En medio de la fuerte escalada inflacionaria y ante la decisión del Gobierno de suspender las horas extras en el Estado, el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, señaló que “se está generando un daño irreparable en las condiciones de vida de los estatales”.
“Esta devaluación descontrolada y en ascenso termina de destruir los ingresos de los trabajadores en el sector público. La paritaria del 2023 está absolutamente desactualizada. Acumulamos una pérdida del 12,5%”, señaló el dirigente nacional en base a la caída de los ingresos estatales en el último año, tomando como referencia los salarios de diciembre de 2022 y luego de conocerse el 25,5% de inflación del último mes, acumulando un 211,4% en el año.
“Si a esto sumamos el intento de eliminar las horas extras, se termina de fulminar los ingresos más bajos. Entre la inflación y el intento de prohibir este adicional, miles de trabajadores están cayendo por debajo de la línea de pobreza por estas horas”, apuntó. El sindicato informó que esta medida afectará principalmente a las categorías más bajas del convenio, en las que este concepto representa entre un 40 y 100 por ciento del salario de bolsillo.
En esta línea, Aguiar concluyó: “A los funcionarios no les interesa que el Estado funcione. Lo único que quieren es ajustar y recortar gastos. Esta decisión sobre las horas extras afecta a los trabajadores pero también a toda la sociedad ya que se traducirá en una merma de servicios y pondrá en riesgo las prestaciones esenciales del Estado”.
Cabe destacar que la inflación afecta especialmente a quienes perciben ingresos más bajos, ya que los principales rubros que aumentaron fueron los de primera necesidad, con subas por encima del promedio general: Salud (32,6%), Transporte (31,7%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (30,7%), Alimentos y bebidas (29,7%).
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, y el gobernador Alberto Weretilneck acordaron los lineamientos generales del convenio colectivo de trabajo: el instrumento aprobado por la Ley provincial 5506 que regirá las relaciones entre el Estado empleador y los agentes públicos rionegrinos.
“Este acuerdo expresa un avance significativo en materia de derechos laborales”, dijo Aguiar. “Los estatales rionegrinos lucharon años para que llegara el momento de esta decisión política”.
El sindicalista y el gobernador acordaron durante su reunión en que hay que impulsar reformas en la administración pública y avanzar hacia un Estado más eficiente. En este sentido, coincidieron en que la herramienta adecuada para concretar esos cambios es el convenio colectivo de trabajo.
“Si se trata de discutir un nuevo Estado, un Estado presente, que resuelva problemas, los trabajadores tenemos mucho que aportar”, dijo Aguiar. “A través de una mirada reflexiva, podemos señalar que, tal vez, con el correr de los años el Estado se ha venido alejando de las necesidades de la gente, y la comunidad se fue amoldando a un Estado que no termina de resolver cuestiones de la cotidianeidad”.
Aguiar explicó que la negociación colectiva es una instancia superior en los ámbitos laborales, en las que no se impone una relación de poder sino el debate libre y democrático entre partes.
“Aún cuando esta herramienta no resuelve todas las dificultades propias de una negociación, constituye un camino claro y opuesto a decisiones decretadas que, por lo general, como el DNU de Milei, atentan contra los trabajadores”, precisó. “Confiamos en que el convenio colectivo salde la deuda que el Estado mantiene hace décadas con los trabajadores, una de las pocas provincias en la Patagonia y la Argentina sin este instrumento”.
Cabe recordar que Weretilneck, antes de finalizar su segunda gestión, firmó el decreto que fundó las convenciones colectivas de trabajo en la provincia. Sin embargo, durante la gestión de la gobernadora Carreras, con el Ministerio de Trabajo como interlocutor, prácticamente no hubo avances en su implementación.
En los próximos días ATE y el gobierno definirán a sus representantes paritarios que constituirán la mesa de negociaciones colectivas junto a sus respectivos equipos técnicos.
Con haberes previsionales cada vez más deteriorados, ante el peligro que corre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y la posible privatización de ANSES a través de la Ley Ómnibus y el mega DNU, el Centro Nacional de Jubilados y Pensionados de ATE se movilizó en todo el país en defensa de la seguridad social.
“Ante tamaño atropello a nuestras conquistas, desde las organizaciones nucleadas en este frente de jubilados de unidad llamamos a sumar fuerzas al conjunto de la comunidad en defensa de nuestros derechos conquistados, de los salarios y jubilaciones dignas, la Ley de Movilidad, las Cajas Provinciales, las obras sociales, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el PAMI, la ANSES, y la seguridad social en su conjunto”, apuntó la presidenta del Centro de Jubilados, Noelia Guzmán.
En este marco, apuntó: “Javier Milei estrenó su mandato promoviendo un DNU y un mega proyecto de ley al Congreso con el que pretende barrer con los derechos laborales, previsionales y sociales que los trabajadores activos y jubilados hemos conquistado en décadas de lucha y reclamos. No contento con esto, pretende que ese mismo Congreso certifique su muerte”.
La convocatoria se realizó frente a la sede de ANSES ubicada en Avenida Córdoba 720 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también en las delegaciones de distintas provincias. También participó el Secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar.
“El Gobierno cree que puede ajustar sin miedo. Saben que nosotros con la edad que tenemos nos cuesta muchísimo salir a la calle por las condiciones en las que estamos, por nuestra salud y edad. El hecho de que hoy seamos tantos los que venimos a reclamar va a despertar a muchos más compañeros”, señaló Noelia Guzmán y agregó: “La gente entiende la necesidad de manifestarse en todo el país. Este no es un reclamo sólo de los jubilados, sino también de los trabajadores activos que el día de mañana también se van a jubilar”.
Participaron de la movilización frente a ANSES un total de 25 centros de jubilados, los cuales se reunieron en diciembre pasado para enfrentar este plan de ajuste dispuesto por el Gobierno Nacional en un frente de unidad. De esta forma, se buscará ampliar a nuevos sectores para llevar adelante los reclamos vigentes.
Entre los principales reclamos que se llevaron adelante está la crisis de ingresos, especialmente para quienes apenas perciben el haber mínimo de 105.712 pesos y que con los bonos dispuestos por el Gobierno apenas llega a 182 mil, siendo imposible así afrontar los gastos mensuales de comida, medicamento, alquileres, entre otros. Además, se advierte que los bonos podrían ser dados de baja en cualquier momento.
También corre en riesgo el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que permite robustecer el sistema de seguridad social argentino. “A través de la Ley Ómnibus quien transferirlo al Tesoro Nacional. Intentan apropiárselo. Lo van a usar para pagar deuda externa o cualquier otro destino que no sean los jubilados”, apuntó Noelia Guzmán.
Al finalizar, se leyó un documento elaborado conjuntamente por todas las organizaciones participantes, tanto en la convocatoria realizada en CABA como en el resto de las provincias.
En el mismo se detalló que no se permitirá:
• La reinstalación de los sistemas privados de jubilaciones (ex AFJP);
• La anulación de los bonos;
• La suspensión de la Ley de Movilidad;
• La derogación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad;
• La armonización de las cajas provinciales y sus obras sociales a la baja;
• La venta de nuestros territorios terrestres, marítimos y aéreos.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió que se movilizará frente al Centro Cultural Kirchner (CCK) el 15 de enero en el marco de una nueva Jornada Nacional de Lucha en defensa del Estado, rechazando los despidos en el sector público y por una urgente recomposición salarial. “Hoy tenemos un Gobierno que en el Estado despide por una doble vía: a través de cartas documento y del congelamiento salarial”, apuntó Rodolfo Aguiar, Secretario General.
La movilización será a partir de las 11 en Sarmiento 151, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se replicará en todas las provincias con sus respectivas modalidades de protestas a definir por las conducciones. “El congelamiento salarial que ha definido el Gobierno comenzará a expulsar del Estado a trabajadores altamente calificados en el corto plazo”, apuntó el dirigente nacional.
En esta línea, Aguiar indicó: “Los estatales volvemos a salir a la calle en defensa del Estado y las políticas públicas. No somos corporativos. No estamos defendiendo privilegios. Esta jornada nos tiene que servir para demandar la inmediata reincorporación de todos los trabajadores que han sido despedidos sin que exista una causa justificada y también para demandar una inmediata recomposición salarial”.
“No puede ser que no se hable de aumentar salarios y jubilaciones mientras que a las energéticas se le garantizan incrementos mensuales y permanentes. Se está gobernando sólo para unos pocos. Estamos enfrentando inmoralidad y violencia”, apuntó el referente de ATE y agregó: “Los dueños de las prepagas se pusieron de acuerdo y todas establecieron un aumento idéntico. Con las alimenticias y los combustibles ocurrió lo mismo. Todos estos son la casta que se carteliza y sin embargo el ajuste del Gobierno no les pasa ni cerca”.
Además, Aguiar aseguró que “la medida de fuerza también es para reclamarle a la mayoría de los gobernadores e intendentes que también ajustan y despiden en sus distritos”.
La fecha de la convocatoria es para el día en el que el sindicato cumple 99 años, y también se manifestará el rechazo al mega DNU 70/2023 y la Ley Ómnibus, donde se incluyen numerosas medidas de ajuste, supresión de organismos públicos y la posibilidad de despido de trabajadores en planta permanente.
En la notificación formal remitida a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, el sindicato señaló que la medida de fuerza se realiza en reclamo de:
• La reincorporación inmediata de todos los trabajadores/as despedidos.
• Urgente reapertura de paritarias y aumento salarial que supere la inflación.
• Cese de las políticas de ajuste.
• Pase a Planta Permanente y Estabilidad Laboral para todas las y los trabajadores.
• Anulación del Protocolo Anti-Movilizaciones que intenta cercenar el derecho a peticionar a las autoridades.
El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, le contestó al presidente Javier Milei por sus declaraciones en las que aseguró que la inflación de diciembre rondaría el 30% y eso se trata de un ‘numerazo’: “No es un numerazo, es una tragedia para trabajadores y jubilados”.
“Este Gobierno celebra la inflación mientras se agravan todos los problemas que sufrían los trabajadores, jubilados y sectores populares. Con estas políticas, vamos rumbo a perder un 75% del poder adquisitivo de la gente en pocas semanas”, indicó el dirigente estatal remarcando su preocupación por los aumentos mensuales previstos para las tarifas de luz, gas y agua, como así también por los incrementos indiscriminados en los precios de alimentos, combustibles y medicamentos durante los últimos días.
En este sentido, evaluó que “mientras los salarios y jubilaciones siguen congelados, a las empresas de servicios se les garantizan aumentos mensuales permanentes” y agregó: “En todo caso, los incrementos del gas, la luz y el agua debieran ser proporcionales a las subas salariales”.
Aguiar precisó que de los 3 millones y medios de estatales, el 60% se encontraba bajo la línea de la pobreza, pero debido al congelamiento salarial y los aumentos constantes en los precios de la economía, ese porcentaje aumentó considerablemente.
“Le están sacando la plata del bolsillo de la gente para pasarla a las cuentas de estos 4 o 5 grupos económicos. Esto es inmoral y violento. Por momentos, el mega DNU y la Ley Ómnibus aparecen como una distracción frente a semejante desregulación del mercado”, concluyó el dirigente de ATE.
El 1 de abril de 2017 Micaela García salió a divertirse a un boliche con sus amigas. Era estudiante del profesorado de educación física, tenía 21 años y vivía en la localidad entrerriana de Gualeguaychú. Como muchas jóvenes de su edad, abrazaba la defensa de los derechos humanos y los feminismos, además era militante del Movimiento Evita.
A la salida del boliche, durante la madrugada de ese 1 de abril fue secuestrada, violada y asesinada por Sebastián Wagner, un hombre que tenía antecedentes penales por abuso sexual. Wagner cumplía una condena de nueve años de prisión por la violación de dos mujeres, pero gozaba de libertad condicional, a pesar de que varios informes técnicos desaconsejaban su liberación.
La lucha por justicia de la mamá de Micaela, Andrea Lescano, y su papá, Néstor “Yuyo” García, junto al resto de su familia y amigxs, así como el impacto social del caso, expusieron la carencia en perspectiva de género en los organismos del Estado y alertaron sobre la necesidad urgente de capacitar a sus integrantes.
El resultado fue la sanción, en diciembre de 2018, de la ley 27.499 “Ley Micaela”, promulgada el 10 de enero de 2019. Esta normativa obliga a capacitar en temas de género y violencias a todas aquellas personas que se desempeñen en la función pública en los tres poderes del Estado nacional: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
La Ley Micaela representó una forma de reparación no punitiva para la familia de Micaela, pero además, una política pública que promueve un cambio cultural cuyo principal objetivo es prevenir y erradicar la violencia machista, los femicidios y transfemicidios a través de la capacitación y la concientización de dicha problemática. Una herramienta fundamental que genera acciones concretas para alcanzar una sociedad libre de violencias y desigualdades de género.
Esta ley es una política pública fundamental que rompe con prejuicios e ideas naturalizadas y legitimadas por el régimen patriarcal que dominan en una sociedad machista como la que vivimos. Supone además, que las capacitaciones que reciben lxs funcionarixs del Estado sirvan también para evitar y erradicar esas violencias que existen incluso en sus espacios de trabajo, al desnaturalizar situaciones que antes de la captación no concebían como una forma de violencia. Una transformación que, sin lugar a dudas, mejora las relaciones laborales y se cristaliza en el conjunto de la sociedad.
El proyecto de Ley Ómnibus presentado por el gobierno de Javier Milei propone modificar artículos de la Ley Micaela que ponen en peligro su correcta implementación: elimina las capacitaciones, dejando esta obligatoriedad solo para quienes se desempeñen «en los organismos competentes en la materia», sin dejar en claro a qué trabajadorxs alcanzaría. Además, sustituyó el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad – que era la autoridad de aplicación de la norma – por el Ministerio de Capital Humano.
Asimismo, propone sustituir la expresión «temática de género y violencia contra las mujeres» que tenía originalmente por «temática violencia familiar y contra la mujer», reduciendo la problemática como algo que solo sucede dentro del hogar y sin mencionar otras identidades de género. Por último, introduce la posibilidad de modificar el material de las capacitaciones a cargo del Ministerio de Capital Humano.
Para entender cabalmente la importancia de esta ley, reproducimos las palabras del papá de Micaela, Néstor “Yuyo” García, que escribió en mayo del año pasado en un artículo de la Agencia Télam:
“Para entender mejor qué significa que haya perspectiva de género, suelo dar el ejemplo de lo que pasó con mi hija, un caso donde, evidentemente, el Estado tuvo muchas fallas. El femicidio de Micaela ocurrió por varias cuestiones, pero hay tres instancias que son determinantes.
La primera es que Sebastián Wagner -que hoy está cumpliendo cadena perpetua por violación y femicidio- había tenido un juicio por dos violaciones independientes, en víctimas diferentes, en espacios diferentes, en tiempos diferentes, pero que fueron unificadas y abreviadas por la intervención de un juez y un fiscal sin perspectiva de género, que le dieron muy poquitos años de condena.
En cumplimiento de esa condena llegó un momento en que Wagner tuvo el derecho de solicitar la libertad condicional, a pesar de más de siete informes negativos de profesionales de la psicología no aconsejaban su liberación. Por segunda vez, la Justicia intervino sin perspectiva de género y le otorgó ese beneficio.
Pero hubo otra situación más, muchísimo más cercana al día en que ocurriera la violación y el femicidio de Micaela. El 31 de marzo, 24 horas antes, el papá de una nena fue a radicar una denuncia en Gualeguay contra Wagner por intento de abuso y no le tomaron la denuncia porque la jueza no estaba en la ciudad. Le pidieron que volviera el lunes siguiente.
Nosotros siempre decimos que no tenemos nada contra esos funcionarios, porque las personas tienen responsabilidad cuando conocen, cuando saben, pero el Estado sí es responsable de no tener agentes que estén capacitados. Si esos funcionarios hubiesen actuado con perspectiva de género, esa noche Wagner habría estado encerrado en la comisaría, porque el domicilio que tenía declarado como propio para gozar de libertad condicional era en el que vivía. Pero nada de esto sucedió.
A raíz de estas tres instancias donde intervinieron agentes del Estado sin perspectivas de género, Wagner pudo encontrarse con Micaela la madrugada del 1 de abril de 2017 para violarla y asesinarla. Por eso, creemos que la Ley Micaela puede salvar vidas, como hubiese salvado la vida de Micaela. Y aunque parezca algo lejano, es una normativa que pretende cambiar la realidad a través de la capacitación.”
El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, se reunió en la ciudad de Cipolletti con el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y coincidieron en su rechazo categórico al DNU 70/2023 de Javier Milei, remitido el viernes al Congreso de la Nación para su tratamiento, el cual ATE cuestionó desde el primer momento por su carácter de inconstitucional e inaplicable, y por el intento de ajuste y privatización sobre el Estado, como así también a la Ley Ómnibus.
“Ha sido una reunión positiva a pesar del difícil contexto que atravesamos los trabajadores. Es un gran alivio saber que el Gobierno de mi provincia coincide en rechazar el mega DNU presidencial y que está abierto a la posibilidad de avanzar en frentes sectoriales que incluyan representaciones políticas, sindicales, empresariales y otros sectores de la sociedad para ponerle freno a todas aquellas medidas que se impulsan a nivel nacional y que perjudican a los trabajadores, las economías regionales, a nuestra provincia y a toda la Patagonia”, señaló Aguiar tras el encuentro.
También en la reunión se abordó la crítica situación financiera que atraviesa el Estado provincial. En este punto, Weretilneck detalló cuáles son los principales problemas que enfrenta la gestión a partir del endeudamiento acumulado por algunos ministerios y carteras del Estado, y el contexto nacional absolutamente desfavorable. En este sentido, aseguró que se encuentra trabajando en garantizar la prestación de servicios esenciales. Mientras que el sindicato manifestó que frente a la devaluación y recorte de gastos aplicado por el Gobierno Nacional, los trabajadores que mantienen el funcionamiento del Estado en todas sus áreas no pueden ser variable de ajuste.
En esta línea, Aguiar aseguró que “se expuso con claridad las necesidades que tienen los trabajadores” y concluyó: “Después de una devaluación de más del 118% que se aplicó sobre una remarcación de todos los precios de la economía, la quita de subsidios al transporte y la energía, y el aumento a los combustibles, no puede existir un congelamiento salarial”.
En tanto, Weretilneck indicó: “Abordamos temas provinciales y también nacionales. Coincidimos en la imperiosa necesidad de encontrar grandes acuerdos, duraderos, que nos permitan avanzar como sociedad”.
El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, cruzó al vocero presidencial, Manuel Adorni, por sus dichos sobre la empresa estatal Yacimientos Carboníferos Río Turbio, a la cual catalogó como ‘casta’: “Repite como loro. No sabe de lo que habla. Otra vez realiza declaraciones mentirosas que estigmatizan. Intentan preparar el terreno para privatizar YCRT, pero no la conocen”.
“La empresa está operativa y extrae más de 1.000 toneladas de carbón por día. Es una empresa pujante capaz de proveer de energía al Interconectado Nacional (240 MW). Fueron los propios trabajadores los que propusieron construir una usina en la boca de mina porque era más barato transportar energía que el carbón”, respondió el dirigente estatal al funcionario que asegura, sin información verídica, que la empresa hace 20 años que no produce nada.
En este sentido, Aguiar evaluó: “Es una empresa clave para el desarrollo económico y productivo de la Cuenca Carbonífera como así también de toda la provincia de Santa Cruz. También es un punto geopolítico estratégico en la frontera con Chile que debemos defender a toda costa”.
“La empresa no sólo es autosuficiente, sino que además genera ganancias. Lo que ocurre es que quieren regalarsela a algunos de sus empresarios amigos. Tienen un problema: enfrentar la historia. No seremos sólo el sindicato y los trabajadores. La lucha del propio pueblo lo impedirá”, concluyó el dirigente de ATE.
Luego de conocerse los primeros despidos en ministerios y organismos públicos, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) lanzó una nueva Jornada Nacional de Lucha para el 15 de enero, con modalidad de protesta a definir en cada provincia, y anunció un paro general de actividades el 24 de enero con movilización. “Son las argentinas y argentinos de bien los que están quedando en la calle por decisión de este Gobierno”, apuntó el Secretario General, Rodolfo Aguiar.
“No vaya a ser cosa que a alguien se le ocurra pensar que los estatales atentamos contra la gobernabilidad. Es el propio Gobierno el que está quebrantando la paz social. No sólo por las cesantías sin causa justificada, sino fundamentalmente por poner en riesgo el funcionamiento de numerosos organismos del Estado”, señaló el dirigente estatal y agregó: “Tenemos que despabilarnos. No podemos naturalizar lo que está pasando. Esta gestión propone un volantazo hacia el Siglo XIX para dejarnos sin derechos”.
En esta línea, el referente de ATE explicó: “La medida de fuerza no sólo tiene que ser para exigir la reincorporación de los despidos, sino que debe servir para empezar a hablar de lo que el Gobierno no quiere, que es la necesidad de una inmediata recomposición salarial. Se ha decidido un congelamiento de los ingresos y el porcentaje de estatales bajo la línea de pobreza aumenta aceleradamente”.
“Si no salimos a la calle los trabajadores, jubilados y el pueblo, no tendremos destino”, afirmó Aguiar y agregó: “En todas las provincias hay que interpelar a los diputados y senadores nacionales. Si es necesario, hasta en sus domicilios. Les tenemos que hacer poner la cara porque muchos cuando vuelven a sus distritos se olvidan de lo que votaron en Buenos Aires”.
El dirigente también apuntó contra el Poder Judicial: “Llama poderosamente la atención el silencio de los jueces ante medidas que en todos los casos son inconstitucionales y resultarán inaplicables. La Justicia tiene que dejar de esperar instrucciones de la Casa Rosada y actuar con la celeridad que el pueblo requiere”.
La decisión de la jornada de lucha para el 15 de enero, fecha en la que el sindicato cumple 99 años, se tomó luego de una extensa reunión del Secretariado Ampliado que comenzó a las 16 en el Hotel Quagliaro, propiedad del sindicato con dirección en Moreno 2654 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A partir del encuentro, se exigió la inmediata reincorporación de todos los despedidos.
Durante el encuentro se analizó el impacto del mega DNU 70/2023, el decreto 84/2023 mediante el cual se dispuso la no renovación de los contratos que habían sido firmados en 2023, y la Ley Ómnibus, donde se incluyen distintas medidas de ajuste, supresión de organismos públicos y la posibilidad de despido de trabajadores en planta permanente.
También se exigió una inmediata convocatoria a paritarias con una propuesta de recomposición salarial para la Administración Pública. En este marco es que se definió el paro total de actividades para el 24 de enero con movilización al Congreso.
Jubilados de ATE protestan el 10 de enero
El Centro Nacional de Jubilados de ATE también se reunió para votar y definir una jornada de protesta el día 10 de enero para reclamar por todas las medidas que atentan contra sus haberes jubilatorios y rechazar cualquier intento de privatización del sistema previsional.
Frente a los casi mil despidos que se registran en el sector público, el año comenzó con asambleas en todo el país, como principal herramienta de organización. Este mediodía dos de enero, lxs trabajadorxs que integran el Ministerio de Cultura de Nación, llevaron adelante una asamblea en las escalinatas del Centro Cultural Nestor Kirchner para organizarse frente a los despidos que ya se confirmaron en el sector. Se trata de 182 bajas hasta el momento, que fueron relevadas por lxs propixs delegadxs y trabajadorxs.
Durante la asamblea se planteó la necesidad de formar un fondo de lucha en solidaridad con quienes ya no cuentan con su fuente de trabajo. Julia Pirani, vocal de la Junta Interna de ATE del Ministerio de Cultura y delegada de los museos la Manzana de las Luces y del Palais de Glace explicó: “Nosotres creemos en la organización y la lucha. Nuestra principal herramienta como delegados y delgadas es la asamblea y el acompañamiento siempre a las y los trabajadores. “Para reforzar la organización se armó una comisión de despedidas y despedidos que lleve adelante acciones concretas. Estamos de pie frente al ajuste y el atropello de nuestro trabajo.”
Quienes tomaron la palabra durante la asamblea remarcaron que la organización es para el conjunto de lxs trabajadorxs, en ese sentido Pirani destacó: “En el ahora ex Ministerio todxs somos trabajadores y trabajadoras, por lo que tenemos que estar todxs adentro, los despedidos y despedidas son nuestros compañeros y compañeras con quienes trabajamos a diario, con quienes compartimos tareas, por lo tanto vamos a defender a todxs.”
En la asamblea también estuvieron presentes el secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, junto a compañeras y compañeros de la conducción nacional. Aguiar aseguró: “Desde ATE decimos que no vamos a avalar ningún despido, creemos en el Convenio Colectivo de Trabajo como la herramienta de diálogo y consenso pero el diálogo se encuentra infructuoso si se atenta contra las fuentes laborales de las trabajadoras y los trabajadores. Lo único que nos queda es la lucha. No queremos que nadie nos acuse de estar atentando contra la gobernabilidad, acá si hay alguien que quebranta la paz social en Argentina es el propio gobierno del presidente Milei.”
Bajo uno de los principales lemas “Ningún despido en el Ministerio de Cultura” reclamaron lxs delegadxs de la Junta Interna de ATE Cultura. “Si bien somos conscientes de que nos degradaron y nos siguen degradando, sin saber a dónde pretenden llegar, sostenemos definitivamente que somos un ministerio y no avalamos más achique en el Estado. Por eso seguimos defendiendo a los 182 trabajadores y trabajadoras que desde hoy están despedidos en Cultura”, agregó Pirani.
El ajuste en el sector público que está llevando adelante el gobierno de La Libertad Avanza no solo deja cientos de despidos, sino que además desfinancia proyectos y programas que son fundamentales para el desarrollo de la sociedad. “Este gobierno también quiere llevarse puestos organismos que han sido de fundamental importancia para la formación de la cultura y la identidad nacional, y lo siguen siendo, como el Instituto Nacional de Cine Argentino, el Fondo Nacional de las Artes, el Instituto Nacional del Teatro y el Instituto Nacional de la Música, así como el desfinaciamiento de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Quieren arrasar con eso, nos quieren hacer creer que fomentar, apoyar con recursos al arte y la cultura no son importantes para el pueblo, explicó Pirani y agregó: “Hay pueblos muy chicos en Argentina que sólo cuentan con una biblioteca popular y un espacio INCAA de cine como su principal lugar de consumo de la cultura nacional y por eso vamos a seguir defendiendo cada uno de estos espacios a lo largo del país.”
La asamblea se encuentra en diálogo permanente con el resto de lxs trabajadorxs que nuclean lo que hoy se conoce como Ministerio de Capital Humano. En relación al plan de lucha Pirani aseguró: “Estamos conscientes de lo que viene de parte de ellos, por lo que vamos a luchar más unidos que nunca y con un movimiento importante de cara al próximo 24 de enero. Va a ser una fecha importante para todo el pueblo argentino que quiera salir a la calle a defender sus derechos”
Aún en el sector público hay instituciones que se encuentran acéfalas o con amenaza de cierres, no existe una autoridad a la cual puedan dirigirse las y los trabajadorxs. Frente a esas ausencias, se organizan para responder de manera organizada bajo la herramienta gremial que representa ATE: “Como Ministerio de Cultura estamos en estado de alerta y movilización, en asambleas en todos los sectores. Todas y todos los trabajadores son alojados bajo nuestro paraguas de ATE, que va a luchar en todo el territorio nacional, con la palabra de nuestras compañeras y compañeros, con los mandatos de asamblea y junto a toda comunidad cultural”, concluyó Pirani.
