La Conducción Nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a una reunión extraordinaria y sesionará el primer día hábil del año para evaluar las cientas de denuncias de despidos y las medidas de ajuste sobre el sector público. “La insensibilidad de este Gobierno es absoluta. Sin que existan causas justificadas y violentando todas las normas, dejan en la calle a miles de familias”, apuntó el Secretario General, Rodolfo Aguiar.
“Son empresarios que no conocen el funcionamiento del Estado ni tienen la mínima idea de las necesidades de la gente. Las cesantías injustificadas y los traslados compulsivos empiezan a afectar el funcionamiento de todos los organismos públicos desde las primeras horas de este 2024”, señaló el dirigente. La reunión será el martes a las 16 en el Hotel Quagliaro del sindicato, con dirección en Moreno 2654 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Aguiar aseguró que “el porcentaje de estatales bajo la línea de pobreza aumentó drásticamente en las últimas semanas” y agregó: “No descartamos determinar medidas de acción directas”. En este sentido, será parte del análisis de situación el ajuste sobre los salarios que intenta imponer el Gobierno luego de la frustrada convocatoria a paritaria de la última semana, donde el Ejecutivo se presentó sin una oferta formal y la negociación pasó a un cuarto intermedio.
“También durante la reunión abordaremos el ajuste del Gobierno sobre los salarios del sector público. Los ingresos se siguen deteriorando y necesitamos una urgente recomposición salarial”, indicó el dirigente y concluyó: “Además vamos a debatir la convocatoria para el 24 de enero que lanzaron todas las centrales obreras. Tenemos que seguir rechazando en la calle un DNU y una Ley Ómnibus que nos perjudican a todos y hieren de muerte a nuestra Democracia”.
El sindicato tomó conocimiento de cientos de despidos sin causa justificada, traslados compulsivos y sanciones en distintos ministerios y organismos durante los últimos días. Es por eso que se mantiene en alerta a partir de la decisión del Gobierno de revisar todos los contratos con menos de un año de vigencia en la Administración Pública Nacional.
Este viernes 29 de diciembre se realizó la primera reunión federal de Secretarías de género y diversidad de ATE de la que participaron las responsables de los Consejos Directivos Provinciales. El encuentro virtual tuvo como principal objetivo compartir los ejes de trabajo de la Secretaría, la presentación del Observatorio sindical de géneros y relaciones laborales con su primer informe de Violencia Política y del eje Herramientas para el debate, ATE es con nosotras y nosotres con el fin de facilitar el acceso a la información para avanzar colectivamente en el análisis de la situación social, económica y política que se está transitando en cada uno de los territorios.
En el último día hábil del año desde la Secretaría de Género y Diversidad de ATE Nacional seguimos trabajando con el objetivo de promover un equipo federal que desarrolle esta nueva institucionalidad que nace con la reforma estatutaria.
La reunión comenzó con el saludo de la Secretaria de género, Clarisa Gambera: «Estamos frente al desafío de construir esta secretaría que es una oportunidad histórica que se gestó con la militancia de muchas compañeras, que tiene como antecedentes el Departamento de la Mujer a cargo de Eva Sarka en 1973, olvidado durante años hasta el 2012 cuando las compañeras Marta Galante y Silvia León que era Secretaria de organización del CDN, sostuvieron la definición política de desarrollar el departamento de género nacional y trabajar para que se pudiera replicar en las provincias. Somos la continuidad de ese legado y nos toca armar esta secretaría juntas.
Vamos a hacer un gran esfuerzo para que no seamos solamente la secretaría que se encarga de recibir denuncias individuales sobre violencia de género, la violencia es un tema que nos importa para abordar cómo problema colectivo porque tiene que ver con una brecha de desigualdad que nos afecta y no es el único tema de esta secretaría, creemos que para prevenir la violencia como problema hay que abordar nuestra participación en el sindicato aportando a la negociación colectiva, discutiendo coyuntura política y pudiendo incidir en las iniciativas en todos los ámbitos de nuestra ATE.»
Durante la reunión se realizó además, la presentación del Observatorio sindical de géneros y relaciones laborales y su primer informe sobre Violencia Política y el eje Herramientas para el debate, ATE es con nosotras y nosotres, con el fin de avanzar colectivamente en el análisis de la situación social, económica y política que se está transitando en cada uno de los territorios. En palabras de Gambera: «La secretaría va a tener una herramienta propia que es el Observatorio contra las violencias que ustedes desde las provincias lo pueden usar, enriquecer y apropiarselo. Tiene que ser una herramienta federal que nos va a permitir mirar con perspectiva feminista la violencia política para generar estrategias de intervención.”
Desde las PASO en adelante se amplificó e incrementó la violencia en la calle y en los sectores del trabajo vinculadas a las conquistas de los feminismos. Desde el observatorio se logró caracterizar a las nuevas derechas que avanzan en Argentina y en el mundo y que son antifeministas. En ese sentido Gambera explica: «Dentro del programa de las derechas está desregular el Estado, achicarlo, avanzar sobre derechos laborales y retroceder respecto de las conquistas de lo que la derecha niega que son las brechas de género y el género como categoría de análisis.»
El primer informe del observatorio mide y analiza cómo se manifiesta la violencia política en sus distintas formas. Julia Campos, coordinadora del Observatorio, explicó: “Para medir estas formas de violencia política pensamos en cuatro grandes grupos, el primero tiene que ver con el ataque a las leyes, no cualquier ley, sino a las leyes que nosotras y la mujeres y diversidades que nos precedieron conseguimos y luchamos en las calles. El segundo se relaciona con los discursos de odio en medios masivos de comunicación. El tercero es cómo se atenta frente a nuestras organizaciones e instituciones, sindicales, sociales y estatales que construimos con nuestra lucha. Por último, el cuarto grupo tiene que ver con cómo esas violencias políticas impactan sobre los cuerpos y esta es la situación más grave que estamos viviendo, tenemos bastantes casos relevados. Las diversidades sexuales, en este último mes, han sido las que más han padecido corporalmente la violencia política, con intimidaciones, ataques en la calle y amenazas.»
Alejandra Bruno, es Secretaria de género de ATE San Luis y de CTA Autónoma y se desempeña en el Estado Nacional hace más de 30 años, durante el encuentro destacó: «La herramienta que ustedes nos brindan nos ayuda a poder charlar las problemáticas que vivimos. Estamos atravesando despidos, hay compañeras y compañeros que eran de planta permanente y las pusieron como contratadas otra vez. A los municipales les pagaron el 50% de su sueldo y el resto se lo van a pagar dentro de 15 días, frente a ello hemos hecho reclamos hasta último momento» también dejó expresado que apareció el miedo de participar.»
Otras de las participantes fue Romina Gomez de La Rioja que planteó como estrategia, ante la preocupación por la insinuación del presidente actual de buscar legitimidad para el DNU mediante el mecanismo de consulta popular que si bien no es vinculante abre un escenario de disputa de sentido- darnos un debate amplio. «Eso nos permite de alguna manera adelantarnos frente al DNU y la Ley Ómnibus y eso va a ser clave en la lucha por la información que cuente en qué puntos afecta a cada uno de las trabajadoras y trabajadores y más aún a quienes no cuentan con un trabajo formal. Las infografías pueden ser una herramienta interesante para empezar con un formación ciudadana que de a poco podemos ir enriqueciéndola.»
Ivana Lucero de la Provincia de Buenos Aires puso en valor el trabajo que viene realizándose de armar redes que nos sostengan, contó que han definido recorrer seccionales entendiendo que su provincia tiene realidades distintas y que tienen prevista una reunión con la Ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires para fortalecer ese vínculo como estrategia política y también con demandas específicas que fueron construyendo como agenda.
Desde Rosario, Lili Leyes planteó el impacto que significa la degradación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades Nacional y la necesidad de estar juntas para resistir ante un gobierno que «nos quiere transformar en Capital Humano para que dejemos de pensarnos como sujetos de derecho y que es vital darnos la tarea de fortalecer nuestras estrategias de autocuidado» en el mismo sentido se expresó Gisela Torres desde Entre Ríos, que cuenta que en la provincia están acompañando muchas situaciones de violencia en los sectores de trabajo y que hay funcionarios abiertamente antiderechos.
Maria Spaventa de Córdoba planteó la necesidad de no dejar que se retroceda con lo que avanzamos también al interior de nuestra organización, que nuestro protocolo tiene que estar más vigente que nunca y que hay que visibilizar el ataque a la Ley Micaela que permitió un marco de formación con perspectiva de género de manera obligatoria.
Desde Santa Cruz Agustina Delgado compartió la situación de su provincia donde hay amenaza de derogar CCT y de intervención de la obra social y las cajas jubilatorias de lxs trabajadorxs. Y ya sobre el final, Esterea González saludo a las compañeras y aportó la actualidad de Río Negro y cómo empiezan a impactar los despidos en distintos municipios de su provincia donde las compañeras ya están en la calle resistiendo.
Cerrando la reunión Gambera retoma algunas de las intervenciones para volver a subrayar que tenemos la responsabilidad, desde esta secretaría de aportar estrategias feministas de organización, de democratización de la información para dar la disputa de sentidos profunda que está proponiendo la derecha, de autocuidado y de construcción de unidad en cada territorio poniendo el foco en la desigualdad de género que se profundiza en un escenario de congelamiento salarial, despidos, violencia política, desguace de políticas públicas, represión, ataque simbólico y material sobre la perspectiva de diversidad en el Estado, proceso de profundización de la pobreza y la precariedad y avance sobre derechos laborales.
No dejó de ser importante fortalecer el feminismo sindical en este contexto crítico, nombrar el miedo, poner en palabras cómo nos sentimos es feminista porque es político el miedo. Es necesario ampliar los equipos con perspectiva de diversidad porque fortalecen nuestra organización para la etapa que se abre. Sabemos de estrategias de resistencia y de tejer comunidad y organización.
El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, viajó a su provincia de Río Negro para recorrer hospitales, municipios, escuelas y otros sectores estatales junto a los trabajadores. “Son tiempos de incertidumbre, temor y desconcierto. Los dirigentes no pueden estar en otro lugar que no sea junto a sus representados en cada uno de sus sectores de trabajo”, señaló.
En este sentido, Aguiar indicó: “Los gobiernos quieren que la crisis la paguemos los trabajadores, jubilados y sectores populares, y tenemos que evitarlo. Para eso, nadie puede pensar en descansar. El sindicalismo tiene que estar más presente que nunca”, indicó el referente estatal.
A partir de las políticas impulsadas por el Gobierno con el mega DNU y la Ley Ómnibus, el dirigente aseguró que “el potente ajuste que se lanzó a nivel nacional rápidamente se dispara a las provincias y los municipios”. “Tenemos que seguir organizando y construyendo fuerza para enfrentarlo”, agregó.
“¿A quién piensan convencer de que los estatales somos unos privilegiados? Demostrémosles que aquellos que saltan todas las madrugadas en el estribo de un camión recolector, que barren una calle, que cocinan en una escuela o que reciben a los accidentados en la guardia de un hospital, el único privilegio que tienen es el de servir a nuestro pueblo”, aseguró Rodolfo Aguiar y concluyó: “Los trabajadores van a valorar más que nunca a los dirigentes que estuvieron junto a ellos en este tiempo”.
El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, aseguró que “si al mega decreto se le suma la Ley Ómnibus, estamos frente a una reforma constitucional encubierta”, en referencia al proyecto enviado por el presidente Javier Milei al Congreso mediante el cual pretende arrogarse la suma del poder público y desguazar ferozmente el Estado dejando a miles de trabajadores en la calle.
«Los niveles de tolerancia al nuevo Gobierno bajan aceleradamente. Es tan grave el intento de poner en disponibilidad a todos los trabajadores del sector público que solo lo hicieron los Gobiernos de facto en nuestro país. Es evidente que quieren regalarle la Argentina a 4 o 5 corporaciones y para eso necesitan destruir el Estado. Tenemos que resistir este nuevo intento de privatizar las empresas públicas», señaló el dirigente.
La profunda reforma del Estado planteada en el proyecto incluye la venta de empresas públicas y la disolución de numerosos organismos dejando a sus trabajadores en disponibilidad por un lapso de 12 meses como máximo, siendo despedidos si no son reasignados dentro de ese plazo. Este último punto se da en el Capítulo IV del proyecto, mediante el cual se busca modificar la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164.
Aguiar también remarcó que «el Gobierno fue a la paritaria sin una propuesta y a los jubilados piensan darles aumentos por decreto”. “Es evidente que desde el Poder Ejecutivo se está planificando arrasar con la clase media y multiplicar la pobreza», agregó.
Además, el proyecto busca otorgarle a Milei facultades legislativas esgrimiendo una situación de emergencia pública. “Se intenta suspender el ejercicio de uno de los poderes del Estado. El Presidente pretende arrogarse facultades legislativas y eso hiere de muerte a la Democracia argentina”, concluyó Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó la convocatoria a paritarias sin una oferta formal por parte del Gobierno para la Administración Pública Nacional y la negociación pasó a un cuarto intermedio hasta mediados de enero.
“El Gobierno mostró toda su coherencia en la paritaria y decidió seguir licuando el salario de los estatales. Aplicaron una devaluación del 118% sobre la remarcación previa en todos los precios de la economía. Semejante ajuste sobre los ingresos del sector público debe ser compensado”, señaló el Secretario General, Rodolfo Aguiar.
El dirigente aseguró que “la paritaria va a ser muy difícil” y completó: “Estos funcionarios son todos empresarios y no tienen ni la más mínima idea de cuales son las necesidades de los trabajadores. Estimamos que la inflación de diciembre triplicó el último acuerdo que habíamos alcanzado. Necesitamos que se aplique una corrección sobre el último entendimiento y se discuta un nuevo incremento para los primeros meses del año”.
Por su parte, la Secretaria Adjunta, Mercedes Cabezas, señaló: «Es una clara provocación al pueblo trabajador que convoquen sin una propuesta el mismo día que nos movilizamos para que no rematen el país. Los salarios están congelados y el presupuesto aprobado va a ser el mismo, mientras los precios están por las nubes”.
En tanto, el Secretario de Convenios Colectivos de Trabajo, Flavio Vergara, apuntó: “Lo que nosotros estamos pidiendo en este momento casi no configura un aumento, sino una recomposición del poder adquisitivo que está destrozado. Tiene que haber una propuesta concreta y el Gobierno se comprometió a traer en la primera quincena de enero un ofrecimiento de recuperación del salario inmediato”.
El encuentro se dió a las 10:30 en la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, con dirección en Av. Callao 114 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras se desarrollaba la Jornada Nacional de Lucha.
La comitiva de ATE estuvo conformada por la Secretaria Adjunta, Mercedes Cabezas, el Secretario de Convenios Colectivos de Trabajo, Flavio Vergara, la Paritaria Nacional, Julia Scarensi, y el Secretario Gremial de de ATE Capital, Pedro Lynn. En tanto encabezaron la representación del Gobierno el Subsecretario de Desarrollo y Modernización del Empleo Público, Martín Boccacci, el Subsecretario de Evaluación Presupuestaria, Enrique Pinedo y el Subsecretario de Presupuesto, Carlos Sgarbi.
El sindicato asistió al encuentro exigiendo:
• Recomposición salarial para recuperar poder adquisitivo perdido por la devaluación e inflación; y suma fija para que ningún estatal quede por debajo de la línea de la pobreza.
• Continuidad laboral de todas y todos los trabajadores del Estado nacional, independientemente de su vínculo contractual.
• Continuidad de todos los procesos de regularización del empleo por concursos de pase a planta permanente.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se movilizó en todo el país en una nueva Jornada Nacional de Lucha en rechazo a la intención del Gobierno de despedir a 7.000 trabajadores de la Administración Pública mediante un decreto presidencial. “Estamos frente al fraude laboral más grande de la historia en el Estado”, sentenció el Secretario General, Rodolfo Aguiar.
El dirigente sostuvo que “la mayoría de las medidas del nuevo Gobierno están orientadas a agredir de manera grave los derechos laborales de todos los estatales” y agregó: “El ajuste se traslada rápidamente a las provincias y a los municipios. No existen dudas que la conflictividad va a ir en ascenso y empiezan a configurarse las condiciones para avanzar hacia una huelga general”.
La Conducción Nacional se concentró en la esquina de Talcahuano y Lavalle, frente al Palacio de Justicia de la Nación. También se replicaron las movilizaciones, asambleas, paros y protestas en las provincias y principales ciudades del país.
“Todos los trabajadores realizan tareas y cumplen roles indispensables. Transforman sus esfuerzos en derechos para el pueblo todos los días”, indicó el referente de ATE y continuó: “El Gobierno habla de un Estado eficiente porque pretende reducirlo a su mínima expresión y favorecer así los negocios de 4 o 5 vivos, además de perfeccionar el saqueo de todos nuestros recursos nacionales”.
Durante la jornada además se rechazó la decisión de renovar tan solo por 90 días los contratos firmados antes del 1 de enero del 2023, dejando a cerca de 70 mil trabajadores en estado de revisión y en una clara situación de precariedad. En este marco, Aguiar señaló: “Tenemos que seguir defendiendo la esencialidad de todos los organismos y empresas estatales. Está claro que el achique y el recorte nos tiene como principales víctimas a los trabajadores, jubilados y sectores populares. Los estatales vamos a seguir profundizando nuestro plan de lucha en los próximos días”.
Durante la movilización, ATE también reiteró el pedido para que se declare la nulidad insanable del DNU 70/2023. Cabe recordar que la Justicia declaró admisible el recurso de amparo presentado por el sindicato la semana pasada.
Si bien el principal de los reclamos fue contra el intento de cesantías de miles de contratos, el sindicato también exigió:
Cese de las políticas de ajuste;
Pago de los salarios y del Sueldo Anual Complementario en tiempo y forma;
Aumento salarial que supere la inflación;
Pase a planta permanente de todos los trabajadores y estabilidad laboral;
Rechazo a la aplicación del Protocolo Antimovilizaciones que intenta cercenar el derecho a peticionar a las autoridades.
Dar marcha atrás al intento de privatización de las empresas públicas;
Que se mantenga la devolución del IVA en las compras de productos esenciales;
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) continúa con la serie de reuniones con representantes del Congreso y este martes una comitiva encabezada por el Secretario General, Rodolfo Aguiar, se reunió con senadores del bloque de Unión por la Patria para rechazar el mega decreto firmado por el presidente Javier Milei que atenta contra la división de poderes en la Argentina.
“Seguimos manteniendo encuentros con todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en el Congreso. Hasta ahora existen coincidencias en la idea de que si el DNU de Milei no es rechazado, se empezará a poner fin al Estado de Derecho tal y como lo conocemos hasta ahora luego de 40 años de democracia”, aseguró el dirigente tras la extensa reunión en el Parlamento.
Los congresales que participaron de la reunión fueron Guillermo Andrada, Daniel Bensunsán, Lucía Corpacci, María Eugenia Duré, Anabel Fernández Sagasti, Celeste Giménez Navarro, María Teresa González, Alicia Kirchner, Carlos Linares, Cristina López, Florencia López, José Mayans, Oscar Parrilli, Mariano Recalde, Jesús Rejal, Fernando Salino, Silvia Sapag, Sergio Uñac, Eduardo “Wado” De Pedro y Juliana Di Tullio.
También estuvieron presentes Tati Almeida por Abuelas de Plaza de Mayo, y dirigentes gremiales como Héctor Daer (CGT), Hugo Godoy (CTA-A), Hugo Yasky (CTA-T), entre otros dirigentes.
El Gobierno convocó a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) a la negociación paritaria de la Administración Pública Nacional para el miércoles 27 a las 10:30. El sindicato evalúa la asistencia ya que se da en medio de la Jornada Nacional de Lucha, la cual estará encabezada por el Secretario General, Rodolfo Aguiar.
La audiencia será en la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, sito en Av. Callao 114 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por su parte, la Conducción Nacional movilizará a Talcahuano y Lavalle a partir de las 11 para rechazar los despidos en el Estado firmado por decreto.
El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, denunció penalmente al presidente Javier Milei y el resto de funcionarios involucrados en la redacción del mega decreto por los delitos de abuso y usurpación de autoridad, y de traición a la Patria.
“La ley penal vigente en nuestro país castiga a todo funcionario que dicte una resolución contraria a la Constitución y las leyes. En este caso, la conducta tanto del Presidente como de todas aquellas personas involucradas en la redacción del DNU se encuentran encuadrados en este accionar”, señaló Aguiar quien firmó la denuncia.
El dirigente indicó que “por más que se trate del Presidente, no puede arrogarse facultades extraordinarias o pretender la suma del poder público”. “Eso también está penado”, apuntó.
“No sólo estamos frente a un caso de abuso de la autoridad, sino que además el Ejecutivo pretende arrogarse facultades propias de los otros poderes. Por eso el delito también podría ser tipificado como una usurpación de título”, agregó Aguiar.
En este sentido, el dirigente concluyó: “Luego de hacer un estudio pormenorizado con todos nuestros asesores jurídicos, y bajo el convencimiento que las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo que están afectando a toda la ciudadanía son ilegales, hemos decidido hacer esta presentación”.
La denuncia enviada a la Justicia exige que se investigue al Presidente, como así también a todos aquellos funcionarios que hayan estado involucrados en el armado del DNU 70/2023, por:
• Abuso de Autoridad, previstos y reprimidos en el art. 248 del C.P.,
• Usurpación de Autoridad (art. 243, inc. 3, del C.P.)
• Delito tipificado en el art. 29 de la Constitución Nacional que establece la responsabilidad y la pena de infames traidores a la patria a quienes ejerciten actos que impliquen arrogarse la suma del poder público o que ubiquen al presidente en una posición de supremacía por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a su merced y de su gobierno.
El escrito también detalla que mediante el DNU no tiene por objetivo afrontar la solución coyuntural y transitoria de una situación de emergencia en circunstancias excepcionales, sino que busca establecer un nuevo rumbo social y económico para el país de forma permanente. De este modo, “el Poder Ejecutivo se ha arrogado facultades extraordinarias y facultades equivalentes a ejercer la suma del poder público”, detalla la denuncia penal firmada también por el referente de Unidad Popular, Claudio Lozano, y el Secretario General de la CTA Autónoma, Hugo Godoy.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se movilizará este miércoles en una nueva Jornada Nacional de Lucha para reclamar contra el decreto mediante el cual se pretende despedir a 7.000 trabajadores de la Administración Pública Nacional. “Que nadie espere que aceptemos ni un solo despido”, apuntó Rodolfo Aguiar, Secretario General del sindicato.
“Los trabajadores en todos los casos desempeñan tareas que son indispensables para garantizar el funcionamiento de todas las áreas del Estado, independientemente de cuál sea la modalidad de su vínculo contractual”, aseguró. La conducción nacional se movilizará a partir de las 11 en Talcahuano y Lavalle de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, frente al Palacio de Justicia de la Nación. En el resto de las provincias, la jornada se desarrollará con paros, movilizaciones, asambleas y cortes de ruta.
En este marco, Aguiar señaló: “Los estatales vamos a profundizar nuestro plan de lucha. No se nos podrá acusar de atentar contra la gobernabilidad. Está claro que la paz social la está quebrantando un Gobierno que pretende dejar a miles de familias en la calle. Es estando en la calle como vamos a frenar el ajustazo del Gobierno”.
“Si el Gobierno avanza con estas cesantías, de manera directa se estará afectando a los trabajadores y familias, pero indirectamente la perjudicada será toda la comunidad. En el Estado cualquier despido se traduce en una pérdida de derechos para todo nuestro pueblo”, indicó el dirigente.
Además de los despidos, el Gobierno renovaría tan solo por 90 días los contratados de forma irregular. En este sentido, Aguiar apuntó: “La agresión a los estatales es tan grave que hasta quieren poner en disponibilidad a más de 70 mil trabajadores. Renovar los contratos solamente por un plazo de tres meses nos coloca frente a un estado de máxima precarización. En la Administración Pública cuesta encontrar antecedentes de un ataque de tal magnitud a los derechos laborales”.
En el marco de la movilización en la que también participaron las tres centrales sindicales (la CGT y las dos CTA), ATE también exigió:
• Cese de las políticas de ajuste;
• Pago de los salarios y del Sueldo Anual Complementario en tiempo y forma;
• Urgente reapertura de paritarias y aumento salarial que supere la inflación;
• Pase a planta permanente de todos los trabajadores y estabilidad laboral;
• Rechazo a la aplicación del Protocolo Antimovilizaciones que intenta cercenar el derecho a peticionar a las autoridades.
• Dar marcha atrás al intento de privatización de las empresas públicas;
• Que se mantenga la devolución del IVA en las compras de productos esenciales;
• Que no se restituya el Impuesto a las Ganancias.
