Este viernes la Junta Interna de ATE en la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social participó de la audiencia pública que tuvo lugar en la Cámara de Diputados de la Nación, con motivo de la finalización del Programa Volver al Trabajo (VAT), que afecta a más de 950.000 trabajadoras y trabajadores precarizados de la economía social, que dejarán de percibir 78.000 pesos mensuales por su trabajo comunitario en los barrios más vulnerables.
Desde ATE se expuso el grave impacto que ocasiona esta decisión del Gobierno nacional, dirigida a atender un sector de la población con derechos altamente vulnerados y por eso denunció que la culminación de la política pública supone un paso más en el vaciamiento de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (STEySS).
Por lo que exige la implementación de políticas de promoción del empleo y formación laboral para las y los 950.000 trabajadores del VAT, con transferencia de ingresos actualizada acorde a la inflación y el cese de las políticas de ajuste a la clase trabajadora.
Foto: prensa, Junta Interna de ATE en la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
ATE Chaco manifestó su gran preocupación por la destrucción y el ensañamiento hacia el PAMI por parte del Gobierno nacional y provincial, en desmedro de la salud pública, e invitó a la comunidad a defender el acceso a la salud y las prestaciones de las y los jubilados.
Es importante recordar que ATE Chaco acompañó la medida de fuerza nacional de 72 horas dispuesta por el Sindicato a nivel nacional – del 13 al 15 de abril – contra la resolución 1107/2026 que recorta el 52,5% los ingresos de las y los médicos de cabecera. Además, advirtió la grave situación que atraviesan miles de usuarios por la falta de medicamentos y cesantías sin causa.
“Acompañaremos todas las medidas de fuerza que decida el sector, porque el PAMI no se desguaza ni se entrega, el PAMI se defiende”, concluyó el Secretario General de ATE Chaco, Isaac Chaparro.
El reclamo subrayó que cada profesional percibe alrededor de 2.100 pesos mensuales por paciente para cubrir consultas, recetas, controles y gastos de funcionamiento del consultorio, lo que representa 24.000 pesos al año por afiliado o afiliada.
Por eso se exigió el incremento de las retribuciones de médicos y odontólogos desde octubre de 2025 y la inmediata reincorporación de los profesionales de la salud cesanteados recientemente sin causa. A la vez, desde el sector farmacéutico se advirtió que la situación es límite y que en la brevedad podrían haber faltantes de medicamentos por demoras de varios meses en los pagos.
Desde el Consejo Directivo Provincial de ATE San Luis se denunció la postura del Gobierno a cargo de Claudio Poggi, que insiste en justificar políticas de ajuste bajo el argumento de la falta de recursos, cuando los datos oficiales muestran una realidad superavitaria.
El Secretario General de ATE San Luis, Fernando Gatica, expresó: “Nuestra provincia no es pobre; pobres somos los y las estatales como consecuencia de las políticas de ajuste implementadas por Poggi desde el inicio de su gestión. Los salarios se encuentran por debajo de los niveles de pobreza e indigencia, mientras la decisión política es seguir recortando a quienes sostenemos el Estado y garantizamos derechos a la sociedad”.
Según información del Ministerio de Economía de la Nación, la provincia de San Luis acumuló ingresos por 1,259 billones de pesos y registró un superávit financiero superior a los 100.000 millones de pesos. A esto se suman depósitos por más de 2,29 billones de pesos en el Banco Central y otros 2,06 billones de pesos en el Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (FUCO). Eso da cuenta que la provincia no está en crisis financiera. Sin embargo, el Gobierno sostiene salarios miserables en la Administración Pública y mantiene cerrados los espacios de negociación salarial.
Para ATE, sin una verdadera recomposición salarial, cualquier aumento aislado resulta insuficiente. Desde la asunción del actual Gobierno, los salarios han sufrido una pérdida significativa de poder adquisitivo. Un ejemplo contundente: durante 2024, el incremento salarial fue del 59%, mientras que la inflación alcanzó el 117%, según datos oficiales.
Asimismo, una de las primeras medidas del Poder Ejecutivo Provincial actual fue el pago de salarios en cuotas, que profundizó un espiral de endeudamiento que hoy resulta insostenible para miles de trabajadores y trabajadoras.
“¿Poggi cuántos fondos anticrisis hay? Los 32 millones de dólares depositados en el BCRA (44 mil millones de pesos) equivaldrían a 1 millón doscientos para cada empleado público. Por eso, seguimos exigiendo una recomposición salarial y un plan de desendeudamiento” concluyó Gatica.
ATE Misiones repudió enérgicamente los dichos de la presidenta del Consejo General de Educación de Misiones, Daniela López, quien relativizó la gravedad de los femicidios y la violencia de género, atribuyéndolos a supuestas ‘emociones violentas’ o conflictos interpersonales.
“Estas afirmaciones no solo son profundamente irresponsables, sino que resultan peligrosas. Los femicidios no son reacciones aisladas ni hechos individuales, son la expresión más extrema de la violencia de género estructural” expresaron desde el Sindicato.
Es importante recordar que en Argentina una mujer es asesinada, cada 33 horas, por razones de género. Misiones se posicionó como la cuarta provincia en cantidad de casos y la segunda con mayor tasa de femicidios cada 100.000 habitantes en 2025. De lo que va del 2026 ya se registraron 31 intentos de femicidios. “Negar esta realidad o minimizarla, implica un retroceso inaceptable en materia de derechos humanos” concluyeron desde ATE.
En un contexto de ajuste, vaciamiento de políticas públicas y proliferación de discursos negacionistas, ATE reafirmó su posición y por eso repudió públicamente las declaraciones de la funcionaria misionera, quien ocupa el máximo cargo en el organismo responsable de diseñar e implementar las políticas educativas en la provincia.
“El Consejo General de Educación tiene la responsabilidad de garantizar una educación con perspectiva de género, tal como lo establece la Ley Micaela. Si su máxima autoridad desconoce o desestima estos principios, ¿cómo podemos esperar que se activen los protocolos correspondientes ante situaciones de violencia? ¿Qué garantías tienen las estudiantes, docentes y trabajadoras del sistema educativo? No se trata de opiniones: se trata de derechos, de responsabilidades institucionales y, sobre todo, de vidas” sentenció Miriam López, Secretaria General de ATE Misiones.
Encuentro con las autoridades de Infancia para analizar la situación del sector
Este viernes ATE Misiones junto a las y los Delegados del sector de Desarrollo Social se reunieron con la subsecretaria de Infancia, Andrea Benítez, y la directora del área, con el objetivo de abordar la situación actual del sector.
Durante el encuentro se puso en evidencia el malestar de las y los trabajadores que se desempeñan en los dispositivos de cuidado, generado principalmente por el impacto del ajuste y las implicancias del doble rol de tareas de cuidado que asumen cotidianamente.
Foto: Marita Costa (archivo) y prensa, ATE Misiones.
La Seccional Concepción del Uruguay de ATE participó de una nueva reunión paritaria con las autoridades de la Municipalidad de Herrera donde no se logró un acuerdo ya que la propuesta fue considerada como insuficiente por el Sindicato dado que no garantiza salarios dignos ni da respuesta a las demandas del sector. Por eso se avanza hacia un Plan de Lucha en defensa de las condiciones laborales.
El Ejecutivo volvió a sostener la misma oferta salarial que había ofrecido en la instancia anterior, completamente insuficiente frente a la realidad que atraviesan los y las municipales.
Para ATE el posicionamiento del municpio evidencia una clara falta de voluntad política, por eso se decidió avanzar hacia la construcción de un Plan de Lucha, que se desplegará en los próximos días, en defensa del salario y de las condiciones laborales hasta lograr una respuesta favorable.
Estado de Alerta en el Hospital Justo José de Urquiza
ATE declaró el Estado de Alerta en el sector de los Servicios Generales del Hospital Justo José de Urquiza, luego de una reunión junto a las y los trabajadores del nosocomio, donde se analizó la situación actual del sector y la necesidad de respuestas urgentes.
Se rechazó la Disposición N° 121/2026, porque atenta contra los derechos de las y los trabajadores. En cambio exigen mejores condiciones dignas de trabajo y una audiencia urgente con el Director para exponer las demandas del sector.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Corrientes cuestionó severamente el modelo de Gobierno de Juan Pablo Valdés y denunció que arrastra a una grave crisis financiera a los municipios de la provincia. Tal es el caso de la localidad de Guaviraví, donde el jefe comunal no puede pagar salarios y los reemplazó por vales de comida.
El Secretario Gremial de ATE Corrientes, Gonzalo Rubiola, aseguró: “El gobernador acompañó todas las leyes del presidente Javier Milei con promesas de Papá Noel sobre la coparticipación y hoy el resultado de las negociaciones se ve en los municipios. Al intendente Tomás Méndez Ribeiro no le alcanza para pagar con lo que le llega de coparticipación”.
El caso del Municipio de Guaviraví, a cargo de Tomás Méndez Ribeiro, que despidió a trabajadores y evidenció una grave situación financiera desnuda el falso discurso de equilibrio fiscal del gobernador radical. También desmiente el relato del superávit y la prolijidad administrativa que busca imponer el oficialismo.
El sistema implementado en Guaviraví es la evidencia de una quiebra técnica que el oficialismo no puede ocultar. Los municipios reclaman medidas estructurales al Gobierno de Valdés que reviertan la situación, ya que las insuficientes transferencias provinciales llegan de manera irregular o discrecional, lo que limita su capacidad de planificación y gestión para sostener los servicios básicos, ejecutar obras y afrontar gastos corrientes.
Mientras tanto la Legislatura provincial aprobó de forma inconsulta un Presupuesto 2026 de 3,5 billones de pesos, bajo el argumento de garantizar un supuesto “federalismo provincial”.
Frente a la falta de respuestas, ATE realizó las presentaciones necesarias para defender los derechos de las y los trabajadores: exigir una urgente recomposición salarial y la erradicación de la precariedad laboral en la Administración pública correntina.
Bajo el lema ‘Sin meteorólogos no hay seguridad aérea’, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) informó que el próximo viernes 24 de abril realizará un Paro en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para rechazar el desguace del organismo y la amenaza de despidos.
Silvina Romero, integrante del cuerpo de Delegadas de ATE en el SMN, explicó: “Para nosotros es un logro que se conozca a nivel nacional lo que sucede en el organismo y nuestra medida de fuerza prevista para el 21, enfocado en la realidad de las estaciones en los aeropuertos. Y agregó: “También adherimos en sede central, incluidos pronósticos, al paro del 21”.
ATE advirtió que la precarización, los despidos y el ajuste ponen en riesgo la circulación aérea, es por eso que el sector estableció una medida de acción directa para visibilizar la grave situación de las y los trabajadores.
Es importante recordar que los despidos anunciados por el Gobierno nacional afectarían al personal contratado de forma precarizada, bajo el artículo 9 y 1109, e implica el cierre de 40 estaciones meteorológicas emplazadas en distintos puntos del país, lo que afectará las mediciones nocturnas potenciando el riesgo del servicio aeronáutico.
Este miércoles la Coordinación Nacional de ATE en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) informó que se sumará al Paro establecido por el Sindicato a nivel nacional y subrayó que profundizará su Plan de Lucha ante la falta de voluntad política para resolver el conflicto salarial en el sector.
“El Gobierno no cumplió con la Conciliación Obligatoria. Avanzaremos con las medidas de fuerza ya que nos encontramos en libertad de acción para continuar con nuestro Plan de Lucha en defensa de los derechos de las y los trabajadores. Durante este proceso quedó en evidencia que el Gobierno nunca tuvo como objetivo resolver el conflicto sino, una vez más, perjudicar a quienes sostenemos el funcionamiento del sistema aeronáutico” expresaron desde la Coordinación Nacional de ATE ANAC.
Habiendo transcurrido el plazo de la Conciliación Obligatoria, que fue dictada luego de que ATE informe una medida de fuerza y que luego el Gobierno intentó cercenar con una normativa para impedir el derecho a la protesta, el Sindicato retoma el camino de la lucha para lograr una solución a los reclamos en la ANAC, entre ellos que se cumpla el acuerdo de pago de una suma no remunerativa y que la misma sea actualizada según la última paritaria.
“Desde nuestra organización hemos sostenido en todo momento el espíritu de diálogo y conciliación, cumpliendo con cada una de las instancias y evitando profundizar el conflicto. Sin embargo, del otro lado no hubo voluntad política alguna de encontrar soluciones” remarcaron desde ATE ANAC.
Por eso ATE informó que el próximo 21 de abril el sector de ANAC participará del Paro nacional, y en los próximos días comunicará las nuevas medidas de acción directa.
Este miércoles ATE San Luis compartió un resumen del estado de situación salarial de las y los estatales a nivel nacional y provincial para reforzar su reclamo por una urgente actualización de haberes para el sector.
Frente a la Inflación que sigue en ascenso, como quedó en evidencia con el último registro publicado por el INDEC correspondiente al mes de marzo 2026 del 3,4% y que ya suma una variación acumulada en el primer trimestre del 9,4%, el deterioro de la capacidad de compra de los sueldos se profundizó.
“Los salarios de los y las estatales continúan perdiendo mes a mes. En marzo la inflación fue del 3,4% y el valor interanual del 32,6%, mientras que el aumento salarial estatal fue solo del 28,5%. Como resultado tenemos una pérdida del poder adquisitivo y mayor nivel de endeudamiento” expresaron desde el Sindicato.
Es importante recordar que el costo de la canasta básica para no estar por debajo de la línea de pobreza debe superar 1.400.000 y para no caer bajo la línea de la indigencia, 658.011 pesos. De acuerdo al último relevamiento del INDEC en San Luis el 30,1% de las y los puntanos viven en la pobreza. En eset sentido, ATE denunció que la situación es aún más dramática en el sector estatal, especialmente en el orden municipal donde la mayoría se encuentran más cercanos a la línea de la indigencia.
Por eso el Sindicato exige al Gobierno provincial que dé respuesta a la sostenida demanda por la recomposición salarial y evalúe la propuesta de ATE para avanzar hacia un plan de desendeudamiento de las y los trabajadores de la Administración Pública.
Este miércoles, pese a las condiciones climáticas desfavorables, ATE Misiones reclamó por el cumplimiento de los derechos de las y los jubilados misioneros. El Centro Provincial de Trabajadores Jubilados y Pensionados del Sindicato, junto a las y los integrantes del Consejo Directivo Provincial y otras organizaciones sociales y políticas de la zona, se hicieron presentes en la Plaza 9 de Julio para desde allí marchar hacia la sede del PAMI en Posadas y exigir el restablecimiento de los medicamentos que logró el Sindicato mediante un amparo colectivo que obtuvo fallo positivo de la justicia.
La caravana entregó en el PAMI un documento en el que se exige la urgente normalización de las prestaciones para las y los afiliados y se garantice una atención integral que contemple el aspecto médico, social y asistencial del usuario.
“En el interior de la provincia, la situación es aún más crítica: muchos afiliados deben trasladarse varios kilómetros tanto para acceder a consultas como a estudios básicos. En localidades como San Pedro, los laboratorios han dejado de atender PAMI, lo que obliga a recorrer más de 100 kilómetros para realizarse análisis. Esta situación genera mayores gastos y, en muchos casos, directamente imposibilita el acceso a controles de salud” expresaron desde ATE. “Se exige el cumplimiento inmediato del fallo judicial correspondiente al amparo colectivo” concluyeron desde el Sindicato.
Finalmente las y los jubilados remarcaron que el acceso pleno a la salud y al bienestar no puede ser considerado un privilegio, sino que debe garantizarse como un derecho fundamental para todos.
