Autor: Paula Amartino

Se realizó una movilización en las oficinas del edificio 2 del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en defensa de los 280 trabajadores precarizados que tiene el organismo, dando cumplimiento con el mandato de asamblea.

Al respecto el Secretario General de la Junta Interna de ATE en el INTI, Francisco Dolmann señaló: “Estamos en un plan de lucha por los 280 contratos de trabajadores monotributistas/contratos de locación de servicio que se estarían venciendo el 30 de junio. Ya venimos llevando a cabo acciones concretas: conferencias de prensa, varias movilizaciones al edificio donde están los funcionarios del gobierno de turno que anunciaron recortes y despidos. Hemos llegado a cortar la General Paz y ahora vamos a una asamblea el día 26 de junio donde vamos a plantear otra medida de acción directa gremial para que el gobierno reflexione y revea esta situación ya que se trata de jóvenes profesionales, técnicos y auxiliares que sostienen los laboratorios y hacen el INTI día a día”.

En el marco de la manifestación, las y los referentes de ATE fueron recibidos por el Presidente Daniel Afione – ex gerente de la empresa Toyota – y el Vicepresidente del Consejo Directivo del organismo Gustavo Rodríguez. ATE exigió respuestas para el conjunto de 280 trabajadores estatales que tienen una contratación precarizada y el sostenimiento de su fuente de trabajo.

De esa forma, ATE convoca a una nueva asamblea para el miércoles 26 de junio para definir una nueva intervención del gremio que logre una solución en beneficio de las y los estatales.

Es importante destacar que el organismo del Estado Nacional tiene como misión contribuir al desarrollo de la industria a través de la generación y la transferencia de tecnología, la certificación de procesos, productos y personas, y el aseguramiento de la calidad de los bienes y servicios producidos en todo el país.

Continua el achicamiento del Estado en este caso a partir del cierre del 75% del total de los servicios que prestan a través de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), destinados a brindar atención legal primaria de forma gratuita a las personas en temas de seguridad social, familiar, trabajo y documentación desde una perspectiva de derechos humanos.

Silvina Silva, delegada de la Asociación Trabajadores del Estado en la Secretaría de Justicia, comentó: “Estamos en estado de alerta ya que 81 CAJ cerrados implicaría 400 despidos. Estamos pendientes de una reunión con las autoridades del Ministerio de Justicia para que nos expliquen en qué consisten y en qué diagnóstico y análisis basan las consideraciones que además son injuriantes ya que tratan de ‘caja’ a la política pública con la que trabajamos. Y subrayó lo siguiente: “Estos funcionarios criminalizan nuestro trabajo y no entienden que lo que se hace en cada centro es resolver problemáticas interpersonales que no se resuelven en ningún otro organismo del Estado”.  Respecto a la situación que viven las y los trabajadores del área mencionó: “Desde diciembre 2023 ya se realizaron 270 despidos en la Secretaria de Justicia: 120 corresponden a los centros de acceso a la justicia, a la línea 137 (…) si se avanza con esta decisión y se efectiviza, corremos el riesgo de perder definitivamente la política pública de los CAJ y seria el avasallamiento a la igualdad en el acceso a la justicia, ya que hoy una consulta jurídica ronda entre los 40 mil y 60 mil pesos, cifra inalcanzable para un trabajador precarizado o desocupado”.

Por su parte, el Ministerio de Justicia de la Nación en un comunicado oficial a través de redes sociales expresó que por decisión del Poder Ejecutivo se cerrarán 81 servicios por “acumular empleados de distintas gestiones (…) sin demostrar resultados y duplicando funciones”. La mayoría de los servicios se prestan en la provincia de Buenos Aires.

Es importante destacar que se trata de un servicio nacional que funciona desde el 2008, con presencia en todas las provincias – el 37% del total de estos servicios funcionan en la provincia de Buenos Aires, la más poblada de la nación – que ofrece un asesoramiento presencial y/o remoto a las personas para que puedan afrontar problemas legales en su vida cotidiana. El equipo interdisciplinario de profesionales permite dar a conocer cuáles son los derechos y cómo poder ejercerlos en temas sensibles como discapacidad, migraciones, relaciones familiares, responsabilidad parental, violencia de género, documentación para la identidad, entre otros.

Finalmente es relevante destacar que entre 2020 y 2023 se realizaron 600 mil consultas, dando respuesta a más de 340 mil personas en todo el país. Los acompañamientos son predominantes en los barrios con mayor densidad poblacional y que presentan problemáticas sociales, económicas, ambientales sumamente críticas que se han ido profundizado.

Desde la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) se movilizan al Congreso en el marco de la lucha nacional convocada por ATE para repudiar categóricamente la Ley Bases. De esa forma, la organización expresa su repudio ya que significa la destrucción del Estado argentino y el derrumbe de la patria. También representa el aplastamiento de los derechos como clase trabajadora y la devastación del poder adquisitivo de la mayoría de la ciudadanía.

La aprobación de la Ley Bases es potenciar la pérdida de puestos de trabajo en los diversos organismos del Estado y, por ende de la soberanía nacional.

La ANAC, conformada por sus trabajadoras y trabajadores, tiene un rol clave como autoridad aeronáutica ya que representa la posibilidad de la conectividad de un país federal y la garantía de la seguridad nacional.

Es por eso, que el conjunto de los trabajadores marcha desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza rumbo al Congreso de la Nación en defensa del Estado y de la ANAC.