo de la Salud, no sólo aquí
en Argentina sino en la mayoría de los países, el tema de Medicamentos forma
parte del núcleo de las principales preocupaciones. 

En nuestro país, nombrar Medicamentos remite inevitablemente a situaciones
transcendentales de nuestra historia contemporánea. Perón y Carrillo con laEmpresa
de Medicamentos del Estado Argentino (EMESTA) por el lado de la producción
estatal, y más recientemente Illia y Oñativia por el lado del control de
precios y publicidad, fueron quizá los puntos excluyentes de decisiones de política
pública para resolver las polémicas que plantea el medicamento y su acceso
por parte de las mayorías populares.

Esta tensión entre una actividad productiva privada (afectado por
patentes, royaltys, costos productivos y de fuerza laboral, insumos y materias
primas)  que factura anualmente unos 5 mil millones de dólares y genera
unos 100 mil puestos contando directos e indirectos por un lado, y el acceso al
medicamento como bien esencial de un derecho humano como es la salud, no parece
tener sosiego a lo largo de la historia reciente, y en toda vez nos remite a la
dicotomía mas estructurante respecto de si la salud es un bien público o
un  bien de mercado.

En esta tensión se dirimen los proyectos sanitarios de los Estados, las
regiones y el mundo todo.

El desarrollo y
la producción de preparaciones farmacéuticas es una de las principales actividades
del sector privado en muchos países. En varios países de la OCDE y en algunos
países de ingresos bajos y medianos, tales como la Argentina, el Brasil, China,
Cuba, Egipto, la India, Indonesia, México y Sri Lanka, existen laboratorios de
medicamentos totalmente privados, y en algunos casos públicas, con importante
capacidad innovadora.

En todos los
casos la Producción Pública de Medicamentos PPM aparece como una importante complementación
con el sector privado. Plantear el dilema excluyente de la PPM versus la
producción privada es un antagonismo que es inconducente hacia el objetivo del
acceso masivo de la población.

La PPM en la Argentina se remonta
al primer gobierno de Perón en la gestión de Carrillo, cuando mediante el
decreto 23.394/46 creó la mencionada EMESTA en medio de una tensión con la
industria farmacéutica promoviendo la producción de casi 100 productos farmacéuticos
en costos accesibles para los trabajadores y trabajadoras, e inaugurando la
idea instituyente de la salud como derecho y el medicamento como un bien social.

De allí en más, la PPM ha tenido como área del
Estado un discurrir ondulante pero siempre marginal. El último tramo del
Gobierno Kirchnerista y seguramente emparentado con la creciente incursión del
tema por parte del movimiento sanitario argentino, la PPM surge como política
de Estado de alto volumen político, con la creación de la ANLAP entre otras medidas.

Hoy es sin duda una producción estratégica que
aparte en el país está muy desarrollada y nos diferencia del resto de los
países de la región.

La PPM sirve para regular el precio del medicamento
ya que desnuda la estructura de costo de este producto, sirve para no
desabastecer programas que tienen gran impacto sanitario con lo que se logra
adherencia al tratamiento y mejorar la calidad de vida de los pacientes (como
el caso de PRODIABA) y también una ahorro al sistema ya que se ahorra en la llegada
a casos extremos con internaciones y días de terapias intensivas. Además,
ciertamente genera empleo y soberanía en el marco de un deseado desarrollo
productivo del país.

La red de Laboratorios Públicos funciona a lo largo
del país, siendo los laboratorios hoy habilitados por ANMAT el LIF de Santa Fe
, el LEM de Rosario, Hemoderivados de Córdoba, Laboratorios Puntanos de San
Luis, PROFARSE de Rio Negro, LEMP N 2 Buenos Aires,Laboratorios de Fin del
Mundo Tierra del Fuego,Ecom Chaco. El resto tiene habilitaciones provinciales
que les permite el tránsito solo provincial.

1. LA CRISIS DEL ACCESO AL
   MEDICAMENTO EN LA ARGENTINA.

El  rubro MEDICAMENTOS es en
la Argentina de hoy, un tema a abordar desde políticas públicas tan especificas
como urgentes.

La gestión Macri con la caja de
herramientas proveída por el FMI, aplicó en el campo de la Salud, las políticas
CUS que equivalen a desmantelamiento, abandono y privatización. Desde la
degradación de rango del Ministerio hasta el desmantelamiento de Programas, mas
desfinanciamiento más despidos y cesantías, mas falta de insumos y vacunas y
más, han constituido una de las etapas más aceleradas del proceso de desestatización/mercantilización
de la Salud.

En la necesaria restitución del
derecho a la salud que el próximo gobierno debe operacionalizar, y que la
confluencia de la mayoría del Movimiento Sanitario argentino plasmó en los 15
Puntos por el Derecho a la Salud (MS15) inserto en el actual proceso electoral,
la problemática del acceso al“medicamento” encabeza las prioridades.

Por un lado, porque el gasto en
medicamentos compone buena parte del importante gasto en Salud que registra la
Argentina (estimaciones disimiles entre el 7 y el 10 % del PBI), que incluye el
altísimo gasto de bolsillo de las personas de los cuales el gasto en
medicamentos es cerca de la mitad.La presunta crisis de financiamiento del
Sistema de Salud en buena parte está en buena parte influida por este mercado
absolutamente irracional y cuasi des regulado, como es el mercado del
medicamento.

y por otra parte, porque un
mercado tan desregulado como asimétrico, ha generado una escalada de precios
que junto a las reducciones de cobertura de la seguridad social y al
desmantelamiento de los programas públicos de provisión de medicamentos, ha
generado una dificultad severa y creciente en el acceso al medicamento.

Desde mayo de 2015 a mayo de este
año, los medicamentos se incrementaron un 298% en promedio, con picos de hasta
710% en el caso de algunos remedios utilizados para el tratamiento de
enfermedades cardiovasculares. Así lo informó un trabajo sobre la situación de
las personas mayores realizado en conjunto por el Centro de Economía Política
Argentina (CEPA), el Centro de Estudios Políticos para Personas Mayores
(Ceppema) y la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria (ALGEC).

Las coberturas de la Obras
sociales principales no acompañaron este aumento, por lo contrario bajaron los
niveles de cobertura hasta un promedio del 30%, aumentando desmesuradamente el
gasto de bolsillo, solamente aliviados a veces por los respectivos coseguros.
Esta situación ha devenido en ya comprobados abandonos masivos de tratamientos
crónicos.

Por el lado del sector público
hay 2 situaciones que conviven en detrimento del acceso al medicamento: en los
hospitales y las Unidades Sanitarias no existe disponibilidad de medicamentos
ante los requerimientos de los pacientes, y el último programa de
abastecimiento público de medicamentos (REMEDIAR) fue desmantelado severamente
en el marco de la CUS. El Estado nacional se desentiende de esta función y
descargó el impacto en las Provincias y los Municipios, sin las
correspondientes transferencias de fondos.

Además se desperdicia la
capacidad de compra del sector público en conjunto con el PAMI y las Obras
Sociales Provinciales acumulan 27 millones de personas (aproximadamente 15, 7 y
5 millones respectivamente) demandantes de medicamentos, y algo así como la
mitad del gasto global en salud, lo que generaría capacidad de negociación con
las empresas productoras de medicamentos, en el escenario de compras
centralizadas.

1. EL INSTITUTO TOMÁS PERÓN EN
   ESTADO DE ABANDONO

“… Establecer políticas públicas
de abastecimiento de medicamentos para planes sociales direccionadas sobre el
eje de la compra, las vuelve muy vulnerables al significativo poder de las
grandes empresas farmacéuticas y a los avatares de una economía de “mercado”.
Una alternativa real a las políticas de compra de medicamentos consiste en la
utilización de la capacidad instalada existente en el sector público y que se
expresa en los laboratorios de PPM que hay en nuestro país…” decía el
recientemente fallecido investigador Martin Istúriz.

Es cierto que el volumen de la
capacidad instalada actual de PPM en la Provincia de Buenos Aires, difícilmente
tenga capacidad de abastecer la necesidad de provisión pública para patologías
prevalentes, pero una estrategia de integración en redes con el resto de la Red
de Producción Publica podría poner sentido estratégico que redunde en
aprovechamiento y/o mejoramiento de la capacidad instalada, mejoras en la
oportunidad de la provisión y reducción de costos.

Al inicio de la gestión Vidal,
existían las siguientes unidades de producción:

Instituto Dr. Tomas Perón (LEMP
N° 2 La Plata -LEMP N °3 Bahía Blanca)

Laboratorio Solidaridad
Berazategui

Laboratorio Irurzum, Quequén

Laboratorio de Especialidades
Medicinales de Hurlingham

Laboratorio de Trenque lauquen

Laboratorio de Olavarría

En La Plata, el Instituto Dr.
Tomás Perón devenido del antiguo del Instituto Antirrábico en el año 1962,
surge y se desarrolla con objetivos tales como autorizar y registrar la
elaboración y comercialización de alimentos, medicamentos, productos
industriales y otros productos de consumo relacionados, fiscalización sanitaria
y cuidado del medio ambiente 

Después de las epidemias de rabia
del 70 se desarrollaron las plantas de producción de vacunas animal y humana y
los centros de diagnóstico para ésta y otras zoonosis. Se crearon además los
laboratorios de diagnósticos de enfermedades infecciosas, cumpliendo la función
de referencia Provincial para diagnóstico de HIV, rabia, hepatitis viral,
leptospirosis y micología.

Se desarrollaron también las
plantas de producción de vacunas BCG, antitetánica,doble de adultos y
antirrábica (tanto de uso humano como de uso veterinario) y sueros paradiagnósticos
(anti proteínas animales, anti proteínasvegetales, anti botulínico A y B 

En el 2006 se inaugura la planta
de producción de medicamentos LEMP N° 2 que produce gran variedad de genéricos
para los municipios, y en el 2012 se logra la habilitación ANMAT y se comienza
un año después a producirse alcohol gel, repelentes escabicidas y pediculicidas.

También dio respuesta a la
necesidad de programas provinciales como PRODIABA y a la necesidad de
Hospitales Provinciales con medicamentos de uso crónico y masivo

En el 2014 se compra para la
Planta LEMP N 3 de Bahía Blanca una envasadora de polvos con capacidad de un
millón de frascos mensuales. Planta dedicada a la producción de betalactámicos
que  se destinó al Plan Materno Infantil y a Hospitales Provinciales.

En el año 2017 en la gestión
Vidal se reconvirtieron sus funciones, ya que le fue retirado toda la
fiscalización de alimentos que fue derivado al Ministerio de Agroindustria con
lo cual se redujo la planta de personal y el trabajo específico del Instituto,
pasando de casi 400 a 270 agentes en la actualidad. Así mismo y en función de
esa reconversión, se redujo la recaudación para el funcionamiento del mismo ya
que los aranceles de la inscripción de alimentos generaba una partida conocida
como Fondo producido que era de donde se lograba solventar gran parte  los
gastos del Instituto (alrededor de 12 millones)

El Instituto depende actualmente de la Subsecretaria de Planificación y
Contralor Sanitario.

En cuanto a su financiamiento, se
identifican:

·        
Asignación
presupuestaria “prevista” por Rentas generales,. 

·        
Asignación
presupuestaria “a demanda” según procesos o proyectos encargados desde otras
áreas del MS. 

1. VIDAL LO HIZO

Durante la gestión del actual gobierno provincial,
se debilitó en extremo la capacidad productiva del Instituto, discontinuando
los convenios de PPM con los Municipios, abandonando líneas de producción
específicas (por ej. salbutamol e ibuprofeno de uso pediátrico), y dejando de
comprar insumos básicos como material de vidrio y reactivos para el normal
desarrollo del laboratorio.

Pero además se desarrolló un intencionado y
persistente proceso de abandono integral del Instituto y sus capacidades.

Se redujo considerablemente la  inversión
edilicia y tecnológica; se abandonaron los mantenimientos preventivos
(ascensores, sistemas de aire, agua de calidad farmacéutica, áreas calificadas,
generadores eléctricos necesarios para mantener las cadenas de frio); no se
previó el deterioro de las cañerías de gas que dejaron sin servicio a todo el
sector productivo; las obras de planta iniciadas en la gestión anterior se
detuvieron sin llegar a concluirlas; al no haber agua ni gas no se podía
esterilizar ni generar Agua destilada que es esencial en procesos biológicos y
farmacéuticos; las máquinas de la planta de producción no fueron renovadas y
varias fueron reparadas por el personal  con arreglos momentáneos. 

En reemplazo del fondo producido se creó una cuenta
SAMO con la cual se intenta generar algún recurso para lo inmediato y las
partidas presupuestarias fueron asignadas tardíamente y en tiempos
administrativos que dificultaron su ejecución

La situación de los laboratorios asociados
Berazategui, Quequén y Hurlingham entraron también en proceso de desarticulación
y vaciamiento, con lo cual se perdió la capacidad de producir jarabes y gotas
que era la especialidad de los dos primeros; Berazategui producía Ibuprofeno
jarabe y Mebendazol jarabe para el Hospital de Niños y una gran variedad de
productos para el Hospital municipal. Quequén estaba equipado para la
producción de formas liquidas (gotas y jarabes).Se producía salbutamol gotas,
sulfato ferroso gotas, difenhidramina jarabe, paracetamol jarabe

La misma producción en el Tomas Perón se vio
reducida: las principales líneas tuvieron un 20 % de reducción en volumen
producido (Diabetes, hipertensión y AINES), y vacunas como la antirrábica o la
BCG han faltado en los servicios.

1. EVITANDO SU DESAPARICIÓN

El Instituto es sostenido con el
esfuerzo colectivo de los trabajadorxs, que realizan sus tareas en condiciones
adversas y con gran falta de insumos. Las líneas productivas se sostienen con
sobrantes de stocks de compras anteriores por propia iniciativa de lxs
trabajadorxs para superar la anomia impuesta por esta gestión.

El marketing política que se hizo
con la producción de Tramadol, es ficticia pues en realidad no garantiza la
provisión de este medicamento a los hospitales, ya que solo se compró materia prima
para el desarrollo y un lote piloto; con lo cual los Hospitales no podrán tener
este medicamento hasta la ejecución del presupuesto 2020.

Los
laboratorios de diagnóstico y control consiguen reactivos y materiales de
programas y hospitales para poder continuar con su trabajo.

El
mantenimiento se realiza con el ingenio de los trabajadores sin prácticamente
recursos, o con recursos mínimos que salen de partidas pequeñas, sin haber una
planificación real en la inversión necesaria para poner en valor las plantas de
producción y los laboratorios

1. COMENTARIOS FINALES

En una sociedad y en un sistema de Salud
pauperizado por la gestión Macri, la restitución del acceso a los medicamentos
es una prioridad impostergable.

Sin entrar en disquisiciones complejas, es el ACCESO la categoría a resolver. Y desde
esa necesidad sanitaria deberán emerger en el nuevo tiempo de la Argentina, un
conjunto de políticas públicas encadenadas y articuladas para dicho objetivo.

La PPM seguramente deberá desplegarse en toda su
capacidad para ser útil a esos fines. La capacidad instalada y lxs trabajadorxs
son la piedra angular desde donde podrá lograrse esta maximización de potencialidades.

Deberá planificarse en forma integral con el resto
de la Red de Laboratorios Públicos del país, para regionalizar producciones de
acuerdo a las necesidades epidemiológicas y las necesidades concretas de cada
zona.

La Provincia de Buenos Aires
cuenta en el Instituto Biológico Tomás Perón con una pieza clave en este
tablero tan necesario como estratégico. Como todo proceso complejo necesita que
se planifique y se lleven adelante políticas a mediano y largo plazo para
consolidar los esfuerzos que se hacen desde la institución, y también de
distintos sectores del sistema de salud que requiere de la provisión de
medicamentos, vacunas, sueros y también diagnósticos y contralor por parte del
IB. Es sustancial incluir a trabajadoras y trabajadores en la refundación del
IB, que incluye organizar y realizar un plan de inversión para poner en valor
las instalaciones y cada una de las áreas productivas, como así los
laboratorios de Control de calidad y diagnósticos.

Se debe consolidar y ampliar el vademécum respondiendo
a enfermedades crónicas y prevalentes, a medicamentos huérfanos y a nuevos
fármacos con lo que se ahorrarían sumas importantes al presupuesto provincial,
incluido la refuncionalizacion de los Laboratorios asociados, como los de
Berazategui, Quequén y Hurlingam.

Es posible y es necesario.

Será Ley: A un año de la vigilia histórica

Hace un año el Senado votó por el aborto
clandestino. 38 senadores y senadoras son responsables de la muerte de mujeres
y niñas, y de las infancias que son interrumpidas por la violación y la
maternidad forzada, como consecuencia de la no aprobación del proyecto de ley
de Interrupción Voluntaria del Embarazo, elaborado y presentado por la Campaña
por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Son responsables de legitimar la
clandestinidad del aborto, que produjo más muertes y consecuencias graves en mujeres
y niñas, sobre las cuales ni siquiera contamos con cifras reales dado que los
subregistros ocultan la magnitud de la ausencia de la ley.

La hipocresía sostenida por responsables
políticos, grupos, sectores y cultos fundamentalistas, ponen una barrera que
limita el acceso a derechos igualitarios para que mujeres puedan decidir sobre
sus cuerpos y deseos, donde la Educación Sexual Integral es obligatoria desde
2006, y sin embargo la mayoría de ellos, ellas y elles son privados de la
información y la decisión sobre sus vidas.

Esta hipocresía provoca también que cada
tres horas, una niña de entre 10 y 14 años se convierta en madre, truncando con
el derecho que tiene a gozar de su niñez. Produjo también el brutal
padecimiento de la niña tucumana violada a la que el sistema de salud
provincial no le garantizó oportunamente su legal derecho a la Interrupción
Voluntaria del Embarazo y judicializó a los profesionales que accedieron a
cumplir con la ley vigente y terminar con su largo suplicio.

Produjo una brutal reducción en políticas
públicas, y pérdidas de derechos como es el caso de la salud, la degradación de
un ministerio esencial a rango de secretaría, produjo una brutal deducción
presupuestaria en políticas públicas. Sin embargo, la marea verde no tiene
vuelta atrás, seguimos construyendo un presente y un futuro de autonomía y
equidad de género, sin violencias, sustentadas en estrategias organizativas en
cada territorio y cada una de nuestras organizaciones, y fortaleciendo la
construcción de nuestros derechos en instancias como la Campaña por el Aborto
Legal, Seguro y Gratuito.

Ese 8 de agosto fue y sigue siendo
histórico, movilizadas y movilizades en todo el país, garantizando el
autocuidado en una de las movilizaciones populares más grandes de la historia,
mientras seguimos orgullosamente construyendo esa historia.

Ese 8 de agosto desde la CTA Autónoma
renovamos nuestra conducción en las urnas -como ayer en ATE, desde la Verde
Anusate-, renovando además nuestro compromiso en la calle, desde la clase
trabajadora, en la construcción de derechos para nuestro pueblo y de defensa de
los derechos de mujeres y colectivo LGTTBIQ, para terminar con todo tipo de
violencia y de limitaciones a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas.

Ese 8 de agosto marcó a fuego en las y los
jóvenes y niñas, que el triunfo está ahí a un paso, si construimos organización
en la diversidad y el respeto, priorizando la lucha por los derechos por sobre
las diferencias.

Desde la CTA-A formamos parte de esa marea
que crece, de la presentación por octava vez del Proyecto de Ley de la Campaña
y, en el marco de las elecciones, le exigimos también a las y los candidatos el
compromiso de que el aborto sea ley.

A un año de esa jornada seguimos en lucha
por más derechos, construyendo ámbitos de unidad en la acción con otras
organizaciones y centrales sindicales; en tanto que en nuestra organización
avanzamos en herramientas para terminar con todos los tipos de violencias.

Por el derecho a decidir sobre nuestros
cuerpos y nuestras vidas, seguiremos luchando en las calles.

Educación sexual para decidir;
anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.

Niñas, no madres.

ATE viene convocando y participando activamente
de distintos foros y espacios con la intención no solo resistir y luchar contra
las políticas del gobierno de Macri y el Fondo Monetario Internacional (FMI)
sino también de construir consensos, unidad y propuestas de políticas públicas
basadas en las necesidades de las mayorías populares.

Así fue que participamos con la CTA
Autónoma de la Mesa del Diálogo por el Trabajo y la Vida Dignay elaboramos en
conjunto con otras organizaciones sociales, sindicales y empresariales un
documento de alto contenido crítico social y con propuestas para superar la
crisis actual que atraviesa el país.

Dicho documento “Por una Patria basada en
la Solidaridad y el Trabajo” fue entregado al titular de la  Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor
Oscar Ojea; al presidente de la  Pastoral
Social, Monseñor Jorge Lugones, y también al Pastor Miguez de la Pastoral
Social de las iglesias evangelistas. De la misma manera será entregado a los
gobernadores de las distintas provincias.

También convocamos en el Día de la
Reafirmación Sobre los Derechos en Malvinas, a ex combatientes de Malvinas, a
sectores de las Fuerzas Armadas dispuestos a unirse con nuestro pueblo junto a
los distintos sectores de los trabajadores estatales ligados a la producción y
al desarrollo científico y tecnológico(Fabricaciones Militares, Civiles de la
FFAA, CITEDEF, Astillero Río Santiago, etc.) para debatir la perspectiva de una
estrategia de Producción Nacional para la Defensa basada en el Trabajo, la
Producción, la Soberanía y la Justicia.

Lo mismo habíamos hecho con otras temáticas
como Seguridad Social, uniendo a jubilados y pensionados con trabajadores
activos del PAMI y el ANSES, o recientemente con Salud donde participamos de
una Asamblea para un Acuerdo Multisectorial por el Derecho a la Salud en la
Facultad de Medicina con la intención de establecer 15 puntos para instalar en
la agenda del proceso electoral de este año.

Son
iniciativas de acción y organización común que buscan la reconstrucción de un
Estado que no esté atado a los intereses de las grandes empresas trasnacionales
sino a las necesidades de la mayoría del pueblo argentino.

Unidad en el debate y la propuesta que
tiene naturalmente su correlato con la unidad en la lucha que venimos
pregonando e impulsando desde antes que asuma este gobierno y a lo largo de
toda su gestión. De eso damos cuenta en la publicación que presentamos bajo el
nombre de Reinventándonos y que es
una verdadera crónica de la lucha de estos últimos cuatro años.

Unidad en la acción que nos llevó a marchar
a mediados de febrero junto a las organizaciones sociales para frenar la
pobreza en nuestro país y a finales del mismo mes cuando con la Federación
Marítima, Portuaria y de la Industria Naval argentina (FenPINRA) y la
Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) nos movilizamos para
rechazar los tarifazos y el ajuste y plantear la necesidad de realizar un paro
General de todas las organizaciones de trabajadores.

Medida de fuerza que finalmente se concretó
el 30 de abril y que se repitió con más fuerza y unidad el último el 29 de
mayo, representando un verdadero rechazo al cada día más elocuente plan de
saqueo que está llevando a cabo el gobierno de Macri y el FMI, quién se ha
convertido en el principal financiador y jefe de campaña electoral del actual
presidente.

Asumimos también de manera fuerte y
contundente el mandato emanado de nuestro 64 º Congreso Nacional Ordinario,
realizado en Tucumán, donde ratificamos frente a las puertas de la Casa
Histórica el compromiso de poner todos nuestros esfuerzos y capacidades como
organización de trabajadores y trabajadoras para colaborar en la construcción
de una segunda Independencia.

Allí
asumimos un compromiso, hicimos un juramento simbólico que no es solamente de
un grupo de dirigentes sino de la absoluta mayoría de los más de 300 mil
estatales de ATE y que sin duda se verá ratificado en las urnas el próximo 7 de
agosto donde se plebiscitará esta política y tendremos el apoyo y el aliento
para darle continuidad y mayores niveles de masividad y protagonismo.

Efectos
catastróficos

Cada día que pasa se hacen más evidente los
efectos catastróficos de las políticas del FMI. Un informe del Observatorio de
la Deuda Social de la Universidad Católica Argentinareveló que el 14,9% de los
menores de edad no realizó al menos una de las cuatro comidas diarias en 2018 y
que la mitad del equivalente a 1,6 millones de chicos -de entre 2 y 17 años-
suele saltearse la última alimentación del día.

En otro informe elaborado por el IPYPP, con
la firma de Claudio Lozano y Ana Rameri, se 
 destaca que el crecimiento de la
pobreza y el derrumbe social se ensañan fundamentalmente con los niños y las
mujeres y que existen alarmantes niveles de pobreza en algunas provincias como
Corrientes (57,9 %), Chaco (45,9 %) o Salta (45,3 %) y el hambre – técnicamente
llamada indigencia- alcanza casi al 10 % de los argentinos y argentinas en las
grandes urbes como Córdoba, Rosario, Mar del Plata o el gran Buenos Aires.

Estos datos escalofriantes reflejan de
manera cada día más evidente el estado de derrumbe social en el que nos
encontramos. Por eso en el último Paro General se instalaron cientos de ollas
populares en todo el país y, por eso también, es quenos sumamos a la Campaña
Comer Bien, promovida por el diputado nacional Leonardo Grosso (Movimiento
Evita) para abordar la problemática del hambre como política de Estado. Y lo
hicimos junto a todo el arco político opositor y las centrales
sindicalesconvencidos no solo de la urgencia y la imperiosa necesidad sino
también de la oportunidad de resolver este flagelo si se unifican los esfuerzos
y los recursos de toda nuestra sociedad en función de ese objetivo.

Como
estatales tratamos – al mismo tiempo que defendemos nuestros derechos como
trabajadores y trabajadoras- de ponerle límites a esta nefasta Tercera Reforma
del Estado y de construir una perspectiva esperanzadora que termine con este verdadero
desastre que sufre nuestro pueblo y nuestro país.

De la misma manera que fuimos capaces de
tocar la campana para el primer acto fuerte de resistencia a la política
entreguista de este gobierno – aquel 24 de febrero, cuando paramos y llenamos
la histórica Plaza de Mayo- necesitamos ahora construir condiciones para que el
nuevo gobierno que asuma, fruto de la enorme capacidad de lucha de nuestro
pueblo, abra sus puertas al aporte de quienes luchamos y de cabida a la
multiplicidad de propuestas que los sectores populares venimos planteando para
construir un Estado Democrático y Popular.

Al
cierre de esta edición, como un presagio esperanzador, celebramos la aparición
del nieto recuperado nº 130. Una nueva demostración de cómo las Abuelas de
Plaza de Mayo, con Estela Carloto y la querida Chicha
Mariani como referencias ineludibles, gracias a su capacidad de trabajo,
dedicación y perseverancia, han logrado esta proeza extraordinaria de seguir
alumbrando vida a 40 años de aquel genocidio.

En
esa inquebrantable fe en la organización y la lucha debemos inspirarnos para no
aflojar y tener éxito en el camino que tenemos por delante.