Autor: Julio Chavez

El fracaso de las políticas impuestas por el ex ministro de Economía Martín Guzmán, producto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que implica la aceptación incondicional de sus imposiciones en la aplicación de políticas de ajustes, y el blanqueo de la estafa producida entre Macri y el FMI, ha llevado a nuestro país a una fuerte crisis económica y social.

La aplicación de ese acuerdo ha implicado un agravamiento de un cuadro de inflación que ya venía creciendo a causa de la especulación de las empresas transnacionales. El Gobierno, por su parte, ha sido impotente en poner límites y frenos a los formadores de precios. De continuarse con estas políticas, la situación se agravará con un cuadro recesivo que impactará de manera negativa en el conjunto del pueblo argentino.

El fracaso de esta política ha tenido como consecuencia la renuncia del Ministro de Economía Martín Guzmán, que había abierto la perspectiva de un cambio de rumbo para retomar una agenda de redistribución de ingresos y fortalecimiento del mercado interno.

A poco más de una semana de haber asumido, notamos que lamentablemente este cambio no sucederá: en vista de lo que expresó en sus primeros anuncios la recién asumida ministra Silvina Batakis, se ha ratificado el acuerdo con el FMI y la aplicación de sus imposiciones. También se profundiza el rumbo económico social del anterior ministro, incluyendo nuevas medidas de ajuste fiscal, que van a condicionar la autonomía soberana del Estado Nacional para dar respuestas a los graves problemas de pobreza, desocupación y precarización laboral en el país. Esos anuncios implican un mensaje para satisfacer las demandas y del FMI y de las empresas transnacionales.

Por otra parte, han quedado afuera todos los anuncios tendientes a responder a las demandas salariales, sociales y laborales del pueblo trabajador, de los sectores de la pequeña empresa y del movimiento cooperativo del campo y la ciudad.

Ante esta crisis económica y política, la Conducción Nacional de la CTA acordó que la respuesta debe ser con más organización, más debate y más iniciativas políticas para fortalecer la unidad del campo popular.

Es por eso que la CTA se ha declarado en estado de alerta y movilización. Su Comisión Ejecutiva Nacional ha asumido el mandato de las más de 300 asambleas populares que se realizaron con otras organizaciones sociales y sindicales del campo popular este miércoles 13 de julio en todo el país, en demanda de la urgente aplicación de un Salario Universal que permita terminar con el hambre de más de 4 millones de ciudadanos y ciudadanas. En la misma línea, la Central insiste en la inmediata convocatoria del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil que permita superar el altísimo nivel de inflación existente, reclamando un aguinaldo para los beneficiarios de Salario Social Complementario; y un aumento de emergencia para las y los trabajadores activos, jubilados y asignatarios de la Asignación Universal por Hijo, además de la continuidad de la moratoria que permite a miles de trabajadores acceder a derechos previsionales.

También definió convocar a la más amplia unidad de las organizaciones que coincidan con estos planteos y propuestas, y reiterar el reclamo al Ministerio de Trabajo para que se acelere la resolución de solicitudes de inscripción y personería gremial y extensión de representación para las organizaciones simplemente inscriptas tal como fue expresado en la movilización del 7 de julio.

De no tener una inmediata respuesta satisfactoria por parte del Gobierno, la CTA Autónoma se plegará a la decisión de las asambleas que por unanimidad han decidido convocar a la más amplia unidad de sectores del campo popular para la concreción de una Jornada Nacional de Lucha con asambleas y cortes parciales de ruta en todo el país el próximo 20 de julio.

De continuar la falta de respuestas se continuará con un plan de acción para que se avance en este programa de medidas para que en la Argentina la crisis no la paguen los sectores populares, sino los que contrajeron la infame Deuda Externa que aun en plena crisis continúan enriqueciéndose a costa del pueblo.

El Gobierno debe asumir que ante este escenario de disputa de intereses de los sectores especulativos y los fugadores de capitales, contra las mayorías empobrecidas del pueblo argentino, tiene la responsabilidad de canalizar las expectativas y necesidades urgentes en favor del pueblo. Pero también debe saber que la clase trabajadora no esperará pacientemente que esto suceda.

La dignidad de nuestro pueblo y la lucha por un Estado soberano son las exigencias. Por todo esto nuestra Central convoca a multiplicar los esfuerzos para ampliar la máxima unidad con los sectores populares en pos de estos objetivos.

Finalmente, la CTA repudia las acciones represivas y persecutorias que se han desarrollado en los comedores populares, abriendo causas a dirigentes sociales en Jujuy y en La Matanza; y afirma su solidaridad con los militantes y dirigentes procesados y detenidos. Libertad a los presos por luchar.

Ricardo Peidro, Secretario General

Hugo Godoy, Secretario General Adjunto

Claudia Baigorria, Secretaria General Adjunta

Maria Ana Mandakovic, Secretaria de Prensa

Los dichos de Luis Majul y Silvina Martínez fueron transmitidos en el Programa televisivo “La cornisa” del 10 de julio de 2022. A través de la presentación de un informe, vincularon las políticas de promoción de derechos de las personas con discapacidad con lo que denominaron “el negocio de la discapacidad”.

El informe titulado “Descontrol en el gasto público. El negocio de la discapacidad en la Argentina”, asociaba el crecimiento de pensiones no contributivas, certificados de discapacidad otorgados y permisos de libre estacionamiento al crecimiento del gasto público.

La CTA-A expresó su enérgico rechazo a las declaraciones. “Estos personajes son los que representan en el periodismo a los fugadores, a los grandes grupos económicos que  quieren todo para ellos y no dejan nada para el pueblo. Son repudiables y los datos revelan que fueron manipulados y no tuvieron en cuenta el contexto de quien se está hablando”, declaró Ferreres, dirigente del área de discapacidad de la Central y director del mismo área en ATE Nacional.

En ese sentido, los datos mostrados en una placa reflejaban que ente 2020 y 2021 se entregaron un promedio anual de 75 mil pensiones, frente al promedio anual del período 2016 y 2019, que fue de 40.099 (un 87% más), bastante alejado de los 142 mil en promedio que mostró el gobierno de 2003 a 2015. A su vez, la periodista sostenía que “la cantidad de personas discapacitadas certificadas” crecieron durante el presente gobierno, desde 1.042.945 (gestión de 2016 a 2019) a 1.493,225 (un 43%) y que en el gobierno del 2003 a 2015 habían aumentado de 75.585 a 1.034.743.

“Tanto la certificación de la discapacidad a través del CUD, como la aparición de más vehículos con obleas tiene que ver con la ausencia del Estado en la época del macrismo y la postpandemia. Justamente por la ampliación de derechos es que el pueblo votó al Frente de Todos repudiando las políticas del gobierno de Macri. Es decir rechazó a quienes usurparon derechos. Se trata de la elección entre la ampliación de derechos versus la restricción y la negación de los mismos”, afirmó el dirigente.

Al tiempo que contextualizó sobre los datos vinculados a pensiones: “A partir de la asunción de Macri, hubo una quita masiva de pensiones sin ningún tipo de estudio socioambiental ni de ninguna otra índole, en un claro ajuste que padecía todo el pueblo, en especial los trabajadores. La respuesta fue la realización de  importantes movilizaciones, amparos judiciales, actos administrativos, que no obtuvieron respuesta del Gobierno. Entonces estas altas que mencionan deberían vincularse a esta quita y a todas las pensiones que el macrismo cajoneó”.

En la foto: compañeros y compañeras de discapacidad encabezando una movilización de la CTA Autónoma.

Fuente: Prensa CTA Autónoma

Este martes ATE Corrientes llevó adelante un Plenario de Trabajadorxs Nacionales en con el objetivo de avanzar la construcción del plenario regional del NEA y avanzar en un diagnóstico que permita avanzar en las distintas reivindicaciones que ATE viene planteando a nivel nacional, con una mirada federal.

También definieron realizar asambleas este miércoles 13, en el marco de la Jornada Nacional de Lucha de la CTA Autónoma, en Corrientes capital y en el puente de Paso de los Libres.  Allí reclamaran por una paritaria que permita recuperar el poder adquisitivo perdido a manos de la inflación y durante el Gobierno de Macri, que todavía no se recuperó, y por la reincorporación de todxs lxs despedidxs.

Del Plenario participaron Mercedes Cabezas, Secretaria de Organización, y el dirigente nacional, César Baliña. Y entre los sectores presentes estuvieron: ANSES, Vías Navegables, SENASA, Migraciones,  Desarrollo Social, Ministerio de Trabajo, Salud pública, y Agricultura Familiar.

Lxs trabajadores también expresaron su preocupación por los pases a planta permanente, compromiso que habían expresado, con el Plan Concursar 2.0, la secretaria de Empleo Público y Santiago Cafiero, entonces jefe de gabinete.

“Es una preocupación que tiene que ver con las declaraciones que la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis,  ha hecho públicas sobre el congelamiento de vacantes, y algunas otras declaraciones que tienen reminiscencias mas con períodos de ajuste que con períodos de crecimiento en el Estado”, señaló Mercedes Cabezas.

“También –añadió- coinciden con que es imperioso re discutir rol del Estado, por un Estado que sostenga los controles de nuestros recursos naturales, los controles portuarios, apuntando hacia un país que reivindique la soberanía nacional, se convierta en polo productivo estatal y avance en la necesidad de afectar a estos controles para que generen más divisas y más producción”.

“Como materializadores de políticas públicas, las y los estatales tenemos propuestas para el debate sobre qué tipo de Estado necesitamos para nuestro pueblo”, señaló la dirigente.

“Durante el Plenario- relató por su parte Baliña, referente de la CORREDMA y del área de Seguridad Social-,teniendo en cuenta que había trabajadores de la SAF, del INTA, de SENASA, de Vías Navegables- el trabajo que hicimos a partir de la definición de nuestra ATE a nivel nacional de conformar la Comisión de Despedidxs y el trabajo que venimos haciendo para que todos esos compañeros y compañeras recuperen sus puestos de trabajo”.

“Además planteamos que la lucha por la estabilidad laboral es un derecho inclaudicable para nuestra organización y que tenemos que fortalecernos a nivel territorial con encuentros regionales y con una fuerte política de afiliación”, indicó el dirigente.

Tenía solo 38 años y había dedicado su vida a militar en los barrios humildes de Buenos Aires, en el peronismo, en la Asociación Trabajadores del Estado y en su querida agrupación sindical ANUSATE entendiendo la militancia “como parte de un compromiso social concreto, de una mística, de una utopía y de un compromiso de lucha de poder”.

Ingresó en los Talleres de Minería del Estado con veinte años y lideró en su sector el primer Paro contra la dictadura militar realizado por la CGT Brasil en 1979 desafiando la represión militar.

Junto a Víctor De Gennaro, Héctor Quagliaro y muchos compañeros más fundaron la Agrupación Nacional Unidad y Solidaridad en ATE (ANUSATE) para hacer frente a los dirigentes estatales que habían colaborado con la sangrienta dictadura y dar inició a una esperanza vestida de verde.

Con la llegada de la democracia fue elegido secretario general de la seccional porteña de ATE con solo 29 años y ayudó a recuperar y reconstruir un sindicato devastado y sin representatividad.

Su militancia en el Peronismo Renovador lo llevó al Congreso Nacional representando a la ciudad de Buenos Aires y junto con 7 valientes legisladores enfrentó desde su banca las políticas neoliberales del gobierno de Menem, el achicamiento del Estado, las privatizaciones y los despidos injustificados.

Impulsó la ley de convenciones colectivas de trabajo  para las y los trabajadores del Estado, bautizada como Ley Abdala, y repudió el indulto a los genocidas desafiliándose del Partido Justicialista.

Luchó contra una grave enfermedad con la misma voluntad que enfrentó la dictadura sin dejar de atender sus compromisos políticos y sindicales.

Su última aparición pública fue para ponerle el cuerpo a la construcción de una nueva opción para todos los trabajadores y trabajadoras que hoy tiene nombre: Central de los trabajadores y trabajadoras de la Argentina (CTA Autónoma).

Murió el 13 de julio de 1993 con la convicción “de que un día el pueblo va a triunfar, de que nací para ser militante de ese pueblo…y de que ese día llevaremos las banderas que hoy llevamos…porque el final del camino es nuestro”

Su lucha, su entrega y su ejemplo aún nos guían y el mejor homenaje que podemos hacerle es concebir el compromiso social, sindical y político de la misma manera que él lo hizo “como un acto de entrega permanente”.

En una nota dirigida a los Consejos Directivos Provinciales y al Consejo Directivo de la Ciudad de Buenos Aires, el Consejo Directivo Nacional de ATE convocó a la Jornada Nacional de Asambleas convocada por nuestra CTA Autónoma en unidad con otras organizaciones y movimientos sociales para reclamar la concreción de un salario universal , la urgente convocatoria al Consejo de Salario Mínimo, Vital y Móvil, un aumento de emergencia para los/as trabajadores/as activos/as y jubilados/as prevista para mañana miércoles 13 de julio.

  “En ese marco, y habida cuenta de los anuncios realizados en el día de ayer por la Ministra de Economía de la Nación, Lic. Silvina Batakis, convocamos a los/las compañeros/as a debatir en Asambleas a lo largo y ancho de todo el país la situación de los/las  trabajadores/as del Estado como materializadores de las políticas públicas en los territorios y la eventualidad de la realización de acciones gremiales si no hay respuestas a nuestras demandas”, expresa el comunicado.

Y agrega: “Desde ATE creemos que es fundamental avanzar en políticas que universalicen derechos y que den cuenta de la voluntad de resolver la crisis sin que la pague la clase trabajadora. En ese marco, avanzar en la regularización del empleo público, cumplir con los acuerdos paritarios, reivindicar el rol del Estado en tanto garante de soberanía nacional, de la mano del debate sobre la construcción de un Estado que ponga la política pública al servicio de las mayorías populares son ejes vertebrales para resolver la crisis sin que el hilo se corte por lo más delgado”.

“En ese sentido”- indica- “rechazamos las medidas anunciadas por la Sra. Ministra y exigimos que se avance en medidas que permitan recuperar los salarios frente a la escalada de precios y garantizar el cumplimiento del pase a planta permanente de todos los trabajadores precarizados. Instamos a todos/as nuestros/as compañeros/as a debatir en las asambleas las acciones a llevar adelante para garantizar estos objetivos y decir nunca más a los ajustes fiscales que tengan como víctimas a la mayoría del pueblo argentino y entre ellos/as a los/as trabajadores/as estatales”.