Autor: Emanuel Zamaro

Luego de la restitución de la categoría más baja del Impuesto a las Ganancias a través del decreto 652/24, el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, cargó contra el Gobierno de Javier Milei: “Restablecieron Ganancias y el Presidente que se iba a cortar el brazo no se cortó ni una uña. Además, volvió como un impuesto a los pobres. A diferencia del régimen anterior, la brecha entre el costo de la Canasta Básica y el mínimo no imponible es ínfima”.

“El régimen de recaudación impositiva experimenta un verdadero retroceso y además va a contramano de lo que pasa en el resto del mundo. Mientras a nivel global se discute un impuesto a los grandes patrimonios, en la Argentina el paquete fiscal que se aprueba le quita peso tributario a los grandes patrimonios y le suma carga de impuestos a los trabajadores y jubilados”, apuntó. 

Según el último informe de la Junta Interna de ATE en INDEC, una familia necesita $1.362.029 para no ser pobre, mientras que con el nuevo régimen el mínimo no imponible pasó a ser de $1.494.000 de bolsillo. Es decir que apenas $131.971 separan la línea de la pobreza con el pago de Ganancias. 

“Este es un tributo inconstitucional. Además, en esta nueva fase el número de estatales alcanzados es mayor. No sólo porque disminuye el mínimo no imponible, sino porque han quitado regímenes especiales como el diferencial de Zona Patagónica, que elevaba un 22% el piso imponible, y también porque se han eliminado deducciones. Por otro lado, luego de la reglamentación, en esta nueva versión claramente se afectan autonomías provinciales y municipales. La vigencia de normas locales que eximían parte del salario de los trabajadores han sido eliminadas”, detalló el dirigente estatal. 

El sindicato informó que más de 20 mil trabajadores de la Administración Pública Nacional pasarán a ser alcanzados por el gravamen, lo que representa casi el 16% de la planta, a lo que se les suman los empleados de organismos descentralizados como PAMI (12.600), ANSES (12.600), AFIP (21.600), Yacimientos Carboníferos Río Turbio -YCRT, el cuál se ve notablemente afectado por la eliminación del diferencial de Zona Patagónica- (2.000), entre otros. Además, se suman casi 30 mil trabajadores de las administraciones provinciales patagónicas que en su mayoría prestan servicios en el sector salud.

Ante esta situación, Rodolfo Aguiar evaluó que “sin la complicidad de las fuerzas políticas que levantaron la mano en el Congreso, y algunos sectores sindicales que miran para otro lado, se podría haber evitado el aumento de la regresividad del sistema tributario”. “Estamos cada vez más lejos de que en la Argentina paguen más impuestos los que más tienen. Deberían pagar más impuestos quienes mayor capacidad contributiva tengan”, agregó. 

“Vamos a convocar a nuestras instancias orgánicas no sólo para explorar la vía judicial, sino también para definir medidas de acción directa que nos permitan rechazar la imposición de este tributo absolutamente ilegal”, concluyó el referente nacional.

La Asociación Trabajadores del Estado rechazó por insuficiente el ofrecimiento del Gobierno para la Administración Pública Nacional, siendo de 3,5% para julio y 3% para agosto. “Esta propuesta es inaceptable. Un recorte de esta magnitud en los ingresos del sector público no encuentra precedentes en las últimas décadas. Es un ajustazo”, aseguró Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

“Los ofrecimientos ni siquiera se condicen con los niveles oficiales de inflación. Está claro que enfrentamos un plan deliberado para destruir los salarios y las condiciones de vida de todos los empleados públicos. El Presidente y todo su gabinete desde hace meses están viviendo con la nuestra, con la de los estatales”, indicó el dirigente. 

Además, el Gobierno que encabeza el presidente Javier Milei ofreció un bono de $60.000 por única vez correspondiente a junio, mes en el que deliberadamente no se otorgó ningún aumento por parte del Ejecutivo. “Un bono por única vez que ni siquiera alcanza para la factura de luz. Es ridículo”, disparó Aguiar. Según el informe de la Junta Interna de ATE en INDEC, una familia tipo necesita $1.362.029 para no ser pobre, cifra muy superior al ingreso promedio de los estatales.

“No hay dudas acerca de que el Gobierno ha decido usar la paritaria nacional como disciplinamiento para gobernadores e intendentes. Las negociaciones nacionales siempre fueron una guía para las discusiones que se dan luego en las administraciones provinciales y locales”, evaluó el Secretario General de ATE. 

Los aumentos, aceptados por el otro gremio signatario del Convenio Colectivo de Trabajo 214/06, forman parte de la discusión salarial 2024-2025 que comenzó en junio de este año. En lo que va de la gestión de Javier Milei, la pérdida del poder adquisitivo en el sector público ya supera el 26%.

“El Gobierno reduce la dotación de personal en el Estado no sólo mediante cesantías ilegales cada tres meses, sino pagando salarios de hambre. En los últimos meses, una gran cantidad de trabajadores profesionales, con experiencia y formados han decidido dejar la administración para prestar servicios en el sector privado e incluso irse del país. Es el empleo público el que más sigue aportando a ese superávit falso que se propagandiza desde el Ejecutivo.”, indicó Rodolfo Aguiar. 

En este marco, el dirigente adelantó: “Se equivoca el Gobierno si cree que sembrando terror con los despidos nosotros vamos a resignar la defensa de nuestros salarios. Declaramos el estado de asamblea y tenemos que pensar en llevar adelante medidas de acción directa. Vamos a convocar las instancias orgánicas del sindicato para retomar rápidamente nuestro plan de acción gremial.

“No hay dirigente gremial que pueda haber sido votado para poder avalar con su firma una ofrecimiento de esta naturaleza, porcentajes que ni siquiera son la mitad de la evolución real que tuvieron los precios en el trimestre”, concluyó Rodolfo Aguiar.

La comitiva de ATE que se reunió en la Secretaría de Trabajo, con dirección en Avenida Callao 114, CABA, estuvo encabezada por la Secretaria Adjunta, Mercedes Cabezas, junto a Hugo Bellón y Luciano Fernández.

En este marco, Mercedes Cabezas señaló: «Esta paritaria una vez más demuestra la voluntad del Estado empleador de seguir denigrando a los trabajadores y a las trabajadoras estatales. Hemos rechazado esta oferta por entenderla no solamente insuficiente en términos de bolsillo, sino también como una falta de respeto. Están intentando avanzar con el desguace del Estado Nacional».

El Gobierno Nacional convocó a un nuevo encuentro paritario para la Administración Pública Nacional para este viernes a las 19 de julio a las 15 en la sede de la Secretaría de Trabajo, con dirección en Avenida Callao 114, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y ATE exige que el Ejecutivo se presente con una oferta que se ubique por encima de la inflación.

“Son los propios datos oficiales los que muestran que la presión inflacionaria sobre los salarios continúa. Esperamos que el Gobierno realice un ofrecimiento que se ubique por encima de la evolución que han tenido los precios en los últimos meses”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE.

En este marco, el dirigente indicó: “El congelamiento salarial que decidió aplicar el Gobierno empujó a decenas de miles de estatales bajo la línea de la pobreza sólo en el último trimestre. Y hasta ahora, el superávit fiscal que desde el Gobierno festejan se asienta sobre un deterioro grave en las condiciones de vida de todos los empleados públicos”.

“Tiene que quedar claro que no queremos aumentos en cuotas y necesitamos una rápida inyección de recursos en los bolsillos de todos los trabajadores”, concluyó Rodolfo Aguiar.

Cabe recordar que durante el último encuentro, el Gobierno convocó -en medio de una brutal represión contra trabajadores estatales despedidos el mismo día- sin un ofrecimiento formal, dejando sin aumento al sector público nacional en el mes de junio, mes en el que la inflación fue del 4,6%.

Además, la negociación del convenio 214/06 finalizó su periodo 2022-2023 en mayo con una pérdida del poder adquisitivo del 22,4%.