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Por Federico Giuliani, Secretario General de ATE Córdoba

No aceptaremos el teletrabajo como imposición, menos aún si
esta modalidad no es electiva por parte de cada trabajador/a y si no se discute
su implementación en mesas colectivas de negociación. Pretender hacernos
teletrabajadores sin eliminar la dependencia -en tecnología, tarifas, etc- es
arrojarnos, indefectiblemente, a una pronta e irreversible marginalidad. Varios
son los motivos:

– Somos críticos acerca de la flexibilización de la jornada
laboral que esta modalidad impone: buscan convertirnos en trabajadorxs
“intermitentes”, con conexiones y desconexiones permanentes, sometiéndonos a
jornadas laborales sin fin, eliminando fines de semana, feriados, horas extras
y cualquier otra forma que, entendemos, garantizan nuestro derecho a la salud
mental.

– Porque amplía la brecha digital al hacernos responsables
de proveernos de equipamientos, servicios. Estamos en manos de transnacionales
para la provisión de aparatos tecnológicos, para los servicios públicos. Sus tarifas
son en dólares y nuestros salarios, en dólares, no valen. Pretender hacernos
teletrabajadores sin eliminar la dependencia es arrojarnos, indefectiblemente,
a una pronta e irreversible marginalidad.

– Porque para nosotros no habrá Estado presente con
trabajadoras y trabajadores en sus casas, si nuestras oficinas cierran y no hay
atención, si nuestras plantas de producción se quedan sin trabajadores.

– Porque hay perjuicios que tienen un claro sesgo de género
cuando teletrabajar se superpone a tareas de cuidado que, mayormente, recaen
sobre las mujeres.

Sabemos que en este sistema somos trabajadorxs en tanto
vendemos nuestra fuerza laboral a una patronal que se vale de ella. El
teletrabajo, en estas condiciones, sólo traslada costos y responsabilidades de
los empleadores hacia quienes trabajamos. Entendemos que, en nuestro caso,
solamente ajusta y aleja al Estado -y los derechos que debe garantizar- del
Pueblo.

Queremos discutir cómo potenciar con la tecnología el acceso
a las históricas demandas populares sin caer en la resistencia a la
flexibilización a la que parecen querer someternos.

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por Olga Reinoso,
Secretaria General de ATE Santa Cruz

Mientras a nivel provincial discutimos las condiciones
laborales, ciertos patrones de estancia no democratizan estas relaciones,
impulsando el unicato y desconociendo a ATE como sindicato representante de los
intereses de sus trabajadorxs, y de esto, tenemos claros ejemplos del
incumplimiento de los principios fundamentales como la libertad y democracia
sindical.

A través la normativa vigente de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) y de todos los tratados internacionales a los
que adhiere y ven reflejado en sus leyes laborales nuestro país, se deben
democratizar las relaciones a través de los Convenios Colectivos de Trabajo,
siendo esta la herramienta más eficaz para discutir salarios, ingresos,
licencias, estabilidad laboral y condiciones de medio ambiente en el trabajo.

Al jefe comunal de El Chaltén, quien no ha cesado en el
“ninguneo” a nuestro sindicato, le advertimos que la organización vence al
tiempo y que no son los intendentes quienes eligen el sindicato, son lxs
trabajadorxs municipales quienes se identifican y se representan en una u otra
organización.

El trabajo de ATE Santa Cruz a lo largo del tiempo ha
demostrado sólo crecimiento a través de la conquista de derechos para lxs
trabajadorxs, y así ser el sindicato mayoritario de la provincia, una
organización que sintetiza la pluralidad de voces e identidades políticas como
pocas podrían hacerlo.

Por ello exigimos al Intendente de El Chatén, y aquellos
otros que también actúen como patrones de estancia, reconocer esta entidad
sindical como representante de los trabajadores y trabajadoras que prestan
funciones en el estado y se encuentran actualmente afiliadxs a esta Asociación
de Trabajadores del Estado, conforme lo establecen normativas internacionales,
nacionales y provinciales vigentes.

¿Podemos elegir Intendentes y concejales en las comunas y no
podemos elegir el sindicato que nos represente? Exigimos diálogo para avanzar y
una respuesta que garantice la democracia y libertad sindical.

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En las últimas semanas los grupos económicos han reinstalado
el discurso de la inflación como temor social y del capital privado como
garantía de salida de la crisis del país. Lo que intentan es inhabilitar al
Estado como motor fundamental de la actividad productiva, y por consiguiente, a
la recuperación del mercado interno, el consumo, el fortalecimiento de los
trabajadores y de las pymes.

Hemos apoyado las medidas que tomó el gobierno para
enfrentar los efectos económicos de la pandemia que han consistido en
transferencias de recursos a personas y empresas, sosteniendo las mismas en
base a la emisión de moneda por parte del Banco Central de la República Argentina
(BCRA).

Sin embargo, a fin de justificar las políticas restrictivas
en el orden salarial como con los y las trabajadoras del Estado, se argumentó
que continuar con la emisión derivaría en consecuencias inflacionarias. Días
atrás, los cuatro ex ministros de Economía, Roque Fernández, Domingo Cavallo,
Ricardo López Murphy y José Luis Machinea, y luego la propia Asociación
Empresaria Argentina (AEA), con el respaldo de la cúpula de la CGT, se
encolumnaron bajo la misma advertencia y recomendaron achicar el gasto público
a fin de limitar la emisión monetaria.

Lo llamativo es que mientras ese gasto esté dirigido a
favorecer al sector empresario puede gozar del calificativo de “rescate” frente
a las consecuencias de la pandemia, mientras que es “populismo” aquel que
sostiene salarios en los distintos niveles del Estado o beneficios sociales.

Cabe recordar que la gestión macrista, bajo la vigencia del
acuerdo tutelado por el FMI, aplicó, hasta su desastre electoral en las PASO,
una política de severa restricción monetaria y vivimos saltos inflacionarios
cercanos al 50%. En una economía con alto grado de transnacionalización como la
nuestra, lo que se debe discutir es cuál es el destino de esa emisión.

Con las tarifas congeladas es necesario desarmar un sistema
de formadores de precios oligopolizados que busca mantener sus márgenes o
atenuar caídas, trasladando las consecuencias sobre el conjunto de la
población.

En definitiva, si con una emisión totalmente restringida
superamos tasas interanuales de más del 50% de inflación, y hoy con una emisión
distendida la emisión se ubica en una tasa del 41%, queda en claro que la
relación no es emisión-precio sino emisión-especulación.

Esta ofensiva de los grupos económicos también se produjo
para impedir el avance en la intervención y expropiación de Vicentin, para
seguir sosteniendo esas prácticas especulativas, de fuga de capitales y evasión
de impuestos.

Profundizando el control sobre el mercado cambiario y la
oferta de divisas y reforzando la regulación sobre el sistema de precios, no
hay razones para que la emisión tenga un efecto inflacionario. Sabemos que
transitar este camino no hace más que abrir un campo de conflictos entre las
políticas públicas y el poder económico concentrado, pero la emisión es una
creación soberana que el Estado tiene para darle soluciones a su pueblo.

Este poder económico pretende que todo siga como antes del
10 de diciembre, pero es fundamental que el Estado modifique la matriz
productiva y avance hacia una justa distribución de la riqueza.  

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Desde hace tiempo en nuestra provincia se está impulsando, a
través de hechos concretos y discursos de varios dirigentes políticos, a
inducir en la sociedad en general que es normal que haya hambre en Mendoza,
como si esa problemática social fuera algo natural. No obstante, resulta
inadmisible y fuera de lugar en todo marco, naturalizar el hambre en parte de
nuestra comunidad.

Casos concretos de esto que planteamos se reflejan
claramente en la política social y económica que tenemos, en cuanto los
trabajadores o sectores de menor poder adquisitivo son relegados o escondidos
en distintos puntos de la provincia, llámense villas, barrios populares, entre
otros, que por lo general están alejados del microcentro o Km 0 de nuestras
ciudades.

En estos últimos treinta días esta situación quedo en
relieve frente al conflicto municipal en plena capital de Mendoza, donde los
trabajadores de la comuna citadina manifestaban una necesidad, frente a una
realidad concreta: trabajar durante años más de 40 horas semanales con salarios
muy por debajo de la línea de pobreza, quedando, tanto ellos como sus familias,
excluidos de necesidades básicas como poder comer más de una vez por día; poder
tener un servicio esencial como el agua, entre otras situaciones que dignifican
la vida de cualquier persona.

La carencia social y salarial estructural, junto con la
discriminación y explotación por parte de distintas autoridades del municipio
sobre esta realidad que ejecutan sobre los trabajadores Municipales de Capital,
con cargas horarias exuberantes por salarios paupérrimos, ayudan a entender las
conductas arbitrarias de funcionarios que perciben sueldos por encima de los
$120.000, mientras los asalariados quedan por debajo de la pobreza extrema, con
básicos que no superan los $13.100.

El maltrato, y la violencia institucional y personal que
ejercen sobre los trabajadores es tan cruel como inmensa. Solo con mencionar
miserables reprimendas que padecen las bases, como no pagarles las horas
trabajadas o suspenderlos por mirar a la cara a distintos capataces y funcionarios
municipales, podemos dar cuenta de ello.

Así, construyen una aberrante realidad para la clase obrera,
en la que te sancionan por ser pobre y te persiguen por no tener fuerzas para
palear más de 8 horas al día. Es la verdad, no hace falta irse a África, ni ver
una documental de hace 200 años atrás sobre la esclavitud o la opresión, para
abrir los ojos y ver que esto ocurre en la Capital de Mendoza.

El problema radica en que los gobiernos quieren ocultar esta
realidad a la sociedad, no sólo tratando de desmentir los hechos atroces,
desviar el tema o politizar la situación, sino acallando reclamos pacíficos y
dignos, contra los que se comenten terribles barbaridades propias de las épocas
más oscuras de nuestra historia nacional, como es la represión de los
trabajadores que manifiestan esta aberrante situación.

De esta manera se criminaliza la pobreza y el grito de
dignidad de los que padecen el hambre. Precisamente, esa criminalización se
concretó en hechos, como los antes mencionados o por omisión, sabiendo que esta
situación existe.

Lo que hace falta es una verdadera política social y
económica para poder mejorar la calidad de vida de estos trabajadores y
ciudadanos, con una justa redistribución de la riqueza.

Lo único que se encuentra en esta realidad es esa gran
grieta social, que se plasma por parte de la dirigencia y de la sociedad. Nadie
tiene que ser reprimido, ni excluido, porque todos tienen derechos. Ellos solo
piden cobrar por lo que trabajan, quieren dignidad y no hambre. Esto se logra
teniendo un diálogo sincero y constructivo, con los gobiernos y las
instituciones que representan a los trabajadores, principalmente para no seguir
revictimizando a los hoy están padeciendo este flagelo.

Desde nuestro sindicato y central obrera, siempre estaremos
junto a los trabajadores, más aun con los más vulnerables.

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Daniel Godoy es Director IDEPSALUD ATE ARGENTINA Director del
Instituto por la Igualdad y la Democracia IPID Co-autor del libro “IOMA
democratización o despojo”

La situación devenida a partir del escalado (y aún no
resuelto) conflicto entre el IOMA y la AMP ha generado una situación de aristas
complejas. Las asociaciones profesionales y las Sociedades científicas, así
como las instituciones privadas de Salud (Clínicas y Sanatorios), se han
abroquelado en una actitud compacta manteniendo una especie de “lock out”, ante
la invitación a registrarse como prestadoras y prestadores directos al
Instituto. Montando un escenario de acusaciones y relatos “caceroleros”
(cubanización, pamizacion, etc.) Las flamantes autoridades del Instituto,
persisten en confirmar la libertad de elección y la vigencia de los derechos
prestacionales de lxs afiliados a partir de desplegar formatos administrativos
que permitan eludir la intermediación y mantener las prestaciones. En el medio,
y nada menos que en tiempo de crisis sanitaria y social sin precedentes, tiene
a las y los afiliados como espectadores sufrientes de este conflicto entre
partes. 
El montaje del conflicto claramente está disparado por una
irregularidad detectada a la que hay que darle curso administrativo y legal,
tal, como se ha procedido. Y también es cierto que esta punta del iceberg,
induce a la trama de complicidades que ha venido funcionado aceitadamente para
la apropiación de los recursos del IOMA (que no es otra cosa que SALARIO
DIFERIDO DE LXS TRABAJADORXS y que, según la ley, no debe usarse para otro
fin). Sólo basta consultar los archivos judiciales y periodísticos, para
corroborar éste hecho como parte de una larga y lamentable lista de ilícitos de
todo tipo. En ésta oportunidad (como en otras) hemos dado nuestro respaldo
absoluto y público al curso que se le ha dado a las irregularidades detectadas
por parte de las autoridades del IOMA. El transparentamiento del Instituto y el
control de los flujos financiero son parte de una reivindicación histórica, que
las Organizaciones hemos reclamado. Las organizaciones gremiales que
representamos a lxs afiliadxs en la Provincia de Buenos Aires no venimos
pensando y discutiendo el Instituto desde hace 6 meses. Tenemos acumuladas y
transitadas cientos de asambleas, reuniones, gestiones, documentos, libros, y
hasta proyectos de ley producidos desde las Organizaciones de lxs trabajadores. 
Acumulamos HISTORIA promoviendo el modelo de IOMA deseado por nosotros. Hemos
defendido un principio de SOLIDARIDAD Y DEMOCRATIZACIÓN con EFICACIA SANITARIA
como sujetos activos y conscientes de un modelo prestacional que prevenga y
atienda nuestra forma de enfermarnos en tanto trabajadorxs, concepto básico de
la relación SALUD/ENFERMEDAD/TRABAJO, para lo cual el Instituto ha sido creado.
Porque hay que recordar (hay que recordar?) que la “SEGURIDAD SOCIAL” y el
“MODELO SOLIDARIO” es una construcción histórica de lxs trabajadorxs desde los
tiempo de las primeras y más rudimentarias formas de asociatividad de lxs
inmigrantes, incluso antes de la irrupción del Estado en materia de Políticas
Sociales. Pero también hay que decirlo, es un conflicto de forma pero no de
fondo. Porque, por lo menos hasta donde se sabe, no pone en discusión ni la
MATRIZ, ni las PIEZAS, ni el “PEGA-PEGA” que lxs trabajadorxs hemos denunciado
a lo largo de gestiones de distinta condición partidaria. La MATRIZ con la que
está moldeada la Institución desde hace décadas, se corresponde con un
entramado del negocio de la enfermedad y el negocio de la gobernanza. Ése ha
sido el propósito primario plasmado en su forma de gobierno y de su
organización. Nunca el/la afiliado/a trabajador/a ha sido el centro de las
formulaciones de gestión, y tampoco ha sido el sector Público el tributario
principal de los recursos. 
Las PIEZAS han sido siempre el entramado gobierno de
turno/corporaciones/industrias más algunos personajes del sindicalismo
empresario, jugando en equipo y “siga-siga”. Y el “PEGA-PEGA” es la modelación
de una mega estructura administrativa vaciada de todo mecanismo de control y de
supervisión pública y social, donde el flujo de dinero se “habilita” y
direcciona a través de oficinas claves, cuyas lapiceras valen millones. Todo
funcionando para asegurar que el resultado sea siempre EL MISMO: el
usufructo/beneficio de esos actores. No hemos escuchado de parte de las
autoridades del IOMA el plan que soporta ésta decisión. No está explicitado el
rumbo de la presunta “refundación” del IOMA. Lxsa afliadxs venimos soportando
una historia de reducción de prestaciones y aumento de los gastos de bolsillo
(medicamentos por ejemplo), cuando no el cobro indebido de coseguros y
aranceles. La gestión Vidal fue una expresión del vaciamiento del Instituto a
costa de sub ejecutar los fondos y usarlos para otra cosa. Este gobierno tiene
la posibilidad de cambiar GOBERNANZA POR DEMOCRACIA. Lo verdaderamente
instituyente, novedoso y necesario debe ser la democratización del IOMA. 
El
Instituto debe ser conducido por la representación mayoritaria de lxs
trabajadorxs. Necesitamos ámbito y tiempo para discutir el INSTITUTO. Con
centro en las representaciones de lxs trabajadorxs, y con participación de la
totalidad de los actores involucrados que prioricen la salud al negocio, que
incluso puede servir de base para una discusión integralizadora del proyecto de
salud en la Provincia de Buenos Aires, donde la Pandemia dejará huellas de todo
tipo. El Gobierno y en particular Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos
Aires, tienen esa posibilidad.

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¿Son los únicos dos caminos posibles los que mostraron los
medios de comunicación dominantes -mientras ocultaban otros- el pasado 9 de
Julio? Unos ganando la calle y acusando al gobierno de antidemocrático o el
Gobierno exhibiendo una expresión de poder ubicando a la Sociedad Rural a un
costado y a la CGT en el otro, siendo los sectores que dominaron a la Argentina
desde la dictadura hasta acá, y que nos han sumido en un estado de crisis.

¿Son éstas las únicas dos posibilidades de acción política a
las que nuestro pueblo debe resignarse o es posible pensar que la derrota
electoral del neoliberalismo abrió un tiempo de esperanza para que las
relaciones de poder en nuestro país se modifiquen y que las riquezas se
distribuyan con mayor equidad?

Si el camino del neoliberalismo fue encarnado por las
políticas de ajuste de Macri que derivaron en represión y restricciones
democráticas, vale la pena preguntarnos si las elecciones abrieron simplemente
un paréntesis en esa perspectiva o es la posibilidad de una profundización de
la democracia con la intervención más activa de actores políticos, económicos y
sociales que hasta ese momento estaban restringidos, limitados e inclusive
reprimidos.

Cuando la UIA y la CGT firmaron el acuerdo para reducir los
salarios y el Ministerio de Trabajo lo convalidó, dijimos que era una clara
restricción de derechos, de hacer recaer los efectos de la crisis sobre los
sectores populares ya afectados por la pobreza y el hambre, y que iba traer
consecuencias negativas al gobierno.

Asegurábamos que ellos mismos iban a terminar presionándolo
para que el gobierno flexibilice su posición y favorezca a los grupos
económicos en la difícil tarea de negociar la deuda con los acreedores
externos. Porque son estos mismos grupos que, junto al FMI, fundamentan los
cambios estructurales en reformas laborales y previsionales, y la pérdida de
soberanía.

Este 9 de Julio, los medios de comunicación dominantes,
intentaron transmitir a la sociedad que estas son las únicas dos opciones,
eliminando la opinión de la mayoría de las y los trabajadores, ausentes en el
acto del gobierno y ocultados por estos mismos medios a pesar de las
movilizaciones que se realizaron en Avellaneda, Reconquista y Rosario, que
concentraron a varios sectores en apoyo a los trabajadores de Vicentin y a la
intervención y expropiación de esta empresa, como así también las ollas
populares que se gestaron en todo el país.

Sabemos que existen en nuestro pueblo otras alternativas,
como lo demostró la convocatoria del Manifiesto por la Soberanía, el Trabajo y
la Producción que se expresó el 1º de Mayo y que firmaron en conjunto la CTA
Autónoma, organizaciones sociales, Pymes y sindicatos de la CGT no expresados
en su actual conducción; de la misma manera que los sectores de la iglesia que responden
a los lineamientos del Papa Francisco encuadrados en la Mesa de Encuentro por
el Trabajo y la Vida Digna, que apuestan a la perspectiva de cambios
estructurales para concretar un salario universal, un impuesto a la grandes
fortunas, la suspensión del pago de deuda externa y una profundización de la
democracia.

Dos espacios en movimiento que el Presidente aún no ha
convocado al diálogo y que debería hacerlo.

Fuente: Noticias Argentinas

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Gustavo Quinteros,
Secretario de Formación

A más de cien días de cumplir con el Aislamiento Social, Preventivo
y Obligatorio implementado por el Gobierno Nacional, nadie escapa a la cruda
realidad socioeconómica que estamos atravesando. Por todos los medios de
comunicación nacionales y provinciales el relato frío de las estadísticas
acerca de la caída del consumo, la paralización de la actividad económica y la
incertidumbre acerca de la salida que está (o no) pensando el Gobierno, inunda
las pantallas y los portales de noticias.

El acuerdo interpartidario pareciera haber llegado a su fin,
y los grupos económicos concentrados aprovechan para tironear para un lado u
otro los gestos de los distintos espacios políticos a lo largo y ancho de todo
el territorio nacional.

Frente al caos que pretenden imponer para seguir lucrando
con la riqueza que genera nuestra clase, nosotrxs, seguimos caminando.

Seguimos caminando, decimos, no por obra de la casualidad,
sino por la voluntad política de la clase trabajadora organizada que sigue
escribiendo su historia no solo desde la defensiva, sino debatiendo y
proponiendo políticas de cara a la sociedad entera.

No por obra de la casualidad este mes de julio se conmemoran
los 20 años de la Marcha Grande. Aquella Marcha que se dio entre el 26 de julio
y el 9 de agosto del año 2000, cuando alrededor de 300 compañeros y compañeras
caminaron desde Rosario hasta el Congreso de la Nación, e instalaron la idea de
distribuir la riqueza para que no haya ningún hogar pobre en la Argentina, la
necesidad de un Seguro de Empleo y Formación, la Asignación Universal por Hijo
e Hija, y la Asignación para personas en edad jubilatoria sin cobertura
previsional.

Varias de estas propuestas, por no decir todas, se fueron
convirtiendo en políticas públicas (con diferentes matices) nacidas desde abajo
hacia arriba, como verdaderos procesos de construcción de poder popular.

No por obra de la casualidad, decimos, porque nuestra CTA
Autónoma, ha sido y sigue siendo la condición de posibilidad para generar el
debate que nuestra clase necesita. La Marcha Grande por el Trabajo, el FRENAPO,
el camino hacia la Constituyente Social, entre otras iniciativas, han sido
hitos históricos prominentes en la historia reciente de la clase trabajadora
argentina. Emergentes que inciden en el debate público y disputan los sentidos
de las políticas para conformar un Estado más popular y democrático.

Somos parte, o más bien, una porción de la clase que ha
organizado lo nuevo cuando nadie lo nombraba: el problema del desempleo es un
problema de todxs, dijimos. Trabajadores con o sin empleo formal, discutían las
políticas públicas necesarias para salir de la crisis.

Ahora, como entonces, es necesario poner en debate con todas
las organizaciones del campo popular, la salida que nosotrxs lxs trabajadores
necesitamos.

¿Cuál es nuestra estrategia de salida? ¿Cuál es la agenda
que nos interesa discutir? Si somos esenciales para la primera línea, queremos
ser esenciales para pensar la salida. Estamos convencidxs de que sólo con una
estrategia integral desde la Clase, que piense el sindicato, el territorio y la
disputa política, logrará poner en agenda los debates que seguimos necesitando.

Nada en esto es obra de la casualidad, sino de la voluntad
política organizada popular y colectivamente.

Hoy, como ayer, recuperar la memoria es un hecho
profundamente pedagógico para nuestras organizaciones. Solo retomando lo mejor
de nuestra historia, sin dejar de lado y haciéndonos cargo de las crisis que
nos generaron el aprendizaje que hoy nos fortalece, es que podremos seguir
construyendo el poder popular que necesitamos.

Por eso, quienes conformamos la Secretaria de Formación y la
Escuela Sindical Libertario Ferrari tenemos la convicción de que es necesario
seguir construyendo poder popular. Seguir caminando.

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Este es un momento muy complejo. El anuncio del pago en
cuotas de nuestros aguinaldos fue un golpe duro, limitando la posibilidad de
mejorar nuestra situación salarial a través de la discusión paritaria. Además,
nuestra capacidad de respuesta está condicionada por este momento de
aislamiento social. En otro contexto, otras hubieran sido las respuestas por
parte de nuestro gremio para oponernos a esta medida tan injusta.

Esto no significa que nosotros no entendamos el grave
momento que estamos atravesando, ni que no valoremos muchas de las cosas que se
vienen haciendo para reforzar el rol del Estado en su intervención de la vida
de la economía del país y en atender las necesidades de los sectores más
postergados.

Así se
lo hicimos saber al Presidente en la carta que le enviamos para expresar
nuestra oposición a esta vulneración de derechos sobre los salarios de lxs
trabajadores estatales: no se entiende por qué en este contexto de dificultades
se habilita el pago en cuotas para el salario de lxs trabajadores pero no se
avanza en la aprobación, en el Congreso, de una ley que ponga un impuesto a las
grandes fortunas.

El camino de achicar los derechos de lxs trabajadores
estatales, evidentemente va a impactar negativamente en las prestaciones del
Estado. En estos tiempos de pandemia y emergencia que atravesamos se destaca lo
esencial del rol del Estado, y es por esto que es indiscutible lo esencial que
resulta también el rol de lxs trabajadores estatales. Pero para tener un Estado
fuerte, con servicios y prestaciones de calidad, se deben garantizar los
derechos de los compañeros y compañeras que ejecutan las políticas públicas.

La respuesta sanitaria del Gobierno Nacional ha sido muy
positiva y, de hecho, Argentina ha sido reconocida en todo el mundo por ella.
Esto fue producto de la decisión política de recuperar el Ministerio de Salud de
la Nación, desde donde se impulsaron medidas de prevención y atención para toda
la sociedad. Pero esas medidas se resienten cuando se demora el pago de la
justa bonificación establecida por el riesgo que atraviesan lxs trabajadores de
la Salud, que exponen sus vidas en las primeras líneas de defensa frente a la
pandemia. Ese beneficio, que debería haber sido pagado con los sueldos de
abril, todavía no ha sido percibido por trabajadores de hospitales de algunas
provincias y unidades sanitarias de algunos municipios.

Mientras tanto, tenemos que lamentar dos nuevas muertes de
compañeros: Uno en el Hospital Rivadavia, y otro en el Hospital Durand; elevando
la cifra de trabajadores de la Salud fallecidxs en el marco de la pandemia a
19.

Lxs
trabajadores organizados en ATE tenemos la tarea de enfrentar este contexto
fortaleciendo la capacidad de injerencia del Estado en la vida pública, y es
por eso que respaldamos la intervención y la expropiación de Vicentín

El Gobierno debe intervenir para prevenir que la banca del Estado esté al
servicio de unos pocos o que se use para estafar al pueblo argentino. El Estado
debe tener la capacidad de regular los precios en el mercado alimentario y sus
cadenas de producción, tanto para la exportación como para el consumo interno.

Fue un triunfo muy importante también el que obtuvimos
cuando se empezó a reabrir FANAZUL, la Fábrica Militar de la localidad
bonaerense de Azul: eso va a habilitar la reincorporación de compañeros.

Necesitamos
que el Estado sea un actor cada vez más protagónico en el desarrollo
productivo, científico y tecnológico del país, pero es importante que esto vaya
acompañado del fin del estado de postergación salarial y de precarización
laboral de lxs trabajadores estatales.
Y es en este tema en donde vemos retrocesos y
contradicciones que se terminan expresando en una injusta distribución de los
esfuerzos necesarios para enfrentar la crisis en los distintos sectores de la
sociedad.

Y si miramos la situación de las provincias, como bien se
plasma en el artículo "Los ajustes que esconde la pandemia" de esta edición de ‘El Trabajador del Estado’,
podemos ver cómo algunos gobernadores aprovechan la pandemia y la emergencia para avanzar en políticas de ajuste
sobre lxs trabajadores del Estado, como en los casos de Entre Ríos, Chaco o el que afecta a lxs municipales en Mendoza.

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Junio: Un mes emblemático
para lxs trabajadores estatales y el pueblo argentino

El día 26 de junio se conmemoró un nuevo aniversario de los
asesinatos de Kosteki y Santillán en manos del Gobierno de Duhalde que, en
2002, intentó culpar de la violencia y el desorden a las organizaciones
sociales movilizadas en contra del hambre. El fracaso de esa operación
posibilitó que se avanzara rápidamente en las elecciones un año después, y el
sacrificio de Maxi y Darío abrió las puertas a un tiempo de esperanzas y
transformaciones que, aunque no se pudieron desarrollar plenamente, sin dudas
tuvieron una significación muy importante en la historia de nuestro país.

Al mismo tiempo, este hecho se volvió un símbolo fundamental
para la organización en los barrios, camino que años antes habíamos iniciado
desde la CTA. Hoy son una de las expresiones más importantes de la organización
de la Clase Trabajadora porque desde siempre estuvieron en la primera línea de
la lucha contra el hambre a través de la organización de merenderos, comedores
y cooperativas de trabajo, o a través de la recuperación de empresas cerradas
fraudulentamente, para ponerlas al servicio de un desarrollo productivo
autónomo del país. Sin ninguna duda Darío y Maxi son grandes símbolos de este
presente en el que la organización de la Clase Trabajadora es protagonista.

Por
otro lado el 27 de Junio celebramos el ‘Día del Trabajador y la Trabajadora del
Estado’, que a través de nuestra participación activa en la CLATE se ha
constituido como tal en casi todo el continente latinoamericano.
Fue en
esa fecha que, mientras en Argentina reinaba la dictadura cívico-militar
genocida, en la Organización Internacional del Trabajo logramos que se
reconocieran nuestros derechos, como trabajadores estatales, a sindicalizarnos
y a tener nuestro Convenio Colectivo de Trabajo. Este último derecho aun no ha
sido alcanzado plenamente en la Argentina, ya que hay una gran cantidad de
provincias y municipios en donde aún no se nos ha reconocido.

La
lucha cotidiana ha demostrado que, allí donde existen el gremio organizado y el
CCT, donde hay trabajadores con derechos, se pueden garantizar las condiciones
de seguridad e higiene laboral, y se logra establecer protocolos frente a esta
emergencia del Covid-19, así como Comités de Crisis con distintos sectores de
la comunidad, para que la respuesta a esta pandemia sea colectiva y organizada.

El CCT actúa no solamente como un instrumento que fortalece la organización
para la defensa de los derechos de lxs estatales, sino que también se convierte
en un elemento articulador de unidad con otros sectores, en un rol más abierto
y democrático del Estado hacia las organizaciones populares.

Estos dos hitos de junio se alzan con mucho orgullo para
quienes somos parte de la Clase Trabajadora, y nos brindan aporten
fundamentales para poder pensar y concretar no solamente una mayor capacidad
del pueblo para enfrentar emergencias como la que estamos viviendo, sino
también para surcar caminos de construcciones nuevas que alumbren una nueva
institucionalidad estatal que profundicen la Democracia y la solidaridad en
nuestro país.

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Gustavo Quinteros, Secretario de Formación

Nadie se salva solo fue el título de la solicitada que
nuestra ATE y la CTA Autónoma suscribieron, el 12 de abril pasado, junto con
otras organizaciones sociales y sindicales. Allí se advierte, entre otras
cosas, que nos enfrentamos a una doble amenaza: el Covid-19 y sus consecuencias
en la economía real, profundizando una crisis mundial que crece al ritmo de la
pandemia.

Transcurrieron dos meses hasta el momento en que escribimos
estas líneas, de manera colectiva, desde el equipo de Formación para poner en
común con todxs lxs compañerxs del país.

Dos meses en los cuales, miles de compañerxs en todo el
territorio nacional, han encarnado la primera línea de acción en hospitales,
escuelas y organismos públicos de todo tipo, garantizando los derechos de nuestro
pueblo.

Dos meses, donde hemos debatido en múltiples espacios, la
educación que se viene, la importancia de la salud pública, las implicancias
del teletrabajo, las repercusiones de la crisis sobre el trabajo y el salario,
en fin, el mundo post pandemia, o “la nueva normalidad”.

Pero también fueron dos meses en los cuales el debate sobre
el fundamental rol del Estado y las políticas públicas ha llegado a un consenso
inédito aún por parte de sus mayores detractores liberales.

Para ciertos grupos, con determinados intereses, guiados por
el más despiadado individualismo, el Estado no es más que un objeto
instrumental, del cual hacen uso para beneficio personal, o sectorial. Sobran
ejemplos.

Pero también sobran ejemplos de solidaridad y otra mirada
sobre lo estatal.

Transcurrieron dos meses donde el ejemplo solidario de las
organizaciones sociales, políticas y sindicales le han puesto el cuerpo a eso
de que nadie se salva solx.

Miles de compañerxs concurrieron diariamente a sus puestos de
trabajo disputando el sentido político de un Estado que está permanentemente en
tensión. Miles de compañerxs, acudieron a los barrios más humiles, cubriendo
necesidades que pusieron en evidencia la desigualdad lacerante que nos
atraviesa de norte al sur del país.

Dos meses repletos de actitudes solidarias que no tienen
prensa, ni rostro, ni nombre, hasta que perdemos a algunxs de ellxs en esta
guerra sin cuartel contra el virus de la desigualdad.

Lxs trabajadores y trabajadoras estatales, escribimos la
historia de esta disputa subterránea, que pretende la construcción de un Estado
más democrático y popular, pero también lo suficientemente solidario para que
garantice la felicidad de todxs.

Desde la Secretaría de Formación hemos destacado reiteradas
veces la importancia fundamental de las construcciones colectivas, no solo en
los procesos formativos.

No podemos pensar una formación emancipadora desde lo
meramente individual. Nos formamos con y para otrxs. Es entonces la solidaridad
un concepto clave y profundamente político en cualquier propuesta formativa
pensada desde y para la clase trabajadora.

Estamos convencidxs de esa premisa, y que solo así podremos
enfrentar la doble amenaza del aislamiento social que rompe los vínculos en
todos los ámbitos y la crisis con la que nos pretenden cargar.

La solidaridad es la marca de este tiempo y de nuestras
organizaciones. La solidaridad es una decisión política.

Ser solidario, en un mundo formado para la competencia y el
individualismo, es un acto contrahegemonico, que amerita de toda nuestra
fuerza, de toda nuestra organización y de todo nuestro entusiasmo.

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Opinión

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Por Daniel Godoy, Director IDEPSALUD ATEARGENTINA

Estos apuntes son una aproximación a un compilado de voces
posible de muchxs compañerxs con los que transitamos este momento desde la
militancia sanitaria y social. No pretende ser una receta erudita, sino una
señalización desde donde enfocar la Pandemia desde una perspectiva crítica y
democratizadora. Será enriquecida seguramente con más voces y más visiones de
lxs muchxs que compartimos el camino.

CONTEXTO

Según la organización TECHO (techo.org) se define al “asentamiento
popular” como un conjunto de un mínimo de 8 familias agrupadas o contiguas, en
donde más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad del
suelo, ni acceso regular a al menos dos de los servicios básicos: agua
corriente, energía eléctrica con medidor domiciliario y/o sistema de
eliminación de excretas a través de la red de alcantarillado regular.Existen
pocos trabajos de mapeo de estos conglomerados en LAC.En 2014 la población
urbana de ALC alcanza casi los 500 millones de habitantes (UN-DESA, 2014: 25),
considerándose la región del mundo en desarrollo con un mayor porcentaje de
población urbana (PNUMA, 201 0: 27). En el contexto de desigualdad de América
Latina, según TECHO, 104 millones de personas viven en asentamientos populares.

Argentina es uno de los países más urbanizados del mundo
(por encima de la media de Europa y Estados Unidos, sin considerar las ciudades
Estado y las islas pequeñas) y el segundo más urbanizado en América Latina, con
una población urbana que alcanza el 92 % del total, de acuerdo con las
estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
de la ONU (CELADE, 2017).

La población argentina se concentra en un 39 % Región
Metropolitana de Buenos Aires (RMBA/AMBA)

El INDEC no cuenta hasta el momento con información
estadística oficial acerca de la cantidad de villas y asentamientos existentes
en el país, y de la cantidad de población que reside en las mismas, a pesar de
que los últimos dos censos nacionales (2001 y 2010) pretendieron captar ese
dato.

el “Relevamiento Nacional de Barrios Populares” (RENABAP)
que el Estado Argentino realizó desde agosto de 2016, contó con la
participación de distintas organizaciones sociales , y registró, hasta mayo de
2017, la existencia de 4.100 villas , asentamientos y urbanizaciones informales
(TECHO había estimado 2.400 en 2016!).

Alrededor de 1.600 se encuentran en el conurbano bonaerense.
Más de la mitad de estos asentamientos nacieron antes del año 2000 y casi un
cuarto del total son posteriores a 2010. Comporta una población estimada de
600.000 familias y casi 3 millones de personas

El partido con más asentamientos es La Matanza, que a su vez
es el más poblado. En ese municipio, según el relevamiento, hay 122 barrios de
emergencia. En segundo lugar se ubica Moreno, con 80 barrios de emergencia, y
sigue Florencio Varela, con 70.

Los niños y jóvenes (entre 0 y 24 años) son el 41% de la
población total del país, mientras que en las villas y asentamientos
representan el 56% de la población.

El 65% de lxs responsables de los hogares son mujeres y el
85% de los hogares monoparentales están a cargo de las mujeres.

Es en estos asentamientos donde históricamente se registran
la mayor cantidad de eventos socio sanitarios evitables (malnutrición,
morbimortalidad en población infantil, consumos tóxicos, etc.)

PANDEMIA EN ASENTAMIENTOS POPULARES DE ARGENTINA

A 11 semanas de inicio de la Pandemia en la región
(26/2/2020 en Brasil), comienza a componerse el cuadro epidemiológico en
sociedades como las de LAC, con altos niveles de desigualdad y nichos de
pobreza extrema y conglomerados de poblaciones en condiciones de hacinamiento y
precariedad (según el territorio, Asentamientos populares, Villas de
emergencias, favelas, etc.). Hasta ahora las anotaciones que habíamos hecho del
comportamiento de la pandemia en distintas categorías en Europa y Asia
fundamentalmente (edad, sexo, sectores de trabajo, implementación de medidas
restrictivas, entre otros). La llegada de la Pandemia a LAC suponía ex ante un
COMPORTAMIENTO imprevisible fundamentalmente en estos núcleos de territorios,
habida cuenta que la clave demostrada de diseminación es la proximidad,
inevitable en esos contextos.

Este COMPORTAMIENTO lo estamos analizando en tiempo real, o
sea en el mismo momento o después que se suceden los hechos, habida cuenta de
lo inédito de proceso.

En BRASIL por ejemplo, ya se está comprobando eventos
disimiles en población negra (viven en favelas o barrios populares, dependen de
economía informal, o tienen salarios/ingresos mitad que la población blanca)
que en blancos. En Río de Janeiro por ejemplo, la tasa de letalidad del
coronavirus llega a 30,8% en la Maré, un conjunto de favelas en el norte de la
ciudad, contra 2,4% en Leblon, en el sector más rico de la zona sur, frente al
mar.

En nuestro territorio AMBA donde en esta etapa perece estar
confinada la circulación del virus (80 % de los casos), Barrio Mugica y Azul
probablemente pre anuncien la consolidación de la hipótesis que la Pandemia se
está compactando mayoritariamente en estos territorios.

COMO SE ESTAN DANDO LOS EVENTOS EN ESTOS TERRITORIOS?

Los casos de COVID-19 en barrios populares de la CABA
representanaproximadamente (a la fecha) el 47,9% de los casos de toda la
ciudad.El primer caso que se reportó en la Barrio Padre Mugica fue el 21 de
abril. Ese mismo día el reporte oficial del gobierno de la ciudad fue de 954
casos confirmados y 50 fallecidxs (Tasa de letalidad 5.24 %). El 24/4 y durante
los siguientes 15 días se generaliza la falta de agua potable en el barrio,
estableciéndose una correlación estrecha entre la falta de acceso al agua
potable y la multiplicación de los contagios. En este barrio, en las dos
últimas semanas los contagios se incrementaron en un 377% mientras que en la
ciudad sólo un 165%.

Los guarismos que se reportan hasta ahora de COVID en
Barrios Populares como los Barrios Padre Mugica y Azul (tasas y comparaciones)
son de mucha endeblez interpretativa, muy relativos e inestables pues es
periodo de corte demasiado temprano, con una muestra muy pequeña de análisis, y
con un denominador (casos confirmados) muy condicionado por la estrategia y el
contexto de diagnóstico.

QUÉ HACER?

Si bien como dijimos, estamos estableciendo el diagnóstico y
por lo tanto la estrategia encima o después de los eventos, la importancia de
la precisión de los análisis nos permitirá proyectarnos con mejor suerte a
escenarios futuros de características demográficas y sociales parecidas (otros
barrios populares del territorio AMBA)

Aunque, ninguna medida podrá emparejar la suerte de estas
poblaciones por restricción de derechos previos, como trabajo digno, seguridad
alimentaria, vivienda y protección social, y el drama del hambre y la pobreza
extrema deben categorizarse como escándalo ético que deben erradicarse desde
una perspectiva humanista. Es absolutamente pertinente y necesario (y además
posible!) dar impulso a la propuesta enunciada por el mismísimo Papa Francisco
y abordada en nuestro país por dirigentxs, periodistas y economistas bajo la
denominación de renta universal o ingreso de ciudadanía y que se remonta a los
viejos planteos del Frente Nacional contra la Pobreza FRENAPO allá por el 2001.

El conjunto de Organizaciones Populares con representación
territorial ha advertido las falencias que preanunciaron el escenario actual en
el Barrio Mugica, y propuesto una batería de procedimientos (protocolo ACIJ por
ejemplo) que deben considerarse en los ámbitos de decisión.

En principio, interpelar por ineficaz la militarización
extrema de los barrios populares, como receta única y excluyente de la
estrategia sanitaria, pues genera violencias simbólicas y materiales, y porque
restringe al encierro en condiciones de precarización extrema a las familias.
El acordonamiento sanitario, tan antiguo como las pestes mismas como
dispositivo de bloqueo de la diseminación de las epidemias (el famosos “Cito,
Longe, Tarde” de la llamada Peste Negra en mitad del siglo XIV), deberá hacerse
en el contexto imprescindible deCALIDAD e INTEGRALIDAD de intervención, que
incluye entre otras cosas, sensibilización y negociación con las referencias
barriales (formales y no formales), en el marco de ámbitos de gestión
participada y democratizada con todxs lxs actorxs, y garantizando las
condiciones de vida digna y saludable.

El 7 de abril un conjunto de organizaciones sociales,
sindicales y académicas (la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA, el
Observatorio del Derecho a la Ciudad, la CTA Autónoma Capital y el Instituto de
Pensamiento y Políticas Públicas) junto a referentas de los distintos barrios
populares impulsaron una acción colectiva de amparo con cautelar para que el
gobierno porteño garantice el acceso al agua potable en la totalidad de los
hogares de los barrios populares porteños (el Expediente judicial N°
A3010/2020-0 se caratula “KOUTSOVITIS, MARIA EVA Y OTROS CONTRA GCBA SOBRE
AMPARO – URBANIZACION VILLAS”). El 5 de mayo la justicia, en un fallo histórico
que operativiza en igualdad de condiciones el derecho al agua potable, le
ordena al gobierno porteño que en el plazo de 5 (cinco) días elabore un Plan de
Contingencia y un Protocolo de actuación acordado con las comunidades ante
posibles emergencias sanitarias y que garantice 150 litros diarios de agua
potable a la totalidad de los habitantes de los barrios populares. A la fecha
el gobierno porteño viene incumpliendo la sentencia judicial.

Hay que constituir una gran coordinadora de organizaciones
comunitarias con referencias de sectores de gobiernoque opere como un Comité de
crisis ad hoc de COVID en contexto de extrema pobreza, porque exige procesos y
dispositivos distintivos a las aplicadas en otras situaciones, aplicando los
estándares de procedimiento de calidad e integralidad aquí expuestos. No
aplicar recetas pobres para población pobre.

Las formulaciones generales de este ámbito deben
complementarse con Planes Barriales específicos atendiendo a particularidades,
y con actores de la representación territorial local.

En el marco de las restricciones, deben garantizarse las
condiciones elementales de vida (provisión de agua potable, alimentos
suficientes, elementos de higiene personal.

Hay que legitimar e involucrar en el despliegue de procesos,
a la militancia barrial en el marco del Programa “El barrio cuida al barrio” y
del Plan “Detectar” (información, detección de casos, mapeo de riesgo,
comensalidad familiar, etc.) con insumos y equipos correspondientes de cuidado
personal (EPP).

Se debe trabajar en un concepto de Epidemiologia de
proximidad, “llevando” los procesos al barrio y no al revés, garantizando el
aislamiento en Centros de Resguardo de casos necesarios (por riesgo biológico o
social) con condiciones aptas para esa situación (sin dobles estándares
respecto de otros grupos sociales); y generando corredores de atención de
primer y segundo nivel tempranos ante detección de casos problemáticos. Estos
dispositivos en RED se deben constituir con la participación de los mismos
vecinxs y organizaciones en articulación con los ámbitos formales (salas de
pronta atención y hospitales de referencia específica para barrios con alta
población y/o incidencia) y no generando riesgo de más contagios (vehículos
aptos y con asepsia constante).

Deberá preservarse la atención de grupos familiares que
requiera aislamiento domiciliario o internación, así como el resguardo de los
hogares que deban ser abandonados temporariamente.

La comensalidad debe garantizarse adecuando los procesos a
los fines preventivos (comedores “cuidados” o en la casa), pero considerando
que el ASPO repercute gravemente en poblaciones con gran dependencia de la
economía informal, por lo que deberán considerar ampliación de las raciones
estimadas antes de la pandemia.

Atender con dispositivos específicos, las implicancias de la
situación de encierro y crisis, tales como el incremento de violencia de género
y diversidades, adicciones, salud mental, etc.

Garantizar la continuidad de los procesos de la vida
“normal”, sobre todo en las poblaciones que requieren más atención; hablamos de
escolaridad en este contexto para lxs pibxs, vacunación, atención médica,
medicamentos, asistencia a adultxs mayores.

Incremento de las medidas higiénicas en el barrio con
aprovisionamiento a lxs vecinxs de insumos (barbijos, agua y jabón, lavandina,
baldes, utensilios, alcohol).